Alfonso Bauer Paiz
En la Hora, 13 de julio 2009.
El 28 de mayo pasado recibí atenta invitación de la Comisión Municipal de Relaciones Externas de la Consulta Comunitaria de Nuevo Progreso, a nombre de la Administración Municipal y de los vecinos de dicho pueblo, para participar el domingo 21 de junio al Cabildo Abierto que se llevó a cabo con el objeto de tratar del resultado de la consulta comunitaria relativa a los daños y perjuicios al medio ambiente y a la economía de la corporación municipal y habitantes de Nuevo Progreso, causados por la forma de operar de la empresa distribuidora del fluido eléctrico en el municipio.
En vista de que las autoridades de la Municipalidad habían agotado la vía de diálogo con la empresa distribuidora, sin que se atendieran sus reclamos, decidieron convocar al pueblo a la consulta comunitaria, la cual respaldó a la administración municipal y acordó exigirle al Instituto Nacional de Energía Eléctrica (INDE) que asumiera la prestación de dicho servicio y se cancelase la autorización concedida a la FENOSA o a cualquiera otra empresa privada.
Intervine en el Cabildo Abierto y señalé varios de los artículos de la Constitución Política de la República, en la que pueden basarse para exigir que termine la privatización del servicio eléctrico, de los cuales por falta de espacio, solamente mencionaré ahora, el artículo 129 que declara de urgencia nacional la electrificación del país, conforme a planes del Estado y de las Municipalidades, y aunque no prohíbe la posible participación del sector privado, su participación debe estar bajo el control y la dirección estatal y no, al revés, como en la actualidad lo preceptúa la Ley General de Electricidad vigente. Es decir que mi opinión es solidaria a la de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES) del lugar, en el sentido de retirarle la concesión de distribución de la energía eléctrica a la FENOSA, o a cualquiera otra empresa privada, máxime si es transnacional, porque en este caso parece ser que FENOSA vendió sus activos y bienes a otra empresa también extranjera Y, por supuesto, también estoy de acuerdo con la aprobación unánime del pueblo de Nuevo Progreso, de la exigencia al INDE para que se haga cargo de la prestación del servicio de distribución de la energía eléctrica.
Pero ese no es el único problema de los habitantes de Nuevo Progreso. Me enteré de otros dos irresolutos. El primero consiste en que en una de las montañas de esa área marquense están asentadas varias familias de compatriotas que, durante el lapso de la insurgencia armada, tuvieron que salir del país y refugiarse en el sureste de México y, como yo conviví con los desterrados y les serví como asesor jurídico de la organización representativa de dichos refugiados, denominada Comisiones Permanentes (CCPP), durante más de ocho años, una delegación de ellos me fue a visitar e, inmediatamente, reanudamos nuestras cordiales y fraternales relaciones. Me informaron estar asociados en una cooperativa agrícola cafetalera, cuyo nombre, El Nuevo Edén, no se identifica con la difícil y precaria situación económica que padecen los cooperativistas, a pesar de su tesonero trabajo, debido a la falta de asistencia estatal a la cooperativa, tanto del Instituto Nacional de Cooperativas, como de Banrural, o del Crédito Hipotecario Nacional y otras entidades financieras del Estado, o del Instituto de Fomento Municipal, que se niegan a suministrar créditos blandos y oportunos, y, también, porque no funciona ninguna dependencia del MAGA que brinde asistencia técnica a los campesinos o a sus cooperativas.
La anterior irresponsabilidad del Estado constituye incumplimiento de las funciones legales de los bancos estatales y del MAGA, sino también de los compromisos que asumió el Estado conforme a los Acuerdos de Paz, relativos al Reasentamiento de las poblaciones desarraigadas, sobre Identidad y derechos de los pueblos indígenas, sobre Aspectos socioeconómicos y situación agraria y Decreto 52-05, Ley Marco de los Acuerdos de Paz.
Lo peor es que esa lamentable situación se agrava, aún más, con el padecimiento que están sufriendo todos los labradores de esa región y la población misma, por los cuantiosos daños que a los árboles frutales y a las hortalizas , así como a la vegetación en general, está causando la mosca del Mediterráneo.
Hace algunos años se combatió esa calamidad mediante la fumigación aérea de un pesticida, cuyo nombre no doy, para evitar que se piense sí lo identifico, que lo que estoy haciendo es propaganda interesada a ese pesticida que sí era efectivamente mortal para dichos insectos.
No obstante, dejó de usarse dicho pesticida y fue sustituido por otro, después de una intensa campaña de publicidad, que recomendaba otra marca de pesticida, a la cual afamaban, según incesante afirmación de que este otro pesticida es mucho más eficaz y económico que el que se venía utilizando.
Los pequeños agricultores de Nuevo Progreso me informaron que a partir de la sustitución del pesticida, en vez de morir más moscas, éstas maduran y se reproducen en mayor número, y, como resultado, tanto las frutas como las hortalizas están contaminándose de gusanos, volviéndose incomibles.
La mosca del Mediterráneo también está causando más pobreza en la población rural, pues está la apicultura a punto de quebrar, porque el insecticida está eliminando a las abejas, siendo que la apicultura en Nuevo Progreso se había desarrollado a grado óptimo, mejorando el nivel de vida de la población. Ésta ha denunciado lo anterior al MAGA y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), sin haber logrado que cese esa desastrosa fumigación.
No es aventurado pensar, dada la corrupción existente y la persistente impunidad, en muchas de las dependencias estatales, que esa sustitución haya sido autorizada por funcionarios, ¿del MAGA o del MARN?, mediante coima, ésta sí jugosa y nada mortal, como el susodicho pesticida, paradójicamente, en cambio, reproductor.
¡OJALÁ!, Que esta denuncia pública sirva de algo al MINISTERIO PÚBLICO.
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