CONTRADICCIONES Y VAIVENES SARCÁSTICOS DEL SISTEMA

Alfonso Bauer Paiz
Publicado en La Hora
8, 15 y 22 de diciembre de 2008
2 y 9 de enero de 2009

Al sistema al cual me voy a referir es el implantado a partir de mediados de 1954 en Guatemala. Es decir al proceder de los gobiernos militares y civiles militarizados que han estado en el poder desde entonces. Un sistema en el cual los tres Organismos del Estado, en vez de ejercer su voluntad política para resolver los ingentes problemas nacionales y las apremiantes necesidades de la población (ladina pobre, maya, xinca y garífunas) lo hace exclusivamente en provecho de la camarilla de la clase dominante y de los intereses de empresas transnacionales y del imperialismo estadounidense.

O sea el sistema que en la ciencia política es conocido como "el sistema del botín", el cual según conceptualización del politólogo, ex presidente del Ecuador, Rodrigo Borja (véase su Enciclopedia de la Política, Fondo de Cultura Económica, México, 1998):

"(...) Hoy llámase sistema del botín (...) al método de repartición de cargos públicos entre los partidarios del candidato triunfante en la lid electoral, que aplican algunos políticos cuando llegan al poder, ellos consideran a la burocracia como una suerte de "botín" de guerra y las más atractivas funciones públicas la entregan a los partidarios "de la causa" (...)

En los Estados Unidos esta usanza se denomina spoils system (spoil= botín, presa) Ella contradice el principio jurídico de la igualdad ante la ley y contraviene las disposiciones del moderno derecho administrativo (...)"

En este artículo sólo comentaremos algunas contradicciones y vaivenes sarcásticos habidos en los últimos días en el sistema del botín guatemalteco.

UNA. Expertos han advertido que la crisis económica mundial provocará migraciones masivas en el agro, cuando nada se ha hecho para proteger los derechos de los inmigrantes guatemaltecos en México, EUA, Canadá y algún país de Europa.

Y, además, a los productores de maíz blanco, pequeños productores pobres, por falta de tierras, de créditos y asistencia técnica, no podrán cultivar, tanto más que el Ministerio de Agricultura da escaso apoyo a más de 260 mil campesinos de occidente. (La Hora -LH- del 28/11/08)

DOS. La ambientalista, Marta Pilón, se refirió a la Ley del Fondo del Petróleo (Fonpetrol), la cual fue aprobada y está en vigor, no obstante que el presidente Colom había manifestado que la vetaría, a pesar que no explicó claramente por qué, yo informé en LH, del 18 y 25 agosto y 1°. y 8 de septiembre del presente año, por qué no debía aprobarse esa iniciativa de ley, y, entre otras importantes razones, porque la verdadera causa para crear el Fonpetrol, era la de favorecer a las petroleras Peten Petrolium S.A. (Hispanoil) y Basic Resources International (Bahamas Limited) a las cuales se les adjudicó mediante Acuerdo Gubernativo 1086, de 1984, contrato para explotar yacimientos Xan I, Yalpemech I y San Diego I en Petén, por 25 años, que vencerían en el 2010, debiendo conforme a la cláusula 15.2 del contrato, pasar al Estado la maquinaria, equipo y bienes muebles e inmuebles, sin costo alguno.

Así la Nación podría iniciar por sí misma la explotación de este recurso natural no renovable, pero siguiendo las corruptelas del sistema del botín, finalmente se prorrogó por 15 años más el contrato con esas empresas adjudicatarias y ya sus bienes no podrán ser parte del patrimonio nacional.

TRES. La actual administración gubernativa se jacta de impulsar una política de descentralización, para fortalecer a las Municipalidades y a los Consejos de Desarrollo Urbanos y Rurales. Sin embargo, según la directora ejecutiva de la Fundación de Municipios Centroamericanos, Mercedes Peña, ha revelado que nuestros municipios no cuentan con fondos suficientes para resolver los problemas locales, porque en sus presupuestos apenas disponen de unos US$ 43 (más o menos unos Q 340) por habitante al año.

Por otra parte, se ha sabido la muy baja ejecución presupuestaria de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), al extremo que ya sólo falta un mes para que termine el año y el gasto de los Codedes apenas ha sido del 23.92 % del total asignado, que es de Q 994 millones y, como siempre, los favorecidos son los bancos fideicomisarios que disponen a su arbitrio de no menos de Q 600 millones todavía. Y, de una ampliación al Presupuesto de Codede, por Q 64 millones, la inversión ha sido cero. En fin, todos esos recursos en vez de beneficiar a las municipalidades y a los Consejos de Desarrollo, y hacer efectiva la política de descentralización irán a parar al fondo común del Gobierno. (Véase LH 28/11 y Prensa Libre -PL- de 29/11 del presente año).

CUATRO. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) adoptó una buena medida: la gratuidad de los servicios prestados por los hospitales del Estado. No obstante, los enfermos no van a poder disfrutar de esa gratuidad, porque según lo asegura el especialista Edwin J. Asturias, el número de pacientes que asistan a los hospitales y centros de salud, aumentará considerablemente y el presupuesto del MSPAS es insuficiente y de no incrementarlo, dice Edwin Asturias, "lo gratis sale caro, y más que repartir salud, repartimos placebos (píldoras dulces sin valor terapéutico que se suministra a veces para producir en el enfermo un efecto psicológico) y excusas que no alivian al necesitado" (...) "Pero el Gobierno, el de Álvaro Colom y Rafael Espada, aún no saben qué hacer. O convertimos a la atención primaria en el bastión de salud de Guatemala, o seguimos apagando fuegos con un sistema que no previene, tampoco cura y menos rehabilita". (Véase elPeriódico -EP- de 29/11/08).

CINCO. El mes pasado se celebró el XX Congreso Jurídico, organizado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Dicho Congreso tenía como objetivos, uno general y otros específicos. Su objetivo general: determinar la necesidad de la reconfiguración del sector justicia, estableciendo los contenidos de una propuesta de política Criminal, así como la determinación de propuestas sobre la Ética Profesional, por parte de los Abogados y Notarios a la sociedad guatemalteca. Y los objetivos específicos: a) promover discusión e intercambio sobre la problemática de acceso a la justicia y seguridad jurídica; b) Formular y canalizar propuestas técnicas y jurídicas que contribuyan al fortalecimiento del Estado de Derecho y permitan acuerdos sociales y políticos, c) Estimular la participación de los abogados como agentes de cambio; d) Enriquecer la visión de los abogados de Guatemala sobre el acceso a la justicia y seguridad jurídica.En el próximo artículo comentaré lo relativo al XX Congreso del Colegio de Abogados y Notarios y daré a conocer otras contradicciones y otros vaivenes sarcásticos del sistema del botín.

II
En el artículo anterior expliqué en qué sentido me refiero al sistema, es el implementado por los gobiernos habidos en Guatemala desde mediados del siglo pasado a la fecha, o sea el que la ciencia política moderna denomina sistema del botín y aclaré por qué le da ese calificativo. Y, a continuación inicié la exposición de cinco diferentes contradicciones y vaivenes sarcásticos del dicho sistema acaecido en los últimos días del mes pasado. A saber: la UNA, relacionada con el angustiante problema de las migraciones de trabajadores guatemaltecos. La DOS, con la vigencia reciente de la Ley del Fondo de Petróleo. La TRES, con la supuesta política de descentralización de la cual se jacta la administración del presidente Álvaro Colom. La CUATRO, con la gratuidad de los servicios hospitalarios y de centros de salud estatales, recientemente decretada por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y la CINCO, con el XX Congreso Jurídico, organizado por el Colegio de Abogados y Notarios.

Sin embargo, por falta de espacio, en el anterior artículo me limité a informar sobre el objetivo general y los objetivos específicos que dicho Colegio Profesional se había propuesto alcanzar. Y los comentarios respecto al evento prometí hacerlos en esta oportunidad, así como dar a conocer otras contradicciones y vaivenes del fementido sistema del botín. A continuación mi opinión respecto al XX Congreso Jurídico:

En los Congresos anteriores el Colegio de Abogados y Notarios se ha propuesto similares objetivos, pero nunca se ha logrado hacerlos realidad. Tanto más que en este último Congreso, los agremiados se ocuparon mas de los problemas tributarios, pero no para que quienes tienen capacidad de pago, cumplan con su obligación constitucional de tributar debidamente, sino para oponerse a la posible reforma del Código Tributario con el objeto de aplicar sanciones más severas a los infractores de la legislación sobre impuestos y presupuestarios del Estado. También se ocuparon de la criminalidad y es loable la demanda a los Organismos del Estado a fin de reformar los Códigos procesales, para lograr una justicia pronta y cumplida.

Muy poco, o nada, de los objetivos enunciados. Nada se trató de la pérdida de soberanía nacional, ni de los irreparables daños que al medio ambiente están causándole al país las empresas transnacionales de la explotación de hidrocarburos y de minería a cielo abierto, pero es justo reconocer que los abogados colegiados sí consideraron lesiva a los intereses nacionales la prórroga de los contratos con las compañías petroleras.

No acometieron debate sobre la corrupción generalizada en los tres organismos del estado, principalmente en el judicial. Al parecer, muy poca o ninguna colaboración ha brindado a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), lo cual debiera hacer si es que quiere verdaderamente combatir la corrupción y la impunidad, no sólo las de las mafias del crimen organizado, sino también las de los empleados y funcionarios públicos, jueces y magistrados del Organismo Judicial y "dignatarios" del Congreso de la República y, también en las fuerzas armadas de la Policía Nacional Civil y del Ejército Nacional. Al respecto en declaraciones del Director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Carlos Castresana, dadas al Diario de Centro América el día 9 de diciembre del presente año, señala graves deficiencias de la PNC, del Organismo Judicial, del sistema penitenciario "incluso en la abogacía tanto pública como privada."

Y respecto a la observancia de la ética profesional, entre abogados y notarios, es de dudar se cumpla, pues el Colegio de Abogados y Notarios no ha actuado, sometiendo a un tribunal de honor y disciplinario a los togados prevaricadores que han sido públicamente señalados, en escandalosos casos ocurridos en los tribunales de justicia, en el Registro de la Propiedad Inmueble, en el IGSS, en el sistema financiero y bancario. Casos como el de un ex Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Usac, quien pedía coimas de Q 5,000 a Q 25,000 a los graduandos para que ganasen el examen general privado, y a pesar de esos antecedentes fue elegido magistrado de la Corte de ConstitucionalidadRespecto al objetivo específico de fortalecer el Estado de Derecho, el Colegio de Abogados y Notarios nada ha hecho y, menos mal su negligencia, porque el Estado de Derecho actual, salvo algunas leyes y normas jurídicas, está conformado por una legislación que protege excesivamente los intereses de la clase dominante y de los inversionistas foráneos, pero que en general sus disposiciones no garantizan los derechos de la población trabajadora, de la mujer, de los indígenas mayas y xincas, de los garífunas y de los ladinos desposeídos.

En cuanto al Derecho del Trabajo, el XX Congreso Jurídico, cierto es que se pronunció por "el respeto de los principios y garantías que rigen al Derecho Laboral", pero no dice expresamente cuáles son, omite indicar que son el de la TUTERALIDAD y el del CARÁCTER DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, DE SER UN CONJUNTO DE GARANTÍAS MÍNIMAS IRRENUNCIABLES PARA EL TRABAJADOR. Omisión peligrosa, porque ahora la patronal quiere "flexibilizar" el Derecho del Trabajo, conforme a su ideología neoliberal, porque para ellos lo justo es la igualdad absoluta de derechos entre asalariados y empleadores. Tampoco le preocupó al Colegio la inequidad y el abuso de los acaudalados titulares del derecho de propiedad privada de los medios de producción, principalmente de las tierras.

Las autoridades del sistema no sólo han aceptado sino coadyuvado con la élite del poder económico y político del país, asesorados por abogados y notarios colegiados, para mantener un régimen jurídico inequitativo garante de la desigualdad y discriminación sociales. Es más, no puede negarse que el Colegio ha permanecido indiferente ante la tergiversación de preceptos fundamentales constitucionales y de la Ley del Organismo Judicial, tales como el de Presunción de Inocencia (Artículo 14 de la Constitución), conforme al cual "Toda persona es inocente mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada" Desde que priva el sistema del botín, es frecuente que si la persona acusada de algún delito es un potentado o autoridad estatal de alto rango, los Tribunales del orden Penal, nunca resuelven y admiten cuantos recursos de amparo interponen sus abogados defensores y, cuando el transcurso del tiempo, ha hecho olvidar a la sociedad su indignación contra el poderoso o la autoridad pública delincuente, dicten sentencia benigna o absolutoria, de modo que ese contraventor de la ley, nunca es privado de su libertad.

OTROSÍ: Agradezco al señor Jorge Mario Diéguez Pilón la alusión que hizo de mí en gacetilla publicada en La Hora, el 4/12/2008.

III

En el artículo I expliqué en qué sentido me refiero al sistema, es el implementado por los gobiernos habidos en Guatemala desde mediados del siglo pasado a la fecha, o sea el que la ciencia política moderna denomina sistema del botín y aclaré por qué le da ese calificativo. E inicié la exposición de esas contradicciones y vaivenes, así: la UNA, relacionada con las migraciones de trabajadores guatemaltecos; la DOS, en relación con la vigencia reciente de la Ley del Fondo de Petróleo; la TRES, con la supuesta política de descentralización; la CUATRO, con la gratuidad de los servicios hospitalarios y de centros de salud estatales; y la CINCO, con el XX Congreso Jurídico, organizado por el Colegio de Abogados y Notarios, pero sólo respecto al enunciado de su objetivo general y otros específicos.Pero no me había dado cuenta que La Hora al imprimir ese primer artículo, omitió publicar la CUATRO y los párrafos iniciales de la CINCO, razón por la cual las doy a conocer en este artículo III.

En el artículo II me referí al XX Congreso Jurídico, pero también al publicarse en La Hora, por falta de espacio, se omitieron algunos párrafos. Voy, pues, a dar a conocer el texto de lo omitido.

La CUATRO, sobre gratuidad de servicios públicos de salud.

El Ministerio de Salud Pública adoptó una buena medida: la gratuidad de los servicios prestados por los hospitales del Estado. No obstante, los enfermos no van a poder disfrutar completamente de esa gratuidad, porque según lo asegura el especialista Edwin J. Asturias, el número de pacientes que asistan a los hospitales y centros de salud, aumentará considerablemente y el presupuesto del Ministerio es insuficiente y más que repartir salud, se repartirá placebo (píldoras dulces sin valor terapéutico que se suministra a veces para producir en el enfermo un efecto psicológico) y excusas que no alivian al necesitado. "Pero el Gobierno de Álvaro Colom y Rafael Espada aún no saben qué hacer. O convertimos a la atención primaria en el bastión de salud de Guatemala, o seguimos apagando fuegos con un sistema que no previene, tampoco cura y menos rehabilita" (Véase elPeriódico -EP- de 297 11/ 08).

La parte inicial de la CINCO (referida al XX Congreso Jurídico) es la siguiente: CINCO. El mes pasado se celebró el XX Congreso Jurídico, organizado por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Dicho Congreso tenía como objetivos, uno general y otros específicos. Su objetivo general: determinar la necesidad de la reconfiguración del sector justicia, estableciendo los contenidos de una propuesta de política criminal, así como la determinación de propuestas sobre la Ética Profesional, por parte de los abogados y notarios a la sociedad guatemalteca. Y los objetivos específicos: a) Promover discusión e intercambio sobre la problemática de acceso a la justicia y a la seguridad jurídica, b) Formular y canalizar propuestas técnicas y jurídicas que contribuyan al fortalecimiento del Estado de Derecho y permitan acuerdos sociales y políticos, c) Estimular la participación de los abogados como agentes de cambio, d) Enriquecer la visión de los abogados de Guatemala sobre el acceso a la justicia y seguridad jurídica.Del Artículo II, en relación al XX Congreso Jurídico, fue omitido lo siguiente:Otro precepto fundamental amañado es el del debido proceso, (Artículo de la Ley del Organismo Judicial) que garantiza al procesado no ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido, citado, oído y vencido en proceso legal seguido ante juez o tribunal competente y preestablecido, en el que se observen las formalidades y garantías esenciales del mismo, pero si el procesado es persona acaudalada o prepotente, o bien autoridad estatal mandamás, casi nunca es condenada porque se vale de los mismos manejos de quienes sin serlo se acogen a la presunción de inocencia o, sobornan a jueces y magistrados.

El Colegio de Abogados y Notarios está en deuda con la justicia, en tanto no bregue por la eliminación de esas corruptas y oprobiosas prácticas judiciales.

SEIS. No es objetable la decisión del presidente Álvaro Colom de pedirle al Congreso de la República que apruebe un Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, para el 2009, con recursos de más de Q49 mil millones, pero sí lo es que en vez de financiarlo con impuestos directos que graven debidamente a los empresarios de la oligarquía y a los acaudalados, en relación a su capacidad de pago, se siga endeudando el país con bancos e instituciones financieras internacionales, de la siguiente manera: con el BID, para el Programa de Fortalecimiento de las Finanzas públicas, US $400 millones; con el BIRF, para el reforzamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera, US $20 millones, para el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF); otro préstamo del BID, para el Programa de Inversión de Capital Humano, por US$ 139 millones; otro del Banco Mundial, para política fiscal y desarrollo institucional, de US$ 200 millones; otro más del BID, para "Mi Escuela Progresa" y otro más, destinado al sector justicia, por USD $30 millones. En total la deuda pública exterior va a ser de US $939 millones, aproximadamente, de Q 7.5 mil millones.Ese endeudamiento no sólo va a ser carga abrumadora para las generaciones futuras, sino para la actual en vez de servir para inversiones productivas, incrementará los gastos de funcionamiento y del SIAF, que en los años que tiene de operar no ha mejorado las finanzas públicas. (Véase EP de 29/ 11/ 08)

----- o ------Las próximas contradicciones y vaivenes sarcásticos a tratar, son: la SIETE: Negativa de los empresarios a pagar el Impuesto sobre Matrículas: la OCHO, Ascensos en el Ejército; la NUEVE, Aumento de sueldos a Gerentes; la DIEZ, los Consejos de Desarrollo; la ONCE, el caso de un diputado y las Tabacaleras; la DOCE, la inauguración de lujosos centros comerciales en lugares pobres; y la TRECE, el caso del intelectual Figueroa Sarti.

IV

Esta serie de artículos había sido interrumpida debido a que desde la edición de La Hora, del 30/ 12/ 08 hasta la del 26/ 1/ 09 estuve escribiendo sobre el 50 Aniversario del triunfo de la Revolución Cubana.

En relación a esas Contradicciones y Vaivenes, ya han sido publicados tres artículos los días lunes 8, 15 y 22 de diciembre de 2008. En dichos artículos traté las siguientes, la UNA, relacionada con el angustiante problema de las migraciones de trabajadores guatemaltecos; la DOS, referida a la iniciativa de ley para crear el Fondo de Petróleo; la TRES, sobre la supuesta política de descentralización; la CUATRO, relativa a la gratuidad de los servicios públicos de salud; la CINCO, respecto al XX Congreso Jurídico, organizado por el Colegio de Abogados y Notarios; la SEIS, relacionada con la solicitud del presidente Álvaro Colom al Congreso de la República a fin de que el total de ingresos del Presupuesto del Estado para el 2009 sea, por lo menos, de Q49 mil millones.

A partir de este artículo se inician los comentarios de las Contradicciones y Vaivenes Sarcásticas del Sistema, números SIETE a TRECE.

SIETE

Negativa a pagar el Impuesto sobre Matrícula Vehicular. Los medios de comunicación informan del rechazo de empresarios a la iniciativa de ley. del Impuesto Sobre Circulación de vehículos terrestres de la serie Particular y motocicletas, durante 2009. Al respecto, conviene saber que en el Diario de Centro América, -CA-, Diario Oficial fue publicada la Tabla de Valores imponibles, contenida en el Acuerdo Gubernativo 310-08, según la cual el vehículo que más paga es el Chevrolet Suburban tipo camioneta de 6.000 centímetros cúbicos, modelo 2003 con un valor imponible de Q428,085, pagará Q1,712,34 y el que menos pagará será el Chevrolet Celta automático, modelo 2004, que cancelará Q262. 50.

Es decir, que si el dueño de un vehículo que lo costó Q428,085, seguramente tiene suficiente capacidad de pago, para cubrir un impuesto que no llega a Q2,000 y, en el otro caso del Chevrolet Celta, cualquier propietario de automóvil puede pagar un impuesto de menos de Q300 al año.

OCHO

Ascensos en el EjércitoEn la carrera militar los ascensos se conceden según los méritos del soldado, cabo, sargento, subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, coronel, general de Brigada, a general de División.

Sin embargo, en Guatemala no ocurre siempre así, sino al parecer se realizan rutinariamente, al punto que según se supo a finales del pasado año, ya el número de coroneles es muy grande, muchísimo más que el de subtenientes. Por esa razón, oficiales pundonorosos han pensado que el Ministro de la Defensa, debiera ser un coronel, perteneciente a una de las promociones recientes, y no ascenderlo a General, a fin de que las promociones anteriores a la suya en antigüedad, disciplinadamente se acojan al retiro. Y también consideran que los ascensos de oficiales se produzcan por razón de méritos y sólo a menos que haya vacantes.

De mi parte estimo que deben cesar los ascensos de General de Brigada a General de División, como ha estado ocurriendo desde hace años, con el objeto de formarle al Presidente de la República un círculo de presión política.

NUEVE

Desigualdad de salariosEn tanto que los funcionarios públicos perciben emolumentos desproporcionados en relación a la crítica situación económica del país, como el Presidente de la República que devenga aproximadamente Q150 mil mensuales, el Vicepresidente, Q135 mil, el Ministro de Finanzas Públicas, Q64 mil y pico, la mayor parte de trabajadores del Estado no tienen ingresos mensuales suficientes para poder pagar el costo de la canasta básica alimentaria y vital. Según dato estadístico de fines del año pasado el costo de las Canastas ascendió en el mes de noviembre a Q3,573.13 (véase Prensa Libre de 29/ ll/ 08, Pág. 21) , en tanto que el salario de los trabajadores agrícolas, en promedio, fue de Ql,429, 58 y el de los trabajadores no agrícolas, de Q1,475, 20. Los diputados del Congreso de la República, tienen asignados en el Presupuesto Q29, mil 150, pero muchos de ellos, ilegalmente, perciben de las ONGS y de empresarios que tienen a su cargo prestación de servicios al Estado, comisiones jugosas.

La misma desigualdad se da en el sector privado de la economía, en la cual los gerentes se recetan ingresos de 100 mil a 400 mil quetzales mensuales. En cambio, son cientos de miles de trabajadores los que tampoco pueden satisfacer sus necesidades esenciales, porque sus sueldos no alcanzan a cubrir ni la canasta alimenticia ni la vital.

V

En los artículos anteriores han sido tratados las contradicciones y vaivenes del sistema siguientes: 1, Tema de los trabajadores que emigran; 2, Iniciativa de Ley del Fondo de Petróleo; 3, Supuesta política de Descentralización; 4, Gratuidad de los Servicios Públicos de Educación y Salud; 5, XX Congreso Jurídico, organizado por el Colegio de Abogados y Notarios; 6, Solicitud del Presidente Álvaro Colom al Congreso de la República para que el Presupuesto del Estado, para 2009 esté financiado , por lo menos, con Q49 mil millones de quetzales; 7, Negativa a pagar el Impuesto sobre Matrícula Vehicular; 8, Ascensos en el Ejército; 9, Desigualdad de Salarios.

En el presente artículo, último de la serie, se comentarán las siguientes contradicciones y vaivenes sarcásticos del sistema:

DIEZ

Los consejos de desarrollo

La Constitución Política de la República, desde 1985, creó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural para la organización y coordinación de la administración pública teniendo a su cargo la formulación de las políticas de desarrollo urbano y rural, así como la de ordenamiento territorial. (Artículo 225).

En su artículo 226 normó el Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural, en el Artículo 228. el Consejo Departamental integrado por los alcaldes de los municipios y representantes de los sectores público y privado organizados, presidido por el Gobernador. Dicho Consejo Departamental, por disposición del artículo 229 constitucional, debe recibir el apoyo financiero necesario para su funcionamiento del Gobierno Central.

Los Consejos de Desarrollo a nivel municipal están regulados por el Decreto 12-2002, Código Municipal, artículo 9 y a nivel comunitario en el artículo 20 y también por el Apartado B. Comunidades y autoridades indígenas locales del Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los pueblos indígenas.

La estructura del sistema de los Consejos de Desarrollo se basa en el principio de política administrativa contemplado en la literal b) del artículo 119 de la Constitución de la República, que establece como obligación del Estado "Promover en forma sistemática la descentralización económica administrativa para lograr un adecuado desarrollo regional del país".

Respecto a la naturaleza del Sistema de Consejos de Desarrollo, el artículo 1 de la Ley, preceptúa:

"Es el medio principal de participación de la población maya, xinca y garífuna y la no indígena, en la gestión pública para llevar a cabo el proceso de planificación democrática del desarrollo, tomando en cuenta principios de unidad nacional, multiétnica, pluricultural y multilingüe.

No obstante las indudables bondades tanto de los objetivos político sociales de la regulación constitucional y legal del Sistema de los Consejos de Desarrollo, a la fecha ninguno de los gobiernos habidos en el país, desde 1985, ha sido capaz de darle cumplimiento a las disposiciones de la Ley Fundamental, la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y al Acuerdo de Paz de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.

Prueba de ello es el resultado del estudio elaborado a fines del año pasado por la Fundación de Municipios Centroamericanos, en relación a la atención financiera que los Estados del Istmo han dado a sus municipios la cual es ínfima (en promedio es de 43 US, más o menos de Q340 para invertir por habitante), porque "en ninguno de los países existe una política de Estado que asegure la suficiencia financiera local según las competencias y potestades que les han sido otorgadas a las municipalidades".

ONCE

Campaña gubernamental contra el tabaquismo

No puede objetarse la buena intención del Ministerio de Salud Pública y del Organismo Ejecutivo de combatir el consumo del tabaco, vicio tan dañino como que es causante de graves padecimientos como el cáncer, el enfisema y el enfisema pulmonar. Sin embargo, es casi seguro que esa cruzada no va a tener éxito porque el Congreso de la República, como órgano legislativo y fiscalizador del Estado, en vez de enmendarle la plana al Ejecutivo frecuentemente le aventaja en desaciertos, torpezas, triquiñuelas y hasta tropelías.

En el caso de la incipiente política contra el tabaquismo, en el Congreso de la República uno de los diputados que más interés ha puesto en esa campaña es alguien, quien en vez de dignatario es más bien un oportunista que aprovecha cuanta oportunidad se le presenta para actuar, al instante, como descarga eléctrica de las nubes, para sacar ventaja personal del asunto en el que se ocupa, eso sí, siendo tan hábil que logra convencer a la mayoría de congresistas para que apoyen sus planteamientos. Esta vez se ha jactado de contar con asesores expertos a su servicio, que todos son, nada menos abogados de las empresas tabacaleras del país.

DOCE

Lujosos centros comerciales en lugares donde atormenta la pobreza

Es doloroso el contraste, por ejemplo, de la condición de pobreza y extrema pobreza que atormenta a la gran mayoría de la población del departamento de Huehuetenango con el insultante lujo de la reciente instalación por parte de los empresarios de la cabecera departamental y autoridades públicas y de los representantes del Centro Comercial La Pradera, que atenderá las caprichosas aficiones consumistas de la minoría oligárquica de la ciudad de Huehuetenango, mientras el huehueteco común y corriente estará como el chino de la fábula: "sólo viendo".

TRECE

Caso de extorsión al editor Raúl Figueroa Sarti

El intelectual Figueroa Sarti, representante de F & G Editores, publicó en la portada de un libro, una fotografía con la autorización del fotógrafo que la había tomado. No obstante, años después, con la amenaza de acusar a Figueroa Sarti como autor de un delito penado con cinco años de prisión y multa de Q50 mil a medio millón de quetzales, sino le pagaba Q60 mil por haber utilizado la foto sin su consentimiento, lo que no era cierto. Por fortuna en esta ocasión, excepcionalmente, ante los buenos antecedentes de la víctima y las pruebas que presentó en su defensa, Raúl Figueroa se libró de la extorsión. ¡Ojalá!, así ocurriese siempre en el sistema judicial guatemalteco.