Por Carlos Maldonado
Revisando el acuerdo firmado por Estudiantes Por la Autonomía y el Consejo Superior Universitario –CSU- suscrito el día 29 de septiembre de 2010, quiero lanzar al aire algunas preguntas puntuales, pues la duda y la suspicacia me asaltan ante dicha lectura y su entendimiento:
En el Acuerdo Primero se establece: “Conformar una Mesa de Trabajo, vinculante y ejecutiva para que en un término no mayor de dos meses, a partir de su instalación, el 7 de octubre (o sea ayer) del año en curso, proponga en consenso y conforme a la legislación universitaria, los mecanismos legales, administrativos y legislativos para la resolución del conflicto en la conformación de Juntas Directivas de las Facultades de la Universidad (no así las Escuelas que seguirán en su misma tónica), con el objetivo de restituir los derechos estudiantiles respecto a la equidad en la forma de elegir y ser electos antes estos órganos de dirección. Esta Mesa de Trabajo estará integrada de la manera siguiente:
a) Dos representantes del Consejo Superior Universitario.
b) Dos representantes del Colectivo de Estudiantes Por la Autonomía (EPA).
c) Dos representantes docentes, uno propuesto por la Coordinadora General de Claustros y Asociaciones Docentes y uno propuesto por el Sindicato de Docentes e Investigadores de la Universidad de San Carlos.
d) Dos representantes de los profesionales designados por la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales”.
Pregunta a EPA: ¿Están ustedes concientes de que de todos los integrantes de la Mesa de Trabajo los estudiantes solo tienen dos representantes contra 6 de los demás sectores? Esto, en el entendido que los que están en los incisos a, c y d son los mismos que querían que se usara la fuerza policial para expulsarlos del campus universitario, según lo expusieron en sendos Campos Pagados. ¿Qué garantías tenemos los otros miembros de la Comunidad Universitaria que los asuntos que allí se decidan no tendrán el peso que imponga la mayoría de los que ustedes mismos cuestionaron? ¿No era la falta de paridad en las Juntas Directivas de las Facultades y Escuelas las que los llevó a la toma de la USAC y ahora lo permiten en la conformación de esta Mesa de Trabajo? ¿Entonces, en que quedamos?
Por otro lado, dice el Acuerdo que la Iniciativa de ley que emane de esa Mesa de Trabajo deberá presentarse al Congreso de la República a más tardar el 21 de enero del año 2011 con carácter de urgencia nacional, para lo cual contará con la asesoría legal institucional. (¿Cual asesoría legal? ¿La que los asesoró para firmar este acuerdo?
Con respecto a ese apartado, pregunto: ¿Cómo hará la Comunidad Universitaria para pronunciarse sobre esos cambios a la Ley Orgánica , decisión sumamente fundamental para el futuro de nuestra alma Mater y que acá le dan un tratamiento como si fueran a cocinar tortillas con chicharrón? ¿Qué cambios se propondrán y quiénes lo harán? ¿Cómo se harán conocer?
El otro punto del Acuerdo que llama la atención es el Cuarto que dice así: “Conformar una Comisión Multisectorial para establecer en consenso la metodología y las bases para la organización del Congreso de Reforma Universitaria, la cual deberá instalarse a más tardar el 21 de octubre del año en curso (o sea 2010) y presentará la misma el 31 de enero del 2011. Esta Comisión estará integrada de la manera siguiente:
a) Tres representantes del Consejo Superior Universitario, uno de los cuales deberá pertenecer al sector estudiantil.
b) Tres del Colectivo Estudiantes Por la Autonomía (EPA).
c) Tres docentes.
d) Tres profesionales.”
Con respecto a este punto, quiero expresar las siguientes interrogantes: ya que para los representantes de los incisos a y b está claro que serán dichos órganos los que escojan a sus representantes, sin embargo, ¿cómo se escogerán a los docentes y a los profesionales? ¿Provendrán de las mismas instancias que los de la Mesa de Trabajo? Si es de allí o fuera de esas instancias, los estudiantes estarán de nuevo en desventaja. A mi criterio, esta escogencia, por el carácter del documento, las autoridades ya los tienen asignados. Es obvio. Y, para ambas instancias.
En otro apartado del mismo punto cuarto, se lee: “En esta comisión podrán participar, en igual número, representantes de sectores universitarios legalmente constituidos, que así lo soliciten, debiendo presentar su solicitud a la Secretaría General el 19 de octubre del presente año”. Subrayé “legalmente constituidos” porque en lenguaje jurídico esto quiere decir con personería jurídica.
Pregunto: ¿Qué organizaciones en la USAC poseen esta cualidad? Casi nadie, ni las Asociaciones estudiantiles. Solo la AEU, pero de ella sabemos a que intereses responde por el momento. ¿Entonces que pasa? El espacio está vedado para otras personas individuales o grupos que no estén bajo esta calificación.
El punto sexto, ni que hablar. Es totalmente ambiguo. Parece que fue redactado, como se dice en buen chapin, solo para salir del paso.
Todo esto tiene olor a ignorancia o traición y ello bendecido por la sacrosanta presencia del, hasta ese momento, Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, como para ponerle la tapa al pomo a su labor “mediadora” antes de entregar el Arzobispado.
Quisiera que alguien bien informado me pudiera aclarar esos puntos que yo en mi calidad de ciudadano del común, sin conocimientos jurídicos, considero que, como se dice en buen chapin, los de EPA, “dieron el piojo”.
¿Usted que opina de todo esto mi querido miembro de la Comunidad Universitaria ya sea estudiante, profesor o profesional? ¿No siente usted que le tomaron el pelo?
P: D. Si usted quiere consultar el Acuerdo búsquelo en la página electrónica de la usac.edu.gt
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