Por Mario Sosa* - Guatemala, 24 de agosto de 2010
Coordinador de Organización del Frente Popular
Recientemente, en una noticia de prensa, citando al Instituto de Estudios Estratégicos del Pentágono, se afirma que un 40% del territorio guatemalteco está controlado por los carteles de la droga, específicamente por Los Zetas y el del Golfo, los cuales además mantienen una constante disputa por su control. Se habla de la debilidad del Estado y la posibilidad que los carteles de la droga logren conformar el primer Narco Estado.
Indudablemente, el avance de los carteles de la droga no es un asunto novedoso, aunque es evidente sus alcances a tal punto que controlan territorios locales y regionales, en los cuales han logrado articular redes integradas tanto por líderes políticos, líderes sociales, funcionarios públicos y protección donde inclusive no dejan de participar elementos que forman parte de la estructura policial y militar del país. Más allá, constantemente es denunciado como han penetrado estructuras políticas e instancias de poder estatal, y como han logrado utilizar el sistema financiero nacional y no pocos negocios de distinta envergadura como mecanismos para el lavado de dinero, lo cual nos habla de una complicidad de grandes empresarios y políticos sin los cuales estos mecanismos no podrían funcionar, además del papel de juegan grandes bancos estadounidenses en el mismo sentido.
Es, indudablemente, un asunto de seguridad nacional, que debiera ser atendido con la prioridad que merece, algo que obviamente no está sucediendo. Todo lo contrario, las condiciones de impunidad y las ocupaciones financieras y electoralistas de las elites económicas, de los partidos y políticos “profesionales”, tanto en el ejecutivo como en el legislativo, contribuyen a que las mafias organizadas se afiancen y avancen en sus planes de cooptación del Estado.
El problema es enorme y las políticas que requiere su solución necesitan de autoridades honestas, claras y decididas, de cuerpos de seguridad del Estado purgados, de instituciones judiciales eficaces, de instituciones y organizaciones sociales en constante presión para que ello ocurra, etc. Esto con el objeto de garantizar que sea el Estado guatemalteco el que garantice dicho combate, sin injerencia externa cuestionable.
Y es que, habría que recordar que los planes imperiales de Estados Unidos, están manejando el tema del narcotráfico en toda América Latina, como bandera de asalto a nuestros territorios. No es casual que en la noticia que origina este artículo se afirme: “Circulada entre mandos de las fuerzas armadas estadounidenses, la monografía pide atender cuanto antes la crisis guatemalteca, opacada en el ambiente de toma de decisiones de Washington por la guerra del narcotráfico en México.”, planteamiento que revela la manera en la que se maneja la política hacia nuestros países.
Tal pareciera que se buscaría una atención militar del gobierno estadounidense para Guatemala, lo cual tampoco es novedoso si recordamos que el país ya está ocupado con fuerzas militares de ese país, ubicación que aparentemente se circunscribe a San Marcos, El Petén y Zacapa, con las justificaciones nada creíbles de apoyo a la salud e infraestructura social. Tampoco es novedoso si recuperamos la presencia militar que mantiene dicho pais en Centro América, especialmente en Honduras, Costa Rica y Panamá, en donde ha incrementado y profundizado su presencia y ocupación militar, así como la reciente medida para militarizar su frontera con México [i] . Y tampoco es novedoso si se recuerda el mantenimiento de su política intervencionista en el mundo entero y en nuestro hemisferio, evidente en el Golpe de Estado perpetrado en el hermano país de Honduras.
La lucha contra el narcotráfico requiere decisión y claridad. En esta guerra, el gobierno debe dar muestra que está contra el narco; su responsabilidad en la gestión del Estado no admite medias tintas. Pero esa posición también es igual para las elites económicas, políticas y sociales del país. Esa lucha es de todos y no debemos escatimar esfuerzos, especialmente en esta época de negocios electorales donde los políticos “profesionales” están dedicados a la campaña y donde los narcos afianzan sus nexos a través del financiamiento de candidaturas.
Pero también es necesario visualizar que está en peligro la ya débil soberanía nacional, para la cual representa una amenaza el narcotráfico pero también Estados Unidos que, con esta justificación, ha avanzado en la ocupación militar de nuestro territorio centroamericano y latinoamericano.
Se requiere, entonces, una política honesta, honrada, definida y clara: ni narco, ni Estados Unidos. Una política orientada a construir un Estado soberano, que triunfe contra el crimen organizado y que sea independiente.
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[i] Sólo a Costa Rica están llegando 46 buques de guerra (entre ellos portaaviones de gran tamaño y submarinos de combate) y 7 mil tropas, con supuesta misión antinarcóticos.
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