viernes, 30 de octubre de 2009

DEDUCIR RESPONSABILIDADES EN LOS DELITOS CONTRA LA SALUD, CAPÍTULO AMBIENTAL

Carlos Maldonado
Coordinador de Comunicación y Propaganda
Frente Popular

Editoriales y columnistas permanentes e invitados de los principales medios, hoy retoman el tema de la contaminación ambiental, propiciada esta discusión por lo que acontece en el lago de Atitlán. Sin embargo, la temática, que para mi es un tema adscrito a la salud, es una constante en nuestro país.


La depredación y el uso irracional de los recursos no renovables y renovables, que se ha demostrado fehacientemente que en estos últimos no existe tal renovabilidad, es una cultura aberrante en nuestro país.

La bióloga Margaret Dix, investigadora de la Universidad del Valle de Guatemala, dijo que hay que tomar acciones urgentes para resolver el problema más que echarle la culpa a alguien, con lo cual no estoy totalmente de acuerdo. Si bien, hay que tomar acciones inmediatas, deben deducirse responsabilidades a los responsables de la planificación y ejecución del gobierno local, en primer lugar y en segunda instancia, contra aquellos que por omisión o premeditación, alevosía y ventaja estén cometiendo delitos contra la salud de la población, como es el capítulo ambiental. Pues, por ese carácter pasivo que a los guatemaltecos nos tachan, que no es más que indolencia de parte de las autoridades cuando de la satisfacción de las necesidades de la población se trata, es que se fomenta la impunidad al comprobar, autoridades y población, que no pasa nada si se infringe la ley.

En las alcaldías de los municipios que están alrededor del lago de Atitlán, existen Oficinas Municipales de Planificación que dependen totalmente de sus alcaldes. Las autoridades centrales tendrán que pedirles cuentas y verificar si cuentan con planes de contingencia y de largo plazo para el manejo de las temáticas sanitaria y ambiental.

Esto del lago de Atitlán es solo una muestra de cómo se encuentra el país. No tardan, ahora que viene el verano, de producirse los devastadores incendios en Petén. Como siempre no será culpa de nadie aunque se haya demostrado en innumerables veces que en su gran mayoría, estos han sido provocados. Sin embargo, por ello no hay nadie preso ni nadie ha tenido que pagar nada, solo el país, a tenido que asumir las grandes pérdidas. A pesar de existir una Autoridad para el Manejo Sustentable del lago de Amatitlán –AMSA-, éste sigue recibiendo no solo las aguas servidas de la capital sino también, las industriales. Se erigen contingentes de trabajadores, unos pagados y otros voluntarios, que se dedican a limpiar las orillas y otras áreas aledañas, a costa del erario nacional y municipal, sin embargo, el problema persiste por no tocar a los culpables, sancionarlos y exigirles, en el marco de la ley, acciones que frenen esa contaminación a través del manejo propio de sus desechos.

Es como si en casa, todos, desde niños a adultos, tirásemos la basura o realizáramos nuestras evacuaciones urinarias y fecales en cualquier sitio de la casa. Probablemente nuestro hogar se convertiría pronto en un gran basurero y foco de contaminación y enfermedades. Nadie tendría la culpa más que los que habitan en la casa, pero más los adultos, que por la ventaja en experiencia que llevan sobre los más jóvenes, no establecen reglas elementales de convivencia sanitaria que cumplieran todos en casa y facilitar los depósitos y recipientes apropiados para contener la basura y los desechos.

Igual es con el problema de la contaminación. Las autoridades, las cuales fueron electas para administrar el gobierno del país, región, departamento o municipio, como es que está estructurada nuestra nación , establecen leyes para el buen gobierno. Si alguien las infringe debe ser sancionado. Y, lo ambiental no es la excepción.

Por supuesto, que lo urgente es tomar acciones que puedan paliar la problemática urgente, como dijo Dix y en lo que concordamos todos por acuerdo tácito, pero no debe quedarse solo en eso. Los bomberos nacieron con la finalidad de atender “emergencias”. Si su labor fuera para atender enfermedad común como los hospitales, ya hubieran colapsado ante la demanda colosal existente.

Deben perseguirse penalmente, como componente a esas acciones urgentes, a los culpables de que estas cosas se vuelvan recurrentes, cualquiera que sea sin distingo de fortuna ni realeza, pues ello significa erogar recursos que podrían servir para atender otras necesidades de la población que también son urgentes. Delitos contra la vida y seguridad de las personas.

La salud, dentro de la cual se inscribe lo ambiental, debe ser preventiva, pues los enormes recursos que se requieren para mantener una de carácter curativo y apagafuegos, van a ser siempre, no solo enormes sino insuficientes como hasta el momento se maneja. Y, en crisis económica es peor.

Muchos que hoy se llenan la boca con conceptos de modernidad y productividad, mantienen en sus unidades productivas condiciones insalubres, de contaminación e inseguridad hacia las personas que trabajan en ellas, hacia las poblaciones circunvecinas y contra los recursos que son de la nación, o sea de todos, como el hoy “novedoso” lago de Atitlán, los otros lagos, lagunas y ríos; los bosques, la selva y los manglares. A ver si la emergencia de hoy sirve de una vez por todas al gobierno para empezar a deducir responsabilidades y hacer cumplir la ley, que en la salud y en lo ambiental también debe existir algún tipo de legislación.

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