¡REFORMAS Y DEPURACIÓN YA!

Los Pueblos, Autoridades, Comunidades y Organizaciones que integramos la Asamblea Social y Popular exigimos al Congreso de la República apruebe de urgencia nacional las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos propuestas por el Tribunal Supremo Electoral, ingresadas a curso legislativo el 26 de junio reciente. Estas propuestas incluyen aquellas emanadas de la Asamblea Social y Popular y consensuadas en la Plataforma para la Reforma del Estado de la cual hacemos parte.

En especial, nos pronunciamos a favor de reformas que garanticen:

1.       Un régimen de representación equitativo y alternado por género, pertenencia étnica y edad en los órganos internos de los partidos políticos y en sus listados de candidaturas a diputaciones y corporaciones municipales.

2.       Eliminación del financiamiento privado a los partidos políticos

3.       Acceso equitativo a los medios de comunicación por todos los partidos políticos

4.       La creación de Comités Cívicos distritales, que puedan proponer candidatos por su distrito

5.       Limitar la reelección de diputados y alcaldes municipales.

6.       Darle validez al voto nulo

La crisis del sistema político, la responsabilidad de los partidos políticos y los políticos, así como la falta de legitimidad en que se desarrolla el proceso electoral, hacen urgente que estas reformas entren en vigencia de inmediato. Por estas razones: EXIGIMOS QUE SE POSPONGAN LAS ELECCIONES GENERALES PARA EL MES DE NOVIEMBRE (PRIMERA VUELTA) Y DICIEMBRE (SEGUNDA VUELTA)  PARA QUE LAS REFORMAS A LA LEY ELECTORAL Y DE PARTIDOS POLÍTICOS ENTREN EN VIGENCIA DE INMEDIATO y sean el fundamento para la realización de elecciones de las cuales surjan funcionarios honrados, idóneos y capaces para facilitar, con participación de nuestros pueblos, solución urgente a los graves problemas nacionales.  No es la primera vez que se modifica la fecha de elecciones. Reiteramos: ¡no queremos corruptos, mafiosos y narcos  como autoridades nacionales y locales!

Por último, EXIGIMOS LA RENUNCIA INMEDIATA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, OTTO PÉREZ MOLINA, ASÍ COMO A SU GABINETE. Su responsabilidad política y los indicios sobre su involucramiento con redes corruptas y mafiosas, su participación en el genocidio y crímenes de lesa humanidad, y su responsabilidad en el agravamiento de la crisis social, económica y política de la clase trabajadora y de nuestros pueblos, lo convierten en un gobernante indeseable e ilegítimo para la mayoría de los guatemaltecos y guatemaltecas.

Al Congreso de la República, a los partidos políticos que lo integran, les exigimos que den curso al ANTEJUICIO CONTRA AL PRESIDENTE OTTO PÉREZ MOLINA. Asimismo, exigimos al Ministerio Público, a la CICIG, a la Contraloría General de Cuentas y al Organismo Judicial, a investigar de forma pronta y cumplida al presidente y su gabinete, a todos los empresarios involucrados en actos de corrupción, y juzgarlos con la rigurosidad que exige su involucramiento en hechos violatorios de la ley y el interés público y común. No es posible que altos funcionarios y empresarios involucrados en estas redes de corrupción y crimen sigan libres, como sucede con Roxana Baldetti, Baudilio Hichos y Pedro Muadi.

En los tres organismos del Estado está la capacidad para que el país salga de esta crisis o se enrumbe por un camino de insospechada confrontación.

ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR

Guatemala 6 de julio de 2015.

ANTE LA CRISIS POLÍTICA: UN ESTADO POPULAR Y PLURINACIONAL

Ha sido público el descubrimiento de la estructura criminal "La Línea", dedicada a la evasión fiscal y el contrabando, al servicio de grandes y medianos empresarios, donde se articulaban viejas redes de militares mafiosos que integraron bandas delincuenciales desde finales de los 70 e inicios de los 80, así como redes de abogados y jueces encargados de garantizarles impunidad. A partir de este hecho, y del descubrimiento de otras “Líneas” (como la del IGSS) que llevan al Presidente de la República, el país ha entrado en un momento político que se caracteriza por:

1) Una crisis gubernamental, que se explica por el conflicto entre esas redes de criminales, en el cual se encuentran vinculados el presidente Pérez Molina y Roxana Baldetti, siendo que la red controlada por Pérez Molina quiso quedarse con todos los beneficios del manejo gubernamental. Es una crisis que también genera la disputa por el control del Estado entre sectores empresariales, algunos de los cuales buscan también impunidad siendo sus vínculos con “La Línea” y otras redes mafiosas.

2) Esta es una crisis, que da como resultado la captura de una parte de la estructura criminal "La Línea", la renuncia de Roxana Baldetti y otros ministros producto de la presión de la Embajada de EEUU, el CACIF y el movimiento ciudadano contra la corrupción. Una crisis en la cual pareciera que han acordado ocultar la información sobre los grandes y medianos empresarios evasores de impuestos y contrabandistas, permitir que los señalados se queden con el botín robado y, muy probablemente, queden en la impunidad.

3) Esta crisis ha estimulado las contradicciones entre empresarios vinculados a estas redes, que se encuentran enfrentados en sectores como el financiero (intento de quebrar Banrural), el sector de comunicaciones (con el pleito entre Ángel González y sus canales de televisión abierta, y Mario López dueño de Tigo, los Archila y sus radios y canales de televisión por cable), el aduanero (por establecer quien controla de ahora en adelante la SAT), y el gubernamental (unos sosteniendo a Otto Pérez y otros pujando por su renuncia), etc.

4) No obstante sus contradicciones, la principal organización de la burguesía en el país, el CACIF (vocera de los grupos corporativos unidos en el G-8), ha logrado acuerdo para un manejo controlado de la crisis. En esa dirección, ha logrado dar un golpe de Estado técnico, con la imposición de Alejandro Maldonado Aguirre como nuevo Vicepresidente (un contrainsurgente y defensor de intereses oligárquicos) y avanza con la renuncia de ministros del PP. Tal parece que el CACIF busca la renuncia de Pérez Molina y que sea Maldonado Aguirre quien controle la transición gubernamental que les permita mejores condiciones para evitar que Baldizón llegue a la presidencia y, en el peor de los casos, una negociación favorable con éste.

5) La crisis gubernamental, que no cesa todavía, la están protagonizando tales intereses empresariales y mafiosos, además del imperio yanqui, interesados en el control del Estado y avanzar en sus intereses de acumulación, monopolio y control político. En el mejor de los casos –para ellos–  intentarán que esta crisis concluya pronto, para abrirle paso a la contienda electoral. Quienes realmente están disputando las elecciones y por consiguiente el control del aparato gubernamental y legislativo, son esas mafias (de ex militares y militares de alta, aliados con funcionarios públicos y empresarios) y expresiones de la burguesía guatemalteca (grupos de burguesía emergentes y grupos de la oligarquía tradicional). Dejarán sólo migajas para los partidos pequeños, que funcionan como satélites sistémicos en el sostenimiento de la institucionalidad y legalidad burguesa.

En este contexto, el movimiento ciudadano contra la corrupción ha irrumpido como expresión ética para exigir la renuncia del binomio presidencial. Sin embargo, siendo que la actual situación política ha desnudado la grave problemática del Estado, las demandas populares se han ampliado y madurado, al punto que hoy, otros sectores se han unido a la movilización, protesta y exigencia, sumando otras justas demandas. En este marco y siendo que la crisis revela los problemas estructurales del país, como Frente Popular nos pronunciamos por:

1.   La renuncia de Otto Pérez Molina, Alejando Maldonado Aguirre y todo el gabinete corrupto. Ligado con lo anterior, la desestructuración de las redes de crimen organizado (incluidos empresarios, militares y funcionarios corruptos), su captura,  enjuiciamiento y que devuelvan cada centavo robado. Asimismo, la exigencia para que salga del país el Embajador de EEUU,  por la política intervencionista e injerencista que impulsa.

2.  La exigencia de suspensión de elecciones para no reproducir el mismo sistema corrupto, la aprobación de una nueva Ley Electoral y de Partidos Políticos, y la depuración del Congreso de la República. Toda acción legislativa adicional debe ser suspendida hasta que surja una nueva Constitución Política.

3. La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva CONSTITUCIÓN POLÍTICA POPULAR Y MULTINACIONAL, que permita transformar el Estado desde los intereses de la clase trabajadora del campo y la ciudad, los pueblos indígenas y mestizos, las mujeres y la juventud.

4.      La inmediata nacionalización de la producción y distribución de la electricidad, la suspensión de la minería y construcción de hidroeléctricas, entre otros proyectos extractivos, la universalización en el acceso a la salud a través del IGSS, así como el respeto a las Consultas de Buena Fe realizadas por cerca de cien pueblos indígenas y mestizos.

5.      La necesidad de articularnos como organizaciones, comunidades y pueblos, para que desde ahí se geste la propuesta y la estrategia para lograr el objetivo de esa nueva Constitución Política, la cual será el resultado de nuestra lucha y de una correlación de fuerzas que nos favorezca. A los sectores populares y ciudadanos les llamamos a que continuemos la movilización, la organización y la articulación con el movimiento popular y desde ahí impulsar las transformaciones históricas necesarias e imprescindibles.

¡CONSTRUYAMOS OTRO ESTADO DESDE ABAJO Y A LA IZQUIERDA!

FRENTE POPULAR

Soberanía, Dignidad y Solidaridad

¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!

Guatemala, mayo de 2015

LA LUCHA DESDE, POR Y PARA LA CLASE TRABAJADORA

La clase social dominante (burguesía), quien controla el poder económico y en esencia controla también el poder político, nos explota cada vez más.  Mientras a nosotros nos hunden aún más en la miseria, ellos se vuelven cada vez más ricos.

Por ejemplo: para marzo de 2015, el costo mensual de los alimentos (Canasta Básica) necesarios para una familia de cinco miembros costaba Q. 3,283.00 y el costo de alimentos, más transporte, educación, salud, vivienda, vestimenta y otros (Canasta Básica Vital), alcanzaba la exorbitante cifra de Q. 5,990.00. Sin embargo, el salario mínimo decretado por el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti sólo llega a Q. 2,644 para el sector agrícola y no agrícola y Q. 2,451 para la maquila.

Pero esto no se queda ahí: el gobierno, con la alegría de la burguesía, decretó un salario mínimo apenas de Q. 1,500.00 para cinco municipios: San Agustín Acasaguastlán y Guastatoya (El Progreso), Estanzuela (Zacapa) y Masagua (Escuintla); es decir, un 56.79% por debajo del salario mínimo oficial.

Pero nosotros sabemos que se incumple con el pago del salario mínimo y que en maquilas y fincas se exigen jornadas de más de 8 horas de trabajo, se paga a destajo para pagar menos y se trabaja en condiciones inhumanas, expuestos a accidentes, al crimen y a los agrotoxicos que se utilizan en la caña, la palma, banano, etc. Estas condiciones y situaciones se agravan cuando se trata de mujeres y niños.

Los salarios no alcanzan. Los sistemas de salud y de educación están en crisis porque a los gobernantes no les interesa resolverla, porque son incapaces o simplemente porque están más interesados en robarse el dinero del pueblo y los empresarios en evadir el pago de sus impuestos.

La explotación que padecemos como clase trabajadora se profundiza entonces y se expresa en mayor pobreza y miseria. Mientras, la burguesía se vuelve cada vez más rica. Así: 260 guatemaltecos tienen un capital (propiedades, negocios y dinero) igual al 56% de todo lo que se produce en el país en el año. Otro ejemplo más revelador: el 0.0001% de la población guatemalteca, es decir 15 guatemaltecos, los cabezas de las familias de la oligarquía, tienen más dinero que todo el resto del pueblo junto.

Y no bastándoles, la burguesía y los más ricos de ellos (la oligarquía) controlan la política (el Estado, los partidos políticos, el congreso de la república, las cortes de justicia, la corte de constitucionalidad) para aumentar un más sus ganancias. Y para ello, entre otras cosas, financian a los partidos y candidatos y participan en redes de corrupción como sucede con el famoso caso de “La Linea”

“La Línea” como se le conoce a la red criminal que operaba en la SAT, es sólo una muestra de las mafias y la corrupción en lo cual son cómplices funcionarios públicos, empresarios y militares. Es apenas una muestra de la corrupción y saqueo al más alto nivel en el gobierno de Pérez y Baldetti, un gobierno encabezado por una red de militares y apoyado por la burguesía y controlado principalmente por la oligarquía, es decir, por los más ricos del país.

Es por ello que, como Frente Popular, hacemos un llamado a fortalecer las luchas de la clase trabajadora del campo y la ciudad, de las mujeres trabajadoras, a recuperar nuestra dignidad rechazando la farsa de las elecciones, y luchar por avanzar en dirección a pensar y construir el proyecto político de la clase trabajadora de la ciudad y el campo. Es decir: LUCHAR DESDE, POR Y PARA LA CLASE TRABAJADORA.

Es por esto que participamos en la Asamblea Social y Popular, como una alianza que nos permita ir avanzando en lograr una mejor correlación de fuerzas para nuestras luchas y para cambiar de raíz este país. Por eso organizaciones de los pueblos originarios, campesinas, sindicales, de mujeres, de jóvenes, populares, entre otras, acordamos: movilizarnos el 1 y 16 de mayo para exigir la renuncia de Pérez y Baldetti, exigir que se investigue y se lleve a la cárcel a los altos funcionarios, empresarios y militares que hacen parte de la red criminal “La Línea”, que se les obligue a devolver todo el dinero robado, que se desmonten todas las estructuras criminales en el Estado, que se respete la protesta, resistencia y libre determinación de los pueblos, que se liberen de inmediato a los presos políticos. En lo estratégico, acordamos avanzar hacia una nueva Asamblea Nacional Constituyente, para dotarnos de una nueva Constitución Política, ahora escrita por y para los pueblos originarios, la clase trabajadora, las mujeres, la juventud.

¡Viva la Clase Trabajadora!

¡Viva la Asamblea Social y Popular!

FRENTE POPULAR

Soberanía, Dignidad, Solidaridad

¡Vamos Patria, la lucha continúa!

Guatemala, 1 de Mayo 2015

DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR

Declaración de la Asamblea Social y Popular
Por la Asamblea Social y Popular - Guatemala, 29 de abril de 2015

Las delegaciones de mujeres y hombres de 72 comunidades, pueblos, autoridades ancestrales y organizaciones, representantes de los cuatro puntos cardinales, también estamos hartos e indignados ante la corrupción e impunidad.

Saludamos que la CICIG haya dado a conocer con datos y nombres concretos a una de las estructuras corruptas que se apropian de los bienes de los guatemaltecos y guatemaltecas. Demandamos que la CICIG también dé a conocer, investigue y procese a los empresarios usuarios de esta estructura de corrupción, así como el financiamiento de los partidos políticos y que se avance en el desmontaje del resto de estructuras corruptas.

Reafirmamos que lo que ahora se ha denunciado es lo que durante años hemos dicho: el sistema político en Guatemala se asienta y funciona a partir de redes de corrupción e impunidad.

El saqueo a la SAT y el robo de los impuestos de las y los guatemaltecos es parte del robo y saqueo histórico de la fuerza de trabajo de las y los trabajadores; del agua, tierra, bienes del subsuelo y la madre naturaleza. La aprobación de los estudios de impacto ambiental, las concesiones mineras, los negocios de los ministerios, los contratos de servicios en los tres poderes del Estado, la construcción de infraestructura, los negocios en los servicios públicos también son parte de esas redes de corrupción e impunidad.

Lo que realmente está en crisis es el conjunto de la institucionalidad del ejecutivo, legislativo y judicial. Además del ejecutivo, la corrupción en el Congreso y en las cortes, desde su misma elección y su posterior funcionamiento despoja de toda legitimidad a estas instancias, por lo que sus actuaciones son nulas e ilegítimas y por lo mismo llamamos a no aceptar, ni acatar todas aquellas actuaciones que atenten contra los derechos colectivos e individuales de los Pueblos y personas.

Ante la crisis política e institucional generada a partir de la confirmación de la corrupción e impunidad:

Rechazamos al Presidente y Vicepresidenta como representantes de la nación; éstos no tienen legitimidad, ni legalidad para ejercer como dignatarios de la nación y ante tal situación DEBEN RENUNCIAR DE MANERA INMEDIATA A SUS CARGOS y pasar a ser investigados para deducir las responsabilidades correspondientes. En su lugar deberá posponerse la convocatoria a elecciones generales y elegirse un consejo de Estado integrado por representantes de pueblos, sectores populares y sociales.
Que se aplique la ley de Extinción de Dominio y que los bienes de los corruptos, pasen –mediante reforma de ley- a enfrentar la hambruna y desnutrición; para el desarrollo rural, la salud y educación.
El actual Estado fallido no nos representa ni es expresión de la soberanía popular, por lo mismo, llamamos a convocar y constituir una Asamblea Nacional Constituyente, sectorial y de pueblos, que devuelva el poder al Pueblo y elabore el nuevo marco legal constitucional que necesitamos.
Demandamos la pronta e inmediata liberación de los presos políticos, el cese a la criminalización de la lucha social, el rechazo y violencia hacia las mujeres, el racismo, así como la represión como respuesta a las demandas sociales.
Rechazamos la presencia de militares en el gobierno y exigimos su salida de los cargos gubernamentales, asimismo, rechazamos cualquier intento de golpe de Estado provocado por militares o sectores oligárquicos, así como la imposición de estados de excepción que limiten nuestros derechos y garantías.
Reafirmamos el derecho de la ciudadanía a ejercer la soberanía popular y democrática ejerciendo sus derechos legítimos; particularmente la resistencia popular. Rechazamos las medidas de control e intimidación que este gobierno ya comenzó a realizar ya sea directamente o mediante organizaciones como la dirigencia actual de CONIC o personas como Joviel Acevedo.
Llamamos a convocar y constituir Asambleas Ciudadanas Permanentes que contribuyan a la reconstitución de los Pueblos, asuman el control de las municipalidades y aglutinen a las diversas fuerzas, sectores y Pueblos que están en los territorios.

Nuestra propuesta es que la crisis no se resuelve con reformas cosméticas de la SAT, por eso reafirmamos que es necesaria una profunda reforma del Estado que inicie por la reforma de Ley Electoral y de Partidos Políticos para posibilitar la participación de los Pueblos Indígenas y sectores sociales y populares.

Llamamos a todas las comunidades, Pueblos, organizaciones, hombres y mujeres a incorporarnos, en forma pacífica y participativa, desde nuestras experiencias y expresiones culturales, lúdicas, etc a las concentraciones en la ciudad capital, en las cabeceras departamentales y municipales, comenzando el 1º. y 16 de mayo, para exigir la renuncia del presidente y la vicepresidenta, denunciar a los empresarios corruptores y a las estructuras paralelas de los militares que han sido cómplices del despojo a las guatemaltecas y guatemaltecos. Saludamos y motivamos a nuestras hermanas y hermanos en el extranjero a continuar participando de este gran movimiento cívico y ciudadano. En resumen, llamamos a todas y todos los guatemaltecos, hombres y mujeres, sectores medios y populares, habitantes del campo y la ciudad, todos los sectores interesados en la paz, la vida y la democracia a unirnos, hacer un frente común y construir una Nueva Guatemala.

Solicitamos a las organizaciones de derechos humanos e instancias de la OEA y ONU; así como a la comunidad internacional a que mantengan su observación sobre la situación de Guatemala

ASAMBLEA SOCIAL Y POPULAR

LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1944 Y LA NECESIDAD DE RECREARLA

La Revolución de Octubre de 1944 constituye un hito histórico en la lucha digna, valiente y decidida del pueblo guatemalteco.  Son 70 años de aquel acontecimiento histórico que permitió construir un país soberano, digno, solidario, enrumbado en la senda de la verdadera justicia social. Dos fueron los gobiernos inolvidables que encabezaron esa gesta entre 1944 y 1954: los gobiernos de Juan José Arévalo Bermejo y Juan Jacobo Árbenz Guzmán.

No obstante el derrocamiento de la dictadura oligárquica encabezada por Jorge Ubico entre 1930 y 1944, y los enormes avances en educación, salud, reforma agraria, infraestructura, deporte, cultura, etc. la histórica oligarquía no cesó en tratar de derrocar a los gobiernos revolucionarios. Fue hasta 1954 cuando la intervención militar de Estados Unidos, la complicidad sumisa de la oligarquía, la traición del ejército y la complicidad de la jerarquía católica, permitieron desarrollar una campaña mediática, política y militar que logra consolidar el golpe de Estado al Presidente democráticamente electo de Árbenz Guzmán.

A partir de ahí, la oligarquía guatemalteca y el ejército, con la asesoría, financiamiento, equipamiento y conducción de la Embajada de Estados Unidos, inician un período gobierno militares, fraudes electorales, de secuestros, torturas, asesinatos y crímenes de lesa humanidad como las masacres, para imponer el régimen de dominación en contra de la clase trabajadora del campo y la ciudad, de los pueblos indígenas, de los intelectuales y de todos aquellos sectores críticos y democráticos. Este período duró más o menos hasta 1985, cuando inicia una fase de falsa democracia tutelada por el ejército y de negociaciones para la pacificación del país que concluye con la desmovilización de las fuerzas revolucionarias en armas. 

A partir de 1996, se afianzan las políticas neoliberales, privatizadoras y entreguistas, y se abre paso a una fase de despojo de los recursos naturales, estratégicos para el país y para la vida de nuestros pueblos. Paulatinamente, los gobiernos de Arzú, Portillo, Berger, Colom y Pérez Molina, se fueron convirtiendo en descarados promotores, facilitadores y defensores de los proyectos extractivos (minería, petróleo, hidroeléctricos, turísticos), de los agro negocios de palma aceitera y caña de azúcar, y de la entrega del país a los intereses del capital transnacional y de la oligarquía guatemalteca. Hoy, esto sucede, a través de un gobierno militar, autoritario, corrupto y represivo, que ha estado implementando una estrategia casi contrainsurgente a partir de identificar como enemigo interno a los pueblos, movimientos y organizaciones que se resisten al saqueo y la explotación.

Así, después de los diez años de Primavera Democrática (1944-1954) y de sesenta años de terror, explotación y saqueo (1954-2014), la tarea que se impone es la recuperación de la perspectiva y la estrategia revolucionaria. Es decir, recuperar el Programa de la Revolución Guatemalteca.  Esto con los objetivos de: 1) Repensar el instrumento de articulación para la toma del poder del Estado; 2) Enfrentar la política de dominio de la clase dominante y del capital transnacional, de sus servidores en el Estado y sus aparatos; 3) Avanzar hacia la transformación radical del país, que nos permita construir una sociedad post capitalista. Sociedad post capitalista que sólo será posible en el Socialismo, único proyecto que nos permitirá convertirnos en un Estado con plena justicia social, plurinacional y profundamente democrático.

 

¡Viva la Revolución de 1944!

¡Viva la Revolución Guatemalteca!

¡Viva la Revolución Socialista!

FRENTE POPULAR

Vamos Patria, la Lucha continúa

Soberanía, Dignidad, Solidaridad

Guatemala, octubre de 2014

TRIUNFO POPULAR

Pueblos originarios y sectores populares hemos librado una batalla contra el poder político y contra transnacionales, y la hemos ganado.

¡Triunfo Popular!  Hemos logrado derrotar la Ley Monsanto. El congreso de diputados indignos ha dado marcha atrás.

Ahora a enfocarnos en otras leyes y políticas que ya fueron aprobadas o están pretendiendo aprobar, para avanzar en la profundización de la explotación y el expolio.

Frente Popular

NO A LA LEY MONSANTO

Vende patrias, mercaderes de la política, corruptos, indignos. Estos son los calificativos que merecen los partidos políticos, los políticos y el gobierno de Otto Pérez Molina, quienes votaron a favor de la Ley Monsanto o Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales (Decreto Legislativo 19-2014). A estas alturas, la única explicación posible para que diputados, partidos y gobierno aprobaran esa ley es que fueron sobornados.

Pero además, su aprobación fue tramposa y alevosa. Los diputados, partidos y el gobierno actual, aprobaron esta ley sin el conocimiento ciudadano y agregaron a ésta una ampliación presupuestaria para proyectos de infraestructura, que no tiene ninguna relación con la norma, pero aprovecharon para aprobar un préstamo que  potencia la campaña de Alejandro Sinibaldi, el candidato oficial.

Contrarios a los intereses nacionales, al bien común, a la protección del ambiente y la biodiversidad, a la seguridad y soberanía alimentaria, al respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de toda la ciudadanía en general, estos diputados, partidos y gobierno actual aprobaron una ley que proviene de las corporaciones del agronegocio de muerte: Monsanto, Bayer, Dupont, Syngenta, entre otras.

Con esta Ley se privatizan las semillas de plantas como el maíz, frijol, papa, arroz, flores, arveja, etc., las cuales pasarán a ser patentadas y por consiguiente deberán ser compradas a estos agronegocios.  Esto implica que los agricultores y campesinos deberán pagar por el uso de tales semillas De lo contrario, cualquiera que las use puede ser objeto de sanciones económicas y cárcel. Estas empresas se convertirán en las dueñas de las patentes de las semillas y por consiguiente se impondrán en todos los ámbitos de la producción agrícola y campesina.

Esta Ley, entonces, es contraria a los intereses de todos los agricultores y campesinos de nuestro país, destruirá la agricultura familiar y la economía rural y campesina, encarecerá los precios de los alimentos para todos los guatemaltecos, enfermará aún más a nuestro pueblo, y atenta contra el conocimiento ancestral de pueblos y comunidades.

Esta es una LEY DE HAMBRE Y MUERTE. Por esas razones debe ser DEROGADA EN SU TODALIDAD. Para ello debemos hacer conciencia y levantar la movilización de todas y todos los guatemaltecos en contra de este ley, para que el Congreso la derogue  en su totalidad e inmediatamente. Las reformas a esta ley sólo serán una trampa para mantener intacto su carácter de LEY DE HAMBRE Y MUERTE.

 

¡NO A LA LEY MONSANTO!

¡NO A LA LEY DE HAMBRE Y MUERTE!

¡DEROGACIÓN TOTAL E INMEDIATA DE LA LEY MONSANTO!

 

FRENTE POPULAR

Vamos Patria, la Lucha continúa

Soberanía, Dignidad, Solidaridad

EL GOBIERNO DE OTTO PÉREZ MATANDO GUATEMALTECOS OTRA VEZ

Tal como fue la tónica de su paso por el ejército, ahora en el ejecutivo, Otto Pérez Molina continúa siendo fiel sirviente del empresariado nacional y transnacional. Impone a sangre y fuego los proyectos extractivos de minería, hidroeléctricas, explotaciones petroleras, además de otros proyectos y actividades lesivas al ser humano y al ambiente, como los transgénicos, agronegocios y los cobros expoliadores de las empresas de electricidad.

Ahora el sufrimiento lo vive en carne propia el Pueblo Q’eqchi’. La causa es un conjunto de proyectos extractivos (minería, hidroeléctricas y agronegocios) impuestos a comunidades y pueblos que exigen ser consultados previamente y de buena fe, quienes  reivindican su derecho a decidir el desarrollo que desean y no el que se les impone desde el Estado y desde el empresariado expoliador. Por estas razones, cientos de comunidades a nivel nacional y en el departamento de Alta Verapaz han protestado y por esto se resisten a  la imposición. 

Esta es la causa por la cual, el gobierno de Pérez-Baldetti-Sinibaldi, intentó desalojar violentamente a ciudadanos de las comunidades Monte Olivo y Nueve de Febrero, para imponer el proyecto de la hidroeléctrica Santa Rita. Este desalojo revelaba la falsedad del anuncio sobre un acuerdo de las comunidades de la rivera del Río Dolores (Cobán) con la empresa, para la construcción de la hidroeléctrica. Esta es la causa, asimismo, por la cual el gobierno dictatorial de Pérez-Baldetti-Sinibaldi, intentó capturar a líderes comunitarios de comunidades de Cobán, Chiséc, Raxruhá y otros municipios del departamento, quienes se resisten al expolio de ENERGUATE, empresa expoliadora que cobra sumas exorbitantes en el servicio de energía eléctrica.

La represión del gobierno queda clara en los hechos ocurridos entre el 14 y 16 de agosto: destrucción de viviendas, allanamiento ilegal de casas de habitación, detenciones ilegales, desplazamiento de población hacia las montañas, 50 familias que quedaron en la absoluta indefensión al destruírseles su vivienda, violencia en contra de hombres, mujeres, niños y ancianos, lo cual en total dejó el saldo de decenas de heridos, capturados y tres campesinos muertos: Luciano Can, Oscar Chen y Sebastián Rax. En síntesis: terror estatal y empresarial contra las comunidades rurales, campesinas y maya q’eqchi’es.

 Ante estos hechos criminales, como Frente Popular, exigimos:

1.      Juicio y castigo contra los responsables materiales e intelectuales de estos hechos de terror. En específico, de la destrucción de viviendas, capturas ilegales y del saldo de decenas de heridos y el asesinato de tres campesinos q’eqchi’es.

2.      La liberación de los campesinos y campesinas secuestradas-apresadas entre el 14 y el 16 de agosto. Su detención desde el inicio fue ilegal y deben quedar en libertad inmediatamente.

3.      Suspensión de todas las órdenes de aprehensión, pues esto sólo constituye la criminalización en contra de ciudadanos honrados que han decido resistir ante la imposición del gobierno y las empresas. Asimismo, porque alejan la búsqueda por una solución a las demandas sociales que legítimamente plantean las comunidades rurales, campesinas y mayas en Alta Verapaz y en el país en general.

4.      Investigación del accionar de las autoridades gubernamentales (Presidente, Ministro de gobernación, gobernador departamental y alcalde municipal), empresarios y grupos paramilitares que actuaron conjuntamente en los hechos represivos. Esta es obligación del Ministerio Público y de la Procuraduría de Derechos Humanos.

5.      Desmilitarización de la región. Que el ministro de gobernación deje de amenazar con un Estado de sitio y con militarizar el departamento con la falsa justificación del narcotráfico. La militarización sólo agudizará la conflictividad, cuyos responsables serán el gobierno de Pérez-Baldetti-Sinibaldi y las empresas extractivas.

6.      Cese de las intimidaciones en contra de periodistas y comunicadores comunitarios.

7.      La captura y condena de los responsables de los hechos de violencia en contra de hombres, mujeres, jóvenes y niños en la región de Monte Olivo, sucedidos entre 2013 y 2014, y de los cuales son señalados los finqueros de apellido Ponce, así como empresarios y empleados de la Hidro Santa Rita.

Por último, manifestamos nuestra solidaridad con las comunidades campesinas, con el Pueblo Q’eqchi, y con las familias de las víctimas del terrorismo de Estado implementado por el gobierno Pérez-Baldetti-Sinibaldi.

 

¡Justicia para las víctimas del terrorismo de Estado!

¡No más represión para imponer al anti desarrollo Y LOS PROYECTOS DE MUERTE!

 

FRENTE POPULAR

Vamos Patria, la Lucha continúa

Soberanía, Dignidad, Solidaridad

Guatemala, agosto de 2014

CONDENAMOS EL GENOCIDIO CONTRA EL PUEBLO PALESTINO

Como Frente Popular manifestamos nuestra indignación y condena contra el Estado sionista de Israel, el cual históricamente ha venido aplicando una política genocida contra el pueblo palestino y, en los últimos días, ha iniciado una estrategia de ataques en territorio palestino, asesinando vilmente a hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos. Todo ello en su pretensión de aniquilar al pueblo palestino y concluir el despojo iniciado con la instauración del Estado de Israel.

Esto se realiza con la complicidad de Estados Unidos y la Unión Europea, y de un conjunto de organismos, que no obstante sus tibios discursos, avalan la política de agresión que impulsa el gobierno de Benjamín Netanyahu.

Además de solidaridad de nuestros pueblos y de todos los pueblos del mundo, es fundamental una condena mundial en todos los espacios posibles, para detener el genocidio en contra del pueblo palestino.

 

Frente Popular

Soberanía, Dignidad, Solidaridad

Guatemala, 11 de julio de 2014

¿POR QUÉ VIAJAMOS AL NORTE?

La respuesta del Imperio ante la ola migratoria

Los gringos han cerrado filas ante la oleada de migrantes centroamericanos que han llegado a Estados Unidos. Tanto que altos funcionarios suyos se han desplazado a los países del istmo para verificar que esas oleadas sean frenadas por sus gobiernos lacayos instalados en México, Guatemala y Honduras. Aunque el presidente de ésta última nación abogó por una reunificación familiar más que una vil y despreciable deportación. De El Salvador todavía no se sabe su reacción que por la línea política de su nuevo presidente se espera sea más digna y firme. Al fin y al cabo los millones de mexicanos y centroamericanos que viven y trabajan en el norte son los que hacen los trabajos más pesados e, incluso más agotadores y deprimentes, ganando muchos de ellos, menos que los ciudadanos norteamericanos. Sin embargo, eso no importa. Tan es así que solo en Guatemala, según el informe más reciente de su Banco Central, las remesas, que es el dinero expresado en dólares proveniente de Estados Unidos fruto de los ingresos de los migrantes, legales e ilegales, se incrementaron en un 9%. Cifra que supera a los ingresos que generan los agroexportadores con todo y la gran propiedad que poseen, las facilidades que les da su Estado benefactor y el tráfico de influencias. Sin contar en ello, la evasión fiscal a que están acostumbrados la cual provoca un enriquecimiento superlativo entre sus miembros que, en comparación numérica con la mayoría de guatemaltecos, es ínfima. Dicha evasión también se traduce en la escasez y deterioro de los servicios públicos esenciales que usa esa gran mayoría.

Esas remesas enviadas por los trabajadores centroamericanos en Estados Unidos son las que hicieron que el Producto Interno Bruto, solo en Guatemala, creciera un 3.4%, sin que el mérito se lo den a estos quienes son fuertemente explotados en el Norte y que para enviarlas a sus familias en su país de origen, se abstienen de vivir mejor con tal de que esos dólares les sirvan a sus seres queridos quienes, si no fuera por ellos, tendrían una existencia mucho más difícil de cómo la experimentan cotidianamente. Ese crédito, los medios de propaganda, en total contubernio cínico y rastrero con la oligarquía, lo atribuyen a los “exitosos” empresarios de estos países que no hacen más que perpetuar una estructura productiva primitiva en comparación a la de los países desarrollados. Dependientes de una fuerza de trabajo macilenta a la cual le exprimen no solo su sangre sino hasta lo más sagrado como son sus hijos.

Por eso, en el caso guatemalteco, que nos atrevemos a decir, es muy similar a los tres países limítrofes, México, Honduras y El Salvador, los adultos han tomado la determinación de migrar al norte en busca de mejores prerrogativas para no morir ellos y sus familias pausadamente de miseria. Pues, los ingresos que resultaban suficientes en años anteriores, se han visto rebasados ante el incremento acelerado y sostenido de los productos de la canasta básica resultado del desmantelamiento de las unidades productivas que nutrían el mercado interno como son las del pequeño campesinado, las cuales fueron desapareciendo gradualmente al ser despojados aquellos de sus exiguos medios de producción, en especial la tierra, para dotar de ella, ancestral, descontaminada y productiva, a las empresas transnacionales, donde la oligarquía participa activamente como socia menor, con el fin de dedicarla al mercado de agro exportación y de commodities (siembra de caña de azúcar como materia prima para fabricar etanol; palma africana para elaborar aceite no solo para consumo humano sino industrial; hidroeléctricas para producción de energía eléctrica barata para los grandes consorcios manufactureros y extractivos más no para las poblaciones adyacentes; metales preciosos y energéticos, así como petróleo, que sirven de materias primas en la industria y la demanda de objetos ornamentales de lujo como el oro que en el mercado internacional alcanza un precio que fluctúa entre 14 y 16 mil dólares la onza troy y que, sin embargo, a nuestros países le dejan, aparte de contaminación de sus fuentes de agua y territorios, superficies baldías y deforestadas, problemas de salud en la población y militarización de las áreas donde se asientan, un risible ingreso a las cajas públicas del Estado mientras dichas corporaciones se llevan la parte del león y un poco más).  Todo esto en el marco del cumplimiento fiel del Tratado de Libre Comercio con el Norte –CAFTA-, por sus siglas en inglés.

Ese neo despojo  ha incidido en un incremento de la miseria en las comunidades rurales que sumado a la herencia de los conflictos armados que han dejado engendros como las bandas paramilitares que otrora fueron subvencionadas por los Ejércitos de nuestros países y por el gobierno de Estados Unidos en su momento de contención del comunismo internacional, ahora han mutado en bandas criminales que, cual lo hacían sus similares en los páramos medievales donde el Estado no existía, hoy, en pleno siglo XXI, asolan las comarcas campestres robando y exigiendo los pocos bienes que dichas poblaciones poseen o echándolas de sus territorios a través del mecanismo de la extorsión, los vejámenes y el asesinato bajo las ordenes de los oligarcas. Eso ha devenido entonces, en que muchas personas de esas poblaciones asediadas, migren hacia los centros urbanos de sus respectivos países, formando nuevos cinturones de miseria con sus consabidos problemas referentes a la carencia o escasez de servicios públicos, seguridad en el plano extendido de la palabra y el desarrollo. Y, otros muchos más, allende de nuestra fronteras patrias como los que se aventuran hacia Estados Unidos a cuyo territorio tienen como meta llegar, no buscando el sueño americano propio de un ideal de los años 50 del siglo pasado como nos quieren hacer creer los medios de propaganda genuflexos al gran capital, sino por la esperanza de una mayor tranquilidad con respecto a su ambiente y por la simple ventaja económica de ver transformado el fruto de su trabajo en 8 veces más de lo que percibirían en sus países de origen si es que consiguen trabajo formal. Por ejemplo,  en Guatemala un dólar vale lo que valen 8 unidades de su moneda, por lo que el interés por ese canje resulta sumamente atractivo. En los demás países las razones son similares.  

Como la ferocidad de las bandas armadas en el campo y las ciudades se ha vuelto un problema social que los Estados no han podido erradicar; ni quizá lo deseen por los beneficios a corto plazo que esto conlleva al evitar con dicho clima de inseguridad la sublevación de la sociedad, ahora los migrantes también han pensado en mandar a traer a sus hijos o llevarlos consigo. Esa decisión se ha tornado en un incremento de la ola migratoria de menores de edad, poniendo en apuros al gobierno gringo que se ha visto rebasado en su fuero racista al ver como personas, a quienes considera inferiores, llegan en grandes cantidades a su territorio y, de las cuales prefiere tener un flujo determinado para evitar que sus ciudades se atiborren de tugurios similares a los de las urbes latinoamericanas donde fácilmente crece el germen del crimen pero también el de la revuelta social. Lo que obvio, mermaría sus ganancias al tener que gastar más sus elites en seguridad y vigilancia. También ha puesto en evidencia a las oligarquías locales de estos países tercermundistas y dependientes, a quienes no es que les importen los migrantes, sean de la edad que sean, sino que con ello se descubren ante el mundo en su inoperancia e ineficiencia. Incapaces de propiciar un ápice de desarrollo y seguridad a sus ciudadanos, aún dentro de relaciones capitalistas.

Esto, no obstante, también demuestra al mundo la podredumbre y la descomposición que el capitalismo, como sistema productivo, distributivo y de consumo, va sufriendo. Especialmente, en sus zonas periféricas como las nuestras, a medida que se contrae a nivel mundial en su hálito desarrollista, trayendo como corolario una ausencia cada vez más sustancial en todos los ámbitos donde antes hacía presencia su figura de Estado, para concentrarse ahora solo en las metrópolis y dentro de éstas, en sus zonas ricas, exclusivas y urbanizadas claramente definidas pero bajo un modelo policiaco para resguardarlas de la plebe amenazante. De tal manera que como una premonición luxemburguiana, la barbarie va ganando cancha poco a poco a la civilización burguesa.

Es tal esta desintegración capitalista que en la antaña rica y ejemplar Europa, sus estados de bienestar han dado paso a la mercantilización burda de sus servicios más elementales –educación, salud, seguridad social- dejando desamparados a miles de sus otrora orgullosos ciudadanos los cuales hoy se suman al paro el cual oscila entre 25 y 30% elevándose al doble en su población joven. En Oriente Medio, dicha descomposición se evidencia más dramática, pues en su región el imperialismo y sus secuaces, se devanean con auxilio de ejércitos mercenarios y fundamentalistas armados por ellos por la conquista y control de sus recursos energéticos, especialmente el petróleo, no importándoles propiciar e inmiscuirse en guerras étnico-religiosas que desangran a sus diferentes pueblos que en un pasado mediato cohabitaban pacíficamente. No les importa, recurrir a lo que antes se cuidaban de no asociarse en público: el fascismo, para imponer a sangre y fuego su dominio militar que es lo único que les va quedando al verse seriamente cuestionada su modelo productivo y su moral.

Volviendo a nuestros países, ahora la estrategia está basada en más de lo mismo: la militarización como respuesta a los flujos migratorios. Se instalarán, en las fronteras de Honduras y El Salvador, sendos cuarteles castrenses que albergarán fuerzas armadas de tarea para controlar a los locales y extranjeros que osen viajar a la metrópoli imperial como ya está instalada en la frontera con México cuyo estado, obviamente, hará lo suyo. Se anuncia así, criminalizar a los llamados coyotes, polleros, etcétera que es como se denominan popularmente a los traficantes de migrantes, entre los que no nos sorprendería se incluyan a los mismos padres y familiares de los niños que van con ellos desesperados por el clima de ingobernabilidad. Es así como responde un Estado terrorista como el de Estados Unidos junto a sus lacayos de México, Guatemala y Honduras, ante una situación que ellos mismos han creado pero de la cual ahora reniegan y tratan de culpar a otros. Por ello, como ejemplo de ese cinismo, no solo es insolente sino risible y caricaturesco, la postura de la esposa del Presidente de Guatemala que llegó a culpar a la madre del niño que murió en las inmediaciones de McCallen, Texas por deshidratación cuando, en pos del sueño americano, aquel quería alcanzar al final del camino, una estabilidad económica jamás gozada en su aldea perdida en un paraje lejano incrustado en las montañas de los Cuchumatanes en la provincia de Chiantla, Guatemala, con cuya base, poder sufragar los gastos médicos en que se incurrieran para tratar la incurable epilepsia de su madre. ¿Será que la encopetada y desfachatada esposa del presidente Pérez Molina llegará a ese paraje lejano en que vive la humilde, doliente y endeudada familia del niño héroe para, en principio solidarizarse con ella por la pérdida del hijo y para, en segunda instancia, ayudarla económicamente para salir de las deudas y procurar por su medio, asistencia médica, cuya obligación es responsabilidad de los que como ella, detentan el poder en ese país de miserables? Jamás, son farsas como las que vienen expresando los miembros de su clase parásita y anodina y sus lacayos como la que pronunció su Ministro de Relaciones Exteriores al afirmar que el Estado, a través del gobierno del Cambio, haría los esfuerzos pertinentes para asegurar un futuro mejor para los niños de su país que serán deportados de Estados Unidos, tal como se acordó con los gringos y todos los que viven en Guatemala. Palabras huecas que no hacen más que repetir las promesas y mentiras que propalan y han venido propalando, por lo menos desde hace 60 años, en plena época contemporánea, los verdugos del pueblo que lo mantienen en esas condiciones de miseria para ellos asegurar su bienestar y derroche a través de la apropiación del fruto del trabajo de esos a quienes ahora culpan y persiguen.

En conclusión, ante las contradicciones que provoca un sistema de explotación, expoliación y saqueo cuyos artífices y continuadores son el gobierno de Estados Unidos y las oligarquías locales de estos países serviles al Imperio, su solución es la misma: represión, persecución, asesinato, confinamiento y ultraje.

México, Guatemala, Honduras y El Salvador serán transformados ahora en grandes cárceles de donde se prohibirá a sus ciudadanos más pobres escapar contradiciendo uno de los pilares fundamentales del libre comercio al que aseguran defender a capa y espada: la libre movilidad de las mercancías, entre ellas la humana.

Por esa minúscula arista negativa más las muchas que corroe al capitalismo, un mensaje para los que aún creen que este sistema solo necesita unos ajustes: ¡Urge la Revolución Socialista!

 

COLECTIVO LA GOTERA

Guatemala, julio 10 de 2014