Los Pueblos, Autoridades, Comunidades y
Organizaciones que integramos la Asamblea Social y Popular exigimos
al Congreso de la República apruebe de urgencia nacional las reformas a la Ley
Electoral y de Partidos Políticos propuestas por el Tribunal Supremo Electoral,
ingresadas a curso legislativo el 26 de junio reciente. Estas propuestas
incluyen aquellas emanadas de la Asamblea Social y Popular y consensuadas en la
Plataforma para la Reforma del Estado de la cual hacemos parte.
En especial, nos pronunciamos a favor de reformas
que garanticen:
1.
Un
régimen de representación equitativo y alternado por género, pertenencia étnica
y edad en los órganos internos de los partidos políticos y en sus listados de
candidaturas a diputaciones y corporaciones municipales.
2.
Eliminación
del financiamiento privado a los partidos políticos
3.
Acceso equitativo
a los medios de comunicación por todos los partidos políticos
4.
La
creación de Comités Cívicos distritales, que puedan proponer candidatos por su
distrito
5.
Limitar
la reelección de diputados y alcaldes municipales.
6.
Darle
validez al voto nulo
La crisis del sistema político, la responsabilidad
de los partidos políticos y los políticos, así como la falta de legitimidad en
que se desarrolla el proceso electoral, hacen urgente que estas reformas entren
en vigencia de inmediato. Por estas razones: EXIGIMOS QUE SE POSPONGAN LAS
ELECCIONES GENERALES PARA EL MES DE NOVIEMBRE (PRIMERA VUELTA) Y DICIEMBRE
(SEGUNDA VUELTA) PARA QUE LAS REFORMAS A
LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS ENTREN EN VIGENCIA DE INMEDIATO y
sean el fundamento para la realización de elecciones de las cuales surjan
funcionarios honrados, idóneos y capaces para facilitar, con participación de
nuestros pueblos, solución urgente a los graves problemas nacionales. No
es la primera vez que se modifica la fecha de elecciones. Reiteramos: ¡no
queremos corruptos, mafiosos y narcos como autoridades nacionales y
locales!
Por último, EXIGIMOS LA RENUNCIA INMEDIATA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, OTTO
PÉREZ MOLINA, ASÍ COMO A SU GABINETE. Su responsabilidad política y
los indicios sobre su involucramiento con redes corruptas y mafiosas, su
participación en el genocidio y crímenes de lesa humanidad, y su
responsabilidad en el agravamiento de la crisis social, económica y política de
la clase trabajadora y de nuestros pueblos, lo convierten en un gobernante
indeseable e ilegítimo para la mayoría de los guatemaltecos y guatemaltecas.
Al Congreso de la República, a los partidos
políticos que lo integran, les exigimos que den curso al ANTEJUICIO CONTRA AL
PRESIDENTE OTTO PÉREZ MOLINA. Asimismo, exigimos al Ministerio Público, a la CICIG, a la Contraloría
General de Cuentas y al Organismo Judicial, a investigar de forma pronta y
cumplida al presidente y su gabinete, a todos los empresarios involucrados en
actos de corrupción, y juzgarlos con la rigurosidad que exige su
involucramiento en hechos violatorios de la ley y el interés público y común.
No es posible que altos funcionarios y empresarios involucrados en estas redes
de corrupción y crimen sigan libres, como sucede con Roxana Baldetti, Baudilio
Hichos y Pedro Muadi.
En los tres organismos del Estado está la capacidad
para que el país salga de esta crisis o se enrumbe por un camino de
insospechada confrontación.
ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR
Guatemala 6 de julio de 2015.
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