jueves, 30 de abril de 2015

LA LUCHA DESDE, POR Y PARA LA CLASE TRABAJADORA

La clase social dominante (burguesía), quien controla el poder económico y en esencia controla también el poder político, nos explota cada vez más.  Mientras a nosotros nos hunden aún más en la miseria, ellos se vuelven cada vez más ricos.

Por ejemplo: para marzo de 2015, el costo mensual de los alimentos (Canasta Básica) necesarios para una familia de cinco miembros costaba Q. 3,283.00 y el costo de alimentos, más transporte, educación, salud, vivienda, vestimenta y otros (Canasta Básica Vital), alcanzaba la exorbitante cifra de Q. 5,990.00. Sin embargo, el salario mínimo decretado por el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti sólo llega a Q. 2,644 para el sector agrícola y no agrícola y Q. 2,451 para la maquila.

Pero esto no se queda ahí: el gobierno, con la alegría de la burguesía, decretó un salario mínimo apenas de Q. 1,500.00 para cinco municipios: San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya (El Progreso), Estanzuela (Zacapa) y Masagua (Escuintla); es decir, un 56.79% por debajo del salario mínimo oficial.

Pero nosotros sabemos que se incumple con el pago del salario mínimo y que en maquilas y fincas se exigen jornadas de más de 8 horas de trabajo, se paga a destajo para pagar menos y se trabaja en condiciones inhumanas, expuestos a accidentes, al crimen y a los agrotoxicos que se utilizan en la caña, la palma, banano, etc. Estas condiciones y situaciones se agravan cuando se trata de mujeres y niños.

Los salarios no alcanzan. Los sistemas de salud y de educación están en crisis porque a los gobernantes no les interesa resolverla, porque son incapaces o simplemente porque están más interesados en robarse el dinero del pueblo y los empresarios en evadir el pago de sus impuestos.

La explotación que padecemos como clase trabajadora se profundiza entonces y se expresa en mayor pobreza y miseria. Mientras, la burguesía se vuelve cada vez más rica. Así: 260 guatemaltecos tienen un capital (propiedades, negocios y dinero) igual al 56% de todo lo que se produce en el país en el año. Otro ejemplo más revelador: el 0.0001% de la población guatemalteca, es decir 15 guatemaltecos, los cabezas de las familias de la oligarquía, tienen más dinero que todo el resto del pueblo junto.
Y no bastándoles, la burguesía y los más ricos de ellos (la oligarquía) controlan la política (el Estado, los partidos políticos, el congreso de la república, las cortes de justicia, la corte de constitucionalidad) para aumentar un más sus ganancias. Y para ello, entre otras cosas, financian a los partidos y candidatos y participan en redes de corrupción como sucede con el famoso caso de “La Linea”

“La Línea” como se le conoce a la red criminal que operaba en la SAT, es sólo una muestra de las mafias y la corrupción en lo cual son cómplices funcionarios públicos, empresarios y militares. Es apenas una muestra de la corrupción y saqueo al más alto nivel en el gobierno de Pérez y Baldetti, un gobierno encabezado por una red de militares y apoyado por la burguesía y controlado principalmente por la oligarquía, es decir, por los más ricos del país.

Es por ello que, como Frente Popular, hacemos un llamado a fortalecer las luchas de la clase trabajadora del campo y la ciudad, de las mujeres trabajadoras, a recuperar nuestra dignidad rechazando la farsa de las elecciones, y luchar por avanzar en dirección a pensar y construir el proyecto político de la clase trabajadora de la ciudad y el campo. Es decir: LUCHAR DESDE, POR Y PARA LA CLASE TRABAJADORA.

Es por esto que participamos en la Asamblea Social y Popular, como una alianza que nos permita ir avanzando en lograr una mejor correlación de fuerzas para nuestras luchas y para cambiar de raíz este país. Por eso organizaciones de los pueblos originarios, campesinas, sindicales, de mujeres, de jóvenes, populares, entre otras, acordamos: movilizarnos el 1 y 16 de mayo para exigir la renuncia de Pérez y Baldetti, exigir que se investigue y se lleve a la cárcel a los altos funcionarios, empresarios y militares que hacen parte de la red criminal “La Línea”, que se les obligue a devolver todo el dinero robado, que se desmonten todas las estructuras criminales en el Estado, que se respete la protesta, resistencia y libre determinación de los pueblos, que se liberen de inmediato a los presos políticos. En lo estratégico, acordamos avanzar hacia una nueva Asamblea Nacional Constituyente, para dotarnos de una nueva Constitución Política, ahora escrita por y para los pueblos originarios, la clase trabajadora, las mujeres, la juventud.


¡Viva la Clase Trabajadora!
¡Viva la Asamblea Social y Popular!

FRENTE POPULAR
Soberanía, Dignidad, Solidaridad
¡Vamos Patria, la lucha continúa!
Guatemala, 1 de Mayo 2015

miércoles, 29 de abril de 2015

DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR

Declaración de la Asamblea Social y Popular
Por la Asamblea Social y Popular - Guatemala, 29 de abril de 2015

Las delegaciones de mujeres y hombres de 72 comunidades, pueblos, autoridades ancestrales y organizaciones, representantes de los cuatro puntos cardinales, también estamos hartos e indignados ante la corrupción e impunidad.
Saludamos que la CICIG haya dado a conocer con datos y nombres concretos a una de las estructuras corruptas que se apropian de los bienes de los guatemaltecos y guatemaltecas. Demandamos que la CICIG también dé a conocer, investigue y procese a los empresarios usuarios de esta estructura de corrupción, así como el financiamiento de los partidos políticos y que se avance en el desmontaje del resto de estructuras corruptas.
Reafirmamos que lo que ahora se ha denunciado es lo que durante años hemos dicho: el sistema político en Guatemala se asienta y funciona a partir de redes de corrupción e impunidad.
El saqueo a la SAT y el robo de los impuestos de las y los guatemaltecos es parte del robo y saqueo histórico de la fuerza de trabajo de las y los trabajadores; del agua, tierra, bienes del subsuelo y la madre naturaleza. La aprobación de los estudios de impacto ambiental, las concesiones mineras, los negocios de los ministerios, los contratos de servicios en los tres poderes del Estado, la construcción de infraestructura, los negocios en los servicios públicos también son parte de esas redes de corrupción e impunidad.
Lo que realmente está en crisis es el conjunto de la institucionalidad del ejecutivo, legislativo y judicial. Además del ejecutivo, la corrupción en el Congreso y en las cortes, desde su misma elección y su posterior funcionamiento despoja de toda legitimidad a estas instancias, por lo que sus actuaciones son nulas e ilegítimas y por lo mismo llamamos a no aceptar, ni acatar todas aquellas actuaciones que atenten contra los derechos colectivos e individuales de los Pueblos y personas.
Ante la crisis política e institucional generada a partir de la confirmación de la corrupción e impunidad:
Rechazamos al Presidente y Vicepresidenta como representantes de la nación; éstos no tienen legitimidad, ni legalidad para ejercer como dignatarios de la nación y ante tal situación DEBEN RENUNCIAR DE MANERA INMEDIATA A SUS CARGOS y pasar a ser investigados para deducir las responsabilidades correspondientes. En su lugar deberá posponerse la convocatoria a elecciones generales y elegirse un consejo de Estado integrado por representantes de pueblos, sectores populares y sociales.
Que se aplique la ley de Extinción de Dominio y que los bienes de los corruptos, pasen –mediante reforma de ley- a enfrentar la hambruna y desnutrición; para el desarrollo rural, la salud y educación.
El actual Estado fallido no nos representa ni es expresión de la soberanía popular, por lo mismo, llamamos a convocar y constituir una Asamblea Nacional Constituyente, sectorial y de pueblos, que devuelva el poder al Pueblo y elabore el nuevo marco legal constitucional que necesitamos.
Demandamos la pronta e inmediata liberación de los presos políticos, el cese a la criminalización de la lucha social, el rechazo y violencia hacia las mujeres, el racismo, así como la represión como respuesta a las demandas sociales.
Rechazamos la presencia de militares en el gobierno y exigimos su salida de los cargos gubernamentales, asimismo, rechazamos cualquier intento de golpe de Estado provocado por militares o sectores oligárquicos, así como la imposición de estados de excepción que limiten nuestros derechos y garantías.
Reafirmamos el derecho de la ciudadanía a ejercer la soberanía popular y democrática ejerciendo sus derechos legítimos; particularmente la resistencia popular. Rechazamos las medidas de control e intimidación que este gobierno ya comenzó a realizar ya sea directamente o mediante organizaciones como la dirigencia actual de CONIC o personas como Joviel Acevedo.
Llamamos a convocar y constituir Asambleas Ciudadanas Permanentes que contribuyan a la reconstitución de los Pueblos, asuman el control de las municipalidades y aglutinen a las diversas fuerzas, sectores y Pueblos que están en los territorios.
Nuestra propuesta es que la crisis no se resuelve con reformas cosméticas de la SAT, por eso reafirmamos que es necesaria una profunda reforma del Estado que inicie por la reforma de Ley Electoral y de Partidos Políticos para posibilitar la participación de los Pueblos Indígenas y sectores sociales y populares.
Llamamos a todas las comunidades, Pueblos, organizaciones, hombres y mujeres a incorporarnos, en forma pacífica y participativa, desde nuestras experiencias y expresiones culturales, lúdicas, etc a las concentraciones en la ciudad capital, en las cabeceras departamentales y municipales, comenzando el 1º. y 16 de mayo, para exigir la renuncia del presidente y la vicepresidenta, denunciar a los empresarios corruptores y a las estructuras paralelas de los militares que han sido cómplices del despojo a las guatemaltecas y guatemaltecos. Saludamos y motivamos a nuestras hermanas y hermanos en el extranjero a continuar participando de este gran movimiento cívico y ciudadano. En resumen, llamamos a todas y todos los guatemaltecos, hombres y mujeres, sectores medios y populares, habitantes del campo y la ciudad, todos los sectores interesados en la paz, la vida y la democracia a unirnos, hacer un frente común y construir una Nueva Guatemala.
Solicitamos a las organizaciones de derechos humanos e instancias de la OEA y ONU; así como a la comunidad internacional a que mantengan su observación sobre la situación de Guatemala
ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR

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