Resistencia nacional

Por Antonio Castillo

Los hechos de represión indiscriminada en contra de niños, ancianos, mujeres y hombres de comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc (Guatemala), a manos de un contingente de la PNC, el 23 de mayo pasado, es una demostración, una vez más, que en Guatemala, antes de prevalecer el bien común, el interés público, predomina el interés de la clase dominante y del capital transnacional.

Quienes representan los intereses de la clase dominante y el capital transnacional, aglutinados en la Cámara de Industria, la Cámara de Industrias Extractivas y el mismo Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-, aducen que son estas inversiones (de saqueo, expolio, desposesión) las que permitirán reducir la pobreza, crear empleo, aportar tributos. 

Son estos núcleos de poder históricamente dominantes en el país, quienes ocultan que son estas inversiones las que contaminan, concentran, se apropian y despojan al pueblo de sus riquezas, y que además generan violencia y represión bajo un manto de impunidad. Ocultan que es este régimen económico (que históricamente han construido), el que ha impedido que millones de guatemaltecos satisfagan dignamente sus necesidades vitales, porque pagan salarios de hambre y mantienen a millones en el desempleo y subempleo. Ocultan que son ellos quienes menos impuestos pagan y que son las capas medias y la mayoría de la clase trabajadora quienes más tributan a través del injusto Impuesto al Valor Agregado –IVA. Ocultan que son ellos quienes evaden impuestos de forma  legal (a través de sus Fundaciones, por ejemplo) e ilegal, generando un fraude de miles de millones que bien podrían ser utilizados en garantizar salud, educación, vivienda, transporte digno y seguridad para las grandes mayorías.

Como buenos fascistas, ofenden a los ciudadanos y ciudadanas, a las comunidades rurales mestizas e indígenas, cuando afirman que resistencias como la de La Pura son manipuladas por extranjeros o personas pagadas desde el exterior. Los ofenden porque no reconocen que estas ciudadanas y ciudadanos, tienen la capacidad de analizar y decidir qué es desarrollo y qué no lo es, y de discernir sobre los efectos negativos y sobre el despojo que representan estas actividades extractivas. Alaban eso sí, a mestizos o indígenas cuando estos acuerpan y defienden sus intereses como clase dominante, como los llamados empresarios mayas, o como Alberto Chumil Julajuj, Alcalde Indígena de Sololá, y Joaquín Nicolás Ordóñez Yax, Autoridad Indígena Ancestral Maya de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes contrario al interés de quienes les han electo, han impulsado acciones para beneficiarse de una alianza con quienes históricamente han explotado, expoliado y oprimido a los pueblos originarios.

Estos intereses son los que se operan los medios de difusión masiva: un discurso de desarrollo que en realidad esconde el interés de la acumulación de capital por desposesión, el cual se abre paso a toda costa, incluso de la vida de ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas. Esto es lo que opera la red de medios hegemónicos de prensa, televisión y radio, y sus principales editorialistas, columnistas, entrevistadores y entrevistados, quienes reproducen una matriz de falta de información, desinformación y opinión, a favor de la sacrosanta propiedad privada; una matriz mediática que criminaliza toda oposición a estas forma de expolio, acusándolas de ser manipuladas por organismos internacionales y ONG, cuando no de grupos al margen de la ley y terroristas.

Sabiendo que tienen el control del Estado y que el gobernante de turno juega el papel de operador político de primer orden, los dueños del capital local y transnacional invocan al llamado Estado de Derecho para imponer a fuerza de violencia sus intereses, tal y como lo han hecho históricamente. Acusan a quienes resisten del intento por hacer de nuestro país (del cual se creen dueños absolutos) un territorio donde exista impunidad y donde se impida la inversión privada, sin recordar que ellos han reproducido un régimen de impunidad para beneficiar dicha inversión privada y, sobretodo, para obtener la máxima ganancia, a costa de reproducir la pobreza y miseria de la mayoría de quienes integran nuestro pueblo.

En este marco se entiende la represión implementada por el gobierno de Otto Pérez Molina, quien ha sido un fiel guardián de sus intereses. Un gobierno que privilegia y defiende el Estado de Derecho (el Estado de Derecho burgués) y evade aquella parte de la Constitución Política de la República de Guatemala que mandata al Estado a garantizar el bien común.

A estas alturas es evidente que el actual régimen ha optado por la más descarada defensa del saqueo y para ello ha decidido utilizar toda la fuerza represiva disponible, violando Derechos constitucionalmente reconocidos y violando un conjunto de Derechos Humanos.

Así que la respuesta no puede ser sino la del impulso de un proceso de resistencia, cuya tarea principal sea movilizar a todo el país, en el entendido que ninguna resistencia localizada podrá defenderse por sí misma y menos lograr el objetivo de detener el expolio. Sólo así se podrá detener, asimismo, la intentona de gestar un gobierno dictatorial a través de una reforma constitucional conservadora o de un golpe de Estado blando o duro.