NO AL ESTADO DE GUERRA EN TERRITORIO XINCA

El Frente Popular manifiesta su condena ante el estado de sitio decretado en los municipios de Mataquescuintla y Jalapa, en Jalapa, y San Rafael Las Flores y Castillas, en Santa Rosa, por el gobierno militar de Otto Pérez Molina. Un estado de sitio que en realidad es un estado de guerra, donde los militares han sido convertidos de facto en la autoridad de dichos municipios y donde los contingentes miliares, las armas de alto calibre, las tanquetas y los helicópteros están siendo utilizados para reprimir a la población con el supuesto de perseguir a la delincuencia organizada, cuando en realidad se está persiguiendo a la organización y autoridades del Pueblo Xinca. Tal parece que el Estado le ha declarado la guerra al Pueblo Xinca, lo cual pone aun más en peligro la vida de los ciudadanos guatemaltecos en esa región y atenta contra los Derechos individuales y colectivos que corresponden a dicho Pueblo.


Es indudable que esta acción se impone para proteger el saqueo de la minería y otros proyectos de interés del capital transnacional y de empresarios locales, como el Corredor Seco, y para reprimir la digna organización, autoridad y movilización que ha gestado el Pueblo Xinca, en defensa de su territorio. Una imposición que, además, se da en municipios olvidados por el Estado, mantenidos históricamente en marginación y la miseria.

Esta medida, además, es una muestra del carácter autoritario y dictatorial de este gobierno, que en lugar de orientarse a proteger y gestionar los intereses de las grandes mayorías, ha sido un descarado operador de las empresas extranjeras y locales y de sus propios intereses.

Es indudable, asimismo, que esta acción forma parte de la estrategia de criminalización y represión contra la resistencia de nuestros pueblos, y se suma a las acciones de persecución política y judicial, asesinato de líderes, secuestros e intimidaciones de las cuales viene siendo objeto la organización de los pueblos indígenas, y del movimiento campesino, sindical y popular. Hechos de criminalización y represión en los cuales se han visto involucradas autoridades estatales (agentes policiales y militares, del ministerio público, de juzgados)) y operadores empresariales (operadores políticos, empresas de seguridad privadas, medios de difusión masiva), tal y como ha sucedido en Barillas, Totonicapán, San José del Golfo, San Miguel Ixtahuacán, entre otros casos que confirman la política instituida por este gobierno, con la venia de la oligarquía aglutinada en el CACIF. En lugar de proteger a la población, este gobierno ha tomado medidas de protección militar para las empresas transnacionales y locales.

Condenamos, también, que se esté criminalizando a quienes nos oponemos a ese estado de excepción y somos parte de la lucha legítima por la defensa del territorio y la vida. Estamos ejerciendo nuestros legítimos derechos ciudadanos y por eso decimos: No a la minería.

Llamamos a la comunidad nacional e internacional a condenar estas medidas y velar porque no se vulneren los derechos humanos individuales y colectivos.

Los pueblos tenemos derecho a decidir nuestro propio destino y nuestro propio desarrollo. La minería es saqueo, es una imposición autoritaria e indiscutiblemente no es desarrollo. Los estados de de sitio son medidas represivas contra el pueblo.

¡NO MÁS REPRESIÓN!

¡No al Estado de Sitio en territorio xinca!

¡No a la militarización!

¡No a la minería!

¡Unidad y movilización popular!

FRENTE POPULAR

Soberanía, Dignidad y Solidaridad

¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!

Guatemala, 3 de mayo de 2013