En Las Verapaces, la finca, el agro negocio,
la hidroeléctrica y la mina, siguen agrediendo a las comunidades y pueblos,
ante la complicidad por omisión del Estado y del actual gobierno, que se ha
negado a investigar y castigar a los agresores de campesinos q’eqchi’ y
poqomchí que han sufrido atentados a manos de empleados de empresas de palma, caña
de azúcar, hidroeléctricas y de finqueros, quienes investidos de impunidad se
han convertido en “señores de la muerte” en esa región del país.
Tal parece que estamos volviendo a tiempos
de La Colonia, cuando los “señores” invasores y feudales eran quienes se
imponían como el poder supremo en la región, al extremo de segar la vida de
cualquier ser humano, con el aval explícito del poder central.
Y esto vuelve a repetirse en Alta Verapaz,
en contra de los campesinos Juan David Guitz Cu de 32 años de edad, Victor
Manuel Paau Ical de 31, Carlos Isaías Guitz Pop 30, Julio Ramiro Guitz Cu y
julio Cersar Guitz Pop, pertenecientes a la comunidad Xalaha, Monte Olivo, del
municipio de Cobán, quienes sufrieron un atentado ejecutado por el finquero
Leonel Ponce y sus dos hijos, Augusto y Carlos, 6 guardias privados y varios de
sus trabajadores. Adicionalmente los finqueros quemaron alrededor de 30
viviendas campesinas, dejando a las familias sin ninguna protección y
vulnerables ante la inexistencia de alternativas para refugiarse y subsistir.
Es indudable que además del interés por la
tierra, a los terratenientes los mueve la pretensión de imponer el proyecto
hidroeléctrico de la empresa Santa Rita, frente al cual las comunidades se han resistido
por los efectos que causaría y por la falta de consulta, derecho que les
reconoce el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que es
ley del país y tiene carácter constitucional siendo su carácter de instrumento
en materia de Derechos Humanos. Con dicho proyecto, además, está relacionado el
asesinato de dos niños pertenecientes a una comunidad en resistencia, en agosto
de este año, a manos de un sicario que es vinculado con dicha empresa.
El atentado que sufrieron los campesinos
de la comunidad Xalaha no debe quedar impune. Los campesinos ya han cumplido
con denunciar el atentado ante la Policía Nacional Civil. Ahora corresponde al
Ministerio de Gobernación, al Ministerio Público y al Organismo Judicial,
llevar a la justicia y castigar a los finqueros y sus empleados implicados. De
lo contrario, se convertirán en cómplices y serán responsables no sólo de
futuros atentados en contra de campesinos en resistencia sino de la agudización
del conflicto en la región y en el país.
Como Frente Popular, condenamos dicho atentado y
exigimos justicia. Como Frente Popular condenamos la imposición del modelo
extractivista que atenta contra la sobrevivencia de comunidades campesinas e
indígenas en Alta Verapaz y en el país.
FRENTE POPULAR
Soberanía, Dignidad y Solidaridad
¡VAMOS PATRIA, LA
LUCHA CONTINÚA!
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