El día 20 de abril falleció Víctor Juc Maas, de 24
años de edad, quien había sido herido con arma de fuego por el terrateniente
Sandino Ponce y sus guardaespaldas el día 7 de abril en horas de la mañana, tal
y como fue denunciado oportunamente en la PNC y en la PDH.
Víctor Juc sufrió un atentado al igual que Carlos Pop Choc (42 años), Víctor Ha Maas (24 años), Ronaldo Ja Bol
(17 años), Sebastián Chub (43 años) y Floricelda Maribel Bol (22 años), todos
habitantes de la comunidad
Nueve de Febrero, en Cobán Alta Verapaz.
Denunciamos públicamente que este hecho forma parte de
varias acciones de violencia que Leonel Ponce Ramírez y sus hijos, entre ellos
Sandino Ponce, han ejecutado en contra de miembros de esta comunidad y de
comunidades aledañas a Monte Olivo, del mismo municipio. Son hechos que han sucedido
en la absoluta desprotección para las comunidades campesinas q’eqchi’es y en
absoluta impunidad para los terratenientes, quienes a pesar de las denuncias
anteriores y la actual, han gozado de la falta de persecución policial y penal
por parte de los organismos del Estado, y han sido apoyados por autoridades
gubernamentales quienes inclusive están promoviendo un desalojo policial en
contra de la comunidad Nueve de Febrero y la captura de líderes comunitarios
acusados por dichos terratenientes.
Como Frente Popular lamentamos la muerte de Víctor Juc,
manifestamos nuestras muestras de solidaridad a su familia y comunidad, y nos
sumamos a la exigencia porque se capture y condene a los criminales que
cometieron este hecho. Alertamos al pueblo
guatemalteco y a las organizaciones sociales sobre posibles acciones
represivas, no en contra de dichos terratenientes como sería de esperase en un
Estado democrático y garante del bien común, sino en contra de las comunidad Nueve
de Febrero, comunidades vecinas y líderes comunitarios.
Reiteramos la exigencia al Procurador de Derechos Humanos para que implemente acciones coherentes de verificación,
protección y condena de estos hechos. También a las organizaciones de Derechos
Humanos locales e internacionales, a gestar una estrategia que garantice a las
comunidades y habitantes de dichas comunidades, al goce, protección y garantía
a sus Derechos individuales, económicos y sociales y aquellos que les
corresponden en tanto parte del Pueblo Q’eqchi’.
Responsabilizamos a los terratenientes Ponce y al Estado guatemalteco por su política de criminalización en contra de las comunidades rurales, campesinas y mayas, y por su política de impunidad a favor de terratenientes y empresas que siguen ejerciendo violencia y acciones de despojo y expolio en el territorio q’eqchi’.
FRENTE POPULAR
SOBERANÍA,
DIGNIDAD, SOLIDARIDAD
¡VAMOS
PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!
Guatemala, 21 de abril de 2014.
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