miércoles, 13 de noviembre de 2013

HUBO UNA VEZ UN 13 DE NOVIEMBRE

Por Mario Sosa

Hubo una vez un 13 de Noviembre en la historia de Guatemala. Una fecha memorable en donde la ética y las ideas democráticas, patrióticas y revolucionarias, germinaron en algunos militares guatemaltecos, quienes la llevaron hasta sus últimas consecuencias. 

Corrían los días de la Contrarrevolución devenida de la invasión estadounidense ejecutada por militares traidores, por la oligarquía y por la máxima jerarquía de la iglesia católica, que implicó el derrocamiento del gobierno popular y democrático del también militar Jacobo Árbenz Guzmán: el Soldado del Pueblo. Eran tiempos en que se cuestionaba el papel del ejército como una institución sumisa y subordinada a las directrices de Estados Unidos, en la cual corría por sangre la corrupción y por norma, no la defensa de la soberanía nacional, sino la aplicación de una política anticomunista que aniquilaba a los hombres y mujeres más comprometidas con las causas de nuestro pueblo.

Fueron militares los que se levantaron ese 13 de Noviembre de 1960. Exigían no solamente un ejército depurado y profesional, sino un ejército patriótico. Su opusieron a jugar el papel de ejército de ocupación, que permitía el uso del territorio nacional en la preparación de la invasión a Cuba, planificada  y dirigida por Estados Unidos y ejecutada infructuosamente por mercenarios al servicio del imperio y del régimen servil de Fulgencio Batista, derrocado en 1959. Se oponían a esa política encabezada por el general Miguel Ydígoras Fuentes, en ese entonces uno de los presidentes de la contrarrevolución, con la complicidad del oligarca  Roberto Alejos Arzú, quien había facilitado su finca, La Helvetia, para preparar a los mercenarios batistianos.

De ese 13 de Noviembre, surgieron hombres heroicos como Marco Antonio Yon Sosa y Luis Augusto Turcios Lima, que continuaron con la lucha revolucionaria y anti imperialista.  En decidida alianza con organizaciones como el Partido Guatemalteco del Trabajo, gestan las Fuerzas Armadas Revolucionarias y reinician en 1963 la lucha armada para derrocar al régimen oligárquico y de sumisión al imperialismo estadounidense. Ahora era una lucha que concretaba una alianza cívica y militar, con militares probos, éticos y revolucionarios, comprometidos con su patria, y con revolucionarios civiles comprometidos con la construcción de una patria libre y justa. Ahora era una lucha emanada, cada vez más, de la movilización de los sectores organizados más importantes, gestados desde los intereses de la clase trabajadora, de las comunidades indígenas y campesinas, de los sectores estudiantiles, profesionales, de mujeres, que encontraron en su articulación revolucionaria la posibilidad de construir un nuevo país.

No existe después de esas fechas, hechos que demuestren la existencia de militares con estos principios. La historia del ejército ha sido de sumisión a los intereses oligárquicos y estadounidenses. Hoy carecemos de un proceso revolucionario que por alguna vía se proponga transformar de raíz este país. Habrá que gestarlo y alcanzar los objetivos que se propuso la todavía vigente insurrección del 13 de Noviembre de 1960. Habrá que concebir y acordar una articulación política de todos los sujetos llamados a ser parte de ese proceso renovado, habrá que gestar un programa político revolucionario, una estrategia coherente, una dirección colectiva ética y capaz de aportar conducción política revolucionaria. 

martes, 12 de noviembre de 2013

EL PODER ASESINO FINQUERO Y EXTRACTIVO

En Las Verapaces, la finca, el agro negocio, la hidroeléctrica y la mina, siguen agrediendo a las comunidades y pueblos, ante la complicidad por omisión del Estado y del actual gobierno, que se ha negado a investigar y castigar a los agresores de campesinos q’eqchi’ y poqomchí que han sufrido atentados a manos de empleados de empresas de palma, caña de azúcar, hidroeléctricas y de finqueros, quienes investidos de impunidad se han convertido en “señores de la muerte” en esa región del país.

Tal parece que estamos volviendo a tiempos de La Colonia, cuando los “señores” invasores y feudales eran quienes se imponían como el poder supremo en la región, al extremo de segar la vida de cualquier ser humano, con el aval explícito del poder central.

Y esto vuelve a repetirse en Alta Verapaz, en contra de los campesinos Juan David Guitz Cu de 32 años de edad, Victor Manuel Paau Ical de 31, Carlos Isaías Guitz Pop 30, Julio Ramiro Guitz Cu y julio Cersar Guitz Pop, pertenecientes a la comunidad Xalaha, Monte Olivo, del municipio de Cobán, quienes sufrieron un atentado ejecutado por el finquero Leonel Ponce y sus dos hijos, Augusto y Carlos, 6 guardias privados y varios de sus trabajadores. Adicionalmente los finqueros quemaron alrededor de 30 viviendas campesinas, dejando a las familias sin ninguna protección y vulnerables ante la inexistencia de alternativas para refugiarse y subsistir.

Es indudable que además del interés por la tierra, a los terratenientes los mueve la pretensión de imponer el proyecto hidroeléctrico de la empresa Santa Rita, frente al cual las comunidades se han resistido por los efectos que causaría y por la falta de consulta, derecho que les reconoce el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que es ley del país y tiene carácter constitucional siendo su carácter de instrumento en materia de Derechos Humanos. Con dicho proyecto, además, está relacionado el asesinato de dos niños pertenecientes a una comunidad en resistencia, en agosto de este año, a manos de un sicario que es vinculado con dicha empresa.  

El atentado que sufrieron los campesinos de la comunidad Xalaha no debe quedar impune. Los campesinos ya han cumplido con denunciar el atentado ante la Policía Nacional Civil. Ahora corresponde al Ministerio de Gobernación, al Ministerio Público y al Organismo Judicial, llevar a la justicia y castigar a los finqueros y sus empleados implicados. De lo contrario, se convertirán en cómplices y serán responsables no sólo de futuros atentados en contra de campesinos en resistencia sino de la agudización del conflicto en la región y en el país.

Como Frente Popular, condenamos dicho atentado y exigimos justicia. Como Frente Popular condenamos la imposición del modelo extractivista que atenta contra la sobrevivencia de comunidades campesinas e indígenas en Alta Verapaz y en el país.

FRENTE POPULAR
Soberanía, Dignidad y Solidaridad

¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!

miércoles, 6 de noviembre de 2013

LLAMAMIENTO DE LA PAZ – BOLIVIA A LOS PUEBLOS DE AMÉRICA LATINA, A LOS GOBIERNOS LATINOAMERICANOS

Las comunidades, que han mostrado bajo la opresión más dura condiciones de resistencia y persistencia realmente asombrosas, representan (…) un factor natural de socialización de la tierra. El indio tiene arraigados hábitos de cooperación. Aun cuando de la propiedad comunitaria se pasa a la apropiación individual la cooperación se mantiene; las labores pesadas se hacen en común.

Mariátegui, Ideología y política

En el marco de un debate iniciado por el Foro Mundial de Alternativas (FMA) respecto del destino de las agriculturas y las poblaciones del campo en Asia, América Latina y África, debate cuyo primer episodio tuvo lugar en Beijing, China, en octubre de 2010, y el segundo en La Paz, Bolivia,los días 22 al 24 de octubre de 2013, los participantes: representantes de organizaciones sociales y productivas, miembros de organismos civiles, académicos, funcionarios públicos y legisladores, formulamos el siguiente llamamiento a los pueblos y gobiernos de nuestro Continente.

América Latina, el Caribe y el mundo enfrentan un reto de enormes proporciones, una crisis que incluye entre otras dos dimensiones fundamentales: el dramático deterioro ambiental y la profunda debacle alimentaria.  Estamos en una encrucijada de orden civilizatorio ante la que sólo se abren en dos caminos: el de un acaparamiento, concentración y extranjerización de las tierras de los campesinos, de los indígenas originarios y de los afrodescendientes sólo comparable con la que se dio durante la Colonia, para operar en los nuevos latifundios minería tóxica con tajos a cielo abierto, grandes presas que destruyen cuencas y una agricultura extractiva, rentista y especulativa, vía que profundiza la crisis; y el que mediante el fortalecimiento del mundo campesino-indígena y de la agricultura que practican sus hombres y mujeres, tanto la comunitaria de los ayllus y otras figuras ancestrales, como la familiar y la cooperativa, detiene el  deterioro ambiental y la crisis alimentaria a través de aprovechamientos sostenibles, diversificados y respetuosos de la naturaleza.

La disyuntiva es civilizatoria y supone definiciones globales y estratégicas. Al respecto nuestra opción es clara: entre el agro-negocio y la agri-cultura nos adherimos al paradigma que inspira a las comunidades indígenas originarias, afrodescendientes y campesinas; alternativa con la que coinciden muchas voces, entre ellas la del relator de la ONU para la agricultura y la alimentación y todas aquellas instancias internacionales que han reconocido las virtudes productivas y socioambientales de la pequeña y mediana agricultura.

La vía que proponemos es estratégica, pero su adopción demanda también acciones inmediatas: leyes, políticas, programas e iniciativas específicas que avancen por la ruta de la soberanía alimentaria, la defensa de la naturaleza y la restauración de la convivencia social. Esto pasa por el respeto a la diversidad sociocultural de los pueblos y el reconocimiento de sus derechos territoriales y autonómicos de base comunitaria, pero también por la profundización e intensificación de los procesos democráticos nacionales.

El problema del hambre, que agravia a más de 800 millones de personas, nos concierne a todos: quienes producen y consumen alimentos y quienes sólo los consumen, razón por la cual demanda estrategias integrales de planeación rural y urbana.  Pero ante todo es necesario que las comunidades, las regiones, los países y la humanidad entera recuperen la soberanía alimentaria cedida a las trasnacionales. Y para recuperarla no podemos apostar por un agronegocio al que sólo mueven las ganancias que reportan la agroexportación y el monocultivo; un modelo tecnológicamente predador, socialmente injusto y ambientalmente insostenible que con su abuso de los agrotóxicos envenena a la naturaleza, a los productores y a los consumidores; una economía especulativa que lucra con el hambre. Sin ser excluyente, pues cuando se trata de los alimentos nadie está de más, la opción más promisoria y estratégica es la pequeña y mediana producción; una agricultura que pese al abandono, desgaste y agresiones a los que ha sido sometida, sigue alimentando a gran parte del mundo con productos no solo sanos sino también identitarios, es decir representativos de la diversidad sociocultural.

 Pero la  pequeña y mediana agricultura no podrá potenciarse y alimentar a una población mundial creciente si se les siguen quitando tierras y aguas a los campesinos, las comunidades indígenas originarias y los afrodescendientes. Despojo que se intensificó en las últimas décadas y que en los años recientes devino carrera vertiginosa por repartirse el mundo barriendo con quienes lo habitan y lo mantienen vivo. Es necesario, es urgente, detener y revertir este proceso restituyendolas tierras y territorios que les fueron arrebatados a los indígenas, campesinos y afrodescendientes, incluyendo especialmente en este acto de justicia a las mujeres, cuyos derechos generales y agrarios han sido históricamente ignorados por el patriarcalismo ancestral y aun imperante. Y este rediseño de la tenencia de la tierra habrá que lograrlo no mediante bancos de tierras o entrega condicionada y a cuentagotas de parcelas familiares, sino a través de verdaderas reformas agrarias: mudanzas profundas que permitan restaurar la relación originaria de las comunidades con sus ámbitos territoriales, rota de antiguo por un sistema privatizador y anti campesino.

La restitución es indispensable desde la perspectiva del hambre, pues no se puede esperar un aporte decisivo de los campesinos a la soberanía alimentaria si estos no tienen tierras suficientes. Pero la restitución debe hacerse también y sobre todo porque es un derecho de los pueblos, un derecho histórico sustentado en la ocupación ancestral y reafirmado por el trabajo.

Defender y potenciar la buena agricultura que practican las mujeres y los hombres del campo pasa por cambiar los patrones actuales de tenencia de la tierra y por reconocer los sistemas políticos de los pueblos indígenas originarios. Pero no puede quedarse en esto pues está visto que en un entorno económico desfavorable y sin recursos para cultivarlas y vivir dignamente de ellas, los campesinos abandonan o enajenan sus parcelas. Es necesario entonces que los gobiernos se comprometan con políticas de fomento agropecuario diseñadas no como hasta ahora para favorecer al agronegocio y hacer dependientes a los campesinos fomentando el uso de agrotóxicos y de semillas transgénicas, sino adecuadas a sus necesidades, usos, y prácticas agrícolas; lo que incluye infraestructura, crédito, esquemas de comercialización, investigación tecnológica, entre otros bienes y servicios Políticas y acciones que no deben diseñarse e implementarse desde arriba sino en diálogo y consenso con los productores, sus comunidades y sus organizaciones, que son quienes en verdad saben lo que necesitan.

La crisis ambiental que nos sacude es una catástrofe antropogénica, o más bien mecadogénica, que a todos incumbe. Sin embargo lo que se haga en el ámbito rural por contenerla es decisivo pues es ahí donde se escenifica la más dramática destrucción de los ecosistemas y las culturas rurales y donde la batalla por su preservación y restauración es más intensa. Y en esta batalla los campesinos, indígenas originarios y afrodescendientes son protagonistas mayores pues, para ellos la madre tierra no es un simple medio de producción ni menos una mercancía, sino parte sustantiva de un binomio inseparable, de un todo armónico constituido por sociedad y naturaleza.

Los campesinos no sólo nos alimentan, al mismo tiempo preservan la vida del planeta. Pero también en este ámbito tienen derecho al apoyo: por una parte la comprensión, respaldo y corresponsabilidad de la población urbana y por otra el reconocimiento y retribución de sus aportes por parte del Estado. La madre naturaleza no tiene precio pero los esfuerzos para devolverle la salud que le hemos quitado suponen costos que la sociedad debe reconocer y sufragar.

Sin la participación de todos en las decisiones, es decir sin democracia, los caminos se cierran. Y el mundo rural la necesita con urgencia. Pero también en esto los indígenas, campesinos y afrodescendientes nos enseñan que no hay una sola manera que practicar la democracia sino muchas. Y ellos priorizan la democracia participativa y consensual, una democracia desde abajo, una democracia comunitaria  que es la única que legitima a los gobiernos locales, provinciales y nacionales.

La gran crisis no sólo es ambiental y alimentaria, también es civilizatoria por cuanto pone en cuestión los grandes paradigmas de la modernidad: el desarrollo y el progreso entendidos como crecimiento económico a toda costa.Y también ahí el mundo indígena y campesino nos da lecciones. Por una parte el concepto del buen vivir propio de los pueblos mesoamericanos, andino amazónicos, chaqueños, de la sabana, del Orinoco entre otros muchos originarios; pero también el concepto de bienestar como aspiración ancestral de todos los campesinos del mundo. Paradigmas, estrategias de pensamiento y sistemas de valores que en tiempos de crisis e incertidumbre son sin duda inspiradores.

Colombia es emblemática tanto de la crisis como de las vías que se van creando para superarla. Por ello los participantes en el seminario manifestamos a la comunidad  internacional nuestro apoyo al proceso de paz, en la perspectiva en que contribuya a la transformación de la estructura agraria de un país al que caracteriza la más extrema concentración de la tierra. De igual manera hacemos votos porque el fin del conflicto armado signifique el pleno reconocimiento de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que han sido sus principales víctimas.

Estamos ante una encrucijada de orden civilizatorio que ni los pueblos ni los gobiernos latinoamericanos pueden soslayar. El orden clasista, colonial y patriarcal que además de destruir a la naturaleza explota a los trabajadores, somete a los colonizados, oprime a las mujeres y excluye a los jóvenes robándoles el futuro, debe ser dejado atrás. Los participantes en el debate sobre alternativas globales celebrado en La Paz, Bolivia, pensamos que la vía más promisoria es la que señalan los indígenas y campesinos. Escuchemos sus voces.


Angelina Herrera - Cuba

Luciano Concheiro – México
León Enrique Ávila – México

Yolanda Massieu  Trigo – México
Violeta Nuñez - México

Patricia Couturier – México
Elsa Guzmán Gómez - México

Eduardo Marrufo – México
Armando Bartra - México

Carlos Rodriguez - México
Bernardo Mançano - Brasil

Antonio Thomaz Jr. – Brasil
Eraldo  da Silva - Brasil

Clifford Andrew Welch – Brasil
Eliane Tomiasi - Brasil

Osvaldo Aly - Brasil
Carlos Porto Gonçalvez - Brasil

Juan Wahren - Argentina
Luis Daniel Hocsman - Argentina

Mario Sosa - Guatemala
Licerio Camey - Guatemala

Francisco Hidalgo - Ecuador
Gonzalo Herrera - Ecuador

Esteban Daza - Ecuador
Carlos Pastor - Ecuador

Claudia Pilar Lizarraga – Bolivia
Carlos Vacaflores - Bolivia

Juan Guillermo Ferro Medina – Colombia
Gabriel John Tobón - Colombia

Laureano del Castillo – Perú
Miluska Carhuavilca - Perú

Oscar Bazoberry – Bolivia
Juan Valdes Paz – Cuba
Francois Houtart (Foro Mundial Alternativas)

Eladio Morales - Colombia


Archivo del blog