Este hecho es violatorio del Protocolo de Desalojo de Naciones Unidas del cual es signatario el Estado guatemalteco. También es violatorio del “acuerdo” al cual habían llegado la Secretaría de Asuntos Agrarios y el Fondo de Tierras con los campesinos ocupantes de tales tierras, en específico para la compra de dos fincas a las cuales serían trasladados. El desalojo se constituyó en una clara violación de Derechos Humanos, que incluyó el incendio de viviendas, de más de 1 mil quintales de maíz cosechado, el saqueo de tiendas comunitarias, la sustracción de dinero de las ventas, y los daños a los enceres, vestimenta y otras pertenecías de las familias campesinas. Lo más grave son las agresiones con bombas lacrimógenas, los disparos con arma de fuego en contra de los campesinos, la captura de dos comunitarios y la denuncia de personas desaparecidas, incluidos dos menores y una madre con su niño recién nacido. Es más, las consecuencias de estas acciones de desalojo es la sumisión en condiciones de inseguridad integral para las 400 familias campesinas y su condena a la miseria y al hambre.
En este hecho, ha sido evidente que el Estado ha actuado contraviniendo el mandato constitucional del bien común y del respeto a los Derechos Humanos. Mandato que en concreto debiera traducirse en solución al problema planteado por las familias campesinas en su demanda de tierra para trabajar, de apoyo técnico y financiero. Mandato que debiera concretarse, asimismo, en un modelo económico a favor de las grandes mayorías empobrecidas.
Es evidente que este hecho, como los sucedidos en Barillas, San Rafaél Las Flores, San José del Golfo y Totonicapán, para citar los más relevantes, desnudan a un gobierno que contrario a su discurso de diálogo, está actuando con engaño y violencia en contra de los sectores campesinos y rurales, en contra de los pueblos indígenas. Utiliza tácticas de manipulación y deformación de la realidad, criminaliza la protesta y lucha social, para volverla vulnerable a la represión de Estado. Todo ello para favorecer los intereses de empresas transnacionales y de empresarios locales que buscan apropiarse de las tierras y territorios, explotar los recursos naturales, priorizar la producción para satisfacer demandas del mercado internacional antes que las necesidades de alimentos para la población guatemalteca. En estos hechos, además, ha sido evidente la complicidad manipuladora y desinformadora de los medios de difusión masiva, que como parte de la articulación del capital, se confabulan a favor de las transnacionales y las medidas represivas del gobierno.
Concluimos responsabilizando al gobierno por las consecuencias de esta política de violencia contra el pueblo. Al mismo tiempo, exigimos que se detenga esta política de criminalización y represión en contra de los movimientos sociales y en contra de los pueblos indígenas y las comunidades campesinas e indígenas.
Acciones como la ocupación de tierras no pueden sino ser entendidas como medidas extremas de campesinos que buscan una alternativa de sobrevivencia digna ante la falta de opciones por parte del Estado, obligado a buscar solución a la falta de tierra y alternativas económicas para millones de guatemaltecos que se debaten entre la pobreza y la miseria. Por ello también exigimos al gobierno dar marcha atrás en su política en contra del pueblo e iniciar la transformación económica hacia un nuevo modelo cuya búsqueda se asiente en el buen vivir, en los intereses mayoritarios y no a favor de las empresas transnacionales que están explotando a la clase trabajadora y expoliando al país.
NO MÁS REPRESIÓN CONTRA EL PUEBLO
NUESTRA CONDENA A LA MANO DURA
FRENTE POPULAR
Soberanía, Dignidad, Solidaridad
¡Vamos Patria, la lucha continúa!
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