El Frente Popular manifiesta su beneplácito por la suspensión temporal de operaciones de la Mina Marlin, propiedad de la transnacional Gold Corp, en San Marcos.
Bien sabido es que las licencias de exploración y explotación minera concedidas, se hicieron en base en una ley ilegítima porque contrario a garantizar los intereses nacionales fue diseñada para beneficiar los intereses empresariales de capitales locales y transnacionales.
Este proyecto minero, al igual que muchos otros, tiene efectos nefastos sobre el ambiente, la salud, la vivienda y las tierras de siembra de los pueblos donde se asientan. Han sido factor generador de conflictividad social y política, con consecuencias que incluyen el asesinato, la persecución política y la criminalización de la organización y movimiento social, especialmente del movimiento de comunidades y pueblos indígenas, quienes legítimamente exigen ser sujetos de las decisiones y se oponen a la actividad minera con base en legislación nacional e internacional vigente en nuestro país –como el Convenio 169 de la OIT, la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y el Código Municipal— y a partir de procedimientos democráticos de consulta, protesta y movilización social.
Este anuncio de suspensión del proyecto minero se origina no de una concepción y una política coherente del gobierno, sino de la presión social de los pueblos directamente afectados y de los movimientos sociales y políticos como nuestro Frente Popular, que nos oponemos a estas actividades de saqueo y expolio, así como de organismos internacionales, especialmente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Contrario a que el gobierno se ubique en posición de defender los intereses populares, ha externado que son las víctimas quienes deben demostrar los efectos nefastos de la Mina Marlin. De tal manera que no podemos sino esperar que esta sea una excepción a la norma de la política que han seguido tanto los gobiernos anteriores como el actual, en dirección a garantizar los intereses del capital por sobre los intereses de los pueblos guatemaltecos. Y esto se vuelve a manifestar cuando el gobierno expresa que son las víctimas quienes deben demostrar que las Mina Marlin está contaminando y generando efectos nocivos al medio ambiente y la salud. De tal manera que la suspensión para hacerse efectiva podría llevar meses y hasta años.
Sin embargo, este es un paso hacia adelante por la defensa de nuestros derechos. Desde nuestra perspectiva, la lucha continúa en dirección a lograr el respeto a los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Soberanía Nacional, que serían efectivos a partir de la nacionalización de la exploración y explotación minera donde queden plasmados ambos aspectos, de tal manera que estas actividades garanticen el menor impacto ambiental y los beneficios se traduzcan en el desarrollo efectivo de comunidades, pueblos indígenas y pueblo guatemalteco en general, con base en la perspectiva del desarrollo que poseen los sujetos del mismo, tal el caso de los pueblos indígenas, las mujeres y demás sectores quienes debemos ser parte protagónica en la definición e implementación de políticas estratégicas como las referidas a la minería y la explotación petrolera.
FRENTE POPULAR
Soberanía, Dignidad y Solidaridad
¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!
Guatemala, 7 de julio de 2009
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