Esta es una medida de control y represión política, especialmente contra la protesta y movilización popular y de los pueblos indígenas, y para defender los intereses del capital de las empresas mineras, hidroeléctricas, de servicio de energía eléctrica que han intensificado sus acciones de expolio y acción paramilitar en contra de organizaciones y dirigentes sociales.
El estado de sitio es una medida que sirve publicitariamente al gobierno para dar una imagen de capacidad, pero que en realidad reporta resultados cuestionables en materia de capturas e incautaciones, y mucho más cuando se plantea combatir integralmente al crimen organizado y, en lo particular al narcotráfico, siendo que éste se encuentra no solamente enraizado entre la población, sino en esferas de la economía y de la política, incluyendo al Estado. Así mismo, cuando éste actúa libremente en un conjunto de territorios en donde, además, cuenta con la complicidad de fuerzas políticas y de las llamadas de seguridad del Estado.
Los argumentos para instalar el estado de sitio y para prorrogarlo, teóricamente pueden ser válidos, como la necesidad de recuperar territorio controlado por las mafias del narcotráfico. Sin embargo, es cuestionable que con dicha medida se esté recuperando el territorio de Alta Verapaz, toda vez que la misma población sabe que, no obstante cierta calma durante este sitio, las redes del narcotráfico siguen intactas. En Cobán, por ejemplo, la población sabe quiénes son los cabecillas y las acciones del Estado poco han hecho y nada han logrado para la erradicación de estas mafias.
Sin embargo, con la justificación de perseguir al narcotráfico se están violando derechos como la libre organización y movilización política.
Dos organizaciones populares respetables como el Comité de Unidad Campesina y la Fundación Guillermo Toriello, han denunciado haber sido objeto de allanamiento en sus oficinas. Las organizaciones comunitarias, campesinas, indígenas y populares se sienten amenazadas y perseguidas. El estado de sitio ha impedido la realización de consultas comunitarias en materia de minería, hidroeléctricas y servicio de energía eléctrica. Ha impedido, igualmente, continuar la lucha por la defensa y vigencia de derechos humanos y ciudadanos.
Adicionalmente, es obvio que tal y como ha sucedido en estados de sitio en Huehuetenango, San Marcos y San Juan Sacatepéquez, esta medida ha sido implementada para militarizar los territorios y garantizar los intereses y el negocio de empresas transnacionales y finqueros, especialmente de aquellos vinculados a la construcción de hidroeléctricas y la expansión de los agro negocios no sólo en Alta Verapaz sino también relacionados con toda la Franja Transversal del Norte y el Polochic.
El estado de sitio en Alta Verapaz, además de inefectivo contra el narcotráfico, es una medida de poder contra el pueblo y a favor de finqueros y transnacionales.
Por todo lo anterior condenamos el estado de sitio y exigimos medidas efectivas contra el narcotráfico, que pueden implementarse sin suspender las garantías constitucionales y sin afectar los derechos individuales y colectivos de los guatemaltecos y guatemaltecas.
Frente Popular
Soberanía, Dignidad, Solidaridad
¡Vamos Patria, la lucha continúa!
Guatemala, enero de 2011.
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