Representantes de
comunidades y organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, centros de
investigación y organizaciones no gubernamentales, nos reunimos hoy para
analizar, tomar posición y proponer acciones sobre el Reglamento Técnico de
Bioseguridad de Organismos Vivos Modificados para uso Agropecuario puesto a
“consulta pública” por el Ministerio de Economía del Gobierno de Guatemala el
día 30 de julio de 2018.
Al respecto, concluimos:
Somos
defensoras y defensores de la red de la vida, cultura, el territorio,
conocimientos ancestrales, tradicionales y la biodiversidad y por lo tanto nos
compete estar atentos y alertas ante cualquier intento de despojar y menoscabar
la vida, la cultura, el territorio, la biodiversidad, y, en general, los
derechos de nuestros pueblos.
Guatemala
es un país reconocido en el concierto de las naciones como un país origen de la
diversidad biológica (megadiverso), lo que significa que tenemos una gran
riqueza en materia de diversidad biológica. Este hecho está directamente
relacionado con la gran diversidad cultural de los pueblos, pues somos los
pueblos quienes hemos mantenido y protegido esta diversidad históricamente y el
Estado de Guatemala y sus instituciones únicamente han realizado acciones de
despojo en nuestra contra.
El modelo
socioeconómico dominante actualmente, representado por el capitalismo más neoliberal,
constituye una amenaza a la diversidad biológica y cultural de los Pueblos y
Comunidades Indígenas de Guatemala. Amenaza que se concreta en diversos
tratados internacionales de libre comercio, que se traducen en instrumentos
regulatorios para concentrar, extraer, expoliar, privatizar, mercantilizar y
monopolizar los bienes naturales, como las iniciativas de obtenciones
vegetales, de propiedad intelectual, de bioseguridad de uso de organismos vivos
modificados, el Convenio de Diversidad Biológica y sus protocolos
correspondientes. Todos estos tratados buscar facilitar la liberación de
tecnologías, productos, insumos, y alimentos nocivos a la salud humana y
animal, y a la economía y cultura de nuestros pueblos.
Hoy tenemos a la puerta una nueva
amenaza como lo es la propuesta del Reglamento Técnico de Bioseguridad de
Organismos Vivos Modificados para uso agropecuario. Esto lo interpretamos como
otro intento del gobierno de Guatemala para cumplir con el Protocolo de
Cartagena para complacer a las empresas nacionales y transnacionales que se
dedican al negocio de las semillas transgénicas, afectando la cultura y la vida
de nuestros pueblos.
Recordamos que los transgénicos
constituyen un riesgo a la salud puesto que contienen porciones genéticas
inestables, porciones genéticas creadas con genes de resistencia a
antibióticos, porciones genéticas de resistencia a herbicidas y riesgos
comprobados a la agricultura en países como India, México, Argentina, Estados
Unidos, Canadá y otros, tales como proliferación de supermalezas, genes
suicidas, muerte de polinizadores, pérdida de biodiversidad y variedades
nativas.
Ya en 2014 la movilización
comunitaria y popular logró la derogatoria de la Ley para la Protección de
Obtenciones Vegetales (popularmente conocida como Ley Monsanto) por ser lesiva
a los intereses de la población guatemalteca. La convocatoria promovida por el
Ministerio de Economía no es un mecanismo de búsqueda de consentimiento libre e
informado, como lo establece como requisito indispensable el artículo 19 del
Convenio sobre Diversidad Biológica, asimismo como lo establece el cuerpo legal
en materia del derecho de Consulta establecido por el Convenio 169 de la OIT
y otros instrumentos internacionales en materia de derechos de los pueblos
indígenas. Pueblos originarios, así como la Constitución Política de la
República de Guatemala.
Además contraviene lo establecido
en el Artículo 31 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de
los Pueblos Indígenas que estable: Los pueblos indígenas tienen derecho a
mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus
conocimientos tradicionales, sus expresiones culturales tradicionales y las
manifestaciones de sus ciencias, tecnologías y culturas, comprendidos los
recursos humanos y genéticos, las semillas, las medicinas, el conocimiento de
las propiedades de la fauna y la flora, las tradiciones orales, las
literaturas, los diseños, los deportes y juegos tradicionales, las artes
visuales e interpretativas. También tienen derecho a mantener, controlar,
proteger y desarrollar su propiedad intelectual de dicho patrimonio cultural,
sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales.
Por lo anterior:
1. Rechazamos
este nuevo intento por permitir el tránsito, importación, exportación, cultivo,
comercialización y utilización de Organismo Vivos Modificados (transgénicos)
para consumo humano y animal en Guatemala.
2. Instamos a todas los pueblos,
comunidades y organizaciones a rechazar esta nueva amenaza a la vida y
biodiversidad en nuestro país. Llamamos al Estado guatemalteco y su
institucionalidad a respetar los principios del derecho internacional en
materia de derechos humanos y materia ambiental, tales como: Principio
Precautorio, Pro natura y Pro Persona; que son de observancia obligatoria para
los Estados.
3. Exigimos al
Ministerio de Economía y demás autoridades del Ejecutivo encargados de
aprobación del reglamento en mención, para que se abstengan de dicha aprobación
y no generen iniciativas o propuestas para reglamentos futuros sin consulta a
la población.
4. Reiteramos el llamamos al
Congreso de la República a legislar para prohibir los transgénicos en
Guatemala, emitir la Ley para la Protección de la Biodiversidad, interpelar al
Ministro de Economía y anteponer y respetar los intereses de los pueblos y
habitantes de Guatemala.
Alianza Nacional para la protección
de la Biodiversidad (ANAPROB); Alianza para el Desarrollo Rural Integral
(ADRI); Asamblea de Pueblos por el Agua, la Vida y el Territorio; Asociación
Nacional de Productores Certificados de Guatemala; Asociación Femenina para el
Desarrollo de Sacatepéquez (AFEDES); Bufete para Pueblos Indígenas; Campaña
Guatemala Sin Hambre; Colectivo Social por el Derecho a la Alimentación,
Comisión Nacional de Agricultura Orgánica, Colectivo de Estudios Rurales Ixim;
FIAN Guatemala; Fundación Guillermo Toriello, Observatorio de Seguridad y
Soberanía Alimentaria y Desarrollo Rural Integral (OSSANDRI); Colectivo Madre
Selva; Red Nacional de Soberanía Alimentaria de Guatemala (REDSAG); Semillas
Nativas y Criollas de Guatemala (SENACRI); Asociación para el desarrollo
Comunitario –SIEMBRA- Movimiento Nacional de Tejedoras- Ruchajixik ri
qana´qbal- Consejo Maya Mam Saqtx´otx´; Asociación para la promoción y el
desarrollo de la comunidad (CEIBA); SERJUS; ASOCUCH; Pastoral de la Tierra
Diócesis San Marcos; Defensoría del Consumidor; Comité Campesino del Altiplano
(CCDA); Asociación de Agricultores Las Ilusiones (AGRIDIVI JALAPA); Plataforma
humana Sector de Mujeres; Plantones por la Dignidad, Otra Guatemala Ya; Foro
Nacional de Mujeres; Agricultores de San Vicente Pacaya Escuintla; Sector de
Mujeres; Asamblea Departamental de los Pueblos de Huehuetenango (ADH), Facultad
de Agronomía (FAUSAC), Qachuu Aloom, Frente Popular, Coalición de los Pueblos
por la Soberanía Alimentaria, Articulación por la vida contra la corrupción y
la impunidad.
Guatemala, 21 de agosto de
2018
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