Las comunidades, organizaciones y personas, pertenecientes a los pueblos mayas: Q’eqchi, Poqomchi, Achi y Ladino, del territorio de Tezulutlán, miembros del Consejo de Pueblos de Tezulutlán, a la opinión pública nacional e internacional, manifiesta:
1.
Que en estos últimos días líderes, liderezas,
comunidades y pueblos, donde se tiene interés para construir hidroeléctricas,
explotación minera y siembra de palma áfrica y caña de azúcar, están siendo
criminalizados, por medio de amenazas, intimidaciones, persecuciones,
calumnias, robos. Ya sea por acaldes
municipales, por hombres fuertemente armados, que se transportan en vehículos
particulares e incluso apoyados por algunas ONGs y supuestos líderes sociales.
2.
Que la Constitución Política de la Republica
de Guatemala, reconoce el derecho a la resistencia (art. 45) y que el Estado de
Guatemala forma parte de los instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, ilegalmente se restringe
y se coarta el derecho a la
manifestación, a la opinión, de las comunidades para defender su tierra y su
territorio.
3.
Que el Estado de Guatemala, es parte del
Convenio 169 y de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos
Indígenas, a cinco años de haber salido a luz pública, esta Declaración, aún la
leyes nacionales siguen teniendo una carga racista, discriminadora, excluyente
y desigual hacia las comunidades, manifestado en las largas listas de líderes y
liderezas denunciadas ante el Ministerio Público, por las empresas
multinacionales y terratenientes nacionales, ONGs vinculadas a las mismas
empresas y por funcionarios de gobiernos como alcaldes municipales y
gobernadores departamentales, solo con el pretexto de intimidar y amenazar para
que dejen libre la ejecución de proyectos relacionados al neoliberalismo y al
capital transnacional.
4.
Que los pueblos ante cualquier proyecto
nacional, tienen derecho histórico sobre la tierra y el territorio y que por
los derechos que le asisten, tienen que ser consultados y respetados, para
cualquier proyecto que se quisiera ejecutar en sus territorios.
5.
Que el Estado de Guatemala y el gobierno de
Otto Pérez Molina, hasta el momento no le ha puesto atención a las demandas de
los pueblos, pero si tolera todo acto fuera de la ley que están impulsando las
instituciones del Estado, como el aparato militar, el Ministerio de
Gobernación, Alcaldes Municipales, Gobernadores, Diputados y otros funcionarios
públicos, para desarrollar el modelo extractivista y de economía verde en el
país.
Ante esto, denunciamos:
a.
Que en el mes de agosto del corriente año, un
grupo de mujeres de la región de Rivaco en Purulha, Baja Verapaz, primero
sufrieron un intento de secuestro por hombres fuertemente armados y
posteriormente un grupo de supuestos delincuentes instalaron un puesto de
asalto en la carretera y simularon un intento de robo: Consideramos que esto es
un acto de intimidación, porque las comunidades de esta región y que se
encuentran ubicadas en la reserva ecológica de la Sierra de Las Minas, se han
estado oponiendo a la construcción de hidroeléctricas sobre el Río Matanzas y a
la explotación minera y la destrucción del bosque primario.
b.
Que durante la primera semana del mes de
septiembre, un funcionario de la ONG CEDER, se dio a la tarea de visitar la
sede de organizaciones sociales, ONGs que acompañan a las comunidades, como
ASECSA; preguntando los nombres de los
dirigentes de las organizaciones, pidiendo los nombres de quienes están en
contra de las hidroeléctricas y apoyan al Comité de Unidad Campesina –CUC-
considerando esto un acto intimidatorio e incluso causando miedo a la
recepcionista de ASECSA, como una clara acción de acoso e intimidación,
denigrando los derechos de la mujer.
c.
En esa misma semana, hombres fuertemente armados,
que viajaban en vehículos tipo Pickup, llegaron a la colonia El Esfuerzo I,
preguntando por los nombres de los líderes y dirigentes sociales de ese lugar.
d.
Durante estos días de lo que va del mes de
septiembre, helicópteros han estado sobrevolando la Finca Los Alpes, de Senahú,
Alta Verapaz, donde campesinos mantienen
demandas en contra de los dueños de la finca y del Banco Crédito
Hipotecario Nacional, por derechos laborales y derechos de la madre tierra, y
el día de ayer hombres fuertemente armados, vestido de policía privada,
llegaron a intimidar a los campesinos que ocupan dicha finca.
e.
Durante estos últimos días, el Padre Darío
Caal, Parroco de la Tinta Alta Verapaz, ha estado siendo intimidado y hostigado
por personas anónimas para que deje de estar apoyando y acompañando a los
campesinos.
f.
Esta semana, en la Comunidad de Gancho Cahoba
I, del municipio de Cobán, personas desconocidas dejaron sobre los lomos de los
caballos y mulas, fotos de armas de fuego y de hombres armados y con un mensaje
a nombre de Zeta 400, amenazando de muerte a los campesinos que luchan por
defender su tierra y ocupan dicha finca y que anteriormente era del Banco de
Comercio y de manera repentina aparece a nombre de una Sociedad Anónima.
g.
El día de hoy jueves 13 de septiembre, la
Señora Sofía Tot lideresa del municipio de Purulha Alta Verapaz y otros 21 líderes
de COCODES del mismo municipio fueron denunciados ante el Ministerio Público de
Salamá, Baja Verapaz, por el Alcalde Municipal y su Corporación, solo por el
hecho de asumir la demanda de los pueblos, para que dicho Alcalde y la
Corporación Municipal, deje sin efecto la reforma de impuesto que pretende
impulsar en el municipio.
h.
En el municipio de Cahabón, Alta Verapaz, las
empresas multinacionales que se dedican a la minería en dicho municipio, se han
dado a la tarea de organizar a las comunidades que supuestamente aprueban
dichos proyectos, para que inicien un proceso de desalojo en contra de la
Comunidad 20 de Octubre.
Por lo
anterior:
·
Solicitamos y exigimos al gobierno del
General Otto Pérez Molina, a los funcionarios de gobierno como la Secretaria de
Asuntos Agrarios, al Ministerio de Medio Ambiente, de Economía, a COPREDEH, al
Ministerio Publico, a la Corte Suprema de Justicia, que se apeguen a derecho,
respetando las decisiones propias de las comunidades indígenas del territorio
de Tezulutlán y que termine la criminalización de las comunidades.
·
A la Procuraduría de los Derechos Humanos,
que asigne de oficio a la Auxiliatura de Alta y Baja Verapaz, para que recabe
información a fin de que recomiende al gobierno y al Estado de Guatemala,
mejorar su relación con los pueblos indígenas, cumpliendo con las normas
nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos
indígenas.
·
A la comunidad internacional, a la
cooperación internacional: bilateral o multilateral, a las organizaciones y
agencias de cooperación internacional, a las ONGs de cooperación solidaria, a
presentar informes y quejas ante sus propias autoridades para que se deduzca
responsabilidades jurídicas sobre las empresas internacionales que están
criminalizando las demandas de las comunidades.
·
A los movimientos sociales de América Latina
y del Mundo: Indígenas, Sindicatos, Mujeres, Campesinos, Jóvenes, Niños y
Niñas, ONGs solidarias, para que estén atentos y que demanden a las autoridades
el respeto a las decisiones de las comunidades como miembros del pueblo
soberano, a no querer megaproyectos en sus territorios.
PORQUE LA TIERRA Y EL TERRITORIO NO SE VENDE
TODOS SOMOS TEZULUTLÁN
Territorio de Tezulutlán, Belejeb’ Imox,
Oxlaj B’aktun
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