Entre el 9 y 13 de mayo fueron asesinados los compañeros
Luis Marroquín, José Can Xol y Mateo Chamam Paau, miembros del Comité de
Desarrollo Campesino (CODECA) y del Comité Campesino del Altiplano (CCDA). Son
tres compañeros de organizaciones campesinas asesinados, quienes se suman a
cientos de compañeros y compañeras perseguidas, criminalizadas y encarceladas
por el Gobierno de Guatemala, por su lucha a favor de la vida, en defensa de la
tierra y la naturaleza.
Los compañeros asesinados son miembros de organizaciones
campesinas que han defendido los derechos humanos, que han luchado por el
acceso a la tierra, por los derechos laborales, por los derechos a la
organización y libre asociación, por la defensa del territorio y la
nacionalización de los servicios públicos, entre otros. En este sentido, el
Estado de Guatemala ha sido incapaz de resolver los problemas de explotación,
desigualdad e inequidad que viven los pueblos; contrariamente, ha operado en
beneficio de pequeñas minorías que se enriquecen con la explotación de la clase
trabajadora y el despojo de los pueblos.
Han pasado 21 años desde que se firmará el Acuerdo de Paz
firme y duradera. Durante estos años han sido asesinados miles de hombres y
mujeres, muchos de los cuales han sido defensores de derechos humanos y
dirigentes comunitarios criminalizados, perseguidos, heridos y encarcelados por
delitos que no cometieron. En estos crímenes han participado fuerzas
policiales, militares y aparatos criminales de empresarios.
La Asamblea Social y Popular del Departamento de Guatemala
condena los resientes asesinatos. Condena la criminalización de las que han
sido objeto. Emplaza al Gobierno de Guatemala para que investigue estos
crímenes y persiga a los autores materiales e intelectuales, para que no queden
en la impunidad, una impunidad que conduce a la reproducción de la violencia.
Le recordamos al pueblo de Guatemala que el Estado de
Guatemala es el responsable de proteger la vida y de otorgar seguridad a todas
y todos. El país no puede ser condenado que se le aplique una política de
terror y muerte que reinó como política de Estado durante los 36 años de
guerra. No permitamos que los asesinos, sean funcionarios públicos o
empresarios, queden en la impunidad.
Por último, llamamos a la comunidad internacional a
intensificar la vigilancia y les solicitamos utilizar todos los medios
diplomáticos y políticos para impedir que se reproduzcan estos crímenes contra
dirigentes y militantes de las organizaciones que luchan por la vida. Los
pueblos y los movimientos sociales queremos garantías de participación política
en un clima de seguridad.
¡Justicia para Luis Marroquín, José Can Xol y Mateo Chamam Paau!
Asamblea Social y Popular del Departamento de Guatemala
Iximuleu, Junlajuj Tz’i. 14 de mayo de 2018.
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