Parafraseando a Hugo Maul R.

Antonio Castillo

Hugo Maul R, el 16 de junio del presente año, escribió en el diario de difusión masiva elPeriódico, el artículo Sindicalismo estatal y pactos colectivos, en el cual hace referencia al estudio La Amenaza de los Pactos Colectivos en el Sector Público, realizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN–, un centro para-empresarial, promotor de ideas neoliberales desde su origen. Desde el pensamiento neoliberal, este artículo pone en cuestión los pactos colectivos, cuestionando la dinámica para llegar a estos y sus implicaciones para las finanzas estatales, entre otros aspectos.

Es este el artículo que da vida a este escrito, con un sentido complementario de paráfrasis antagónica al redactado por Hugo Maul R. Es decir, recuperando el mismo discurso de Maul R, pero incorporándole un sentido de clase social contrario al que él como ideólogo para-empresarial promueve.

Así: Fortalecer lo público, el interés común, tiene como punto de partida despertar la conciencia ciudadana respecto de los riesgos que implica continuar con las prácticas que los dueños del capital implementan en el sector público. Prácticas que constantemente atentan contra la deteriorada salud de las fianzas públicas y, por consiguiente, contra la deteriorada educación, salud y demás garantías para la vigencia de derechos ciudadanos; prácticas que entorpecen y encarecen los servicios públicos y limitan que los trabajadores del Estado gocen de mejores salarios y condiciones laborales; prácticas que impiden la gestión de aquellas políticas públicas orientadas al bienestar de los sectores desposeídos, a la prestación de servicios públicos con calidad y efectividad en sus impactos en las condiciones de vida de las grandes mayorías.

Contrario a lo que algunos centros para-empresariales como el CIEN publican, los pactos colectivos han sido los procedimientos que, en el contexto del Estado de derecho que protege al capital, se han constituido en la forma posible para lograr avances en materia laboral dentro del Estado. Contrario a esto, centros como el CIEN pretenden hacernos creer que sus planteamientos y estudios que cuestionan estos pactos colectivo, no atentan contra los derechos de la clase trabajadora. Lo que hacen de forma subyacente es ocultar las prácticas de los empresarios hacia el Estado, que con el control de los aparatos estatales, ministerios y políticas públicas fundamentales, en complicidad con funcionarios públicos de turno, se orientan a expoliar las arcas públicas, y a quienes no se les exige que rindan cuentas y muestren transparencia y responsabilidad en sus negociaciones.

Es necesario que la ciudadanía comprenda que, detrás de estos “estudios”, como los del CIEN y ya no digamos los de ASÍES y FUNDESA, se esconden intereses, como la defensa de los intereses empresariales, contrarios a los intereses de la clase trabajadora. Que detrás de tales estudios se esconden poderosos y perversos intereses y negocios que gravitan en contra del interés común, del interés público; que dichos estudios se orientan a negar que la clase trabajadora requiere, no sólo salarios mayores sino mejores servicios públicos como complemento necesario para garantizar sus derechos, que en todo caso son los derechos de las grandes mayorías. Son “estudios” con planteamientos que niegan la negociación de pactos colectivos al aducir que los funcionarios públicos, al carecer de “los incentivos correctos para adoptar posturas fuertes a favor del interés general”, pues no están comprometiendo “su patrimonio propio” –como sería el caso de los empresarios–, para adoptar “una postura congruente con la defensa del bolsillo de los contribuyentes”, como si los empresarios al negociar sus intereses lo hicieran en función de la defensa del bolsillo de nosotros los contribuyentes.

Y es que, en estos “estudios” se oculta lo que es evidente en la realidad: en cada negocio que realizan empresas y grupos corporativos con el Estado, así como en cada Ley y política que se aprueba en el Congreso o se implementa en los ministerios, se facilita la explotación y el saqueo, es decir, los intereses del capital, de los empresarios. Y en estos casos múltiples, constantes y alevosos, el ciudadano queda completamente desprotegido ante el juego de intereses e quienes históricamente han manejado el país, con la complicidad de los políticos de turno. Con una pequeña diferencia, en el caso de los políticos, los votantes tienen la capacidad de relevarlos por otros, aun cuando quienes son electos en cada elección pasan a ser los nuevos sirvientes del empresariado. En el caso de los empresarios que manejan a su sabor y antojo al Estado, desde dentro (como Castillo Sinibaldi, Gustavo Alejos, por ejemplo) o desde fuera (como los Gutiérrez Bosch, los Castillo, los Novela, los Maegli), tal mecanismo de control “democrático” está vedado a la población, a la cual no le queda sino asumir los costos (pobreza, miseria, represión, etc.) de las decisiones que otros toman, supuestamente, en su beneficio.

Por eso, parafraseando antagónicamente a Hugo Maúl R., afirmamos que los ciudadanos estamos ante la amenaza constante, manifiesta, de los intereses empresariales en el sector público. Asimismo, que los políticos de turno y los grupos empresariales, gestan un contubernio timocrático, que ni por asomo rinden cuentas por sus actuaciones. En este marco, los pactos colectivos, son herramientas de la clase trabajadora en el Estado, para negociar sus legítimos intereses.