Partiendo las aguas de la crísis política

Editorial de Albedrio
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El montaje que tanto la ultraderecha fascista como su expresión neoliberal pusieron en escena en torno al asesinato del abogado Rosenberg, tiene como objetivo sacar a Colom de la presidencia para que lo sustituya el vicepresidente Espada, bajo cuyo mandato la oligarquía espera organizarse de tal modo que en las próximas elecciones tome el poder del Estado la coalición del FRG, el PAN, el PP, la Gana, la resaca de la DC, VIVA y otros grupos de derecha. Los jefes de estos partidos (Suger, Caballeros, Pérez Molina y otros) quieren ser (todos) el presidente de Guatemala, y por eso se les ve en las manifestaciones haciendo campaña.

Frente a esta ofensiva ultraderechista, el gobierno de Colom se perfila indefendible por la corrupción y la impunidad que siguen campeando en la esfera oficial. Pues, aunque estos no son problemas que hayan empezado con la actual administración, su agudización denota una reprochable indiferencia respecto de los mismos por parte del oficialismo. Sin embargo, la renuncia de Colom no puede derivarse de la acusación de Rosemberg, pues la misma no constituye prueba legal de nada.

Así las cosas, es necesario que el actual movimiento organizado por la derecha en torno a la exigencia de justicia, se circunscriba a esta petición y no se amplíe a la intencionalidad del golpe de Estado técnico, que es lo que pretende el fascismo que no sólo realizó el montaje del video sino que también movilizó a los manifestantes de ideología burguesa el domingo pasado. Esta movilización fue respondida por Colom haciendo manifestar a sus bases populares, con lo cual se evidenció una vez más el abismo económico que constituye la matriz de toda nuestra problemática social.

La actual coyuntura puede servir para que un movimiento ciudadano interclasista ejerza, por medios legales, presión para que el sistema de justicia se depure y funcione en nuestro país. Llegar a enjuiciar a los culpables materiales e intelectuales del asesinato de los Musa y de Rosemberg significaría un cambio de rumbo en el largo y doloroso proceso de democratización que nos ha comprometido a todos desde el fin del conflicto armado.

Es a esto a lo que le apostamos. No a la polarización en torno a si debe o no renunciar Colom. El orden constitucional no debe ser roto para luego arreglarlo. Debe ser respetado para mejorarlo, caiga quien caiga. No les hagamos el juego ni a los ultraderechistas ni al gobierno. Esta es una guerra entre dos derechas: la del gran capital tradicional y la del capital emergente. Ambas han encontrado un campo de batalla en Banrural, un banco que debe ser investigado con la misma imparcialidad y eficacia que los asesinatos mencionados, pues es obvio que también hay un marcado interés de la oligarquía financiera por apoderarse de ese banco, y la prueba es que los dineros retirados del mismo han ido a parar al Banco Industrial, uno de cuyos jefes, el cubano Diego Pulido, se perfila como uno de los candidatos a la vicepresidencia por parte de la coalición derechista mencionada antes. Asimismo, algunos de los medios de comunicación que apoyan abiertamente el derrocamiento de Colom, tienen deudas con Banrural, las cuales les cuesta trabajo pagar.

Por todo lo dicho, la CICIG debe recibir el mayor apoyo ciudadano que sea posible concitar, y todos debemos exigirle al Estado que se aparte de la investigación. Tenemos que decirle sí a la democracia, y no al golpismo. Sí a la paz, y no a la demagogia gobiernista. El criterio ciudadano debe imponerse en aras del interés general y por encima de los intereses sectoriales de las derechas en pugna.