jueves, 30 de noviembre de 2017

NUESTRA CONDENA AL FRAUDE ELECTORAL EN HONDURAS

En Honduras se está consumando un fraude electoral. El objetivo es mantener el poder del gobierno en manos de la oligarquía explotadora y corrupta hondureña, al servicio del capital local y trasnacional y de los intereses geoestratégicos de Estados Unidos que requieren contar con gobiernos serviles para garantizar sus planes de control y dominio que se expresan actualmente en el Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

Para consolidar el fraude han empezado a usar la represión del ejército y la policía hondureña contra el pueblo, el cual valientemente ha salido a las calles a manifestar su rechazo a la continuidad fraudulenta del gobierno dictatorial y criminal de Juan Orlando Hernández.

Como Frente Popular nos sumamos a la indignación y rechazo absoluto contra el fraude electoral, que significa la continuidad de una dictadura oligárquico-militar, con fachada de falsa democracia,  que opera como protectorado de Estados Unidos, que viola los principios democráticos y la voluntad del pueblo hondureño. Este fraude implica la reedición del Golpe de Estado contra Mel Zelaya en 2009.

Condenamos igualmente la represión contra el pueblo hondureño en resistencia, al cual manifestamos nuestra solidaridad y apoyo en su búsqueda por defender lo que considera una victoria popular. Así mismo, repudiamos la complicidad de organismos como la Organización de Estados Americanos y la comparsa de gobiernos oligárquicos y de derecha que, como el guatemalteco, desarrollan políticas similares y han empezado a legitimar el fraude y la continuidad de ese gobierno fraudulento y dictatorial.

A movilizarnos en solidaridad con el pueblo hondureño.


Frente Popular
Soberanía, Dignidad, Solidaridad


¡Vamos Patria, la lucha continúa!

viernes, 15 de septiembre de 2017

DISOLUCIÓN DEL CONGRESO, RENUNCIA Y JUICIO AL PRESIDENTE

Esto es el colmo. El congreso decretó impunidad para los secretarios generales y financistas de campañas que han cometido o pudieran cometer delitos de financiamiento electoral ilícito. Así mismo, decretó penas menores a 10 años de prisión pueden ser conmutables con dinero a cambio de cárcel, con lo cual abre la puerta para liberar a delincuentes y criminales de distinto tipo: violadores, extorsionista, asesinos y grupos mafiosos, como el dirigido por Otto Pérez Molina.

Con esta acción el congreso se desnuda y evidencia que está dominado por partidos y políticos comprometidos con la corrupción, la impunidad y el crimen, contraviniendo los supuestos fines y violando la ya caduca Constitución Política. Confirma que su decisión de negar el antejuicio contra al presidente Jimmy Morales se debió a su objetivo de garantizarse impunidad.

Estos hechos no dejan ninguna salida al pueblo guatemalteco, más que la lucha por la disolución de este congreso integrado por corruptos.  Este congreso, aun cuando pareciera recular, seguirá legislando corruptamente, para garantizarse impunidad en sus actos de enriquecimiento ilícito y privilegios a la burguesía oligárquica y transnacional, así como para negar derechos a las grandes mayorías.

Por esa razón fundamental, como Frente Popular, proponemos que la lucha popular, campesina, de pueblos originarios, del movimiento popular y de los guatemaltecos éticos, se dirija a lograr la disolución del Congreso y la renuncia y enjuiciamiento del presidente de la república sobre quien pesan pruebas de delitos por financiamiento electoral ilícito y sobresueldos provenientes de la cúpula militar corrupta.

Al mismo tiempo, debemos avanzar en la lucha estratégica, que pasa por avanzar en la articulación popular necesaria en el camino de lucha que nos lleve a una nueva Asamblea Nacional Constituyente para fundar un Estado Plurinacional, Multisectorial y Popular. Solo así podremos, además, pensar en una Patria verdaderamente independiente.

¡Renuncia y enjuiciamiento del Presidente Ya!
¡Disolución del Congreso de la República Ya!
¡Asamblea Nacional Constituyente Ya!
  

Frente Popular
Soberanía, Dignidad, Solidaridad
¡Vamos Patria, la lucha continúa!


Guatemala 15 de septiembre de 2017

miércoles, 30 de agosto de 2017

CONTRA LA CORRUPCIÓN Y POR UN ESTADO PLURINACIONAL, MULTISECTORIAL Y POPULAR

Como Frente Popular manifestamos nuestra convicción sobre la necesidad de avanzar en la lucha contra la corrupción y la impunidad, lo cual contribuye a disminuir las históricas y profundas injusticias que predominan en Guatemala.

Ante la incapacidad de la burguesía, la penetración profunda de las mafias y el crimen organizado en su Estado y el avance del imperialismo, la creación de la CICIG por la ONU y su aprobación local ha sido importante para la investigación y enjuiciamiento de empresarios, políticos y militares corrupto. Así mismo, para el avance de investigaciones en las cuales el mismo presidente de la república, en su calidad de secretario del partido político FCN-Nación durante el 2015, resulta   señalado de haber sido parte de prácticas de financiamiento ilícito de su propia campaña y, por consiguiente, para su elección fraudulenta.

El riesgo de ser llevado a tribunales y condenado por estos hechos ha provocado que se sienta acorralado. Por eso ha sido presa fácil para que los sectores corruptos y criminales que han sido juzgados, que están en proceso de enjuiciamiento o de investigación, lo acuerparan para declarar no grato al coordinador de la CICIG. Un hecho que no solamente fue contrario al sentir de la mayoría de guatemaltecos y contrario a la normativa jurídica, sino también lo consolidó como una figura que trabaja para proteger a corruptos y reproducir la impunidad en el país, contraviniendo la misma constitución política de la república.

Siendo así, su gobierno ha perdido legitimidad para seguir encabezando los destinos del organismo ejecutivo. Para empezar porque es resultado de un proceso electoral fraudulento y para terminar  por su compromiso con lavado de dinero.

En ese sentido, como Frente Popular:

1.      Estamos comprometidos para movilizarnos contra estas acciones pro-impunidad del gobierno actual, pues harían retroceder la investigación criminal y consolidarían a grupos de poder mafioso, militar y empresarial.

2.      Esto implica respaldar la presencia del coordinador de la CICIG, Iván Velásquez. Esto en el entendido que apostamos a crear un nuevo Estado donde, independiente y soberanamente, tengamos la capacidad de investigar y enjuiciar a los criminales de cualquier tipo, sin ningún tipo de tutela y menos injerencia política que este tipo de mecanismos e instituciones implican.

3.      Llamamos a trascender las visiones limitadas a la corrupción, a la defensa de un personaje. Debemos analizar los trasfondos de la actual crisis política, en especial, sobre los sectores de poder que, en esta coyuntura se están disputando el control y dirección del Estado, los cuales mantendrán el actual régimen de explotación, despojo y opresión contra la clase trabajadora, los pueblos y los sectores históricamente marginados, tal y como continúo siendo después de la crisis de 2015.

4.      Creemos firmemente que la lucha contra la corrupción es absolutamente insuficiente como visión y como práctica. La crisis política actual apenas es la expresión visible de una crisis profunda, histórica y estructural del Estado. Por ello apostamos por avanzar en la coyuntura hacia la creación de condiciones para que, más temprano que tarde, logremos avanzar hacia una Nueva Asamblea Nacional Constituyente de carácter Plurinacional, Multisectorial y Popular, con participación de todos los pueblos y sectores representativos de la sociedad, que nos permita fundar un nuevo Estado, que reconfigure la estructura y funciones de la institucionalidad, donde sean los sujetos más representativos quienes integren los órganos estatales y desde donde se construya la alternativa ante el capitalismo, el racismo y el patriarcado.

5.      Hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad a sumarse al esfuerzo por la construcción del nuevo Estado, fundamentalmente con las organizaciones que representan a los pueblos originarios, que desde hace mucho han demandado que el diseño del nuevo Estado debe ser discutido y consensuado con el pueblo, con las naciones originarias, con las organizaciones populares y sociales históricas y con las surgidas a raíz de la indignación y de la lucha contra la corrupción e impunidad.

6.      En este sentido, es de primer orden el papel que debe jugar la Asamblea Social y Popular, para luchar por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente y para convocar a la acción política que cada coyuntura demande.

¡Avancemos en la lucha contra la corrupción y el crimen!
¡Avancemos hacia el Estado Plurinacional, Multisectorial y Popular!
 
Frente Popular
Soberanía, Dignidad, Solidaridad

¡Vamos Patria, la lucha continúa!

martes, 15 de agosto de 2017

NUESTRA CONDENA A DONALD TRUMP Y AL GOBIERNO DE EEUU

El presidente del imperio estadounidense, Donald Trump, expresó el día 11 de agosto que no descarta una intervención militar sobre Venezuela.

Este hecho constituye una agresión grave y condenable contra un país libre, soberano e independiente como Venezuela. Constituye una violación de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional que mandata al respeto a la soberanía e independencia de los Estados.

Esta declaración del señor Trump es un hecho más que demuestra que el imperio estadounidense ha estado, desde su inicio, involucrado en el asedio y las intentonas golpistas, desestabilizadoras y terroristas, a través de organismos como la Central de Inteligencia Americana –tal y como se constata en declaraciones recientes de su director en las que afirma que están trabajando por derrocar al presidente venezolano–, de gobiernos oligárquicos como el colombiano y de grupos opositores de derecha dentro del país sudamericano, con la intención de derrocar al gobierno de Hugo Chávez, primero, y de Nicolás Maduro, como paso para frustrar el  proceso revolucionario profundamente democrático que impulsa ese pueblo hermano y apropiarse de las enormes riquezas de su territorio. 

Esta amenaza de EEUU constituye un hecho más de una estrategia que ha incluido: intentonas de agresión injerencista a través de la OEA, concierto conspirativo a través de gobierno de derecha en América Latina y Europa, medidas de bloqueo financiero y económico, asesoría y financiamiento a  los opositores terroristas venezolanos,  campaña mediática internacional para crear una imagen de dictadura contra un gobierno democrático y legítimo como el de Maduro, entre otras. Esta estrategia es una muestra más de la política imperial y neocolonial de EEUU sobre los pueblos de Nuestra América, de la Patria Grande.

De consumarse esta amenaza loca y guerrerista se estaría registrando no solamente un acto genocida y  un conflicto militar de gran envergadura en Venezuela, sino además, un conflicto que se extendería por toda América Latina, atentando contra la paz de toda la región.

El gobierno de Guatemala está obligado a pronunciarse contra esta amenaza. De lo contrario, será cómplice de un hecho de agresión contra todo un pueblo. Ya basta de comparsa injerencista del gobierno de Jimmy Morales contra Venezuela.

A las organizaciones sociales, religiosas, políticas y culturales del pueblo guatemalteco les hacemos un llamado a solidarizarse con el pueblo venezolano, sumándose discursiva, creadora y activamente al movimiento mundial de condena a esta amenaza belicista injustificable y de solidaridad con el pueblo bolivariano, su gobierno y su Asamblea Nacional Constituyente.   

Venezuela no es amenaza para EEUU y para ningún pueblo del mundo.

El pueblo venezolano tiene todo el derecho a expresarse democráticamente a través de su actual Asamblea Nacional Constituyente, de las elecciones para gobernadores de octubre de este año y de las elecciones presidenciales del año próximo.

¡Viva el pueblo y el gobierno Venezolano!
¡Viva la lucha antiimperialista en América Latina!

Frente Popular
Soberanía, Dignidad, Solidaridad

¡Vamos Patria, la lucha continúa!

DECLARACIÓN CENTROAMERICANA EN SOLIDARIDAD CON CUBA

II Encuentro Centroamericano de Solidaridad con Cuba
“Unidos en la lucha por la soberanía y la integración de Nuestra América”
San Salvador, 27-29 de julio de 2017


DECLARACIÓN DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR

Inspirados en los históricos lazos de solidaridad y amistad que unen a nuestros pueblos, los 300 representantes de organizaciones de solidaridad con Cuba de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y la delegación cubana del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos se reunieron en la ciudad de San Salvador, El Salvador, del 27 al 29 de julio de 2017 para desarrollar el II Encuentro Centroamericano de Solidaridad con Cuba.

Guiados por el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el compañero Schafik Handal y por el ejemplo imperecedero del Guerrillero Heroico, Comandante Ernesto “Che” Guevara; guiados por los ideales de libertad, paz, soberanía, unidad e integración de las naciones latinoamericanas y caribeñas enarbolados por nuestros próceres independentistas;

DECLARAMOS:

1. Nuestro reconocimiento al heroico pueblo cubano por su ejemplo de resistencia, tenacidad y lealtad a los principios de justicia, solidaridad y altruismo, merecedor del respeto y el afecto de los pueblos del mundo.

2. Nuestra profunda admiración y cariño por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y su compañero de lucha Comandante Ernesto “Che” Guevara, gigantes de nuestra América y del mundo, invictos defensores de las causas justas, paradigmas de solidaridad, valentía, internacionalismo y antiimperialismo.

3. Nuestro más enérgico rechazo a los recientes pronunciamientos y medidas anunciadas por el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump que significan un retroceso en el proceso hacia la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, iniciado por la administración anterior. Reconocemos la postura digna del pueblo y gobierno cubanos y su disposición de continuar dialogando de manera constructiva y civilizada en base al respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos a pesar de las profundas diferencias que subsisten entre ambas naciones.

4. Expresamos nuestra firme condena al bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra Cuba, política genocida, inhumana, violatoria del derecho internacional, que constituye el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de la nación caribeña. Exigimos al gobierno de Estados Unidos que levante de manera inmediata e incondicionalmente esta política hostil y cumpla con el reclamo unánime de la comunidad internacional, que año tras año se expresa claramente en múltiples foros y escenarios multilaterales.

5. Demandamos que se devuelva a Cuba, inmediata e incondicionalmente, el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de EE. UU en Guantánamo, que permanece usurpado en contra de la voluntad del gobierno y el pueblo, en franca violación del derecho y las normas internacionales.

6. Exigimos el fin de los programas de subversión y desestabilización financiados por el gobierno de los EE. UU, que intentan fabricar una “oposición” artificial, totalmente ilegítima ante la sociedad cubana por su carácter mercenario. Igualmente demandamos el cese de las transmisiones ilegales de las mal llamadas “Radio y Televisión Martí”, violatorias de las normas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

7. Asumimos el compromiso de aumentar la presencia de las organizaciones de solidaridad con Cuba (Comités, filiales, círculos, etc) en los municipios más importantes, universidades y grandes centros de trabajo en nuestros países, para que la capilaridad de nuestro movimiento gane “la batalla de ideas” en la opinión pública, negativamente orientada por los dueños de los principales diarios y canales televisivos; así como de conformar una “Comisión de enlace centroamericana permanente” que facilite la socialización de nuestras iniciativas.

8. Vemos con admiración los acuerdos emanados del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, que se proponen la actualización del modelo económico socialista cubano y garantizan la continuidad e irreversibilidad del socialismo, el desarrollo económico y la elevación del nivel de vida de la población.

EL II ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE SOLIDARIDAD CON CUBA EXPRESA:

1. Nuestra solidaridad con la Revolución Venezolana y con el gobierno encabezado por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros. Condenamos las intenciones de la oligarquía de instaurar un gobierno paralelo y del imperialismo norteamericano de invadir nuestra hermana República de Venezuela. Igualmente saludamos y apoyamos el proceso eleccionario de la Asamblea Constituyente que se realizará el día 30 de julio.

2. Denunciamos la injusta y espuria condena contra el ex presidente Luis Inácio Lula Da Silva, que pretende inhabilitarlo políticamente para las elecciones de 2018 y otras sucias maniobras contra el Partido de los Trabajadores.

3. Nuestro más rotundo rechazo a la agresión imperialista y oligárquica antipopular puesta en marcha contra los procesos revolucionarios y progresistas latinoamericanos, así como contra los mecanismos de integración de genuina vocación latinoamericanista y caribeña de los pueblos.

4. Nos solidarizamos con el pueblo y gobierno de El Salvador sometido a una estrategia desestabilizadora de la derecha que incluye el bloqueo económico a la gestión gubernamental en la Asamblea Legislativa y de los magistrados a su servicio que controlan la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

5. Compartimos el regocijo por la liberación del patriota puertorriqueño Óscar López Rivera, quien cumplió una injusta condena de más de 35 años en cárceles de los Estados Unidos por abogar por la independencia de su país y nos solidarizamos con la lucha del pueblo puertorriqueño por poner fin al régimen colonial. Asimismo, exigimos al gobierno de los Estados Unidos la pronta liberación de Ana Belén Montes.

6. Nuestra felicitación a los pueblos nicaragüense y ecuatoriano por las trascendentales victorias electorales que aseguran la continuidad de la Revolución Sandinista y la Revolución Ciudadana. Asimismo, reconocemos la extraordinaria labor revolucionaria y progresista desarrollada por el ex presidente Rafael Correa durante su mandato, la cual contribuyó de manera invaluable al surgimiento de una nueva época de cambios en la región.

7. Nuestro beneplácito por los Acuerdos de Paz de La Habana que constituyen un avance importante en los esfuerzos realizados en la búsqueda por poner fin al conflicto armado en Colombia, anhelo histórico de su pueblo y de todos los pueblos amantes de la Paz.

8. El apoyo irrestricto al Plan de acción aprobado por los Movimientos de solidaridad con Cuba en el VIII Encuentro Continental celebrado en Santo Domingo, República Dominicana, en el año 2016.

9. En el marco de la solidaridad que debe prevalecer entre nuestros pueblos, expresamos el apoyo a la lucha que libera, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) en contra de la privatización de la educación pública en Honduras.

10.Nos comprometemos en la defensa del sistema de la Integración de los pueblos latinoamericanos y caribeños: el ALBA, PETROCARIBE, la CELAC y con los principios y valores contenidos en la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada en la II Cumbre de la CELAC, exigimos que sean estos principios los que rijan las relaciones entre los Estados miembros de esta Comunidad; así como apoyamos los esfuerzos de nuestras naciones en la lucha por recuperar sus recursos naturales, redistribuir las riquezas, enfrentar la pobreza, el analfabetismo, la corrupción y la contaminación del medio ambiente.

Finalmente, agradecemos el cálido recibimiento y atenciones brindadas por el pueblo salvadoreño y por todas las instituciones y organizaciones encargadas de la organización de este histórico Encuentro.


Dado en la ciudad de San Salvador, El Salvador, a los 29 días de julio de 2017.

jueves, 3 de agosto de 2017

NUESTRO RECONOCIMIENTO Y APOYO IRRESTRICTO A LA NUEVA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE VENEZUELA

Como Frente Popular manifestamos nuestro reconocimiento y apoyo al pueblo y gobierno venezolano y a la nueva Asamblea Nacional Constituyente reciente y democráticamente electa y que tendrá como tarea afianzar y ampliar el proyecto revolucionario.

Más de ocho millones de ciudadanas y ciudadanos votaron por nuevos constituyentes. Fue una votación histórica, legítima y heroica, a pesar de las acciones intimidatorias y terroristas de la oposición venezolana, la amenaza del imperio yanqui y la comparsa de gobiernos títeres que hacen parte de la política injerencista y de agresión contra la República Bolivariana de Venezuela, contra su soberanía e independencia. El evento electoral del 30 de julio se caracterizó por contener todas las garantías para el ejercicio democrático y libre del voto, el apoyo masivo que suscitó entre los electores, cuyo resultado sí puede ser verificado y auditado en todas sus etapas, tal y como ha sido hecho por delegaciones de observación internacional, como consta en las elecciones anteriores, incluidas las que ha ganado la oposición.

Diferente fue la espuria acción llevada a cabo días antes por la contrarrevolución, la cual eufemísticamente denominó plebiscito, el cual presentó todas las arbitrariedades a las cuales estos contrarrevolucionarios están acostumbrados: voto sin registro ni control lo que permitió a muchas personas votar varias veces, voto de extranjeros, voto de menores de edad. Y, por si fuera poco, luego de proporcionar una cifra estratosférica que no concuerda con la lógica electoral quemaron las actas, lo que impidió que dicho ejercicio pudiera ser auditado por entes serios ya sea del país o del exterior, con lo cual, dicho evento quedó inhabilitado íntegramente de la vida cívica del país. Quizá sea recordado como un mal chiste más de esa derecha ignorante y tramposa o un recuerdo nefasto de la IV República cuando ésta gobernaba a sus anchas. 

En cambio, diametralmente opuesto a esa espuria bufonada señalada anteriormente, la elección y las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente instauran un ejercicio serio y responsable de soberanía popular, que –tal y como lo fundamenta el derecho constitucional-  estará por encima de toda autoridad constituida, por lo que sus acuerdos deberán ser acatados íntegramente por los cinco poderes que componen el Estado venezolano.

De esa cuenta, reconocida la elección y la nueva Asamblea Nacional Constituyente como la máxima expresión popular de los venezolanos, los revolucionarios de Guatemala, rechazamos el ataque del gobierno de Guatemala contra la hermana nación venezolana, prestándose a la agresión insolente e injerencista que encabeza Estados Unidos e inclusive copiando los mismos textos de la declaración yanqui en su condena infundada a la elección constituyente. Rechazamos así mismo la comparsa de otros gobiernos en Latinoamérica y Europa, encabezados por una derecha totalmente arrodillada y servil. Estos gobiernos incluso apoyan la política del Imperio decadente que en sobradas ocasiones nos ha despreciado y agredido como pueblos. Un Imperio que públicamente ha declarado su intención de derrocar a Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.

Por tanto, hacemos un llamado a nuestros compatriotas, tanto dentro como fuera del país y a los extranjeros residentes en él, a  rechazar categóricamente la propaganda que irradia del Imperio por todos sus medios masivos de comunicación y de los cuales hacen comparsa los medios locales. Así mismo, los discursos academicistas que vistiéndose de “objetivos”, “críticos” e “independientes” cuestionan la posiciones de apoyo a la Revolución Bolivariana, mientras se quedan en silencio cómplice frente a los actos terroristas de la derecha venezolana y la injerencia de EEUU. Todas y todos debemos buscar información alternativa y veraz acerca de los avances del pueblo bolivariano, para que conscientes de la importancia de su sobrevivencia, apoyemos acciones audaces y decididas de solidaridad y acompañamiento a los venezolanos en su lucha por transformar las injustas estructuras económicas, sociales y políticas y enfrentar las agresiones de la oligarquía local e internacional, la derecha fascista y el imperio estadounidense.

En Venezuela se está jugando el futuro de Latinoamérica. El triunfo de la Revolución Bolivariana representa para todos, la posibilidad de abrir caminos de liberación para nuestros propios pueblos y de una vez por todas quebrar el yugo imperialista, de sus transnacionales y de sus vagones de cola, las oligarquías locales.


Viva la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela
Viva la Revolución Bolivariana

Frente Popular
Sindicato de Trabajadores de las Artes Plásticas
Colectivo de Acción Política "La Gotera"
Colectivo Popular Otto René Castillo
Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular de Guatemala


Guatemala 3 de agosto 2017.

martes, 1 de agosto de 2017

SE REALIZÓ EL II ENCUENTRO CENTROAMERICANO DE SOLIDARIDAD CON CUBA

El Frente Popular, junto a otras delegaciones y movimientos de solidaridad de diferentes países, participó en el II Encuentro Centroamericano de Solidaridad con Cuba, realizado del 27 al 29 de julio de 2007, en la ciudad de San Salvador, auspiciado por el Movimiento Salvadoreño de Solidaridad con este pueblo hermano.

En un ambiente de sólidas convicciones solidarias con la Revolución Cubana, se acordó un conjunto de acciones dirigidas a develar la realidad cubana y las políticas genocidas e injerencistas del imperio estadounidense, ocultadas y tergiversadas por la prensa burguesa. En específico, acciones para denunciar y condenar el bloqueo, la ocupación de territorio cubano por la base yanqui en Guantánamo, las nuevas decisiones agresoras del gobierno de Trump, entre otras. Así mismo, se apoyó la realización de un próximo encuentro centroamericano que será finalmente decidido en el marco del Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba a realizarse en Nicaragua en 2018.

Además de las sesiones deliberativas, el Encuentro incluyó la realización de una multitudinaria marcha por las calles de San Salvador el día jueves 27 y el viernes 28 la realización de sentidos homenajes a héroes revolucionarios como José Martí, Simón Bolívar, Francisco Morazán, Shafick Hándal, Farabundo Martí y Monseñor Romero. Así mismo, el sábado 29 se rindió homenaje al Comandante Fidel Castro, Ernesto Ché Guevara y Fernando González Llort, uno de los Cinco Héroes Antiterrotirstas Cubanos liberado de las cárceles del imperio con el apoyo de movimientos solidarios en todo el mundo y quien hoy es presidente del Instituto Cubano de Solidaridad con los Pueblos. 

Por consenso también se acordó un pronunciamiento en apoyo a la Revolución Bolivariana de Venezuela y la nueva Asamblea Constituyente y de condena a las agresiones oligárquicas y del imperio yanqui contra el pueblo y el gobierno bolivariano.

De forma disciplinada, nuestra delegación tuvo una participación comprometida, en coherencia con nuestra disposición solidaria con Cuba y con la necesidad de constituir un movimiento articulado en Guatemala.

Expresamos un profundo agradecimiento a nuestros hermanos salvadoreños por su hospitalidad y entrega en la realización de esta actividad, la cual concluyó de manera exitosa.

Frente Popular

Sindicato de Trabajadores de las Artes Plásticas

Colectivo Popular "Otto René Castillo"

Colectivo de Acción Política "La Gotera"

Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular de Guatemala
SINTRACAPGUA

viernes, 21 de julio de 2017

NUESTRO RECHAZO A LA VIOLACIÓN DEL DERECHO DE CONSULTA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

En los planes por continuar con el saqueo de los bienes comunes a manos de las empresas locales y transnacionales, el gobierno de Jimmy Morales, a través del Ministerio de Trabajo (Mintrab) que administra los intereses de clase de la burguesía guatemalteca, ha decido imponer una Guía Operativa de Consulta a Pueblos Indígenas.

En esencia esta guía, presentada el día de ayer 18 de julio, pretende coartar el derecho de los pueblos a decidir, con base en el Convenio 169 de la OIT, sobre su acuerdo o desacuerdo con proyectos extractivos como los de minería, hidroeléctricos, de palma de aceite, caña de azúcar, entre otros. Esta guía es presentada como fruto de la consulta hacia comunidades y pueblos indígenas, cuando lo evidente es que ha sido objeto de rechazo público y generalizado por parte de las comunidades, pueblos, autoridades y organizaciones indígenas.

Como Frente Popular denunciamos y condenamos esta guía y la acción que realiza el Mintrab, así como las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que han dado prioridad a los intereses de los grandes empresarios por sobre el Convenio 169, el cual siendo materia de derechos humanos tiene carácter constitucional.

Nos solidarizamos y nos hacemos parte de las resistencias de los pueblos indígenas y mestizos contra la imposición de estos proyectos de muerte. Creemos firmemente en que los pueblos tienen derecho a determinar sus prioridades en materia de desarrollo, sin imposición de intereses minoritarios como los representados por los proyectos empresariales, que además de saquear el país, están provocando profundos daños al ambiente, al bienestar social y económico de cientos de comunidades sobre las cuales impactan de forma directa e indirecta. Las más de 90 consultas realizadas, en las cuales pueblos indígenas y mestizos han manifestado su consenso contra proyectos extractivos, han sido democráticas, legales y legítimas, y se han basado en sus propias formas para decidir al respecto. Por eso deben ser reconocidas y validadas por el Estado.

Desde la ciudad y el campo debemos luchar por el respeto al derecho de consulta de los pueblos indígenas y mestizos, en el entendido que con estas acciones democráticas se está garantizando la defensa de los bienes comunes como el agua, la biodiversidad, los minerales, etc. de todas y todos los guatemaltecos sin distinción.

Frente Popular
Guatemala, 19 de julio de 2017

domingo, 18 de junio de 2017

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos y su injerencia sobre Venezuela


Por Antonio Castillo
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) hizo público el 15 de junio un llamado a rechazar la asamblea constituyente de Venezuela y apoyar una resolución electoral a la crisis.[1] Con este escrito, Wola puede ser ubicada como parte de la mascarada injerencista dirigida en distintas escalas por Estados Unidos, por el secretario de la Organización de Estados Americanos y por la oposición al interior de ese país hermano.
La estrategia persigue el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, la derrota del proceso revolucionario y el restablecimiento del orden existente hasta 1999, cuando gobernaba la oligarquía y cuando las multinacionales petroleras y el Estado estadounidense controlaban el saqueo de las enormes riquezas venezolanas.
El fondo de esta agresión encuentra su principal explicación en la pretensión por apropiarse de las enormes riquezas de Venezuela: petróleo, agua, minerales raros, etc. Esto recursos son de apetencia de las corporaciones globales y de Estados Unidos, quienes pretenden controlarlos con objetivos de acumulación capitalista y control estratégico, además del objetivo de evitar que continúe un proceso revolucionario que no permite el saqueo de los bienes comunes en ese territorio. Así las cosas, estos poderes económicos y políticos activan todo su aparataje y capacidad mediática, política, financiera y militar, para recuperar ese control perdido desde el inicio de la Revolución Bolivariana.
Estos planes de expolio y coloniaje encuentran en la hegemonía previamente construida y controlada por estas fuerzas uno de los soportes de la agresión contra el proceso venezolano. El engaño mediático convertido en matriz de opinión y visión única, impacta en mucha personas que creen en la desinformación y engaño emanado de las grandes corporaciones de "información" y de estructuras mediático-empresariales como la Sociedad Interamericana de Prensa. Esto genera el predominio de una visión y posición opuesta a la revolución y gobierno bolivariano de Venezuela.
En esta comparsa, un conjunto de instituciones del régimen internacional también ha sido activado en dirección a consolidar el cerco mediático y político al proceso bolivariano. Esto explica la acción oficiosa del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de gobiernos derechistas como el de México, Brasil, Argentina y Guatemala, y un conjunto de fundaciones u oenegés, incluidas algunas de derechos humanos, como Human Rights Watch y Wola.
En específico, la declaración de Wola es parcial, tendenciosa e injerencista. Con su rechazo a la asamblea constituyente, su demanda de elecciones y su llamado al "hemisferio" a rechazar el curso político intencionado por el gobierno de Nicolás Maduro, Wola se convierte en caja de resonancia de la agenda injerencista de Estados Unidos[2] y de la estrategia de la oposición venezolana.
Pero analicemos con detenimiento la declaración de Wola.
Wola inicia calificando de "inconstitucional" el proceso y la constituyente que será instalada después de la elección correspondiente. En su falta de seriedad Wola obvia los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los cuales se desmorona su afirmación. En el artículo 348 de dicha constitución se establece que la iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrá hacerla, entre otros, el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros, tal y como ha sido en este caso. Esto hace constitucional no solamente al sujeto de la iniciativa y propuesta constituyente, sino también al proceso y la Asamblea Nacional Constituyente que de la elección libre y secreta de los ciudadanos resulte. Así mismo, en el artículo 349 se establece que el presidente –como cualquier otro poder constituido– no podrá objetar la nueva constitución o impedir las decisiones de la asamblea constituyente, lo cual hace que él mismo quede sujeto a cualquier disposición que la misma resuelva.
Wola miente cuando afirma que la "Constitución de Venezuela de 1999 establece claramente que sólo el pueblo venezolano tiene la autoridad para convocar una nueva Asamblea Constituyente" y que "el gobierno de Maduro ha usurpado esta autoridad por sí mismo". En este sentido Wola pretende que el proceso constituyente actual se base en lo aplicable para la constitución de 1999. Argumenta que dicha constitución fue convocada después de consultar al soberano a través de consulta popular. Afectivamente así fue realizado en esa ocasión, en aplicación de la norma proveniente de la constitución de 1961. Sin embargo, la constitución que rige actualmente es la de 1999 y no la de 1961. En su declaración Wola obvia, además, que la constitución que acuerde la constituyente en 2017, será sometida a referendo popular.
Wola argumenta que el proceso constituyente en marcha "desempoderará" a los ciudadanos venezolanos. Esto sorprende siendo que el proceso definido y convocado tiene una implicación absolutamente contraria a lo afirmado por esta oenegé estadounidense. En primer lugar porque en el proceso constituyente en marcha pudieron inscribirse no solamente candidaturas procedentes de partidos pro gubernamentales y opositores, sino también ciudadanos individuales que así lo quisieron. Así las cosas, en lugar de ser un retroceso en materia democrática, de "desempoderamiento", un "asalto a un principio fundamental de la democracia: la soberanía del pueblo" como afirma Wola, la convocatoria a la inscripción de candidaturas constituyó un avance democrático al abrir la posibilidad para que cualquier ciudadano procedente del soberano, incluidos ciudadanos de la oposición al actual gobierno, pudiera inscribirse y competir por un puesto en la constituyente. En segundo lugar porque estamos ante un proceso constituyente que se abrió no solo para la postulación y elección de constituyentes por circunscripción territorial, sino también por sectores representativos de la sociedad venezolana, como los trabajadores, estudiantes, pueblos indígenas, comunas, empresarios. 3 mil 200 candidaturas distritales y 2 mil 300 candidaturas sectoriales han sido validadas para competir por los 545 escaños en la constituyente; esto es inédito y profundamente democrático al trascender la representación liberal-eurocéntrica y avanzar hacia una representación multisectorial, plurinacional y popular, tal y como es la demanda de varios pueblos latinoamericanos para lograr el avance en materia de derechos.
Wola, en su descalificación del proceso, afirma que las reglas para seleccionar a los delegados a la Asamblea, fueron concebidas para favorecer a los partidarios de Maduro. En este aspecto Wola obvia que en Venezuela –como en todas partes– nos encontramos en una disputa y que cada fuerza política perseguirá salir victoriosa de la misma. En ese sentido, es claro que el gobierno actual –como no podía ser de otra manera y como lo haría la oposición venezolana– busca que la constituyente se integre con una mayoría favorable al avance del proceso revolucionario. Sin embargo, tal y como ha sido la constante durante estos años, la postulación y elección de representaciones políticas ha sido cada vez más democrática, puesto que el Estado ya no es controlado por una oligarquía y por partidos que actuaron contra los intereses mayoritarios; todo lo contrario, hoy dirige el gobierno venezolano una persona procedente de la clase trabajadora.3
Wola también afirma que los candidatos de Maduro "podrían tomar la mayoría de los asientos ganando menos que el 30 por ciento del voto". Esta afirmación es confusa y sin fundamento procedimental y matemático que lo valide. La fuerza que la Revolución Bolivariana alcance dependerá del apoyo popular que logre en esta coyuntura y de la decisión que finalmente tome la oposición con relación a las candidaturas opositoras que lograron postularse y del apoyo que estas reciban.
En su argumentación contra el proceso y la constituyente en Venezuela, Wola plantea que la Asamblea Constituyente tendrá "poderes de origen que sobrepasarán los poderes constituidos". Cualquier jurista o estudiante de derecho constitucional sabe que una asamblea de este tipo es la representación del poder soberano y como tal es superior a cualquier poder previamente constituido. Esa es la diferencia entre poder constituyente y poder constituido. En ese sentido, la Asamblea Constituyente tendrá la legitimidad y podrá ejercer poder por sobre los poderes constituidos, incluido el poder del Presidente de la Republica o de la Asamblea Nacional.
El llamado injerencista que realiza Wola "apela a las naciones del hemisferio a reconocer la importancia de este momento, instando al gobierno venezolano a dejar de lado su plan para crear una nueva constitución y en su lugar adherirse a la Constitución de 1999". De esta apelación surgen las preguntas: ¿Qué implicaría "reconocer la importancia de este momento"? ¿En su ambigüedad acaso Wola no está validando cualquier tipo de intervención y agresión contra Veenezuela, que parta del "reconocimiento de este momento"?. Así mismo, ¿Por qué razones, que no sean las de hacerse parte de la estrategia injerencista, Wola insta a que el gobierno se abandone el proyecto de nueva constituyente? ¿Por qué razones detenerse necesariamente en la constitución de 1999? ¿Acaso no es legítimo que un gobierno pueda plantearse la convocatoria a una nueva constituyente?
En la misma tónica, esta oenegé internacional, cuestiona la negativa del presidente Nicolás Maduro a un referendo revocatorio presidencial en 2016, justo el año en que tomó posesión. Ante esto puede preguntarse ¿Por qué un gobierno legal y legítimamente electo tendría que someterse a un referendo revocatorio solo porque así lo pedía una oposición que demostró su carácter antidemocrático y violento después de perder la elección presidencial? ¿Por qué aceptar un revocatorio en ese momento cuando el artículo constitucional número 72 indica que este puede efectuarse hasta después de transcurrida la mitad del período para el cual fue electo un funcionario? Wola miente, además, cuando afirma que Maduro pospuso indefinidamente las elecciones regionales, siendo que esta decisión estuvo en manos y fue argumentada por el Consejo Nacional Electoral (órgano constitución refrendado por la comunidad internacional que ha observado y certificado sucesivos procesos electorales), el cual ha convocado a elecciones regionales para diciembre de 2017 y ha ratificado la elección de nuevo presidente para 2018, tal y como corresponde.
En su declaración Wola obvia u oculta otro conjunto de elementos fundamentales de análisis. Por ejemplo, no analiza por qué razones los partidos de oposición cuestionan el proceso constituyente y por qué buena parte de la misma –no toda, como se constata– decidió abstenerse de presentar candidaturas para la Asamblea Constituyente. Wola obvia, como se demuestra en los hechos concretos, que la oposición no está accionando por una vía política y democrática; todo lo contrario, que está orientada al derrocamiento de Maduro a través de métodos violentos e injerencistas, con lo cual su práctica es claramente inconstitucional. Así las cosas, el que la oposición violenta se auto excluya del proceso constituyente –como se ha negado al diálogo, inclusive con la mediación del representante del Papa Francisco– no le resta legitimidad a la nueva constituyente. La legitimidad de la nueva Asamblea Constituyente estará dada por la participación ciudadana en el proceso eleccionario, lo cual será muestra de la legitimidad y apoyo popular al proceso constituyente; además, del impacto que pueda tener la estrategia violenta de la oposición, que sin duda intentará frenar por todos los medios a su alcance (los inconstitucionales inclusive) la realización del evento eleccionario y constituyente. Especialmente, su legitimidad, dependerá del carácter de los cambios que queden plasmados en la nueva constitución, de si estos serán de beneficio para las grandes mayorías y para profundizar el proceso democrático.
Wola, en su carácter de oenegé de derechos humanos, tampoco dice nada y no condena los métodos violentos y criminales de la oposición venezolana utilizados contra guarderías, hospitales, transporte público, centros de justicia, centros educativos, pequeños negocios y viviendas. Tampoco condena los cientos de heridos y las decenas de asesinatos, de cuya mayoría es responsable dicha oposición que ha hecho uso de bombas molotov, armas hechizas, armas de fuego, gasolina, alambres degolladores, aceite regado en calles, entre otros medios. Así mismo, no condena el uso de niños y adolescentes como parte de las guarimbas violentas, que han tenido como cauda la muerte de un joven de 16 años producto de la manipulación de bombas hechizas. No dice nada de los impactos psicológicos, sociales y económicos de la violencia opositora contra todo el pueblo venezolano. Con esta declaración, Wola contradice su propio carácter como organización que "promueve los derechos humanos" y persigue que "la justicia prevalezca sobre la violencia".
La posición y petición de Wola claramente es de carácter político. Carece de asidero en la defensa de derechos humanos, lo cual le daría legitimidad a su alegato. Su pretensión clara es contribuir a frenar el avance del proceso dirigido por el gobierno de Nicolás Maduro. Así las cosas, Wola se posiciona en el bloque de quienes aplican una política injerencista para detener el proceso bolivariano. Wola trasciende su carácter de organización promotora de derechos humanos y se convierte en una organización política que, además, desconoce el derecho de los pueblos –en este caso el venezolano– a la autodeterminación, la independencia y la soberanía.


[2] Un ejemplo claro de esta injerencia de Estados Unidos se encuentra en el documento del Comando Sur titulado Operación Venezuela Freedom 2. https://kenzocaspi.wordpress.com/2017/04/05/el-plan-de-eeuu-para-intervenir-a-venezuela-documento-de-comando-sur-operacion-venezuela-freedom-2/

sábado, 29 de abril de 2017

LLAMADO A LA UNIDAD DE LA CLASE TRABAJADORA

Compañeras y compañeros: nuestra condición de clase social explotada y oprimida se debe a que la clase social dominante, la burguesía, representada en el CACIF, controla la economía y el Estado.

La burguesía posee y controla la propiedad privada de los principales y estratégicos medios de producción en el país: la mayor parte de la tierra productiva a través del latifundio agroindustrial y pecuario (plantaciones de caña de azúcar, palma de aceite, banano, café, ganadería, etcétera), la industria transformadora y extractiva, la banca, el comercio por medio de la distribución de los alimentos esenciales, la construcción, la tecnología, y los medios de comunicación.

A través de sus empresas locales y transnacionales, la burguesía ha extendido en los últimos años la explotación y su propiedad a través del robo y despojo de los bienes nacionales, comunitarios y de la naturaleza. Con estos bienes alimenta los proyectos privados de inversión y el reparto de la nación (desvío de ríos para sus plantaciones agroindustriales y sus hidroeléctricas, por ejemplo) que hace parte del pacto que tiene con las empresas transnacionales. Así mismo desvía los recursos del presupuesto nacional para financiar negocios particulares de mafias privadas ubicadas estratégicamente en el sector público para esos fines, con lo cual sale afectado el pueblo a quien no se le garantiza derechos y servicios esenciales.

De esta forma y a la medida de sus intereses históricos, la burguesía ha ido construyendo una economía del despojo y rediseñado en el plano ideológico y político su Estado: los organismos ejecutivo, legislativo y judicial, la Corte de Constitucionalidad, la mayoría de partidos políticos, los medios masivos de propaganda, las universidades, las principales iglesias. Por eso, la mayoría de leyes y políticas que se aprueban benefician a esa clase parasitaria, mientras afectan al pueblo en general. De ahí que el Estado no responde a los intereses del pueblo trabajador, de los pueblos indígenas y de las mujeres quienes integramos las grandes mayorías.

Así se explica también cómo la burguesía ha ido acumulando cada día más riqueza y adquiere mayor poder, mientras la clase trabajadora, aun teniendo empleo, vemos como se reduce nuestro ingreso y se deterioran nuestras condiciones de vida. Así mismo, que nuestra participación política en general se reduzca a avalar con nuestro voto al gobierno que la burguesía ha escogido de antemano. Y, por supuesto, que cuando protestamos y defendemos nuestros derechos se nos criminalice y reprima.

Sin embargo, esta burguesía no sería tan poderosa ni podría mantenerse en el poder, sino tuviera un aliado vigoroso como lo es el imperio de Estados Unidos, junto al cual nos mantiene como un país atrasado, miserable, degradado ambientalmente, ocupado militarmente, dependiente económica y tecnológicamente, despojado de sus recursos estratégicos y vitales, controlado y subyugado por medio del terror de una violencia cotidiana que, disfraza de común, es ejercida por bandas paramilitares como las maras y policías privadas y por los aparatos de represión y control estatal.

Por eso, como clase trabajadora debemos tener la sabiduría para clarificar nuestra lucha y uno de los principales asuntos para lograrlo está en saber quiénes somos y cuáles son nuestros enemigos estratégicos: la burguesía y el imperialismo. También, establecer como nuestro único horizonte de lucha está en el rompimiento de las cadenas de explotación y opresión, la destrucción del capitalismo y el Estado burgués, y la construcción de un Estado y una economía socialista que es la precisa para lograr el beneficio y desarrollo de las grandes mayorías.

Es por ello que este 1º de mayo de 2017, llamamos a la unidad de la clase trabajadora y a la recuperación del Socialismo como proyecto histórico. Solo en Socialismo podremos convertirnos en la clase social que dirija esta iniciativa a través de la construcción de un nuevo Estado y una nueva economía que garantice el bienestar para las grandes mayorías, para la clase trabajadora, para los pueblos indígenas, para las mujeres. Solo en Socialismo lograremos construir el buen vivir. El único y verdadero proyecto de la clase trabajadora es el Socialismo. 

¡Viva la Clase Trabajadora!
Frente Popular

Sindicato de Trabajadores de las Artes Plásticas STAP

Colectivo Popular "Otto René Castillo"

Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular de Guatemala SINTRACAPGUA

Colectivo de Acción Política "La Gotera"

Miembro de la Asamblea Social y Popular

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