Ayer, 7 de abril, alrededor de las 10:30 de la mañana, el terrateniente Sandino
Ponce, hijo de Leonel Ponce Ramírez, y cuatro de sus guardaespaldas, atacaron
con arma de fuego a hermanos y hermanas q’eqchi’s de la comunidad Nueve de
Febrero, ubicada en la región de Monte Olivo, Cobán, Alta Verapaz.
El saldo del acto criminal son cinco hombres y una mujer heridos, cuatro de ellos de gravedad. Los heridos son Víctor Cuz Maas (24 años), Carlos Pop Choc (42 años), Víctor Ha Maas (24 años), Ronaldo Ja Bol (17 años), Sebastián Chub (43 años) y Floricelda Maribel Bol (22 años), con tres meses de gestación, todos parte de la comunidad Nueve de Febrero, que integra la resistencia contra el Proyecto de la Hidroeléctrica Santa Rita S.A.
Leonel Ponce y sus hijos, entre ellos Sandino Ponce, son terratenientes con intereses vinculados al proyecto de la Hidro Santa Rita S. A. Por eso han buscado imponer la hidroeléctrica y han querido desalojar a las comunidades de la región a sangre y fuego. Por eso han sido acusados por las comunidades de ser autores materiales e intelectuales de las constantes intimidaciones, amenazas, persecución, quema de viviendas y de hechos de violencia en contra campesinos de origen q’eqchi’ en la región.
Entre los hechos de violencia que han
padecido dichas comunidades resaltan: 1) Intento de secuestro de David
Chen, líder comunitario, el 14 de agosto de 2013 el primer intento y el 23 de
agosto el segundo. 2) Asesinato de los niños David Estuardo Pacay Maas (11 años) y
Ageo Isaac Ruiz (13 años), atacados con arma de fuego el día viernes 23 de
agosto de 2013; 3) Atentado con arma de fuego en contra de cinco
comunitarios, el 8 de noviembre de 2013; 4) Atentado con arma blanca en contra
de cuatro jóvenes de la comunidad Monte Olivo, sucedido el 8 de diciembre de
2013, acto en el cual fue identificado como uno de los atacantes Raúl Quib,
empleado de Leonel Ponce. En todos estos hechos han sido identificados y
denunciados empleados de Leonel Ponce y de la empresa Hidro Santa Rita S.A., y
de la participación de Leonel Ponce y sus hijos, en el hecho ocurrido el 8 de
noviembre. No obstante las denuncias en la PNC y en el Ministerio Público, el
organismo judicial y el organismo ejecutivo, contrario a proteger a las
comunidades y perseguir a los criminales, han impulsado una política de
criminalización y persecución judicial y policial en contra de líderes y
luchadores sociales en resistencia, y de protección de finqueros explotadores,
expoliadores y criminales.
El proyecto de la Hidro Santa Rita
S.A. pretende implementarse sobre el Río Dolores, ubicado en el municipio de
Cobán, Alta Verapaz. No obstante, diecinueve comunidades campesinas de origen
q’eqchi’ se oponen a éste por considerar que tiene efectos negativos de
carácter social, ambiental y económico. Son comunidades que, desde el inicio de
su resistencia, han reivindicado el derecho a la consulta previa, a la cual se
negaron tanto la empresa como el Estado guatemalteco, tal y como mandata el
Convenio 169 de la OIT, que es ley de la República de Guatemala, de carácter
constitucional siendo materia de Derechos Humanos.
Ante estos hechos, como Frente Popular, alertamos
al pueblo guatemalteco y a las organizaciones sociales, y llamamos a sumar
esfuerzos para proteger a las comunidades y demandar justicia pronta y cumplida.
En especial, para denunciar los hechos y exigir que se capture a los hechores
materiales e intelectuales de estos actos criminales.
Al Procurador de Derechos Humanos, le exigimos
contundencia en sus acciones de verificación, protección y condena de estos
hechos. Asimismo, llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos locales e
internacionales, a gestar una estrategia que garantice a las comunidades y
habitantes de dichas comunidades, al goce, protección y garantía a sus Derechos
individuales, económicos y sociales y aquellos que les corresponden en tanto
parte del Pueblo Q’eqchi’.
Responsabilizamos a los terratenientes Ponce y a la Hidro Santa Rita del clima de terror y criminalización en contra de las comunidades que defienden su territorio. Asimismo, responsabilizamos al Estado y, en específico, al actual gobierno nacional, al gobierno municipal de Cobán y al Gobernador departamental de Alta Verapaz, por impulsar una política de criminalización en contra de las comunidades en resistencia, mientras mantienen en la impunidad absoluta a los Ponce y a la Hidro Santa Rita. Además, porque en lugar de impulsar un verdadero desarrollo, impulsan el saqueo de los recursos del país.
¡Basta ya de violencia en contra de las comunidades rurales!
¡Basta ya
de crímenes y acción cómplice del Estado!
¡No al
saqueo!
¡No a la
impunidad!
FRENTE
POPULAR
SOBERANÍA, DIGNIDAD, SOLIDARIDAD
¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!
Guatemala, 8 de abril de 2014.
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