A propósito y en respuesta al editorial
titulado “Estrechar el cerco contra tiranía de Maduro”, del periódico de
derecha Prensa Libre (Guatemala), del lunes 25 de febrero de 2019.
Por Antonio Castillo
En nombre de un pueblo que no lo apoya y de una autoproclamación presidencial
avalada por EEUU y sus gobiernos lacayos en América Latina, la derecha
venezolana, encabezada por el parlamentario con ínfulas de dictador, Juan
Guidó, han incurrido en las más despreciables acciones que solo pueden ser
realizadas por una fuerzas vende patria y terroristas: intentar profanar el
suelo patrio venezolano, con una supuesta ayuda humanitaria que, en realidad,
fue el argumento para intentar provocar un hecho que justificara la agresión
militar contra la República Bolivariana de Venezuela, su pueblo y su gobierno
legítimamente electo.
El sábado recién pasado, el día programado por una autoproclamada y
minoritaria “comunidad internacional”, el presidente designado por EEUU, Juan
Guaidó, el alfil del imperio en la OEA, Luis Almagro, y los presidentes
fascistas de Colombia y Chile, hicieron parte de la puesta en escena de una
mala obra de teatro. Todos ellos, convertidos en los jefes de las guarimbas
violentas, estimuladas con drogas y ofrecimiento de pagos jugosos, pretendieron
hacer entrar a territorio venezolano supuestos cargamentos de ayuda humanitaria.
El saldo: una ciudadana venezolana, una policía bolivariana y una reportera
gráfica de origen chileno heridas, un bus de transporte público y dos caminos
con supuesta ayuda humanitaria quemados, hechos de los cuales resultan
responsables guarimberos pagados por la oposición derechista y protegidos por
el gobierno agresor de Duque.
La problemática no ha hecho más que empeorar durante los últimos días,
por el empecinamiento del imperio estadounidense a desentrampar la posibilidad
de diálogo y negociación, al cual se ha manifestado dispuesto el Presidente
Constitucional, Nicolás Maduro Moros. Contrariamente, ha orientado a sus
fuerzas de oposición venezolanas para que provoquen y “soliciten” la intervención
militar, la cual pareciera ser la única posibilidad para apropiarse de las
enormes riquezas de apetencia del gobierno de Trump y las transnacionales
estadounidenses y europeas: petróleo, oro, coltan, oro, entre otros.
Mientras la oposición venezolana cuenta con un minoritario apoyo dentro
de Venezuela, su único sostén político es el respaldo de la potencia imperial
de Estados Unidos y los gobiernos de derecha quienes, muy obedientes a sus
designios, han integrado y activado el Cartel de Lima para intentar derrocar a
Nicolás Maduro con presiones diplomáticas y amenazas de intervención militar.
No obstante que este es un deseo del presidente estadounidense Trump, es una
opción que se enfrenta a múltiples oposiciones dentro y fuera de Estados
Unidos.
Una intervención armada de EEUU puede representar el inicio de una
confrontación de imprevisibles consecuencias que, como suele ocurrir con los
grandes conflictos, todos saben cómo y cuándo empiezan, pero nadie sabe cuánto
pueden prolongarse y cuáles serían sus consecuencias. Latinoamérica constituye
una región con suficientes ejemplos de las consecuencias en dictaduras,
masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas y violaciones sexuales,
ocasionadas por las intervenciones de EEUU y sus regímenes impuestos en
nuestros países. Adicionalmente, es una opción que se enfrentaría a un pueblo y
unas fuerzas armadas bolivarianas que harían de esa intentona un infierno para
las fuerzas estadounidenses, o en su defecto, para las fuerzas regulares o
paramilitares de países como Colombia, en caso de atrevan a esa acción
intrépida y estúpida.
Las evidencias sobre las fortalezas morales, políticas y militares del
gobierno encabezado por Nicolás Maduro son incuestionables, a pesar del bloqueo
económico, financiero y comercial de Estados Unidos, que impide la compra de
alimentos, medicamentos e insumos para la producción nacional. Mientras, la
oposición se encuentra en condiciones de fragmentación y conflictos internos,
así como embarcada en acciones temerarias, violatorias de la Constitución
Política, cómplices en la violación del derecho internacional y cabeza de playa
de una intervención en la cual resultan traidores a su propia patria.
La única manera de resolver este conflicto, sin recurrir a las armas,
son las vías diplomáticas y de diálogo, teniendo como marco regulatorio el
derecho internacional, la Constitución Política de la República Bolivariana de
Venezuela, así como el respeto a la soberanía e independencia de los Estados,
en este caso del venezolano. De lo contrario, se estaría gestando un precedente
de incalculables retrocesos para las democracias y Estados latinoamericanos,
amenazados por una renovada doctrina Monroe, desde la cual, Estados Unidos
pretende someternos absolutamente a sus intereses. La única salida es derrotar
la agresión imperialista y las prácticas terroristas de una oposición
venezolana financiada y dirigida por Estados Unidos.
La comunidad de las Naciones Unidas también está obligada moralmente a
impulsar acciones para frenar a gobiernos profundamente corruptos, represivos,
incapaces y antipopulares, que limitan las garantías esenciales de sus
ciudadanos y persiguen a sus opositores políticos, tal y como sucede con
aquellos que se articulan en el Cartel de Lima (Colombia, Brasil, Chile, Perú,
Guatemala, Honduras, entre otros), así como imperios como el estadounidense. En
particular, frenarlos en sus acciones injerencistas y agresivas contra otros
países como Venezuela, Cuba y Bolivia. No se deben tolerar regímenes que, como
los que se integran en el Cartel de Lima, favorecen intereses foráneos y de
oligarquías, por sobre las necesidades y demandas de sus pueblos. No se debe
tolerar que sometan a sus pueblos a la explotación laboral, despojo de sus
bienes públicos y violencia contra sus ciudadanos. De lo contrario, estaremos
lidiando con terribles dictaduras con o sin fachada democrática.
La solidaridad debe florecer en estos momentos de urgencia para
defender el derecho del Pueblo Venezolano a escoger y construir su propio
destino, sin injerencias de ningún tipo, sin violar su derecho a la Paz.
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