miércoles, 27 de agosto de 2014

NO A LA LEY MONSANTO

Vende patrias, mercaderes de la política, corruptos, indignos. Estos son los calificativos que merecen los partidos políticos, los políticos y el gobierno de Otto Pérez Molina, quienes votaron a favor de la Ley Monsanto o Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales (Decreto Legislativo 19-2014). A estas alturas, la única explicación posible para que diputados, partidos y gobierno aprobaran esa ley es que fueron sobornados.

Pero además, su aprobación fue tramposa y alevosa. Los diputados, partidos y el gobierno actual, aprobaron esta ley sin el conocimiento ciudadano y agregaron a ésta una ampliación presupuestaria para proyectos de infraestructura, que no tiene ninguna relación con la norma, pero aprovecharon para aprobar un préstamo que  potencia la campaña de Alejandro Sinibaldi, el candidato oficial.

Contrarios a los intereses nacionales, al bien común, a la protección del ambiente y la biodiversidad, a la seguridad y soberanía alimentaria, al respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de toda la ciudadanía en general, estos diputados, partidos y gobierno actual aprobaron una ley que proviene de las corporaciones del agronegocio de muerte: Monsanto, Bayer, Dupont, Syngenta, entre otras.

Con esta Ley se privatizan las semillas de plantas como el maíz, frijol, papa, arroz, flores, arveja, etc., las cuales pasarán a ser patentadas y por consiguiente deberán ser compradas a estos agronegocios.  Esto implica que los agricultores y campesinos deberán pagar por el uso de tales semillas De lo contrario, cualquiera que las use puede ser objeto de sanciones económicas y cárcel. Estas empresas se convertirán en las dueñas de las patentes de las semillas y por consiguiente se impondrán en todos los ámbitos de la producción agrícola y campesina.

Esta Ley, entonces, es contraria a los intereses de todos los agricultores y campesinos de nuestro país, destruirá la agricultura familiar y la economía rural y campesina, encarecerá los precios de los alimentos para todos los guatemaltecos, enfermará aún más a nuestro pueblo, y atenta contra el conocimiento ancestral de pueblos y comunidades.

Esta es una LEY DE HAMBRE Y MUERTE. Por esas razones debe ser DEROGADA EN SU TODALIDAD. Para ello debemos hacer conciencia y levantar la movilización de todas y todos los guatemaltecos en contra de este ley, para que el Congreso la derogue  en su totalidad e inmediatamente. Las reformas a esta ley sólo serán una trampa para mantener intacto su carácter de LEY DE HAMBRE Y MUERTE.
 
¡NO A LA LEY MONSANTO!
¡NO A LA LEY DE HAMBRE Y MUERTE!
¡DEROGACIÓN TOTAL E INMEDIATA DE LA LEY MONSANTO!
 

FRENTE POPULAR
Vamos Patria, la Lucha continúa
Soberanía, Dignidad, Solidaridad

martes, 19 de agosto de 2014

EL GOBIERNO DE OTTO PÉREZ MATANDO GUATEMALTECOS OTRA VEZ

Tal como fue la tónica de su paso por el ejército, ahora en el ejecutivo, Otto Pérez Molina continúa siendo fiel sirviente del empresariado nacional y transnacional. Impone a sangre y fuego los proyectos extractivos de minería, hidroeléctricas, explotaciones petroleras, además de otros proyectos y actividades lesivas al ser humano y al ambiente, como los transgénicos, agronegocios y los cobros expoliadores de las empresas de electricidad.

Ahora el sufrimiento lo vive en carne propia el Pueblo Q’eqchi’. La causa es un conjunto de proyectos extractivos (minería, hidroeléctricas y agronegocios) impuestos a comunidades y pueblos que exigen ser consultados previamente y de buena fe, quienes  reivindican su derecho a decidir el desarrollo que desean y no el que se les impone desde el Estado y desde el empresariado expoliador. Por estas razones, cientos de comunidades a nivel nacional y en el departamento de Alta Verapaz han protestado y por esto se resisten a  la imposición. 

Esta es la causa por la cual, el gobierno de Pérez-Baldetti-Sinibaldi, intentó desalojar violentamente a ciudadanos de las comunidades Monte Olivo y Nueve de Febrero, para imponer el proyecto de la hidroeléctrica Santa Rita. Este desalojo revelaba la falsedad del anuncio sobre un acuerdo de las comunidades de la rivera del Río Dolores (Cobán) con la empresa, para la construcción de la hidroeléctrica. Esta es la causa, asimismo, por la cual el gobierno dictatorial de Pérez-Baldetti-Sinibaldi, intentó capturar a líderes comunitarios de comunidades de Cobán, Chiséc, Raxruhá y otros municipios del departamento, quienes se resisten al expolio de ENERGUATE, empresa expoliadora que cobra sumas exorbitantes en el servicio de energía eléctrica.

La represión del gobierno queda clara en los hechos ocurridos entre el 14 y 16 de agosto: destrucción de viviendas, allanamiento ilegal de casas de habitación, detenciones ilegales, desplazamiento de población hacia las montañas, 50 familias que quedaron en la absoluta indefensión al destruírseles su vivienda, violencia en contra de hombres, mujeres, niños y ancianos, lo cual en total dejó el saldo de decenas de heridos, capturados y tres campesinos muertos: Luciano Can, Oscar Chen y Sebastián Rax. En síntesis: terror estatal y empresarial contra las comunidades rurales, campesinas y maya q’eqchi’es.

 Ante estos hechos criminales, como Frente Popular, exigimos:

1.      Juicio y castigo contra los responsables materiales e intelectuales de estos hechos de terror. En específico, de la destrucción de viviendas, capturas ilegales y del saldo de decenas de heridos y el asesinato de tres campesinos q’eqchi’es.

2.      La liberación de los campesinos y campesinas secuestradas-apresadas entre el 14 y el 16 de agosto. Su detención desde el inicio fue ilegal y deben quedar en libertad inmediatamente.

3.      Suspensión de todas las órdenes de aprehensión, pues esto sólo constituye la criminalización en contra de ciudadanos honrados que han decido resistir ante la imposición del gobierno y las empresas. Asimismo, porque alejan la búsqueda por una solución a las demandas sociales que legítimamente plantean las comunidades rurales, campesinas y mayas en Alta Verapaz y en el país en general.

4.      Investigación del accionar de las autoridades gubernamentales (Presidente, Ministro de gobernación, gobernador departamental y alcalde municipal), empresarios y grupos paramilitares que actuaron conjuntamente en los hechos represivos. Esta es obligación del Ministerio Público y de la Procuraduría de Derechos Humanos.

5.      Desmilitarización de la región. Que el ministro de gobernación deje de amenazar con un Estado de sitio y con militarizar el departamento con la falsa justificación del narcotráfico. La militarización sólo agudizará la conflictividad, cuyos responsables serán el gobierno de Pérez-Baldetti-Sinibaldi y las empresas extractivas.

6.      Cese de las intimidaciones en contra de periodistas y comunicadores comunitarios.

7.      La captura y condena de los responsables de los hechos de violencia en contra de hombres, mujeres, jóvenes y niños en la región de Monte Olivo, sucedidos entre 2013 y 2014, y de los cuales son señalados los finqueros de apellido Ponce, así como empresarios y empleados de la Hidro Santa Rita.

Por último, manifestamos nuestra solidaridad con las comunidades campesinas, con el Pueblo Q’eqchi, y con las familias de las víctimas del terrorismo de Estado implementado por el gobierno Pérez-Baldetti-Sinibaldi.
 
¡Justicia para las víctimas del terrorismo de Estado!

¡No más represión para imponer al anti desarrollo Y LOS PROYECTOS DE MUERTE!
 
FRENTE POPULAR
Vamos Patria, la Lucha continúa
Soberanía, Dignidad, Solidaridad

Guatemala, agosto de 2014

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