lunes, 12 de octubre de 2009

¿Y, ahora que?

El pulso entre grupos de poder económico, que se dio la semana pasada y que desembocó con la elección de magistrados proclives a uno de ellos, no se perfila como un avance en beneficio a la justicia para todo el pueblo.

La gran prensa, jugó un papel protagónico en esa lucha para favorecer los intereses del grupúsculo vencedor. Para las mayorías, no obstante, no se esperan grandes cambios. La impunidad, el tortuguismo y la indiferencia de los jueces y magistrados, seguirán golpeando a los pobres, pero sí serán ágiles para reprimir a los grupos populares, endilgándoles delitos y juicios a sus líderes y “ajustar cuentas” a personajes que consideren sus rivales, como hasta el momento ha venido actuando. Aquí el gran cambio, fue ubicar profesionales con los cuales la clase dominante puede “negociar” mejor su libre actuar.

Carlos Castresana, quien su papel en el ejercicio de su cargo, ha sido más mediático que real fue un nuevo factor de presión que utilizaron los grupos fácticos, desde el CACIF hasta la nebulosa “sociedad civil”. El juego del extranjero y su protagonismo fue muy peculiar. Con un perfil injerencista grotesco y contrario a todo lo que dice representar que es la defensa del manoseado “estado de derecho” y a un procedimiento moderno de justicia, de manera impúdica, utilizó el “linchamiento político”. Se abrogó derechos de “inquisidor” al señalar, enjuiciar y condenar a algunos “ciudadanos” que, si bien pudieran tener algunas tachas o no tenerlas en el ejercicio de su labor jurídica, el funcionario, quien no les probó nada, simplemente los rechazó porque a él –¿o a los otros?- no le parecieron. Así de sencillo. La gran prensa, propiedad de grupos oligárquicos, junto con la mal llamada “sociedad civil”, sirvieron de plebe en el circo romano que se montó. El Procónsul Castresana, ante el clamor de ésta plebe, solo tuvo que bajar el dedo para que los condenados de antemano por él, la gran prensa y la “sociedad civil”, fueran devorados por los leones de la “opinión pública”.

No se trata de defender o atacar a nadie de los señalados como “depurables”. Solo señalar el procedimiento tan nefasto que se llevó a cabo, similares a los juicios sumarios que utilizaron los tribunales de fuero especial durante el gobierno de facto de Efraín Ríos Mont.

Si queremos juzgados realmente independientes, esto se lograría con empezar porque los magistrados y jueces fueran electos por el voto directo y secreto de la población luego de conocer su trayectoria. Pero que un funcionario extranjero y unos grupos mal denominados de la sociedad civil que sirvieron de pantalla a los fácticos, sean los que eligen, es un mal precedente para la justicia, que como se dijo anteriormente, es muy difícil que por estos parámetros sea para todos sin distingo alguno.

Ojala exista equivocación en este análisis, no obstante por lo histórico es muy difícil errar.



Carlos Maldonado

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