La política represiva del actual gobierno, en defensa de los intereses
del capital minero, vuelve a implementarse en contra de ciudadanos y ciudadanas
que se oponen al modelo extractivista, específicamente al proyecto minero El
Escobal, ubicado en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, el cual es operado por
la compañía de capital transnacional canadiense-estadounidense Tahoe Resources.
En múltiples ocasiones, comunidades campesinas y ciudadanía de
departamentos de Jalapa, Jutiapa y Santa Rosa, a quienes se le ha negado
información del proyecto, que se sienten desconfiados y que cuestionan el mismo
por sus efectos nocivos que pueden afectar a comunidades de varios municipios, se
han movilizado pacíficamente para solicitar al alcalde municipal y el gobierno
central, la realización de una consulta comunitaria para decidir con relación al
proyecto minero. Es decir, la opción por
una decisión legítima, democrática, pacífica, en un asunto de interés
colectivo, amparada en leyes nacionales y en convenios internacionales como el
Convenio 169 de la OIT y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas.
Estas peticiones se han realizado desde 2010 y la última movilización para realizar
tal petición se efectuó a finales de agosto del presente año.
Ante esto, el alcalde municipal, Leonel
Morales, y el gobierno central, en lugar de avalar tal petición mayoritaria,
han optado por gestionar los intereses de la empresa minera, inclusive
movilizando tropas policiales y militares en contra de la población.
Así sucedió en octubre de 2010 y en julio de este año cuando se
movilizaron más de 8 mil ciudadanos de la región. Así ocurrió también el día de
ayer, 18 de septiembre de 2012, cuando personal de la minera intentaban
instalar postes de tendido eléctrico desde Mataquescuintla hacia el proyecto minero.
Esto fue interpretado por la ciudadanía local, como una acción en contra de su
deseo por un desarrollo alternativo a una actividad que tendrá consecuencias
ambientales, sociales y a la salud de los habitantes, y en contra de su petición
de consulta previa para decidir democráticamente sobre dicho proyecto.
En este caso, nuevamente se movilizaron de forma pacífica alrededor de 5
mil personas para protestar por el hecho. La respuesta del actual gobierno fue
el envío de antimotines quienes procedieron inmediatamente a reprimir con gases
lacrimógenos, lo que desató un enfrentamiento entre la policía y los pobladores
del lugar. El saldo, además de personas con signos de afectación por el gas y
los golpes, es 15 personas desaparecidos para las 19 horas.
Entre los desaparecidos se encuentran dos mujeres que procedían de
Mataquescuintla: Maribel Pineda y Marta Marroquín. Asimismo, existen personas
que se encuentran escapando de la represión por las montañas del lugar. Lo más
preocupante es que, según versión de Bomberos Voluntarios, existen personas
heridas de bala y se rumora de tres personas muertas.
Estos hechos, que también dejaron como saldo una auto patrulla y dos
bodegas incendiadas, evidencian la gravedad de la política represiva del actual
gobierno, a quienes hacemos responsables de lo que pudo haber sucedido a la
integridad de ciudadanos y ciudadanas que,
exigiendo sus derechos de forma pacífica, en lugar de encontrar respuesta
basada en el bien común, fueron agredidas para defender los intereses del capital
minero.
Hacemos un llamado a los movimientos sociales a solidarizarnos con
nuestros hermanos y hermanas de esta región.
Asimismo, a las instituciones y organizaciones de derechos humanos, para
recuperar coherencia en el acompañamiento, investigación y denuncia de tales
hechos.
Frente Popular
Soberanía, Dignidad, Solidaridad
¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!
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