El día martes 19 de octubre se ejecutó otra acción represiva del gobierno actual, en contra de la comunidad q’eqchi’ Monte Verde, en el municipio de Livingston, Izabal. Esta es una acción orientada al desplazamiento de población indígena de un territorio de apetencia terrateniente, específicamente de la familia Milián (de origen italiano), y para su explotación petrolera.
El desalojo violento, con participación de 150 efectivos de la Policía Nacional Civil y acompañados por integrantes de la familia Milián y del CONAP (¡¡¡sospechoso no!!!), obligó a las familias de la comunidad –como en los tiempos de la política de tierra arrasada- a huir hacia la selva-montaña, lo que generó que momentáneamente niños se vieran perdidos y consiguientemente traumados por el hecho.
Adicionalmente fueron detenidos 4 líderes comunitarios, quienes han estado permanentemente gestionando los derechos de la comunidad y a quienes se criminaliza con cargos de usurpación. Los detenidos son: Abelino Ical Caal, Pedro Moo Pop, Marcos Moo Coc, Eduardo Ico Coc. Asimismo, fueron destruidos cultivos esenciales para la subsistencia de dichas familias, destrucción de las viviendas y de los enseres domésticos. Hoy, las familias se encuentran en la imposibilidad siquiera de un resguardo y cubrir su necesidad alimentaria inmediata.
No obstante de las gestiones de la comunidad para dialogar al respecto de la problemática que les ha afectado, varios gobiernos, incluido el actual, se han negado a dar una solución coherente al conflicto, lo cual pasa por desvanecer fehacientemente la demanda de usurpación que la familia Milián aduce al plantear que las tierras de la comunidad pertenecen a su finca. Esto implica, como ha sido la demanda comunitaria, que se mida la finca de la familia Milián, la cual, denuncian los comunitarios, ha sido extendida a partir del movimiento anómalo de mojones y el arrebatamiento de las tierras comunitarias.
En lugar de encontrar una solución a la problemática, el Estado opera a través del organismo judicial y del organismo ejecutivo, como operador de los intereses finqueros y petroleros. Ahí se explica la militarización que se ha registrado en el área, con la presencia de Kaibiles. Además, forma parte de una cadena de hechos de esta naturaleza, ocurridos en Barillas, Totonicapán, San Rafael Las Flores, San José del Golfo, etc. Se relaciona en los intereses y en las tácticas, al caso la región de Santa Valeria, Cobán, donde existe orden de captura contra cinco líderes comunitarios, por oponerse a la imposición de la hidroeléctrica Santa Rita.
No más violencia estatal cómplice con el despojo
No más violencia estatal cómplice con el capital
Alto a los desalojos contra comunidades indígenas, mestizas y campesinas
FRENTE POPULAR
Soberanía, Dignidad, Solidaridad
¡Vamos Patria, la lucha continúa!
Frente Popular, Guatemala, 20 de febrero 2013
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