domingo, 18 de junio de 2017

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y su injerencia sobre Venezuela


Por Antonio Castillo
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) hizo público el 15 de junio un llamado a rechazar la asamblea constituyente de Venezuela y apoyar una resolución electoral a la crisis.[1] Con este escrito, Wola puede ser ubicada como parte de la mascarada injerencista dirigida en distintas escalas por Estados Unidos, por el secretario de la Organización de Estados Americanos y por la oposición al interior de ese país hermano.
La estrategia persigue el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, la derrota del proceso revolucionario y el restablecimiento del orden existente hasta 1999, cuando gobernaba la oligarquía y cuando las multinacionales petroleras y el Estado estadounidense controlaban el saqueo de las enormes riquezas venezolanas.
El fondo de esta agresión encuentra su principal explicación en la pretensión por apropiarse de las enormes riquezas de Venezuela: petróleo, agua, minerales raros, etc. Esto recursos son de apetencia de las corporaciones globales y de Estados Unidos, quienes pretenden controlarlos con objetivos de acumulación capitalista y control estratégico, además del objetivo de evitar que continúe un proceso revolucionario que no permite el saqueo de los bienes comunes en ese territorio. Así las cosas, estos poderes económicos y políticos activan todo su aparataje y capacidad mediática, política, financiera y militar, para recuperar ese control perdido desde el inicio de la Revolución Bolivariana.
Estos planes de expolio y coloniaje encuentran en la hegemonía previamente construida y controlada por estas fuerzas uno de los soportes de la agresión contra el proceso venezolano. El engaño mediático convertido en matriz de opinión y visión única, impacta en mucha personas que creen en la desinformación y engaño emanado de las grandes corporaciones de "información" y de estructuras mediático-empresariales como la Sociedad Interamericana de Prensa. Esto genera el predominio de una visión y posición opuesta a la revolución y gobierno bolivariano de Venezuela.
En esta comparsa, un conjunto de instituciones del régimen internacional también ha sido activado en dirección a consolidar el cerco mediático y político al proceso bolivariano. Esto explica la acción oficiosa del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de gobiernos derechistas como el de México, Brasil, Argentina y Guatemala, y un conjunto de fundaciones u oenegés, incluidas algunas de derechos humanos, como Human Rights Watch y Wola.
En específico, la declaración de Wola es parcial, tendenciosa e injerencista. Con su rechazo a la asamblea constituyente, su demanda de elecciones y su llamado al "hemisferio" a rechazar el curso político intencionado por el gobierno de Nicolás Maduro, Wola se convierte en caja de resonancia de la agenda injerencista de Estados Unidos[2] y de la estrategia de la oposición venezolana.
Pero analicemos con detenimiento la declaración de Wola.
Wola inicia calificando de "inconstitucional" el proceso y la constituyente que será instalada después de la elección correspondiente. En su falta de seriedad Wola obvia los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los cuales se desmorona su afirmación. En el artículo 348 de dicha constitución se establece que la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla, entre otros, el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros, tal y como ha sido en este caso. Esto hace constitucional no solamente al sujeto de la iniciativa y propuesta constituyente, sino también al proceso y la Asamblea Nacional Constituyente que de la elección libre y secreta de los ciudadanos resulte. Así mismo, en el artículo 349 se establece que el presidente –como cualquier otro poder constituido– no podrá objetar la nueva constitución o impedir las decisiones de la asamblea constituyente, lo cual hace que él mismo quede sujeto a cualquier disposición que la misma resuelva.
Wola miente cuando afirma que la "Constitución de Venezuela de 1999 establece claramente que sólo el pueblo venezolano tiene la autoridad para convocar una nueva Asamblea Constituyente" y que "el gobierno de Maduro ha usurpado esta autoridad por sí mismo". En este sentido Wola pretende que el proceso constituyente actual se base en lo aplicable para la constitución de 1999. Argumenta que dicha constitución fue convocada después de consultar al soberano a través de consulta popular. Afectivamente así fue realizado en esa ocasión, en aplicación de la norma proveniente de la constitución de 1961. Sin embargo, la constitución que rige actualmente es la de 1999 y no la de 1961. En su declaración Wola obvia, además, que la constitución que acuerde la constituyente en 2017, será sometida a referendo popular.
Wola argumenta que el proceso constituyente en marcha "desempoderará" a los ciudadanos venezolanos. Esto sorprende siendo que el proceso definido y convocado tiene una implicación absolutamente contraria a lo afirmado por esta oenegé estadounidense. En primer lugar porque en el proceso constituyente en marcha pudieron inscribirse no solamente candidaturas procedentes de partidos pro gubernamentales y opositores, sino también ciudadanos individuales que así lo quisieron. Así las cosas, en lugar de ser un retroceso en materia democrática, de "desempoderamiento", un "asalto a un principio fundamental de la democracia: la soberanía del pueblo" como afirma Wola, la convocatoria a la inscripción de candidaturas constituyó un avance democrático al abrir la posibilidad para que cualquier ciudadano procedente del soberano, incluidos ciudadanos de la oposición al actual gobierno, pudiera inscribirse y competir por un puesto en la constituyente. En segundo lugar porque estamos ante un proceso constituyente que se abrió no solo para la postulación y elección de constituyentes por circunscripción territorial, sino también por sectores representativos de la sociedad venezolana, como los trabajadores, estudiantes, pueblos indígenas, comunas, empresarios. 3 mil 200 candidaturas distritales y 2 mil 300 candidaturas sectoriales han sido validadas para competir por los 545 escaños en la constituyente; esto es inédito y profundamente democrático al trascender la representación liberal-eurocéntrica y avanzar hacia una representación multisectorial, plurinacional y popular, tal y como es la demanda de varios pueblos latinoamericanos para lograr el avance en materia de derechos.
Wola, en su descalificación del proceso, afirma que las reglas para seleccionar a los delegados a la Asamblea, fueron concebidas para favorecer a los partidarios de Maduro. En este aspecto Wola obvia que en Venezuela –como en todas partes– nos encontramos en una disputa y que cada fuerza política perseguirá salir victoriosa de la misma. En ese sentido, es claro que el gobierno actual –como no podía ser de otra manera y como lo haría la oposición venezolana– busca que la constituyente se integre con una mayoría favorable al avance del proceso revolucionario. Sin embargo, tal y como ha sido la constante durante estos años, la postulación y elección de representaciones políticas ha sido cada vez más democrática, puesto que el Estado ya no es controlado por una oligarquía y por partidos que actuaron contra los intereses mayoritarios; todo lo contrario, hoy dirige el gobierno venezolano una persona procedente de la clase trabajadora.3
Wola también afirma que los candidatos de Maduro "podrían tomar la mayoría de los asientos ganando menos que el 30 por ciento del voto". Esta afirmación es confusa y sin fundamento procedimental y matemático que lo valide. La fuerza que la Revolución Bolivariana alcance dependerá del apoyo popular que logre en esta coyuntura y de la decisión que finalmente tome la oposición con relación a las candidaturas opositoras que lograron postularse y del apoyo que estas reciban.
En su argumentación contra el proceso y la constituyente en Venezuela, Wola plantea que la Asamblea Constituyente tendrá "poderes de origen que sobrepasarán los poderes constituidos". Cualquier jurista o estudiante de derecho constitucional sabe que una asamblea de este tipo es la representación del poder soberano y como tal es superior a cualquier poder previamente constituido. Esa es la diferencia entre poder constituyente y poder constituido. En ese sentido, la Asamblea Constituyente tendrá la legitimidad y podrá ejercer poder por sobre los poderes constituidos, incluido el poder del Presidente de la Republica o de la Asamblea Nacional.
El llamado injerencista que realiza Wola "apela a las naciones del hemisferio a reconocer la importancia de este momento, instando al gobierno venezolano a dejar de lado su plan para crear una nueva constitución y en su lugar adherirse a la Constitución de 1999". De esta apelación surgen las preguntas: ¿Qué implicaría "reconocer la importancia de este momento"? ¿En su ambigüedad acaso Wola no está validando cualquier tipo de intervención y agresión contra Veenezuela, que parta del "reconocimiento de este momento"?. Así mismo, ¿Por qué razones, que no sean las de hacerse parte de la estrategia injerencista, Wola insta a que el gobierno se abandone el proyecto de nueva constituyente? ¿Por qué razones detenerse necesariamente en la constitución de 1999? ¿Acaso no es legítimo que un gobierno pueda plantearse la convocatoria a una nueva constituyente?
En la misma tónica, esta oenegé internacional, cuestiona la negativa del presidente Nicolás Maduro a un referendo revocatorio presidencial en 2016, justo el año en que tomó posesión. Ante esto puede preguntarse ¿Por qué un gobierno legal y legítimamente electo tendría que someterse a un referendo revocatorio solo porque así lo pedía una oposición que demostró su carácter antidemocrático y violento después de perder la elección presidencial? ¿Por qué aceptar un revocatorio en ese momento cuando el artículo constitucional número 72 indica que este puede efectuarse hasta después de transcurrida la mitad del período para el cual fue electo un funcionario? Wola miente, además, cuando afirma que Maduro pospuso indefinidamente las elecciones regionales, siendo que esta decisión estuvo en manos y fue argumentada por el Consejo Nacional Electoral (órgano constitución refrendado por la comunidad internacional que ha observado y certificado sucesivos procesos electorales), el cual ha convocado a elecciones regionales para diciembre de 2017 y ha ratificado la elección de nuevo presidente para 2018, tal y como corresponde.
En su declaración Wola obvia u oculta otro conjunto de elementos fundamentales de análisis. Por ejemplo, no analiza por qué razones los partidos de oposición cuestionan el proceso constituyente y por qué buena parte de la misma –no toda, como se constata– decidió abstenerse de presentar candidaturas para la Asamblea Constituyente. Wola obvia, como se demuestra en los hechos concretos, que la oposición no está accionando por una vía política y democrática; todo lo contrario, que está orientada al derrocamiento de Maduro a través de métodos violentos e injerencistas, con lo cual su práctica es claramente inconstitucional. Así las cosas, el que la oposición violenta se auto excluya del proceso constituyente –como se ha negado al diálogo, inclusive con la mediación del representante del Papa Francisco– no le resta legitimidad a la nueva constituyente. La legitimidad de la nueva Asamblea Constituyente estará dada por la participación ciudadana en el proceso eleccionario, lo cual será muestra de la legitimidad y apoyo popular al proceso constituyente; además, del impacto que pueda tener la estrategia violenta de la oposición, que sin duda intentará frenar por todos los medios a su alcance (los inconstitucionales inclusive) la realización del evento eleccionario y constituyente. Especialmente, su legitimidad, dependerá del carácter de los cambios que queden plasmados en la nueva constitución, de si estos serán de beneficio para las grandes mayorías y para profundizar el proceso democrático.
Wola, en su carácter de oenegé de derechos humanos, tampoco dice nada y no condena los métodos violentos y criminales de la oposición venezolana utilizados contra guarderías, hospitales, transporte público, centros de justicia, centros educativos, pequeños negocios y viviendas. Tampoco condena los cientos de heridos y las decenas de asesinatos, de cuya mayoría es responsable dicha oposición que ha hecho uso de bombas molotov, armas hechizas, armas de fuego, gasolina, alambres degolladores, aceite regado en calles, entre otros medios. Así mismo, no condena el uso de niños y adolescentes como parte de las guarimbas violentas, que han tenido como cauda la muerte de un joven de 16 años producto de la manipulación de bombas hechizas. No dice nada de los impactos psicológicos, sociales y económicos de la violencia opositora contra todo el pueblo venezolano. Con esta declaración, Wola contradice su propio carácter como organización que "promueve los derechos humanos" y persigue que "la justicia prevalezca sobre la violencia".
La posición y petición de Wola claramente es de carácter político. Carece de asidero en la defensa de derechos humanos, lo cual le daría legitimidad a su alegato. Su pretensión clara es contribuir a frenar el avance del proceso dirigido por el gobierno de Nicolás Maduro. Así las cosas, Wola se posiciona en el bloque de quienes aplican una política injerencista para detener el proceso bolivariano. Wola trasciende su carácter de organización promotora de derechos humanos y se convierte en una organización política que, además, desconoce el derecho de los pueblos –en este caso el venezolano– a la autodeterminación, la independencia y la soberanía.


[2] Un ejemplo claro de esta injerencia de Estados Unidos se encuentra en el documento del Comando Sur titulado Operación Venezuela Freedom 2. https://kenzocaspi.wordpress.com/2017/04/05/el-plan-de-eeuu-para-intervenir-a-venezuela-documento-de-comando-sur-operacion-venezuela-freedom-2/

sábado, 29 de abril de 2017

LLAMADO A LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA

Compañeras y compañeros: nuestra condición de clase social explotada y oprimida se debe a que la clase social dominante, la burguesía, representada en el CACIF, controla la economía y el Estado.

La burguesía posee y controla la propiedad privada de los principales y estratégicos medios de producción en el país: la mayor parte de la tierra productiva a través del latifundio agroindustrial y pecuario (plantaciones de caña de azúcar, palma de aceite, banano, café, ganadería, etcétera), la industria transformadora y extractiva, la banca, el comercio por medio de la distribución de los alimentos esenciales, la construcción, la tecnología, y los medios de comunicación.

A través de sus empresas locales y transnacionales, la burguesía ha extendido en los últimos años la explotación y su propiedad a través del robo y despojo de los bienes nacionales, comunitarios y de la naturaleza. Con estos bienes alimenta los proyectos privados de inversión y el reparto de la nación (desvío de ríos para sus plantaciones agroindustriales y sus hidroeléctricas, por ejemplo) que hace parte del pacto que tiene con las empresas transnacionales. Así mismo desvía los recursos del presupuesto nacional para financiar negocios particulares de mafias privadas ubicadas estratégicamente en el sector público para esos fines, con lo cual sale afectado el pueblo a quien no se le garantiza derechos y servicios esenciales.

De esta forma y a la medida de sus intereses históricos, la burguesía ha ido construyendo una economía del despojo y rediseñado en el plano ideológico y político su Estado: los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, la Corte de Constitucionalidad, la mayoría de partidos políticos, los medios masivos de propaganda, las universidades, las principales iglesias. Por eso, la mayoría de leyes y políticas que se aprueban benefician a esa clase parasitaria, mientras afectan al pueblo en general. De ahí que el Estado no responde a los intereses del pueblo trabajador, de los pueblos indígenas y de las mujeres quienes integramos las grandes mayorías.

Así se explica también cómo la burguesía ha ido acumulando cada día más riqueza y adquiere mayor poder, mientras la clase trabajadora, aun teniendo empleo, vemos como se reduce nuestro ingreso y se deterioran nuestras condiciones de vida. Así mismo, que nuestra participación política en general se reduzca a avalar con nuestro voto al gobierno que la burguesía ha escogido de antemano. Y, por supuesto, que cuando protestamos y defendemos nuestros derechos se nos criminalice y reprima.

Sin embargo, esta burguesía no sería tan poderosa ni podría mantenerse en el poder, sino tuviera un aliado vigoroso como lo es el imperio de Estados Unidos, junto al cual nos mantiene como un país atrasado, miserable, degradado ambientalmente, ocupado militarmente, dependiente económica y tecnológicamente, despojado de sus recursos estratégicos y vitales, controlado y subyugado por medio del terror de una violencia cotidiana que, disfraza de común, es ejercida por bandas paramilitares como las maras y policías privadas y por los aparatos de represión y control estatal.

Por eso, como clase trabajadora debemos tener la sabiduría para clarificar nuestra lucha y uno de los principales asuntos para lograrlo está en saber quiénes somos y cuáles son nuestros enemigos estratégicos: la burguesía y el imperialismo. También, establecer como nuestro único horizonte de lucha está en el rompimiento de las cadenas de explotación y opresión, la destrucción del capitalismo y el Estado burgués, y la construcción de un Estado y una economía socialista que es la precisa para lograr el beneficio y desarrollo de las grandes mayorías.

Es por ello que este 1º de mayo de 2017, llamamos a la unidad de la clase trabajadora y a la recuperación del Socialismo como proyecto histórico. Solo en Socialismo podremos convertirnos en la clase social que dirija esta iniciativa a través de la construcción de un nuevo Estado y una nueva economía que garantice el bienestar para las grandes mayorías, para la clase trabajadora, para los pueblos indígenas, para las mujeres. Solo en Socialismo lograremos construir el buen vivir. El único y verdadero proyecto de la clase trabajadora es el Socialismo. 

¡Viva la Clase Trabajadora!
Frente Popular

Sindicato de Trabajadores de las Artes Plásticas STAP

Colectivo Popular "Otto René Castillo"

Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular de Guatemala SINTRACAPGUA

Colectivo de Acción Política "La Gotera"

Miembro de la Asamblea Social y Popular

sábado, 11 de marzo de 2017

EXIGIMOS JUSTICIA POR ESTE CRIMEN DE ESTADO



#FueelEstadoCapitalistayNeoliberal

La muerte de 40 niñas y adolescentes en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción del Estado, evidencia que estamos ante la absoluta desprotección y vulnerabilidad. En especial lo están quienes debieran representar lo más preciado: las niñas y niños, los adolescentes. El Estado debió haber garantizado la integridad y vida de estas niñas y adolescentes. Contrariamente, se convirtió en su verdugo.

Las evidencias llevan a afirmar que fue una masacre premeditada. Es una ejecución extrajudicial en donde están implicados agentes del Estado, quienes tenían la responsabilidad directa de protegerlas y cuidarlas.

Sin duda, son responsables aquellos que las violentaron y violaron, aquellos que las usaron como mercancía sexual, quienes las agredieron psicológica y físicamente. Pero también son responsables quienes tenían a su cargo la dirección del centro, así como el Secretario de Bienestar Social y el mismo Presidente de la República como su jefe inmediato superior. También tiene responsabilidades la Procuradora General de la Nación, el Organismo Judicial y el Ministerio Público. De ellos dependía el centro donde ocurrió la masacre. Estos funcionarios e instituciones debieron haber atendido con una nueva política a estas niñas, niños y adolescentes, siendo existían denuncias sobre graves violaciones a los derechos de estos seres humanos vulnerables, tanto a nivel nacional como internacional. La negligencia, incumplimiento de deberes e incapacidad es responsabilidad de estos funcionarios.

Los responsables desoyeron las denuncias de esclavitud sexual y tortura psicológica y física  que padecían las niñas, niños y adolescentes en dicho centro. Ignoraron las peticiones y propuestas que realizó el Procurador de Derechos Humanos y organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez y adolescencia, quienes habían planteado el cierre físico de este centro y el traslado y protección de los niños con otra política y en condiciones indispensables para garantizar su protección y atención integral. Las denuncias, exigencias y propuestas fueron ignoradas por el anterior y por el actual gobierno. Esta fue una tragedia y un crimen anunciado.

Más allá, en este hecho doloroso está presente el impacto crudo del capitalismo, que hace que niñas y adolescentes se conviertan en mercancía que pueden ser vendidas y violadas por  el mejor postor. Asimismo, es el resultado de un sistema patriarcal que convierte a la niña, adolescente y mujer en un objeto de apropiación, violencia y esclavitud sexual. Es el resultado de un régimen de represión violenta, que criminaliza a las víctimas y las convierte, en manos de policías y agentes estatales de trata, en objeto hasta privarles de la vida misma. Constituye también, el resultado del Estado capitalista y neoliberal que en aras  de garantizar privilegios a los empresarios para la explotación, el saqueo y la acumulación, sacrifica su deber de protección de los más elementales derechos, como la vida de nuestros niños y niñas. Por eso decimos que este es un crimen más del capitalismo, del patriarcado y un crimen de Estado que no es fortuito sino la continuidad de una política de Estado: la masacre en contra de los seres humanos más desprotegidos y vulnerables, de aquellos que el mismo Estado ha convertido en seres humanos desechables, tal y como lo hizo durante la guerra interna.

Este es un crimen que no debemos dejar que quede en la impunidad. Por ello:

1.      Exigimos la destitución y/o renuncia inmediata de todos aquellos que siendo responsables directos e indirectos, deben ser privados de toda responsabilidad de proteger a nuestra niñez y adolescencia. Su negligencia, incapacidad y responsabilidad penal son evidentes.

2.      Exigimos una investigación científica, juicio y castigo a los responsables directos e indirectos de este crimen de lesa humanidad.

3.      Exigimos al Procurador de Derechos Humanos abandonar su acomodamiento y condescendencia con sucesivos gobiernos, para que en cumplimiento de sus funciones, contribuya a garantizar los derechos de la niñez, adolescencia y de todas y todos los guatemaltecos.

4.      Llamamos a sumarnos sororaria y solidariamente a la protección y recuperación de las niñas sobrevivientes y sus familias, en concreto y en lo inmediato.

5.      Llamamos a ser parte esencial en la protección de la niñez y adolescencia en todos los espacios y momentos de la vida social.

6.      Llamamos a acuerpar las propuestas que en materia de leyes, políticas y acciones realizan organizaciones que trabajan por los derechos del niño y la niña, y de la adolescencia.

7.      Estratégicamente proponemos emprender una lucha política por construir otro Estado: un Estado radicalmente diferente a este que le sirve al capital, al patriarcado, al racismo, y mata a los niños, niñas y adolescentes.

Colectivo Popular Otto René Catillo

Miembro del Frente Popular y Asamblea Social y Popular  

martes, 7 de marzo de 2017

POR UN OCHO DE MARZO
CONTRA EL PATRIARCADO Y EL CAPITALISMO



Como Colectivo Popular Otto René Castillo nos sumamos a la conmemoración del ocho de marzo, como un homenaje a todas las mujeres de la historia, que luchan por  transformar el patriarcado y el machismo como causas de la opresión, violencia y la exclusión hacia la mujer y como razones fundamentales que nos impiden construirnos como una sociedad con equidad y justicia.

Pero también lo hacemos recordando que este día tiene su origen en la lucha de mujeres de la clase trabajadora, que en demanda de mejores condiciones laborales, de trabajo y salariales, de una vida digna, fueron –como siguen siendo– vilmente asesinadas y reprimidas por los capitalistas. Es decir, es una conmemoración que para nosotras y nosotros también tiene un carácter clasista, contra el capitalismo y, por consiguiente, contra el imperialismo.

Estas luchas debieran transcurrir y desarrollarse como aguas de un mismo río. La lucha contra el femicidio, por la justicia en casos de violencia sexual y política (como el de  Sepur Zarco), contra la mayor explotación de las mujeres en empresas capitalistas en lo urbano y lo rural y en casas particulares, por la defensa del territorio, por acceso a tierras y defensa del agua, contra la opresión en el ámbito privado y público, por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, por la vigencia de derechos, son vertientes de una misma causa. 

Las luchas que dieron origen a esta conmemoración, como otras que han sido interpretadas por las mujeres como necesarias, tienen absoluta vigencia. Una vigencia que hace que nos enfrentemos al capitalismo, como al Estado, al machismo como al patriarcado. Es decir, que también confrontamos las políticas de flexibilización laboral y de saqueo de los bienes naturales comunes, contra el machismo y misoginia que reproducen el interés empresarial, corrientes fascistas y atrasadas, contra un Congreso que sigue negándose a decretar leyes que reconozcan derechos de la mujer (como la paridad y alternabilidad, a la salud integral y autodecidida), contra un Estado que sigue permitiendo el femicidio, la explotación y las violencias.

En este marco, entonces, manifestamos nuestra disposición para gestar un proyecto civilizatorio, que se oriente a transformar en todos los órdenes y ámbitos, las relaciones que afectan en específico a la mujer, como al pueblo en su conjunto. Un proyecto que se nutre de cada lucha y organización, de cada propuesta táctica como estratégica formulada desde el movimiento feminista y de mujeres.

Por eso este ocho de marzo nos sumamos a la lucha por los derechos, por la dignidad y la vida plena, la justicia y la equidad para todas las mujeres, porque la sabemos y entendemos como una lucha por construirnos como una sociedad radicalmente diferente a la que reproduce el capitalismo y el patriarcado.


 Colectivo Popular Otto René Castillo

Miembro del Frente Popular y de la Asamblea Social y Popular

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