CAPITAL VERSUS PUEBLO

Mario Sosa

Coordinador de Organización y Movilización Política
Frente Popular

Mientras un crimen con implicaciones políticas parece resolverse políticamente y se convierte en un circo que vende en todos los medios de consumo masivo, y mientras un gobierno ejecutivo y legislativo justifican sus incapacidades, la problemática nacional sigue intacta con el descaro tanto de los organismos del Estado como de las elites de poder que, en todo caso, siguen acumulando riqueza a costa de todo un pueblo que se desangra y que languidece y fenece por falta de frijol y tortilla.

Uno de tales problemas puede ser formulado como falta de soberanía energética y expolio generado por la producción, distribución y servicio que padece el consumidor final, especialmente aquellos que pertenecen a la clase trabajadora, obrera y campesina.

Así, desde los negocios turbios con el sector eléctrico del ex presidente Álvaro Arzú, continuados en los subsiguientes gobiernos, las empresas transnacionales con la complicidad de testaferros locales, se han apoderado de la producción, distribución y servicio de energía eléctrica.

Uno de estos casos, relacionado con la distribución y prestación del servicio eléctrico, es el de la transnacional de inicio española, Unión Fenosa, empresa que a través de sus figuras jurídicas locales, DEOCSA Y DEORSA, logró apropiarse de bastos territorios y poblaciones a quienes ha venido expoliando por largos años, no sin tener la resistencia de los consumidores a través de su fuerza organizativa local y, a lo sumo, regional.

En este sentido, diversas comunidades y municipios, principalmente del occidente del país, han denunciado múltiples abusos y cobros leoninos que esta empresa ha venido cometiendo en contra de familias del área urbana y rural, especialmente en condición de pobreza. Apropiación de redes de distribución eléctrica comunitaria, altas deficiencias en el fluido eléctrico con constantes apagones que han ocasionado daños en electrodomésticos, lectura anómala de contadores, incrementos no autorizados en el servicio, cobro de pago fijo sumado al consumo y alumbrado eléctrico (inexistente en comunidades rurales), cobro de ajuste por “redondeo” y pago de mora (antecedido de retrasos en la entrega de facturas), cortes de servicio de forma arbitraria, cobros indebidos por re-conexión, así como incumplimiento de acuerdos y convenios firmados previamente, han sido algunas de las denuncias. Todo ello sin la intervención de las autoridades del sector eléctrico y del gobierno, quienes simplemente se limitan a avalar las “reglas” del mercado, garantizar a Unión Fenosa la posibilidad de profundizar en el expolio, dejando de cumplir con su obligación constitucional de proteger al ciudadano y garantizar el interés social.

Además de la extorción económica, se han venido sucediendo distintos hechos orientadas a amedrentar, amenazar y violar elementales derechos humanos y ciudadanos. Varios líderes locales que han siendo parte de este movimiento han sufrido atentados y dos han perdido la vida: Víctor Gálvez, líder de Malacatán el 24 de octubre de 2009 y de Evelina Ramírez Reyes, líder en Ocós, el 13 de enero de 2010, hecho en el cual salieron heridos Leonel de León y Jorge Lorenzo así como la desaparición de Freddy Rodas.

El mismo día 13, cientos de ciudadanos provenientes de Nuevo Progreso, San Marcos, llegaron a la ciudad capital a manifestar su desacuerdo por las presiones al alcalde municipal para que firme un convenio en el cual los alcaldes son comprometidos a garantizar el cobro de las facturas vencidas, que las comunidades se han negado a pagar antes los cobros fraudulentos y la deficiente calidad del servicio.

El incremento de la resistencia en contra Unión Fenosa activó la protección del Estado, a favor de Unión Fenosa como es de esperarse en un sistema capitalista. En el mes de diciembre de 2009, el gobierno de Colom decretó estado de prevención en el departamento de San Marcos, mientras sus ministros de Gobernación y Defensa se auto alagan por los logros en materia de gobernabilidad y seguridad para la empresa a partir de la medida. Con esta acción represiva no solamente se coartó el derecho ciudadano a la protesta y resistencia, sino fue el contexto para presionar a los alcaldes municipales que también se sumaron a la protesta ciudadana. Esto ha provocado que, con excepción del alcalde de Nuevo Progreso, los alcaldes inconformes acepten firmar un convenio en el cual se comprometen a garantizar el cobreo de las facturas vencidas, con la inconformidad de los usuarios.

Esta problemática no cesará en el corto plazo y la resistencia se seguirá manifestando en torno a esta o las demás problemáticas –como la minería, la telefonía, el agua, etcétera– que aquejan a nuestro pueblo. Y continuará en tanto continúe este modelo económico que garantiza los intereses de las empresas mientras reprime los intereses de las grandes mayorías.

Similar a lo que pasa con el sector eléctrico, ha venido sucediendo con la minería, la telefonía y las comunicaciones en general, con la construcción de carreteras.

Mientras las áreas estratégicas como la generación, distribución y consumo estén dominadas por el capital y no por el Estado, la problemática no solo continuará sino se profundizará. Por ello la solución que garantice seguridad y soberanía energética, así como un servicio justo hacia los usuarios, no pasa por las reglas del mercado, sino por su nacionalización. Nacionalización que debe ser parte del proyecto político a impulsar en esta coyuntura, manifiesto en un esfuerzo por extender la lucha a nivel nacional. Sólo de esta manera se irá resolviendo la contradicción entre el interés capitalista de la máxima ganancia y el interés común de millones de guatemaltecos pertenecientes a la clase campesina y obrera y a los pueblos indígenas.