El lunes 5 de octubre de 2009, Prensa Libre, en su editorial titulado Indicios de golpe de Estado técnico, hace un análisis parcial y sesgado y manifiesta posición e intereses cuestionables en torno al proceso seguido en el Congreso de la República para integrar la próxima Corte Suprema de Justicia -CSJ.
La lucha de poder por la CSJ
La actual elección de los integrantes de la CSJ, como siempre ha sido, constituye una lucha de poder para controlar la aplicación de “justicia” en función de garantizar intereses e impunidad, a través de procedimientos públicos –o más bien mediáticos--para dirimir los intereses de los grupos que históricamente han tenido el poder y de aquellos otros que pretenden desplazarlos.
Hoy esas procedimientos pasan por la denuncia de varios postulantes, claramente faltos de honorabilidad, capacidad e idoneidad, que producto de intereses alejados de la justicia, fueron electos producto de negociaciones entre partidos políticos, incluido el partido oficial que sigue demostrando ser continuidad no solamente del modelo económico imperante que nos mantiene en el atraso, la explotación y el expolio, sino también de un sistema de impunidad históricamente útil a quienes tienen el poder. Ya han salido a luz pública pruebas que vinculan a importantes líderes partidarios y personas que en los últimos diez años –por lo menos- han sido denunciados por sus transas, desde las más finas y legales hasta las más descaradas.
Esta situación pasa asimismo, por la existencia de una Partido Patriota que ha sabido alejarse de tal negociación para agenciarse un aura de pureza ligado a expresiones de la llamada sociedad civil que han perseguido una integración de la CSJ con personas honorables, pero donde participan, con intereses y con estrategias no necesariamente coincidentes, personas e instituciones bien intencionadas pero también personas, grupos e instituciones cuyos intereses son históricamente conocidos y con vínculos desestabilizadores en el pasado reciente.
De tal manera que aun cuando el monopolio de la prensa ha pintado a los primeros de los malos de la película y a los segundos como los acólitos quinceañeros de iglesia, lo cierto del caso es que el forcejeo por la integración de la CSJ constituye esa lucha de poder por contralar el organismo judicial.
De la coyuntura que estamos viviendo
El intento de golpe de Estado de mayo en Guatemala y el golpe de Estado en Honduras acaecido en junio y que hoy se ha convertido en una dictadura cívico militar, ha hermanado a las oligarquías latinoamericanas. En nuestro país, ello se ha expresado en el apoyo que han dado el gobierno de facto y dictatorial de Micheletti, cúpulas empresariales, partidos políticos de derecha, algunas iglesias, la mayoría de medios de prensa escrita, radial y televisiva y hasta funcionarios como el alcalde capitalino, Álvaro Arzú Irigoyen –oligarca criollo, de pensamiento fascista, miembro de la juventud del partido de la violencia organizada, MLN-, la actual Presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Villagrán De León, última sobre la cual ha sido pedida su renuncia o su destitución por organizaciones populares solidarias con la resistencia del pueblo hondureño contra el golpe de Estado.
De hecho, este hermanamiento oligárquico se afinca hoy día en la estrategia por frenar el avance de las luchas independentistas y revolucionarias nacidas de los pueblos latinoamericanos. Dicha estrategia, en donde el golpe de Estado y la dictadura vuelven a ser retomadas como formas de dominación, está siendo dirigida por el imperio estadounidense a través de sus operadores políticos (estadounidenses y agentes locales) y agencias imperialistas ubicadas en sus Embajadas o en las fundaciones e institutos de la extrema derecha imperialista, como lo demuestran las acciones desestabilizadoras e intentos de golpe de Estado en Venezuela en el 2002 y Bolivia en el 2008 por ejemplo, casos en donde ha sido plenamente demostrada la participación del Estado estadounidense, las oligarquías locales a través de sus cámaras empresariales, medios de difusión masiva, entre otros sectores vinculados o pertenecientes al establishment.
Esto, reitero, en Guatemala se expresa en la desestabilización de marzo a mayo de 2009 y la continuidad de discursos que desde cúpulas empresariales y medios de prensa, principalmente, han mostrado su apoyo al gobierno golpista de Micheletti y mantienen un discurso desestabilizador hacia un gobierno de derecha moderada, como el de Álvaro Colom, y que hoy, con la elección de los miembros de la CSJ encuentra un asidero desde el cual se ha levantado un ataque hacia el Gobierno, el Congreso y la misma CSJ que por sus inoperancias, corrupción y desprestigio bien ganado, son blanco fácil para justificar acciones de reordenamiento constitucional como parece sugerir el editorial de Prensa Libre.
Del editorial de Prensa Libre
El editorial de Prensa Libre del 5 de octubre, encuentra asidero en la corrosión de los organismos del Estado y en la política dominante, y forma parte de una campaña del mismo diario, de otros medios y de columnistas, que han mantenido una agenda con tinte desestabilizador.
Una primera cuestión sobre su contenido es que sitúa la elección de la CSJ como una “ruptura del orden constitucional.” Y se atreve a plantear, de forma por demás manipulada, que el país se encuentra a “…a las puertas de un típico golpe de Estado técnico…usurpación del poder y vulnerabilidad de la legalidad institucional.” Sigue calificando lo sucedido en el Legislativo -que evidentemente es grave y cuestionable—como una práctica que nos está llevando “…de retorno a un oscurantismo…”
Argumentan que la democracia “no puede ni debe estar sujeta a ningún tipo de dictadura, menos a la practicada por los partidos políticos, que siendo los principales llamados a defenderla, irónicamente se han convertido en su peor amenaza.”, la que hoy está representada en “…el desplazamiento de la probidad, la ética y la idoneidad como características fundamentales de [los miembros de la CSJ]”
Sigue planteando que “Constituye una verdadera traición a la Patria —y se incurre incluso en el delito de rebelión contra ella— cuando se insiste en tomar por la fuerza las facultades de cualquier instancia del poder público. La tozudez de los diputados en ignorar y desafiar las demandas sociales de transparencia está orillando a la radicalización de la resistencia cívica, y esa opresión puede obligar a los guatemaltecos a resistir, incluso hasta extremos no deseados, de la insurrección popular.”
De las implicaciones políticas del editorial de Prensa Libre
Más allá de las facultades constitucionales del Congreso para elegir a los integrantes de la CSJ, lo que es un hecho –reitero- es el cuestionable papel de la mayoría de diputados y partidos políticos --que ha sido la constante en la historia republicana del país, con excepción de 1944 a 1954—, que como ha sido demostrado en esta ocasión, ellos mismos carecen de honorabilidad y credibilidad. Esto sirve a Prensa Libre para justificar su editorial y le sirve de manera distinta a distintos ciudadanos, organizaciones e instituciones para que critiquemos severamente y nos rebelemos ante el accionar en la elección de personas demostradamente faltas de honorabilidad e idoneidad para integrar la CSJ. Una rebelión que podemos demostrarla en el aumento de la presión política para que el Congreso desista de integrar a las personas sobre las cuales pesan serias denuncias presentadas por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG.
Sin embargo, otra cosa es utilizar estos hechos para abonar hacia una estrategia de desestabilización bajo el argumento que actualmente se está concretando un “golpe de Estado técnico” como ellos le llaman, y se induzcan hacia una “insurrección popular” para –ahora sí- concretar el golpe de Estado que no se logró al utilizar el caso de Rodrigo Rosemberg.
Conclusión
Es indudable que las seis personas imputadas y que fueron electas por el Congreso de la República, no cumplen con los requisitos de honorabilidad, rectitud, idoneidad, independencia e imparcialidad, lo cual, al concretarse, sienta bases para que la impunidad siga imperando. Así lo demuestran sus actuaciones denunciadas. Asimismo, es cuestionable la falta de transparencia con que diputados de varias bancadas procedieron a negociar su elección como miembros de la CSJ y que, al generarse la presión política contraria, parcialmente están dando marcha atrás con la decisión al sustituir de la elección a tres de los señalados, después que la Corte de Constitucionalidad reiteró que son los diputados quienes tienen que determinar la honorabilidad e idoneidad de los magistrados electos.
Sin embargo, también es cierto que la ultraderecha (partidos, cámaras, movimientos “ciudadanos”, algunas iglesias, fundaciones y medios de prensa) está aprovechando la elección de los magistrados de la CSJ, no solamente para garantizar que sean sus “honorables” quienes integren dicha instancia del organismo judicial, lo cual no implica que tendremos magistrados idóneos o comprometidos con la justicia y contra la impunidad, especialmente tratándose de aquellos que pertenecen a estos sectores históricamente dominantes en el país. Asimismo, estas redes de ultraderecha, también han aprovechado este asunto para avanzar en su estrategia desestabilizadora y pro golpista.
En el medio, con muy buenas intenciones para acabar con la impunidad en la país, algunas instituciones y personas de buena voluntad han acuerpado las elitistas acciones a favor de una CSJ integrada por idóneos, de quienes esperamos separen esta demanda y lucha legítima, de tácticas políticas pro golpistas que están siendo implementadas de forma complementaria en distintos espacios de confluencia.
Barbas en remojo, guatemaltecos. Los verdaderos demócratas, luchadores sociales y por la justicia, las organizaciones populares, de izquierda y revolucionarias, debemos luchar porque se integre una CSJ proba, pero debemos cuidarnos de no ser utilizados o ser parte de una estrategia de desestabilización y pro golpista planeada.
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