Como Frente Popular, nos solidarizamos con la lucha que los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODES- y otro conjunto de organizaciones y compañeros están desarrollando para oponerse a la privatización del agua, que con la figura de concesión, está queriendo concretar el concejo municipal, el alcalde municipal Israel Gramajo y el Partido Unionista (PU), quienes desde su matriz política e ideológica, el PAN, han impulsado la privatización de los servicios públicos, política que solamente los ha encarecido y ha enriquecido aún más a la burguesía local y transnacional.
La lucha justa y legítima del pueblo tuneco es un ejemplo de resistencia ante una decisión que está violando la Constitución Política de la República, que en su artículo 121, establece que el agua es un bien del Estado, el cual debe protegerla y evitar su depredación. Asimismo, en el artículo 127, donde establece que todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, sobre los cuales priva el interés social. También el artículo 128, donde se establece que su aprovechamiento debe estar al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna.
Son evidentes las maniobras e irregularidad que la empresa Aguas de San Antonio S.A. está realizando en complicidad con el alcalde municipal, pues el 16 de julio del presente año de inscribe en el registro mercantil, el 17 de julio presenta la plica para la concesión del agua potable, y el 21 del mismo mes está fechada el acta 02-2008 donde aparece certificada la empresa. Se evidencia la actitud diligente del alcalde al dar el aval a dicha empresa para que un Banco privado le autorice un crédito para la construcción del proyecto. Esto es anómalo y oscuro. Es de esperar que con esta política, al 80% de tunecos en condición de pobreza, mayoritariamente k’iche’s, le será cortado dicho servicio si se niegan a pagar lo que la empresa imponga.
Este intento por concesionar o privatizar el agua en San Antonio Suchitepéquez, además, forma parte de un proceso en el cual empresas transnacionales han avanzando en su interés por apropiarse del agua. No es raro que detrás de la empresa Aguas de San Antonio S.A. esté una empresa trasnacional uruguaya.
Por estas razones antes expuestas, estamos convenidos que sólo la movilización del pueblo tuneco, como lo ha venido haciendo, logrará evitar la concesión-privatización del agua. Pero derrotar a los intereses del capital privado local y transnacional requiere llevar hasta el final, una estrategia política, para la cual es necesario:
1. Mantener la denuncia y la movilización popular como se ha estado haciendo.
2. Organizar y realizar una Consulta Comunitaria para que las comunidades y el pueblo de San Antonio Suchitepéquez, decidan alrededor de posibles preguntas como: ¿Esta usted de acuerdo con que se concesione o privatice el agua, el servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado?
Esta Consulta Comunitaria, se ampara legalmente:
Primero. En lo que preceptúan los artículos 127. Régimen de aguas y 128, Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos, que entre otras prescripciones, establecen: “Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles (…)” Y que “El aprovechamiento de las aguas y de los ríos para fines agrícolas (…) o de cualquier otra naturaleza está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna (…).
Segundo. En el Código Municipal, el la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Como Frente Popular estamos comprometidos con la lucha del pueblo de San Antonio Suchitepéquez, y nos sumamos a la exigencia para la anulación del proyecto de concesión del agua potable y alcantarillado, que se convoque a la conformación del Consejo Municipal de Desarrollo y que se realice una Consulta Comunitaria para que el pueblo decida.
¡EL AGUA ES UN DERECHO!
¡NO A LA CONCESIÓN O PRIVATIZACIÓN DEL AGUA!
FRENTE POPULAR
POR LA SOBERANÍA, DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD
Guatemala, 10 de septiembre de 2008.
La lucha justa y legítima del pueblo tuneco es un ejemplo de resistencia ante una decisión que está violando la Constitución Política de la República, que en su artículo 121, establece que el agua es un bien del Estado, el cual debe protegerla y evitar su depredación. Asimismo, en el artículo 127, donde establece que todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, sobre los cuales priva el interés social. También el artículo 128, donde se establece que su aprovechamiento debe estar al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna.
Son evidentes las maniobras e irregularidad que la empresa Aguas de San Antonio S.A. está realizando en complicidad con el alcalde municipal, pues el 16 de julio del presente año de inscribe en el registro mercantil, el 17 de julio presenta la plica para la concesión del agua potable, y el 21 del mismo mes está fechada el acta 02-2008 donde aparece certificada la empresa. Se evidencia la actitud diligente del alcalde al dar el aval a dicha empresa para que un Banco privado le autorice un crédito para la construcción del proyecto. Esto es anómalo y oscuro. Es de esperar que con esta política, al 80% de tunecos en condición de pobreza, mayoritariamente k’iche’s, le será cortado dicho servicio si se niegan a pagar lo que la empresa imponga.
Este intento por concesionar o privatizar el agua en San Antonio Suchitepéquez, además, forma parte de un proceso en el cual empresas transnacionales han avanzando en su interés por apropiarse del agua. No es raro que detrás de la empresa Aguas de San Antonio S.A. esté una empresa trasnacional uruguaya.
Por estas razones antes expuestas, estamos convenidos que sólo la movilización del pueblo tuneco, como lo ha venido haciendo, logrará evitar la concesión-privatización del agua. Pero derrotar a los intereses del capital privado local y transnacional requiere llevar hasta el final, una estrategia política, para la cual es necesario:
1. Mantener la denuncia y la movilización popular como se ha estado haciendo.
2. Organizar y realizar una Consulta Comunitaria para que las comunidades y el pueblo de San Antonio Suchitepéquez, decidan alrededor de posibles preguntas como: ¿Esta usted de acuerdo con que se concesione o privatice el agua, el servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado?
Esta Consulta Comunitaria, se ampara legalmente:
Primero. En lo que preceptúan los artículos 127. Régimen de aguas y 128, Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos, que entre otras prescripciones, establecen: “Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles (…)” Y que “El aprovechamiento de las aguas y de los ríos para fines agrícolas (…) o de cualquier otra naturaleza está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna (…).
Segundo. En el Código Municipal, el la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.
Como Frente Popular estamos comprometidos con la lucha del pueblo de San Antonio Suchitepéquez, y nos sumamos a la exigencia para la anulación del proyecto de concesión del agua potable y alcantarillado, que se convoque a la conformación del Consejo Municipal de Desarrollo y que se realice una Consulta Comunitaria para que el pueblo decida.
¡EL AGUA ES UN DERECHO!
¡NO A LA CONCESIÓN O PRIVATIZACIÓN DEL AGUA!
FRENTE POPULAR
POR LA SOBERANÍA, DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD
Guatemala, 10 de septiembre de 2008.
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