Parafraseando a Hugo Maul R.

Antonio Castillo

Hugo Maul R, el 16 de junio del presente año, escribió en el diario de difusión masiva elPeriódico, el artículo Sindicalismo estatal y pactos colectivos, en el cual hace referencia al estudio La Amenaza de los Pactos Colectivos en el Sector Público, realizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN–, un centro para-empresarial, promotor de ideas neoliberales desde su origen. Desde el pensamiento neoliberal, este artículo pone en cuestión los pactos colectivos, cuestionando la dinámica para llegar a estos y sus implicaciones para las finanzas estatales, entre otros aspectos.

Es este el artículo que da vida a este escrito, con un sentido complementario de paráfrasis antagónica al redactado por Hugo Maul R. Es decir, recuperando el mismo discurso de Maul R, pero incorporándole un sentido de clase social contrario al que él como ideólogo para-empresarial promueve.

Así: Fortalecer lo público, el interés común, tiene como punto de partida despertar la conciencia ciudadana respecto de los riesgos que implica continuar con las prácticas que los dueños del capital implementan en el sector público. Prácticas que constantemente atentan contra la deteriorada salud de las fianzas públicas y, por consiguiente, contra la deteriorada educación, salud y demás garantías para la vigencia de derechos ciudadanos; prácticas que entorpecen y encarecen los servicios públicos y limitan que los trabajadores del Estado gocen de mejores salarios y condiciones laborales; prácticas que impiden la gestión de aquellas políticas públicas orientadas al bienestar de los sectores desposeídos, a la prestación de servicios públicos con calidad y efectividad en sus impactos en las condiciones de vida de las grandes mayorías.

Contrario a lo que algunos centros para-empresariales como el CIEN publican, los pactos colectivos han sido los procedimientos que, en el contexto del Estado de derecho que protege al capital, se han constituido en la forma posible para lograr avances en materia laboral dentro del Estado. Contrario a esto, centros como el CIEN pretenden hacernos creer que sus planteamientos y estudios que cuestionan estos pactos colectivo, no atentan contra los derechos de la clase trabajadora. Lo que hacen de forma subyacente es ocultar las prácticas de los empresarios hacia el Estado, que con el control de los aparatos estatales, ministerios y políticas públicas fundamentales, en complicidad con funcionarios públicos de turno, se orientan a expoliar las arcas públicas, y a quienes no se les exige que rindan cuentas y muestren transparencia y responsabilidad en sus negociaciones.

Es necesario que la ciudadanía comprenda que, detrás de estos “estudios”, como los del CIEN y ya no digamos los de ASÍES y FUNDESA, se esconden intereses, como la defensa de los intereses empresariales, contrarios a los intereses de la clase trabajadora. Que detrás de tales estudios se esconden poderosos y perversos intereses y negocios que gravitan en contra del interés común, del interés público; que dichos estudios se orientan a negar que la clase trabajadora requiere, no sólo salarios mayores sino mejores servicios públicos como complemento necesario para garantizar sus derechos, que en todo caso son los derechos de las grandes mayorías. Son “estudios” con planteamientos que niegan la negociación de pactos colectivos al aducir que los funcionarios públicos, al carecer de “los incentivos correctos para adoptar posturas fuertes a favor del interés general”, pues no están comprometiendo “su patrimonio propio” –como sería el caso de los empresarios–, para adoptar “una postura congruente con la defensa del bolsillo de los contribuyentes”, como si los empresarios al negociar sus intereses lo hicieran en función de la defensa del bolsillo de nosotros los contribuyentes.

Y es que, en estos “estudios” se oculta lo que es evidente en la realidad: en cada negocio que realizan empresas y grupos corporativos con el Estado, así como en cada Ley y política que se aprueba en el Congreso o se implementa en los ministerios, se facilita la explotación y el saqueo, es decir, los intereses del capital, de los empresarios. Y en estos casos múltiples, constantes y alevosos, el ciudadano queda completamente desprotegido ante el juego de intereses e quienes históricamente han manejado el país, con la complicidad de los políticos de turno. Con una pequeña diferencia, en el caso de los políticos, los votantes tienen la capacidad de relevarlos por otros, aun cuando quienes son electos en cada elección pasan a ser los nuevos sirvientes del empresariado. En el caso de los empresarios que manejan a su sabor y antojo al Estado, desde dentro (como Castillo Sinibaldi, Gustavo Alejos, por ejemplo) o desde fuera (como los Gutiérrez Bosch, los Castillo, los Novela, los Maegli), tal mecanismo de control “democrático” está vedado a la población, a la cual no le queda sino asumir los costos (pobreza, miseria, represión, etc.) de las decisiones que otros toman, supuestamente, en su beneficio.

Por eso, parafraseando antagónicamente a Hugo Maúl R., afirmamos que los ciudadanos estamos ante la amenaza constante, manifiesta, de los intereses empresariales en el sector público. Asimismo, que los políticos de turno y los grupos empresariales, gestan un contubernio timocrático, que ni por asomo rinden cuentas por sus actuaciones. En este marco, los pactos colectivos, son herramientas de la clase trabajadora en el Estado, para negociar sus legítimos intereses.

Resistencia nacional

Por Antonio Castillo

Los hechos de represión indiscriminada en contra de niños, ancianos, mujeres y hombres de comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc (Guatemala), a manos de un contingente de la PNC, el 23 de mayo pasado, es una demostración, una vez más, que en Guatemala, antes de prevalecer el bien común, el interés público, predomina el interés de la clase dominante y del capital transnacional.

Quienes representan los intereses de la clase dominante y el capital transnacional, aglutinados en la Cámara de Industria, la Cámara de Industrias Extractivas y el mismo Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-, aducen que son estas inversiones (de saqueo, expolio, desposesión) las que permitirán reducir la pobreza, crear empleo, aportar tributos. 

Son estos núcleos de poder históricamente dominantes en el país, quienes ocultan que son estas inversiones las que contaminan, concentran, se apropian y despojan al pueblo de sus riquezas, y que además generan violencia y represión bajo un manto de impunidad. Ocultan que es este régimen económico (que históricamente han construido), el que ha impedido que millones de guatemaltecos satisfagan dignamente sus necesidades vitales, porque pagan salarios de hambre y mantienen a millones en el desempleo y subempleo. Ocultan que son ellos quienes menos impuestos pagan y que son las capas medias y la mayoría de la clase trabajadora quienes más tributan a través del injusto Impuesto al Valor Agregado –IVA. Ocultan que son ellos quienes evaden impuestos de forma  legal (a través de sus Fundaciones, por ejemplo) e ilegal, generando un fraude de miles de millones que bien podrían ser utilizados en garantizar salud, educación, vivienda, transporte digno y seguridad para las grandes mayorías.

Como buenos fascistas, ofenden a los ciudadanos y ciudadanas, a las comunidades rurales mestizas e indígenas, cuando afirman que resistencias como la de La Pura son manipuladas por extranjeros o personas pagadas desde el exterior. Los ofenden porque no reconocen que estas ciudadanas y ciudadanos, tienen la capacidad de analizar y decidir qué es desarrollo y qué no lo es, y de discernir sobre los efectos negativos y sobre el despojo que representan estas actividades extractivas. Alaban eso sí, a mestizos o indígenas cuando estos acuerpan y defienden sus intereses como clase dominante, como los llamados empresarios mayas, o como Alberto Chumil Julajuj, Alcalde Indígena de Sololá, y Joaquín Nicolás Ordóñez Yax, Autoridad Indígena Ancestral Maya de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes contrario al interés de quienes les han electo, han impulsado acciones para beneficiarse de una alianza con quienes históricamente han explotado, expoliado y oprimido a los pueblos originarios.

Estos intereses son los que se operan los medios de difusión masiva: un discurso de desarrollo que en realidad esconde el interés de la acumulación de capital por desposesión, el cual se abre paso a toda costa, incluso de la vida de ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas. Esto es lo que opera la red de medios hegemónicos de prensa, televisión y radio, y sus principales editorialistas, columnistas, entrevistadores y entrevistados, quienes reproducen una matriz de falta de información, desinformación y opinión, a favor de la sacrosanta propiedad privada; una matriz mediática que criminaliza toda oposición a estas forma de expolio, acusándolas de ser manipuladas por organismos internacionales y ONG, cuando no de grupos al margen de la ley y terroristas.

Sabiendo que tienen el control del Estado y que el gobernante de turno juega el papel de operador político de primer orden, los dueños del capital local y transnacional invocan al llamado Estado de Derecho para imponer a fuerza de violencia sus intereses, tal y como lo han hecho históricamente. Acusan a quienes resisten del intento por hacer de nuestro país (del cual se creen dueños absolutos) un territorio donde exista impunidad y donde se impida la inversión privada, sin recordar que ellos han reproducido un régimen de impunidad para beneficiar dicha inversión privada y, sobretodo, para obtener la máxima ganancia, a costa de reproducir la pobreza y miseria de la mayoría de quienes integran nuestro pueblo.

En este marco se entiende la represión implementada por el gobierno de Otto Pérez Molina, quien ha sido un fiel guardián de sus intereses. Un gobierno que privilegia y defiende el Estado de Derecho (el Estado de Derecho burgués) y evade aquella parte de la Constitución Política de la República de Guatemala que mandata al Estado a garantizar el bien común.

A estas alturas es evidente que el actual régimen ha optado por la más descarada defensa del saqueo y para ello ha decidido utilizar toda la fuerza represiva disponible, violando Derechos constitucionalmente reconocidos y violando un conjunto de Derechos Humanos.

Así que la respuesta no puede ser sino la del impulso de un proceso de resistencia, cuya tarea principal sea movilizar a todo el país, en el entendido que ninguna resistencia localizada podrá defenderse por sí misma y menos lograr el objetivo de detener el expolio. Sólo así se podrá detener, asimismo, la intentona de gestar un gobierno dictatorial a través de una reforma constitucional conservadora o de un golpe de Estado blando o duro.

LA PUYA: POR LA COHESIÓN DE LA LUCHA

La falta de respeto, el abuso, la prepotencia son consustanciales a un gobierno que cree que los recursos naturales de un país son de su propiedad. Si en algún momento se ve frenado es por la presión social e internacional para cometer desmanes contra la resistencia de quienes defienden estos como parte de una visión mucho más acorde con la racionalidad que debe existir de su explotación la cual no debe reñir con la preservación del ambiente. Y, por supuesto si esta explotación se traduce en beneficios para, en principio, las comunidades cercanas a donde están dichos recursos y, en segunda instancia, para toda la nación a través de un contrato donde gane el país en primer lugar y la parte empresarial en segundo lugar. O sea, con porcentajes mayoritarios para comunidades y nación y menores para la empresa explotadora de dichos recursos. Como en otros países soberanos donde se ha estructurado una ganancia de 51% para el Estado y 49% para las empresas. Ese justo equilibrio trae implícito no solo la transparencia, sino el elemento indispensable del resguardo de la soberanía y el respeto a la opinión de las comunidades donde se instalarán los diversos proyectos extractivos y por supuesto, de la nación toda.

Esta visión más equilibrada, más equitativa es normal en sociedades que han entendido que de no serlo así la confrontación y el conflicto derivarán como algo lógico en lo inmediato o en el mediano plazo. Sin embargo, en Guatemala, las negociaciones que debieran ser de Estado a Estado o de Estado hacia empresas, son manejadas por grupitos oligarcas que manejan a este Estado como suyo y, por consiguiente, se creen dueños de los recursos de todos. Y, quien ose oponerse a ello un enemigo del progreso y el desarrollo. Claro, del progreso y desarrollo de esa oligarquía por desbaratarle esos caprichitos y frenarle los jugosos negocios que de antemano han cerrado con los otros lo que demuestra esa prepotencia inherente a esta clase anodina que aún se cree con derechos de encomienda y repartimiento.

El generalato que nos oprime, no que nos gobierna, pues esto requiere de una buena dosis de autoridad que nunca ha obtenido, tiene, por lo mismo, que recurrir siempre a la represión que va desde el crimen y la golpiza hasta el amedrentamiento y la amenaza. Esos son sus recursos y lo serán hasta que no haya un relevo total, lo que implica una revolución social y un relevo en las cúpulas del poder a favor de los sectores populares. De lo contrario seguirán habiendo estos abusos y prepotencias. Si tienen a un pelele en una pantalla denominada graciosamente Comisión de Diálogo, es como se dice en buen chapin: “para taparle el ojo al macho”, pues, el diálogo jamás puede existir en circunstancias donde ellos han negociado antes con otros sobre los puntos fundamentales del negocio con ventaja, alevosía y secretismo.

El desalojo violento del paraje La Puya, no es más que una repetitiva acción de un gobierno estéril para la mayoría pobre y explotada de este país, cuyo objetivo no es más que seguir esquilmado y saqueando en aras de un enriquecimiento privado de sus su funcionarios. Sin embargo, por su arrogante voracidad no se dan cuenta que el cántaro ha ido muchas veces al agua y está a punto de romperse. Es un ciclo histórico que jamás ha fallado. No obstante esa realidad, la izquierda, especialmente aquella de cuya experiencia se esperaría un liderazgo más activo y comprometido,  sigue siendo miope y no ve más allá de la realidad inmediata lo que la maniata para poder estar a la altura de los hechos cometiendo errores previsibles donde muchas veces pierden la vida inocentes y más vulnerables.

Por ello, ante la confirmación, una vez más, que este gobierno como fiel representante de los intereses oligárquicos nacionales y extranjeros no tiene capacidad de diálogo bueno sería, en principio, unificar las diferentes expresiones de izquierda, sentarse a discutir estrategias y tácticas para enfrentar la política de este Estado represor. En segunda instancia, desconocer a esa triste figura del Comisionado del Diálogo que no ha servido más que para mediatizar y engañar a los que han creído seriamente en ese ejercicio y a los líderes corruptos de la izquierda que estén en contubernio con él. En tercer lugar, unificar la condena nacional a favor de los desalojados en cualquier parte del país. Esto dará no solo cohesión sino una voz única que represente las luchas comunitarias. Y, en cuarto lugar, acudir a las instancias internacionales para denunciar a este gobierno por su engaño y desfachatez.

O la justicia es para todos o no lo es.

¡¡¡La Puya es nuestra bandera de lucha!!!

COLECTIVO “LA GOTERA”

Guatemala, 25 de mayo de 2014

NUESTRO REPUDIO A LA REPRESIÓN DE PÉREZ-SINIBALDI-CACIF

Como Frente Popular condenamos la represión en contra de comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, las cuales llevan dos años asentadas en La Puya para resistir al proyecto minero de la transnacional estadounidense Kappes Kssiday & Associates –KCA- y la guatemalteca Exmingua.

Es indignante la complicidad del gobierno de Pérez-Sinibaldi-CACIF que actúa para proteger el vil saqueo del país.  Con cerca de 500 efectivos de la PNC, entre los cuales también estaba al jefe de seguridad de la empresa minera, protegidos con potentes equipos para la represión, con centenares de bombas lacrimógenas, agredieron sin ningún tipo de consideración a niños, ancianos, mujeres –algunas embarazadas–, jóvenes y hombres, quienes en actitud pacífica han estado resistiendo para evitar la actividad minera y para defender el territorio, la vida, el agua y la tranquilidad social, todo contra lo cual atenta esta actividad capitalista. 

La actitud de la resistencia de La Puya ha sido heroicamente pacífica. Y esto se reiteró el 23 de mayo. Sentados y acostados en la carretera, se posicionaron para evitar el desalojo. No obstante, la PNC, acompañados por personeros de la empresa minera, llevaba órdenes del Ministro de Gobernación para desalojar a ciudadanos que reivindican derechos que les corresponden en tanto guatemaltecos, los cuales han sido violados reiteradamente por el Estado.

La represión, fue evidente, se hizo bajo la consigna de reprimir con toda la fuerza posible y  costara lo que costara. Así inicia un episodio de represión desmedida: rociamiento de gases lacrimógenos, agresiones físicas y detenciones, lanzamiento de bombas lacrimógenas como potentes proyectiles, capturas de ciudadanas y ciudadanos dignos de las comunidades aledañas, así como de organizaciones sociales y de Derechos Humanos solidarias.

La consigna implícita del gobierno de Pérez-Sinibaldi-CACIF era: El Oro o la Vida.  O se lograba la entrada de maquinaria de la empresa minera al lugar concesionado para el saqueo, o se reprimiría hasta las últimas consecuencias a la población. Una vez más, el gobierno, como representación de un Estado que históricamente ha sido el instrumento fundamental para garantizar la explotación y el expolio a manos de capitalistas locales (CACIF) y transnacionales, actúo consecuente con su carácter: guardián militar al servicio de la burguesía y el capital transnacional.

Desde cualquier perspectiva que veamos este hecho represivo es injustificable. Es evidente que el gobierno no protege el interés público, el interés común, el interés de todos los guatemaltecos, sino el expolio a manos de empresas capitalistas, el cual podrá ser legal, pero es ética, social, económica y políticamente ilegítimo.  La minería no puede ni siquiera ser justificado como un buen negocio para el país, porque es un vil saqueo de los recursos nacionales, de los recursos públicos. Es evidente que el diálogo planteado por el gobierno ha sido una farsa reiterada, que se corrobora con la brutal represión a la resistencia de comunidades en La Puya que siempre manifestaron su disposición a dialogar.

Ante un gobierno como el de Pérez-Sinibaldi-CACIF, lo único que queda es la resistencia, como ejercicio de Derecho reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Tal parece que sólo de esta manera será posible garantizar el interés común y legítimo de los pueblos de Guatemala.

Como Frente Popular reiteramos nuestra solidaridad y reconocimiento a la Resistencia de La Puya, por su lucha pacífica y decidida en defensa de sus derechos, que este gobierno se empeña en negar y violar.

Expresamos nuestra reiterada condena a la represión del gobierno de Pérez-Sinibaldi-CACIF, a quienes responsabilizamos por los hechos de represión estatal o violencia paramilitar (de empresas de “seguridad” privada) que han afectado y que pudieran afectar a las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc que resisten en La Puya.

Nuestro reiterado llamado a solidarizarse con la Resistencia de La Puya y a fortalecer los esfuerzos para articularnos en defensa del territorio en todo el país.

  

FRENTE POPULAR

SOBERANÍA, DIGNIDAD, SOLIDARIDAD

¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!

Guatemala, 25 de mayo de 2014.

PROPUESTAS DEL FRENTE POPULAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO Y REVOLUCIONARIO EN GUATEMALA

LA NECESARIA ARTICULACIÓN POLÍTICA

Es indudable que en la coyuntura actual se impone la necesidad de la articulación política de organizaciones y movimientos que estamos luchando, desde distintos frentes, ante la explotación, el expolio y la opresión que implementan las principales formas en que el capital transnacional y local se organiza económica, social, cultural y políticamente, así como el Estado que ha sido construido históricamente para tales fines y que hoy el gobierno derechista del Partido Patriota, como buen operador de tales intereses, implementa a través de sus políticas entreguistas y represivas.

Y es un reto porque enfrentar tales poderes requiere que las luchas se extiendan con acciones a nivel nacional para potenciarse y evitar que sean acorraladas en lo local o regional, en lo sectorial y en subterfugios de diálogo y de subvenciones que mediatizan.  Asimismo, para que tales luchas se conviertan en parte de un programa político que las potencie en la búsqueda de construir poder popular (de clase, étnico y de género) y para tomar el poder del Estado, principal e ineludible instrumento con el cual impulsar las transformaciones históricas y estructurales necesarias.

Pero dicha articulación es y debe ser concebida en su complejidad. Para que dicha articulación se logre debe considerar, entre otros elementos:

1)      El reconocimiento que las organizaciones y movimientos actualmente existentes corresponden a sujetos socio-políticos.

Esto significa que constituyen procesos históricos, presentan distintos arraigos territoriales, han gestado agendas y programas políticos, decidido estrategias de lucha, construido liderazgos y alcanzado distintos grados de desarrollo ideológico y político, entre otros elementos de distinto orden. 

Es decir, esto significa el reto de articular las diferencias en materia de visiones, luchas y prácticas, lo que imposibilita de inmediato la unidad, aun cuando esta debiera ser un propósito en el mediano y largo plazo, pero nunca a ser impuesta. Tal articulación de las diferencias es tan importante como articular aquello que compartimos. Ambas dimensiones, sin duda, pueden permitir gestar conjuntamente un programa político compartido.

2)      Es indudable que si la articulación estratégica es el genuino propósito, se dará prioridad a éste y no a la imposición de la agenda, estrategia y conducción de un tipo de organización.

Esto quiere decir, que si una organización opta por lo electoral porque esa es su búsqueda, no debe pretender imponerla a través de subterfugios a las demás; así como las demás organizaciones deben respetar el hecho de que una organización opte por lo electoral. Anteponer lo electoral o lo no electoral, resultará en un resquebrajamiento de la posibilidad de articulación que en un momento pueda encontrar posibilidad de gestarse. Se afirma lo anterior porque esto es lo dominante en los últimos esfuerzos de articulación política que se expresaron, con sus matices, en el Movimiento Político y Social de Izquierda (MPSI) y la Mesa de Unidad de las Izquierdas o Mesa Unitaria, que antecedieron a la creación del Movimiento Amplio de Izquierda –MAÍZ- y del Frente Amplio, sólo para poner a consideración los dos productos y los dos momentos electorales anteriores al actual, y que fueron oportunidades perdidas por prácticas que deben ser asumidas crítica y autocríticamente.

3)      Antes que pensar en abrir un congreso político, crear una estructura y buscar la aprobación de estatutos, debe garantizarse que se han dado los avances necesarios para lograr dicha articulación.

Esto pasa por reconocer avances, como los gestados por los Consejos de Pueblos, por las organizaciones de mujeres, por los partidos políticos, aun cuando presenten limitaciones de distinto orden.  Igualmente importante será la relación que se geste entre la ciudad capital y los departamentos, entre lo rural y lo urbano, entre las distintas formas de organización y lucha sectorial y territorial, entre los distintos pueblos, entre las distintas identidades y liderazgos. Y esto impone diálogo, en el cual se hable y se escuche, en el cual se maduren propuestas estratégicas y tácticas compartidas.

Todo esfuerzo de articulación política, encuentra ciertas posibilidades en cada momento y coyuntura. Esto podría afirmarse para el contexto de la dinámica electoral. Sin embargo, como ha sucedido en los anteriores intentos, pretender que dicha articulación sea por y para lo electoral, subsumida además en las cooptaciones, imposiciones, luchas por cuotas y hasta deslealtades, enmarcada en el estricto pragmatismo, cortoplacismo y lógica partidaria, resultará en un ensayo que aportará, antes que a la articulación, a retrasarla cuando no a impedirla.

Es legítimo, aunque algunas personas u organizaciones no lo compartan, que se haga llamados a crear frentes o movimientos político-electorales. Pero esta pretensión debe ser planteada de forma explícita y con lealtad, y no pretender imponerla con subterfugios a un esfuerzo de articulación que podría tener posibilidades en el mediano y largo plazo, en sentido estratégico. En ese sentido, lo que se crearía sería una articulación electoral y quienes no estén de acuerdo con ello o con el momento y las condiciones alcanzadas para ello, tendrían todo el derecho de alejarse de dicho esfuerzo.

Es necesario plantear que la electoral es una forma de lucha, que podría llegar a ser la estrategia política. Sin embargo, ante las características del régimen político, la lucha electoral no encuentra justificación en este momento y en este contexto para convertirse en la estrategia política de las organizaciones y movimientos que pretenden las transformaciones que nuestro país y que  los pueblos y sujetos políticos necesitan y requieren. Para esto necesitamos avanzar primero en esa articulación política, marco en la cual deberá concebirse, entre otros asuntos, la estrategia necesaria, en donde la lucha electoral sea analizada en sus posibilidades para convertirse en estrategia política o en una forma de lucha secundaria y complementaria.

Para competir en la contienda electoral se requiere recurso financiero y medios de difusión masiva, que la izquierda no posee. El factor a partir del cual podría empezar a romperse con las limitaciones fundamentales ante tales carencias, se encuentra en la organización, que en este momento histórico pasa por la articulación de organizaciones, movimientos y liderazgos. Sin esto se podrá participar, en buena medida validando el sistema político, pero no se podrá competir por el control del gobierno y menos por la toma del poder del Estado.

Es por ello que como Frente Popular ponemos a discusión estas propuestas que, creemos, pueden contribuir a gestar un movimiento democrático y revolucionario, no como unidad –todavía– sino como articulación política que se geste como movimiento.

Un nuevo movimiento que:

·                  Sea permanente y no coyuntural

·                  Respete la autonomía e independencia de todas las organizaciones políticas y sociales que lo integran. Se base en el principio de articulación desde las diversidades.

·                  Fortalezca la articulación política en perspectiva de gestar estratégicamente la unidad en la diversidad.

·                  Coordine y dirija la acción colectiva de resistencia y ofensiva para la toma del poder. Integre una dirigencia colectiva y representativa.

·                  Parta de una visión estratégica y no restringida a lo electoral.

·                  Se conciba como un Movimiento desde y para los sectores y pueblos en condiciones de explotación, opresión y exclusión.

·                  Tenga un carácter antiimperialista, de liberación nacional y el desarrollo soberano del país.

·                  Que geste toda decisión programática, de estrategia y de lucha como acuerdo, tomando en cuenta la búsqueda estratégica y coyuntural.

Un movimiento que tenga como líneas de trabajo y movimiento estratégico

·                  La discusión y debate sobre la cadena de la explotación, dominación y opresión (capitalismo, patriarcado, colonialismo y racismo)

·                  La articulación a nivel territorial y nacional.

·                  La construcción de la dirigencia colectiva.

·                  La movilización de resistencia desde el territorio hacia el nivel nacional, con perspectiva de clase social y de pueblos, en lucha por la soberanía nacional y la soberanía alimentaria.

·                  La movilización nacional para la toma del poder del Estado.

·                  La formación político-ideológica.

·                  La gestación de una hegemonía popular (anticapitalista, antiimperialista, anti-racista, anti-patriarcal y anti-machista)

·                  La gestación de una economía solidaria de autofinanciamiento para garantizar nuestra independencia ideológica y política.

·                  El hermanamiento con otros pueblos y organizaciones afines que contribuyan a gestar las luchas compartidas.

Un movimiento que se plantee como objetivos de un Programa Mínimo

·                  De-construir y construir los nuevos sujetos políticos de la revolución guatemalteca.

·                  Luchar por los derechos humanos de todos los tipos, órdenes y ámbitos.

·                  Construir un Estado Democrático, Popular, Plurinacional y Revolucionario.

·                  Superar el actual modelo de acumulación de capital mediante el establecimiento de un modelo de desarrollo basado en el buen vivir, planificado y soberano.

·                  Defender y recuperar la soberanía nacional ante los enemigos políticos, sociales económicos y culturales, internos y externos.

·                  Aportar sustancialmente a la construcción de la Patria Grande, Nuestra América, sobre la base de la dignidad, solidaridad, complementariedad y la defensa común en contra de cualquier forma de imperialismo.

Sirvan estas propuestas como objeto de reflexión. Finalmente lo importante es encontrar el camino acertado para transformar todo aquello que debe ser objeto de transformación, sin lo cual será imposible la vida en y con dignidad.

FRENTE POPULAR

Soberanía, Dignidad, Solidaridad

¡Vamos Patria, la lucha continúa!

Guatemala, mayo de 2014.

RESISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD: TAREA DE LA CLASE TRABAJADORA Y LOS PUEBLOS DE GUATEMALA

El Frente Popular saluda a la clase trabajadora guatemalteca en este 1º de Mayo. Recordamos la lucha histórica de los trabajadores y trabajadoras, no solo por mejoras laborales sino por cambiar el régimen que reproduce la explotación y el imperialismo. Esto nos impone el reto de avanzar en ambos sentidos: por conquistas gremiales y para romper de una vez por todas, la explotación, el expolio y la opresión que reproduce la burguesía en Guatemala y el mundo.

La burguesía organizada en el CACIF, el capital transnacional y el gobierno derechista de Otto Pérez Molina, continúan profundizando la explotación y el expolio. Por eso están promoviendo y aprobando leyes a través de sus partidos y diputados serviles, con las cuales  persiguen violar aun más nuestros Derechos Laborales. Este es el caso de las llamadas leyes de flexibilización laboral y productividad, entre otras. Pretenden pagarnos salarios miserables y suprimir nuestros derechos laborales aun más, tanto en el campo como en la ciudad, profundizando el desempleo y la miseria, favoreciendo la acumulación de capital para las empresas nacionales y transnacionales.

Pero además, la burguesía y las empresas trasnacionales, con su gerente de turno Otto Pérez, siguen avanzando en la expansión y profundización del despojo de la tierra a través de los proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, caña de azúcar, palma aceitera. Estas empresas, con la complicidad del gobierno, desde su inicio violan los derechos laborales, ofrecen empleo como una forma de engaño para entrar en los territorios de los pueblos, contratan personal solamente por uno o dos meses para evadir obligaciones en materia de Derechos Laborales. Y cuando nos resistimos a sus prácticas de despojo y explotación, afirman que nos oponemos al desarrollo, como forma de justificar la criminalización y la política de sus fundaciones y de las instituciones del Estado. Es así como van explotando a los campesinos y obreros y despojando a los pueblos de sus tierras y territorios. 

Otra forma de robo de la burguesía y las empresas transnacionales se realiza a través  del cobro exorbitante de los servicios públicos como electricidad, telefonía, agua, entre otros, del traslado corrupto y legalizado de los recursos del Estado hacia las empresas cuando se les concesiona la construcción de obras y la prestación de servicios públicos. A lo anterior se suma la continuidad de la privatización de los servicios públicos (salud, educación, etc.) y el saqueo que ocurre en instituciones como el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación, el IGSS, la USAC, entre otras muchas.

Y para mantener y profundizar esta explotación y despojo, aumentan la militarización y la criminalización de la lucha social, lo cual se expresa en el asesinato, amenazas, captura y encarcelamiento de líderes comunitarios, campesinos, indígenas, sindicales y estudiantiles.

Esta realidad que padece nuestra clase social y los pueblos en Guatemala, requiere una oposición clara y contundente. Es el momento de la movilización articulada de los sindicatos estatales y no estatales, de la lucha para evitar que se aprueben leyes dañinas para la clase trabajadora, para que se paguen salarios que garanticen la canasta básica vital y se amplíen y mejoren los servicios de salud y educación.

Es necesario, además, consolidar la resistencia, articular las luchas y avanzar hacia un proyecto político verdaderamente revolucionario del cual carecemos hoy en día. Un proyecto que articule las luchas de la clase trabajadora de la ciudad y el campo, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de la juventud.

En esta fecha debemos reflexionar sobre nuestra condición de trabajador y trabajadora, de explotados y explotadas. Esta lucha que conmemoramos debe conmovernos y movilizarnos contra tanta injusticia en el campo y la ciudad, para luego conmemorar y vivir cambios reales para nuestra clase social y para los pueblos en Guatemala. 

Insistimos: desde nuestros intereses como clase trabajadora y como pueblos, necesitamos de un programa político, una estrategia compartida, una dirigencia representativa y articuladora de los distintos sujetos y luchas. Para eso debemos dialogar, evaluar, reflexionar, rectificar y encontrar juntos la mejor forma de avanzar en esa dirección.

¡VIVA EL 1º. DE MAYO!

¡VIVA LA CLASE TRABAJADORA!

¡VIVA LA LUCHA DE NUESTROS PUEBLOS!

FRENTE POPULAR

Soberanía, Dignidad y Solidaridad

¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!

Guatemala, 1 de mayo de 2014.

FALLECE UNO DE LOS CAMPESINOS HERIDOS POR EL FINQUERO SANDINO PONCE

El día 20 de abril falleció Víctor Juc Maas, de 24 años de edad, quien había sido herido con arma de fuego por el terrateniente Sandino Ponce y sus guardaespaldas el día 7 de abril en horas de la mañana, tal y como fue denunciado oportunamente en la PNC y en la PDH.

Víctor Juc sufrió un atentado al igual que Carlos Pop Choc (42 años), Víctor  Ha Maas (24 años), Ronaldo Ja Bol (17 años), Sebastián Chub (43 años) y Floricelda Maribel Bol (22 años), todos habitantes de la comunidad Nueve de Febrero, en Cobán Alta Verapaz.

Denunciamos públicamente que este hecho forma parte de varias acciones de violencia que Leonel Ponce Ramírez y sus hijos, entre ellos Sandino Ponce, han ejecutado en contra de miembros de esta comunidad y de comunidades aledañas a Monte Olivo, del mismo municipio. Son hechos que han sucedido en la absoluta desprotección para las comunidades campesinas q’eqchi’es y en absoluta impunidad para los terratenientes, quienes a pesar de las denuncias anteriores y la actual, han gozado de la falta de persecución policial y penal por parte de los organismos del Estado, y han sido apoyados por autoridades gubernamentales quienes inclusive están promoviendo un desalojo policial en contra de la comunidad Nueve de Febrero y la captura de líderes comunitarios acusados por dichos terratenientes.

Como Frente Popular lamentamos la muerte de Víctor Juc, manifestamos nuestras muestras de solidaridad a su familia y comunidad, y nos sumamos a la exigencia porque se capture y condene a los criminales que cometieron este hecho. Alertamos al pueblo guatemalteco y a las organizaciones sociales sobre posibles acciones represivas, no en contra de dichos terratenientes como sería de esperase en un Estado democrático y garante del bien común, sino en contra de las comunidad Nueve de Febrero, comunidades vecinas y líderes comunitarios.

Reiteramos la exigencia al Procurador de Derechos Humanos para que implemente acciones coherentes de verificación, protección y condena de estos hechos. También a las organizaciones de Derechos Humanos locales e internacionales, a gestar una estrategia que garantice a las comunidades y habitantes de dichas comunidades, al goce, protección y garantía a sus Derechos individuales, económicos y sociales y aquellos que les corresponden en tanto parte del Pueblo Q’eqchi’.

Responsabilizamos a los terratenientes Ponce y al Estado guatemalteco por su política  de criminalización en contra de las comunidades rurales, campesinas y mayas, y por su política de impunidad a favor de terratenientes y empresas que siguen ejerciendo violencia y acciones de despojo y expolio en el territorio q’eqchi’.

FRENTE POPULAR

SOBERANÍA, DIGNIDAD, SOLIDARIDAD

¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!

Guatemala, 21 de abril de 2014.

FINQUERO SANDINO PONCE ATENTA CONTRA CAMPESINOS EN COBÁN, ALTA VERAPAZ

Ayer, 7 de abril, alrededor de las 10:30 de la mañana, el terrateniente Sandino Ponce, hijo de Leonel Ponce Ramírez, y cuatro de sus guardaespaldas, atacaron con arma de fuego a hermanos y hermanas q’eqchi’s de la comunidad Nueve de Febrero, ubicada en la región de Monte Olivo, Cobán, Alta Verapaz. 

El saldo del acto criminal son cinco hombres y una mujer heridos, cuatro de ellos de gravedad. Los heridos son Víctor Cuz Maas (24 años), Carlos Pop Choc (42 años), Víctor  Ha Maas (24 años), Ronaldo Ja Bol (17 años), Sebastián Chub (43 años) y Floricelda Maribel Bol (22 años), con tres meses de gestación, todos parte de la comunidad Nueve de Febrero, que integra la resistencia contra el Proyecto de la Hidroeléctrica Santa Rita S.A.

Leonel Ponce y sus hijos, entre ellos Sandino Ponce, son terratenientes con intereses vinculados al proyecto de la Hidro Santa Rita S. A. Por eso han buscado imponer la hidroeléctrica  y han querido desalojar a las comunidades de la región a sangre y fuego. Por eso han sido acusados por las comunidades de ser autores materiales e intelectuales de las constantes intimidaciones, amenazas, persecución, quema de viviendas y de hechos de violencia en contra campesinos de origen q’eqchi’ en la región.

Entre los hechos de violencia que han padecido dichas comunidades resaltan: 1) Intento de secuestro de David Chen, líder comunitario, el 14 de agosto de 2013 el primer intento y el 23 de agosto el segundo. 2) Asesinato de los  niños David Estuardo Pacay Maas (11 años) y Ageo Isaac Ruiz (13 años), atacados con arma de fuego el día viernes 23 de agosto de 2013; 3) Atentado con arma de fuego en contra de cinco comunitarios, el 8 de noviembre de 2013; 4) Atentado con arma blanca en contra de cuatro jóvenes de la comunidad Monte Olivo, sucedido el 8 de diciembre de 2013, acto en el cual fue identificado como uno de los atacantes Raúl Quib, empleado de Leonel Ponce. En todos estos hechos han sido identificados y denunciados empleados de Leonel Ponce y de la empresa Hidro Santa Rita S.A., y de la participación de Leonel Ponce y sus hijos, en el hecho ocurrido el 8 de noviembre. No obstante las denuncias en la PNC y en el Ministerio Público, el organismo judicial y el organismo ejecutivo, contrario a proteger a las comunidades y perseguir a los criminales, han impulsado una política de criminalización y persecución judicial y policial en contra de líderes y luchadores sociales en resistencia, y de protección de finqueros explotadores, expoliadores y criminales.

El proyecto de la Hidro Santa Rita S.A. pretende implementarse sobre el Río Dolores, ubicado en el municipio de Cobán, Alta Verapaz. No obstante, diecinueve comunidades campesinas de origen q’eqchi’ se oponen a éste por considerar que tiene efectos negativos de carácter social, ambiental y económico. Son comunidades que, desde el inicio de su resistencia, han reivindicado el derecho a la consulta previa, a la cual se negaron tanto la empresa como el Estado guatemalteco, tal y como mandata el Convenio 169 de la OIT, que es ley de la República de Guatemala, de carácter constitucional siendo materia de Derechos Humanos.

Ante estos hechos, como Frente Popular, alertamos al pueblo guatemalteco y a las organizaciones sociales, y llamamos a sumar esfuerzos para proteger a las comunidades y demandar justicia pronta y cumplida. En especial, para denunciar los hechos y exigir que se capture a los hechores materiales e intelectuales de estos actos criminales.

Al Procurador de Derechos Humanos, le exigimos contundencia en sus acciones de verificación, protección y condena de estos hechos. Asimismo, llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos locales e internacionales, a gestar una estrategia que garantice a las comunidades y habitantes de dichas comunidades, al goce, protección y garantía a sus Derechos individuales, económicos y sociales y aquellos que les corresponden en tanto parte del Pueblo Q’eqchi’.

Responsabilizamos a los terratenientes Ponce y a la Hidro Santa Rita del clima de terror y criminalización en contra de las comunidades que defienden su territorio. Asimismo, responsabilizamos al Estado y, en específico, al actual gobierno nacional, al gobierno municipal de Cobán y al Gobernador departamental de Alta Verapaz, por impulsar una política de criminalización en contra de las comunidades en resistencia, mientras mantienen en la impunidad absoluta a los Ponce y a la Hidro Santa Rita. Además, porque en lugar de impulsar un verdadero desarrollo, impulsan el saqueo de los recursos del país.

¡Basta ya de violencia en contra de las comunidades rurales!

¡Basta ya de crímenes y acción cómplice del Estado!

¡No al saqueo!

¡No a la impunidad!

FRENTE POPULAR

SOBERANÍA, DIGNIDAD, SOLIDARIDAD

¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!

Guatemala, 8 de abril de 2014.