El 3 de octubre de 2008, el compañero Carlos Enrique Wer fue nombrado por el Juez Sexto de Trabajo como Interventor del periódico Nuestro Diario, en el conflicto laboral entre accionistas mayores y menores del consorcio empresarial de Prensa Libre que incluye también a dicha empresa. El objetivo principal de dicha Intervención es garantizar el pago de salarios y prestaciones laborales a los trabajadores de Nuestro Diario.Como consecuencia del conflicto, ochenta y dos (82) trabajadores laborantes de la redacción de Nuestro Diario, abandonaron las instalaciones de dicha empresa y se mantienen en una bodega ubicada en la zona 12 de la ciudad capital, hecho con el cual dejaron de acudir a su lugar de trabajo. Esto, según lo indica el artículo 77 del Código de Trabajo, referido a las “Causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte.”, en el inciso f) indica que esto puede hacerse “cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada, durante dos días laborales completos y consecutivos o durante seis medios días laborales en un mismo mes calendario.” Además, de acuerdo a la ley (además de lo ya dicho con relación al artículo 77 del Código de Trabajo), los salarios deben ser pagados en el lugar de trabajo, situación que en este caso no puede cumplirse con los trabajadores antes aludidos.
Dicha situación hace que la Intervención se encuentre con un problema de carácter legal. Es por ello que se hacen contactos con dichos trabajadores y sus abogados, con la finalidad de encontrar solución a dicha situación de ilegalidad. Se consulta al Juez específicamente sobre este hecho y se le pide que resuelva, cosa que no ha sucedido hasta el día de hoy. A pesar de ello, se elaboran los cheques y se provoca una reunión en la Inspectoría General de Trabajo, fundamentada en la resolución del Juez Sexto de Trabajo, que al crear la intervención indica que debe pagarse a todos los trabajadores sin excepción. En tal reunión se planteó a los trabajadores entes aludidos el pago parcial de sus salarios, propuesta que se fundamentó en la carencia de fondos suficientes, siendo que los Bancos Granai & Townson, GyT Continental y Reformador, contraviniendo la decisión de Juez, han negado el traslado de los fondos de la empresa a favor de la Intervención, además de haber permitido movimientos en las cuentas de la empresa, sin autorización y manejo por parte del Interventor. Dicha propuesta, como es público, fue rechazada por los trabajadores.
Entre tanto, el Interventor solicitó a la Inspectoría General de Trabajo, apersonarse en la empresa Nuestro Diario, para comprobar la presencia de los ochenta y dos trabajadores en su lugar de trabajo, es decir en las instalaciones de dicha empresa. Esto da como resultado la constatación de dicha Inspectoría, sobre la no presencia de los trabajadores en su puesto de trabajo.
Sin embargo, se establece una nueva reunión en la Inspectoría General de Trabajo y se acuerda el pago total de los salarios a los trabajadores aludidos, a decisión del Juez Sexto de Trabajo. No obstante, el asesor jurídico de la Intervención, a nombre del Interventor, levanta acta donde rechaza el pago de dichos salarios por ilegal, argumentando que nadie está obligado a cumplir orden ilegal o que impliquen la comisión de un delito (conforme el artículo 156 de la Constitución de la República de Guatemala) y fundamentado en el abandono de sus puestos de trabajo por parte de los ochenta y dos trabajadores, lo cual había sido comprobado por la Inspectoría General de Trabajo.
No obstante esta situación, quinientos cincuenta y cuatro (554) trabajadores de Nuestro Diario, que se encuentran en su lugar de trabajo, mantienen al día el pago de sus salarios y prestaciones laborales, en cumplimiento del objetivo de la Intervención.
Lo anteriormente expuesto, documentado legalmente, demuestran la ética y rectitud con la que ha actuado el compañero Carlos Enrique Wer como Interventor de Nuestro Diario. Dicha Intervención es claramente un hecho legal, frente a las prácticas económicas y políticas que los dueños de dicha empresa habían venido desarrollando, aun en contra de los intereses de los trabajadores.
En el ejercicio del mandato legal, Carlos Enrique Wer, fiel a sus principios, no ha cedido a las presiones y amenazas de que ha sido objeto por parte de personeros de Prensa Libre. Esto ha generado que desde dicha empresa se haya levantado una campaña de ataque, difamación y desprestigio en contra de Carlos Enrique Wer, la cual ha incluido acciones para buscar que el Tribunal de Honor de la Asociación de Periodistas de Guatemala –APG- lo desafore como miembro y como presidente recién electo de dicha entidad gremial. Han pretendido chantajear a periodistas y la junta directiva -que concluye su mandato el día jueves 15 de enero, en horas de la tarde-, no solamente para abrir proceso de desaforo, sino para impedir que Carlos Enrique Wer tome posición como legal y legítimamente corresponde, habiendo sido electo en Asamblea General.
Es decir, existe una campaña inmoral e ilegal por parte del Consorcio de Prensa Libre y periodistas cómplices, que no puede menos que ser calificada como TERRORISMO MEDIÁTICO.
Es evidente que, más allá de los derechos de los trabajadores, detrás de dicha campaña está el poder económico y político del consorcio empresarial que maneja los medios en Guatemala, encabezados formalmente por Prensa Libre.
Es evidente que han emprendido un proceso de TERRORISMO MEDIÁTICO en contra de Carlos Enrique Wer, pues saben que es un hombre digno, ético, comprometido con la verdad y con los intereses y derechos de los periodistas, no con los intereses de las empresas propietarias de los medios de difusión.
Es evidente que Carlos Enrique Wer ha estado promoviendo cambios fundamentales en la APG, para hacerla una entidad gremial que verdaderamente responda a los asociados y no a empresas que, como Prensa Libre, están acostumbradas a mandar como dueño de finca en todo espacio de comunicación.
Como Frente Popular por la Soberanía, la Dignidad y la Solidaridad, nos solidarizamos con nuestro compañero, dirigente popular y periodista Carlos Enrique Wer. Sabemos de su honorabilidad y ética.
Denunciamos nacional e internacionalmente esta campaña de TERORISMO MEDIATICO que el consorcio empresarial de Prensa Libre está desarrollando, ajena a los intereses genuinos de los trabajadores y del periodismo.
Hacemos un llamado a los periodistas y directivos de la APG, a no dejarse chantajear y ser consecuentes con la lucha por lograr una APG digna e independiente y por hacer realidad los derechos e intereses de los periodistas, no de las empresas propietarias de los medios.
FRENTE POPUAR
POR LA SOBERNÍA LA DIGNIDAD Y LA SOLIDARIDAD
Guatemala, 14 de enero de 2009.
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