Como Frente
Popular manifestamos nuestra preocupación por un conjunto de hechos de control,
seguimiento, amenazas e intimidaciones, persecución política y judicial,
estados de sitio, encarcelamiento, secuestro y asesinato en contra de
luchadores sociales e inclusive de líderes religiosos, quienes se resisten
legítimamente a los proyectos de expolio minero, hidroeléctricos y agronegocios.
Los últimos hechos sucedidos en comunidades y municipios de Alta Verapaz, denunciados por el Consejo de los Pueblos de
Tezulutlán, y las intimidaciones y amenazas recientes en contra de Domingo
Hernández, dirigente de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib' Kej, y su
familia.
En estos hechos,
según denuncia de distintas organizaciones locales y regionales, han estado
participando fuerzas de seguridad del Estado, aparatos paramilitares al
servicio de las fincas y empresas, algunas ONGs, autoridades municipales,
gubernamentales, diputados, con la complicidad de algunos líderes comunitarios
que actúan contra los intereses de sus propias comunidades, pueblos y clase
social. En estos casos, además, hay poco o ningún seguimiento de instituciones
de derechos humanos gubernamentales y no gubernamentales, las cuales han estado
menos involucradas en investigar y denunciar tales hechos.
Es importante
señalar que estos hechos se dan en un contexto en que el Estado y el actual
gobierno están implementando una política de entreguismo y gestión de los
proyectos del capital transnacional y local, lo cual ha incluido impulsar una
política en contra de organizaciones, líderes y luchadores que se oponen a
estas manifestaciones de la explotación y el expolio en contra del pueblo
guatemalteco en general y contra de los pueblos y comunidades originarias y
campesinas.
Pareciera que
estos hechos constituyeran parte de un plan represivo que esperamos no llegue a
darse. Nuestra preocupación está en que la elaboración de listas de líderes
comunitarios y sociales, sea la antesala de una ola represiva, y que se pueda
esconder inclusive en la fachada del narcotráfico.
Ante estos
hechos y la posibilidad de que se agraven, alertamos desde ya a la comunidad
nacional e internacional. Específicamente a las organizaciones de Derechos
Humanos les llamamos públicamente para que den el seguimiento y acompañamiento
necesario y denuncien tales acciones y políticas. Asimismo, hacemos un llamado particular
al Procurador de Derechos Humanos para que asuma de oficio una investigación al
respecto.
A los
movimientos sociales les llamamos a esforzarnos por lograr las alianzas y
articulaciones que nos permitan avanzan en alcanzar nuestros objetivos de bien
común y luchar contra las fuerzas oscuras al servicio de la oligarquía y del
capital transnacional y local que impulsa la sobre explotación y el expolio. En
lo inmediato, sumarse a la denuncia de estos hechos deleznables.
Por último,
exigimos al gobierno que cumpla con garantizar el bien común, que abandone el
actual modelo de explotación y expolio, se encamine hacia un modelo de
desarrollo sostenible y basado en la búsqueda del buen vivir, y garantice los
Derechos Humanos y las distintas leyes y convenios que en esta materia ha
ratificado el Estado de Guatemala, en especial también aquellos relativos a los
Derechos de los Pueblos Indígenas.
Frente Popular
Soberanía, Dignidad,
Solidaridad
¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!
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