LA PUYA: POR LA COHESIÓN DE LA LUCHA

La falta de respeto, el abuso, la prepotencia son consustanciales a un gobierno que cree que los recursos naturales de un país son de su propiedad. Si en algún momento se ve frenado es por la presión social e internacional para cometer desmanes contra la resistencia de quienes defienden estos como parte de una visión mucho más acorde con la racionalidad que debe existir de su explotación la cual no debe reñir con la preservación del ambiente. Y, por supuesto si esta explotación se traduce en beneficios para, en principio, las comunidades cercanas a donde están dichos recursos y, en segunda instancia, para toda la nación a través de un contrato donde gane el país en primer lugar y la parte empresarial en segundo lugar. O sea, con porcentajes mayoritarios para comunidades y nación y menores para la empresa explotadora de dichos recursos. Como en otros países soberanos donde se ha estructurado una ganancia de 51% para el Estado y 49% para las empresas. Ese justo equilibrio trae implícito no solo la transparencia, sino el elemento indispensable del resguardo de la soberanía y el respeto a la opinión de las comunidades donde se instalarán los diversos proyectos extractivos y por supuesto, de la nación toda.

Esta visión más equilibrada, más equitativa es normal en sociedades que han entendido que de no serlo así la confrontación y el conflicto derivarán como algo lógico en lo inmediato o en el mediano plazo. Sin embargo, en Guatemala, las negociaciones que debieran ser de Estado a Estado o de Estado hacia empresas, son manejadas por grupitos oligarcas que manejan a este Estado como suyo y, por consiguiente, se creen dueños de los recursos de todos. Y, quien ose oponerse a ello un enemigo del progreso y el desarrollo. Claro, del progreso y desarrollo de esa oligarquía por desbaratarle esos caprichitos y frenarle los jugosos negocios que de antemano han cerrado con los otros lo que demuestra esa prepotencia inherente a esta clase anodina que aún se cree con derechos de encomienda y repartimiento.

El generalato que nos oprime, no que nos gobierna, pues esto requiere de una buena dosis de autoridad que nunca ha obtenido, tiene, por lo mismo, que recurrir siempre a la represión que va desde el crimen y la golpiza hasta el amedrentamiento y la amenaza. Esos son sus recursos y lo serán hasta que no haya un relevo total, lo que implica una revolución social y un relevo en las cúpulas del poder a favor de los sectores populares. De lo contrario seguirán habiendo estos abusos y prepotencias. Si tienen a un pelele en una pantalla denominada graciosamente Comisión de Diálogo, es como se dice en buen chapin: “para taparle el ojo al macho”, pues, el diálogo jamás puede existir en circunstancias donde ellos han negociado antes con otros sobre los puntos fundamentales del negocio con ventaja, alevosía y secretismo.

El desalojo violento del paraje La Puya, no es más que una repetitiva acción de un gobierno estéril para la mayoría pobre y explotada de este país, cuyo objetivo no es más que seguir esquilmado y saqueando en aras de un enriquecimiento privado de sus su funcionarios. Sin embargo, por su arrogante voracidad no se dan cuenta que el cántaro ha ido muchas veces al agua y está a punto de romperse. Es un ciclo histórico que jamás ha fallado. No obstante esa realidad, la izquierda, especialmente aquella de cuya experiencia se esperaría un liderazgo más activo y comprometido,  sigue siendo miope y no ve más allá de la realidad inmediata lo que la maniata para poder estar a la altura de los hechos cometiendo errores previsibles donde muchas veces pierden la vida inocentes y más vulnerables.

Por ello, ante la confirmación, una vez más, que este gobierno como fiel representante de los intereses oligárquicos nacionales y extranjeros no tiene capacidad de diálogo bueno sería, en principio, unificar las diferentes expresiones de izquierda, sentarse a discutir estrategias y tácticas para enfrentar la política de este Estado represor. En segunda instancia, desconocer a esa triste figura del Comisionado del Diálogo que no ha servido más que para mediatizar y engañar a los que han creído seriamente en ese ejercicio y a los líderes corruptos de la izquierda que estén en contubernio con él. En tercer lugar, unificar la condena nacional a favor de los desalojados en cualquier parte del país. Esto dará no solo cohesión sino una voz única que represente las luchas comunitarias. Y, en cuarto lugar, acudir a las instancias internacionales para denunciar a este gobierno por su engaño y desfachatez.

O la justicia es para todos o no lo es.

¡¡¡La Puya es nuestra bandera de lucha!!!

COLECTIVO “LA GOTERA”

Guatemala, 25 de mayo de 2014

NUESTRO REPUDIO A LA REPRESIÓN DE PÉREZ-SINIBALDI-CACIF

Como Frente Popular condenamos la represión en contra de comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, las cuales llevan dos años asentadas en La Puya para resistir al proyecto minero de la transnacional estadounidense Kappes Kssiday & Associates –KCA- y la guatemalteca Exmingua.

Es indignante la complicidad del gobierno de Pérez-Sinibaldi-CACIF que actúa para proteger el vil saqueo del país.  Con cerca de 500 efectivos de la PNC, entre los cuales también estaba al jefe de seguridad de la empresa minera, protegidos con potentes equipos para la represión, con centenares de bombas lacrimógenas, agredieron sin ningún tipo de consideración a niños, ancianos, mujeres –algunas embarazadas–, jóvenes y hombres, quienes en actitud pacífica han estado resistiendo para evitar la actividad minera y para defender el territorio, la vida, el agua y la tranquilidad social, todo contra lo cual atenta esta actividad capitalista. 

La actitud de la resistencia de La Puya ha sido heroicamente pacífica. Y esto se reiteró el 23 de mayo. Sentados y acostados en la carretera, se posicionaron para evitar el desalojo. No obstante, la PNC, acompañados por personeros de la empresa minera, llevaba órdenes del Ministro de Gobernación para desalojar a ciudadanos que reivindican derechos que les corresponden en tanto guatemaltecos, los cuales han sido violados reiteradamente por el Estado.

La represión, fue evidente, se hizo bajo la consigna de reprimir con toda la fuerza posible y  costara lo que costara. Así inicia un episodio de represión desmedida: rociamiento de gases lacrimógenos, agresiones físicas y detenciones, lanzamiento de bombas lacrimógenas como potentes proyectiles, capturas de ciudadanas y ciudadanos dignos de las comunidades aledañas, así como de organizaciones sociales y de Derechos Humanos solidarias.

La consigna implícita del gobierno de Pérez-Sinibaldi-CACIF era: El Oro o la Vida.  O se lograba la entrada de maquinaria de la empresa minera al lugar concesionado para el saqueo, o se reprimiría hasta las últimas consecuencias a la población. Una vez más, el gobierno, como representación de un Estado que históricamente ha sido el instrumento fundamental para garantizar la explotación y el expolio a manos de capitalistas locales (CACIF) y transnacionales, actúo consecuente con su carácter: guardián militar al servicio de la burguesía y el capital transnacional.

Desde cualquier perspectiva que veamos este hecho represivo es injustificable. Es evidente que el gobierno no protege el interés público, el interés común, el interés de todos los guatemaltecos, sino el expolio a manos de empresas capitalistas, el cual podrá ser legal, pero es ética, social, económica y políticamente ilegítimo.  La minería no puede ni siquiera ser justificado como un buen negocio para el país, porque es un vil saqueo de los recursos nacionales, de los recursos públicos. Es evidente que el diálogo planteado por el gobierno ha sido una farsa reiterada, que se corrobora con la brutal represión a la resistencia de comunidades en La Puya que siempre manifestaron su disposición a dialogar.

Ante un gobierno como el de Pérez-Sinibaldi-CACIF, lo único que queda es la resistencia, como ejercicio de Derecho reconocido en la Constitución Política de la República de Guatemala. Tal parece que sólo de esta manera será posible garantizar el interés común y legítimo de los pueblos de Guatemala.

Como Frente Popular reiteramos nuestra solidaridad y reconocimiento a la Resistencia de La Puya, por su lucha pacífica y decidida en defensa de sus derechos, que este gobierno se empeña en negar y violar.

Expresamos nuestra reiterada condena a la represión del gobierno de Pérez-Sinibaldi-CACIF, a quienes responsabilizamos por los hechos de represión estatal o violencia paramilitar (de empresas de “seguridad” privada) que han afectado y que pudieran afectar a las comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc que resisten en La Puya.

Nuestro reiterado llamado a solidarizarse con la Resistencia de La Puya y a fortalecer los esfuerzos para articularnos en defensa del territorio en todo el país.

  

FRENTE POPULAR

SOBERANÍA, DIGNIDAD, SOLIDARIDAD

¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!

Guatemala, 25 de mayo de 2014.

PROPUESTAS DEL FRENTE POPULAR PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO Y REVOLUCIONARIO EN GUATEMALA

LA NECESARIA ARTICULACIÓN POLÍTICA

Es indudable que en la coyuntura actual se impone la necesidad de la articulación política de organizaciones y movimientos que estamos luchando, desde distintos frentes, ante la explotación, el expolio y la opresión que implementan las principales formas en que el capital transnacional y local se organiza económica, social, cultural y políticamente, así como el Estado que ha sido construido históricamente para tales fines y que hoy el gobierno derechista del Partido Patriota, como buen operador de tales intereses, implementa a través de sus políticas entreguistas y represivas.

Y es un reto porque enfrentar tales poderes requiere que las luchas se extiendan con acciones a nivel nacional para potenciarse y evitar que sean acorraladas en lo local o regional, en lo sectorial y en subterfugios de diálogo y de subvenciones que mediatizan.  Asimismo, para que tales luchas se conviertan en parte de un programa político que las potencie en la búsqueda de construir poder popular (de clase, étnico y de género) y para tomar el poder del Estado, principal e ineludible instrumento con el cual impulsar las transformaciones históricas y estructurales necesarias.

Pero dicha articulación es y debe ser concebida en su complejidad. Para que dicha articulación se logre debe considerar, entre otros elementos:

1)      El reconocimiento que las organizaciones y movimientos actualmente existentes corresponden a sujetos socio-políticos.

Esto significa que constituyen procesos históricos, presentan distintos arraigos territoriales, han gestado agendas y programas políticos, decidido estrategias de lucha, construido liderazgos y alcanzado distintos grados de desarrollo ideológico y político, entre otros elementos de distinto orden. 

Es decir, esto significa el reto de articular las diferencias en materia de visiones, luchas y prácticas, lo que imposibilita de inmediato la unidad, aun cuando esta debiera ser un propósito en el mediano y largo plazo, pero nunca a ser impuesta. Tal articulación de las diferencias es tan importante como articular aquello que compartimos. Ambas dimensiones, sin duda, pueden permitir gestar conjuntamente un programa político compartido.

2)      Es indudable que si la articulación estratégica es el genuino propósito, se dará prioridad a éste y no a la imposición de la agenda, estrategia y conducción de un tipo de organización.

Esto quiere decir, que si una organización opta por lo electoral porque esa es su búsqueda, no debe pretender imponerla a través de subterfugios a las demás; así como las demás organizaciones deben respetar el hecho de que una organización opte por lo electoral. Anteponer lo electoral o lo no electoral, resultará en un resquebrajamiento de la posibilidad de articulación que en un momento pueda encontrar posibilidad de gestarse. Se afirma lo anterior porque esto es lo dominante en los últimos esfuerzos de articulación política que se expresaron, con sus matices, en el Movimiento Político y Social de Izquierda (MPSI) y la Mesa de Unidad de las Izquierdas o Mesa Unitaria, que antecedieron a la creación del Movimiento Amplio de Izquierda –MAÍZ- y del Frente Amplio, sólo para poner a consideración los dos productos y los dos momentos electorales anteriores al actual, y que fueron oportunidades perdidas por prácticas que deben ser asumidas crítica y autocríticamente.

3)      Antes que pensar en abrir un congreso político, crear una estructura y buscar la aprobación de estatutos, debe garantizarse que se han dado los avances necesarios para lograr dicha articulación.

Esto pasa por reconocer avances, como los gestados por los Consejos de Pueblos, por las organizaciones de mujeres, por los partidos políticos, aun cuando presenten limitaciones de distinto orden.  Igualmente importante será la relación que se geste entre la ciudad capital y los departamentos, entre lo rural y lo urbano, entre las distintas formas de organización y lucha sectorial y territorial, entre los distintos pueblos, entre las distintas identidades y liderazgos. Y esto impone diálogo, en el cual se hable y se escuche, en el cual se maduren propuestas estratégicas y tácticas compartidas.

Todo esfuerzo de articulación política, encuentra ciertas posibilidades en cada momento y coyuntura. Esto podría afirmarse para el contexto de la dinámica electoral. Sin embargo, como ha sucedido en los anteriores intentos, pretender que dicha articulación sea por y para lo electoral, subsumida además en las cooptaciones, imposiciones, luchas por cuotas y hasta deslealtades, enmarcada en el estricto pragmatismo, cortoplacismo y lógica partidaria, resultará en un ensayo que aportará, antes que a la articulación, a retrasarla cuando no a impedirla.

Es legítimo, aunque algunas personas u organizaciones no lo compartan, que se haga llamados a crear frentes o movimientos político-electorales. Pero esta pretensión debe ser planteada de forma explícita y con lealtad, y no pretender imponerla con subterfugios a un esfuerzo de articulación que podría tener posibilidades en el mediano y largo plazo, en sentido estratégico. En ese sentido, lo que se crearía sería una articulación electoral y quienes no estén de acuerdo con ello o con el momento y las condiciones alcanzadas para ello, tendrían todo el derecho de alejarse de dicho esfuerzo.

Es necesario plantear que la electoral es una forma de lucha, que podría llegar a ser la estrategia política. Sin embargo, ante las características del régimen político, la lucha electoral no encuentra justificación en este momento y en este contexto para convertirse en la estrategia política de las organizaciones y movimientos que pretenden las transformaciones que nuestro país y que  los pueblos y sujetos políticos necesitan y requieren. Para esto necesitamos avanzar primero en esa articulación política, marco en la cual deberá concebirse, entre otros asuntos, la estrategia necesaria, en donde la lucha electoral sea analizada en sus posibilidades para convertirse en estrategia política o en una forma de lucha secundaria y complementaria.

Para competir en la contienda electoral se requiere recurso financiero y medios de difusión masiva, que la izquierda no posee. El factor a partir del cual podría empezar a romperse con las limitaciones fundamentales ante tales carencias, se encuentra en la organización, que en este momento histórico pasa por la articulación de organizaciones, movimientos y liderazgos. Sin esto se podrá participar, en buena medida validando el sistema político, pero no se podrá competir por el control del gobierno y menos por la toma del poder del Estado.

Es por ello que como Frente Popular ponemos a discusión estas propuestas que, creemos, pueden contribuir a gestar un movimiento democrático y revolucionario, no como unidad –todavía– sino como articulación política que se geste como movimiento.

Un nuevo movimiento que:

·                  Sea permanente y no coyuntural

·                  Respete la autonomía e independencia de todas las organizaciones políticas y sociales que lo integran. Se base en el principio de articulación desde las diversidades.

·                  Fortalezca la articulación política en perspectiva de gestar estratégicamente la unidad en la diversidad.

·                  Coordine y dirija la acción colectiva de resistencia y ofensiva para la toma del poder. Integre una dirigencia colectiva y representativa.

·                  Parta de una visión estratégica y no restringida a lo electoral.

·                  Se conciba como un Movimiento desde y para los sectores y pueblos en condiciones de explotación, opresión y exclusión.

·                  Tenga un carácter antiimperialista, de liberación nacional y el desarrollo soberano del país.

·                  Que geste toda decisión programática, de estrategia y de lucha como acuerdo, tomando en cuenta la búsqueda estratégica y coyuntural.

Un movimiento que tenga como líneas de trabajo y movimiento estratégico

·                  La discusión y debate sobre la cadena de la explotación, dominación y opresión (capitalismo, patriarcado, colonialismo y racismo)

·                  La articulación a nivel territorial y nacional.

·                  La construcción de la dirigencia colectiva.

·                  La movilización de resistencia desde el territorio hacia el nivel nacional, con perspectiva de clase social y de pueblos, en lucha por la soberanía nacional y la soberanía alimentaria.

·                  La movilización nacional para la toma del poder del Estado.

·                  La formación político-ideológica.

·                  La gestación de una hegemonía popular (anticapitalista, antiimperialista, anti-racista, anti-patriarcal y anti-machista)

·                  La gestación de una economía solidaria de autofinanciamiento para garantizar nuestra independencia ideológica y política.

·                  El hermanamiento con otros pueblos y organizaciones afines que contribuyan a gestar las luchas compartidas.

Un movimiento que se plantee como objetivos de un Programa Mínimo

·                  De-construir y construir los nuevos sujetos políticos de la revolución guatemalteca.

·                  Luchar por los derechos humanos de todos los tipos, órdenes y ámbitos.

·                  Construir un Estado Democrático, Popular, Plurinacional y Revolucionario.

·                  Superar el actual modelo de acumulación de capital mediante el establecimiento de un modelo de desarrollo basado en el buen vivir, planificado y soberano.

·                  Defender y recuperar la soberanía nacional ante los enemigos políticos, sociales económicos y culturales, internos y externos.

·                  Aportar sustancialmente a la construcción de la Patria Grande, Nuestra América, sobre la base de la dignidad, solidaridad, complementariedad y la defensa común en contra de cualquier forma de imperialismo.

Sirvan estas propuestas como objeto de reflexión. Finalmente lo importante es encontrar el camino acertado para transformar todo aquello que debe ser objeto de transformación, sin lo cual será imposible la vida en y con dignidad.

FRENTE POPULAR

Soberanía, Dignidad, Solidaridad

¡Vamos Patria, la lucha continúa!

Guatemala, mayo de 2014.

RESISTENCIA Y ORGANIZACIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD: TAREA DE LA CLASE TRABAJADORA Y LOS PUEBLOS DE GUATEMALA

El Frente Popular saluda a la clase trabajadora guatemalteca en este 1º de Mayo. Recordamos la lucha histórica de los trabajadores y trabajadoras, no solo por mejoras laborales sino por cambiar el régimen que reproduce la explotación y el imperialismo. Esto nos impone el reto de avanzar en ambos sentidos: por conquistas gremiales y para romper de una vez por todas, la explotación, el expolio y la opresión que reproduce la burguesía en Guatemala y el mundo.

La burguesía organizada en el CACIF, el capital transnacional y el gobierno derechista de Otto Pérez Molina, continúan profundizando la explotación y el expolio. Por eso están promoviendo y aprobando leyes a través de sus partidos y diputados serviles, con las cuales  persiguen violar aun más nuestros Derechos Laborales. Este es el caso de las llamadas leyes de flexibilización laboral y productividad, entre otras. Pretenden pagarnos salarios miserables y suprimir nuestros derechos laborales aun más, tanto en el campo como en la ciudad, profundizando el desempleo y la miseria, favoreciendo la acumulación de capital para las empresas nacionales y transnacionales.

Pero además, la burguesía y las empresas trasnacionales, con su gerente de turno Otto Pérez, siguen avanzando en la expansión y profundización del despojo de la tierra a través de los proyectos mineros, hidroeléctricos, petroleros, caña de azúcar, palma aceitera. Estas empresas, con la complicidad del gobierno, desde su inicio violan los derechos laborales, ofrecen empleo como una forma de engaño para entrar en los territorios de los pueblos, contratan personal solamente por uno o dos meses para evadir obligaciones en materia de Derechos Laborales. Y cuando nos resistimos a sus prácticas de despojo y explotación, afirman que nos oponemos al desarrollo, como forma de justificar la criminalización y la política de sus fundaciones y de las instituciones del Estado. Es así como van explotando a los campesinos y obreros y despojando a los pueblos de sus tierras y territorios. 

Otra forma de robo de la burguesía y las empresas transnacionales se realiza a través  del cobro exorbitante de los servicios públicos como electricidad, telefonía, agua, entre otros, del traslado corrupto y legalizado de los recursos del Estado hacia las empresas cuando se les concesiona la construcción de obras y la prestación de servicios públicos. A lo anterior se suma la continuidad de la privatización de los servicios públicos (salud, educación, etc.) y el saqueo que ocurre en instituciones como el Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Educación, el IGSS, la USAC, entre otras muchas.

Y para mantener y profundizar esta explotación y despojo, aumentan la militarización y la criminalización de la lucha social, lo cual se expresa en el asesinato, amenazas, captura y encarcelamiento de líderes comunitarios, campesinos, indígenas, sindicales y estudiantiles.

Esta realidad que padece nuestra clase social y los pueblos en Guatemala, requiere una oposición clara y contundente. Es el momento de la movilización articulada de los sindicatos estatales y no estatales, de la lucha para evitar que se aprueben leyes dañinas para la clase trabajadora, para que se paguen salarios que garanticen la canasta básica vital y se amplíen y mejoren los servicios de salud y educación.

Es necesario, además, consolidar la resistencia, articular las luchas y avanzar hacia un proyecto político verdaderamente revolucionario del cual carecemos hoy en día. Un proyecto que articule las luchas de la clase trabajadora de la ciudad y el campo, de los pueblos indígenas, de las mujeres y de la juventud.

En esta fecha debemos reflexionar sobre nuestra condición de trabajador y trabajadora, de explotados y explotadas. Esta lucha que conmemoramos debe conmovernos y movilizarnos contra tanta injusticia en el campo y la ciudad, para luego conmemorar y vivir cambios reales para nuestra clase social y para los pueblos en Guatemala. 

Insistimos: desde nuestros intereses como clase trabajadora y como pueblos, necesitamos de un programa político, una estrategia compartida, una dirigencia representativa y articuladora de los distintos sujetos y luchas. Para eso debemos dialogar, evaluar, reflexionar, rectificar y encontrar juntos la mejor forma de avanzar en esa dirección.

¡VIVA EL 1º. DE MAYO!

¡VIVA LA CLASE TRABAJADORA!

¡VIVA LA LUCHA DE NUESTROS PUEBLOS!

FRENTE POPULAR

Soberanía, Dignidad y Solidaridad

¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!

Guatemala, 1 de mayo de 2014.

FALLECE UNO DE LOS CAMPESINOS HERIDOS POR EL FINQUERO SANDINO PONCE

El día 20 de abril falleció Víctor Juc Maas, de 24 años de edad, quien había sido herido con arma de fuego por el terrateniente Sandino Ponce y sus guardaespaldas el día 7 de abril en horas de la mañana, tal y como fue denunciado oportunamente en la PNC y en la PDH.

Víctor Juc sufrió un atentado al igual que Carlos Pop Choc (42 años), Víctor  Ha Maas (24 años), Ronaldo Ja Bol (17 años), Sebastián Chub (43 años) y Floricelda Maribel Bol (22 años), todos habitantes de la comunidad Nueve de Febrero, en Cobán Alta Verapaz.

Denunciamos públicamente que este hecho forma parte de varias acciones de violencia que Leonel Ponce Ramírez y sus hijos, entre ellos Sandino Ponce, han ejecutado en contra de miembros de esta comunidad y de comunidades aledañas a Monte Olivo, del mismo municipio. Son hechos que han sucedido en la absoluta desprotección para las comunidades campesinas q’eqchi’es y en absoluta impunidad para los terratenientes, quienes a pesar de las denuncias anteriores y la actual, han gozado de la falta de persecución policial y penal por parte de los organismos del Estado, y han sido apoyados por autoridades gubernamentales quienes inclusive están promoviendo un desalojo policial en contra de la comunidad Nueve de Febrero y la captura de líderes comunitarios acusados por dichos terratenientes.

Como Frente Popular lamentamos la muerte de Víctor Juc, manifestamos nuestras muestras de solidaridad a su familia y comunidad, y nos sumamos a la exigencia porque se capture y condene a los criminales que cometieron este hecho. Alertamos al pueblo guatemalteco y a las organizaciones sociales sobre posibles acciones represivas, no en contra de dichos terratenientes como sería de esperase en un Estado democrático y garante del bien común, sino en contra de las comunidad Nueve de Febrero, comunidades vecinas y líderes comunitarios.

Reiteramos la exigencia al Procurador de Derechos Humanos para que implemente acciones coherentes de verificación, protección y condena de estos hechos. También a las organizaciones de Derechos Humanos locales e internacionales, a gestar una estrategia que garantice a las comunidades y habitantes de dichas comunidades, al goce, protección y garantía a sus Derechos individuales, económicos y sociales y aquellos que les corresponden en tanto parte del Pueblo Q’eqchi’.

Responsabilizamos a los terratenientes Ponce y al Estado guatemalteco por su política  de criminalización en contra de las comunidades rurales, campesinas y mayas, y por su política de impunidad a favor de terratenientes y empresas que siguen ejerciendo violencia y acciones de despojo y expolio en el territorio q’eqchi’.

FRENTE POPULAR

SOBERANÍA, DIGNIDAD, SOLIDARIDAD

¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!

Guatemala, 21 de abril de 2014.

FINQUERO SANDINO PONCE ATENTA CONTRA CAMPESINOS EN COBÁN, ALTA VERAPAZ

Ayer, 7 de abril, alrededor de las 10:30 de la mañana, el terrateniente Sandino Ponce, hijo de Leonel Ponce Ramírez, y cuatro de sus guardaespaldas, atacaron con arma de fuego a hermanos y hermanas q’eqchi’s de la comunidad Nueve de Febrero, ubicada en la región de Monte Olivo, Cobán, Alta Verapaz. 

El saldo del acto criminal son cinco hombres y una mujer heridos, cuatro de ellos de gravedad. Los heridos son Víctor Cuz Maas (24 años), Carlos Pop Choc (42 años), Víctor  Ha Maas (24 años), Ronaldo Ja Bol (17 años), Sebastián Chub (43 años) y Floricelda Maribel Bol (22 años), con tres meses de gestación, todos parte de la comunidad Nueve de Febrero, que integra la resistencia contra el Proyecto de la Hidroeléctrica Santa Rita S.A.

Leonel Ponce y sus hijos, entre ellos Sandino Ponce, son terratenientes con intereses vinculados al proyecto de la Hidro Santa Rita S. A. Por eso han buscado imponer la hidroeléctrica  y han querido desalojar a las comunidades de la región a sangre y fuego. Por eso han sido acusados por las comunidades de ser autores materiales e intelectuales de las constantes intimidaciones, amenazas, persecución, quema de viviendas y de hechos de violencia en contra campesinos de origen q’eqchi’ en la región.

Entre los hechos de violencia que han padecido dichas comunidades resaltan: 1) Intento de secuestro de David Chen, líder comunitario, el 14 de agosto de 2013 el primer intento y el 23 de agosto el segundo. 2) Asesinato de los  niños David Estuardo Pacay Maas (11 años) y Ageo Isaac Ruiz (13 años), atacados con arma de fuego el día viernes 23 de agosto de 2013; 3) Atentado con arma de fuego en contra de cinco comunitarios, el 8 de noviembre de 2013; 4) Atentado con arma blanca en contra de cuatro jóvenes de la comunidad Monte Olivo, sucedido el 8 de diciembre de 2013, acto en el cual fue identificado como uno de los atacantes Raúl Quib, empleado de Leonel Ponce. En todos estos hechos han sido identificados y denunciados empleados de Leonel Ponce y de la empresa Hidro Santa Rita S.A., y de la participación de Leonel Ponce y sus hijos, en el hecho ocurrido el 8 de noviembre. No obstante las denuncias en la PNC y en el Ministerio Público, el organismo judicial y el organismo ejecutivo, contrario a proteger a las comunidades y perseguir a los criminales, han impulsado una política de criminalización y persecución judicial y policial en contra de líderes y luchadores sociales en resistencia, y de protección de finqueros explotadores, expoliadores y criminales.

El proyecto de la Hidro Santa Rita S.A. pretende implementarse sobre el Río Dolores, ubicado en el municipio de Cobán, Alta Verapaz. No obstante, diecinueve comunidades campesinas de origen q’eqchi’ se oponen a éste por considerar que tiene efectos negativos de carácter social, ambiental y económico. Son comunidades que, desde el inicio de su resistencia, han reivindicado el derecho a la consulta previa, a la cual se negaron tanto la empresa como el Estado guatemalteco, tal y como mandata el Convenio 169 de la OIT, que es ley de la República de Guatemala, de carácter constitucional siendo materia de Derechos Humanos.

Ante estos hechos, como Frente Popular, alertamos al pueblo guatemalteco y a las organizaciones sociales, y llamamos a sumar esfuerzos para proteger a las comunidades y demandar justicia pronta y cumplida. En especial, para denunciar los hechos y exigir que se capture a los hechores materiales e intelectuales de estos actos criminales.

Al Procurador de Derechos Humanos, le exigimos contundencia en sus acciones de verificación, protección y condena de estos hechos. Asimismo, llamamos a las organizaciones de Derechos Humanos locales e internacionales, a gestar una estrategia que garantice a las comunidades y habitantes de dichas comunidades, al goce, protección y garantía a sus Derechos individuales, económicos y sociales y aquellos que les corresponden en tanto parte del Pueblo Q’eqchi’.

Responsabilizamos a los terratenientes Ponce y a la Hidro Santa Rita del clima de terror y criminalización en contra de las comunidades que defienden su territorio. Asimismo, responsabilizamos al Estado y, en específico, al actual gobierno nacional, al gobierno municipal de Cobán y al Gobernador departamental de Alta Verapaz, por impulsar una política de criminalización en contra de las comunidades en resistencia, mientras mantienen en la impunidad absoluta a los Ponce y a la Hidro Santa Rita. Además, porque en lugar de impulsar un verdadero desarrollo, impulsan el saqueo de los recursos del país.

¡Basta ya de violencia en contra de las comunidades rurales!

¡Basta ya de crímenes y acción cómplice del Estado!

¡No al saqueo!

¡No a la impunidad!

FRENTE POPULAR

SOBERANÍA, DIGNIDAD, SOLIDARIDAD

¡VAMOS PATRIA, LA LUCHA CONTINÚA!

Guatemala, 8 de abril de 2014.

FMLN gana con legitimidad elecciones en El Salvador

El Frente Popular de Guatemala, saluda al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y su candidato presidencial, Salvador Sánchez Cerén, por el triunfo alcanzando el día de ayer domingo 9 de marzo. Sin duda, es un triunfo legítimo, incuestionable y que augura la posibilidad de continuar gestando políticas populares, orientadas a lograr la justicia social en ese hermano país.

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador, comunicó ayer por la noche y lo ratificó hoy por la mañana, que Salvador Sánchez Cerén, candidato por el FMLN, aventaja la segunda vuelta eleccionaria. Con el 100% de mesas escrutadas, el FMLN logra 1 millón 494 mil 144 votos, es decir el 50.11%, con una ventaja de 6 mil 634 votos sobre la candidatura de ARENA.  Este resultado, como norma la legislación salvadoreña, deberá ser ratificado con el conteo definitivo que inició el día de hoy a las 8 horas.

Mientras esto sucede, la derecha organizada en ARENA, se niega aceptar el triunfo del FMLN.

El carácter antidemocrático de la derecha salvadoreña se evidencia cuando su candidato perdedor acusa al TSE de haber fraguado un fraude a favor de El Salvador, y además, arenga a sus seguidores y les plantea “estamos en guerra” y agrega “las fuerzas armadas están pendientes de un fraude electoral”, como amenaza de asonada militar, irrespetuosas de la voz del pueblo salvadoreño expresada en las urnas.

Sin embargo, la posibilidad de fraude ha sido desdicha por el Tribunal Supremo Electoral y por las distintas misiones de observación electoral las cuales han confirmado la limpieza y transparencia del proceso eleccionario. Es desdicho, además, por la transparencia del proceso, que continuará hasta darse a conocer en definitiva como ganador legítimo a Sánchez Cerén.

Habrá que recordar que la historia de América Latina, confirma a la derecha, siempre asesorada y financiada por Estados Unidos, como la única que han protagonizado fraudes electorales y asonadas militares antidemocráticas.

Por eso, además de solidarizarnos con el pueblo salvadoreño y con el FMLN, alertamos de la estrategia que la derecha de ARENA siga de ayer en adelante, en su afán de no reconocer el triunfo legítimo y democrático de la izquierda salvadoreña.

¡VIVA EL PUEBLO SALVADOREÑO!

FRENTE POPULAR

Soberanía, Dignidad, Solidaridad

¡Vamos Patria, la lucha continúa!

Guatemala, 10 de marzo de 2014

La insurrección de 1992 en Venezuela: una mirada desde Guatemala*

Por Mario Sosa

Sin duda alguna, el alzamiento militar encabezado por el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, un 4 de febrero de 1992, constituye un hecho trascendente. Trascendente porque quiebra el proceso venezolano y lo enrumba en una dirección radicalmente distinta a aquella por la cual venía transcurriendo desde la firma del Pacto del Punto Fijo (1958). Ese pacto, consistente en el acuerdo de los partidos políticos del régimen: Acción Democrática (AD, socialdemócrata), Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI, democratacristiano) y Unidad Republicana Democrática (URD, centro izquierda), cerró el proceso político al imponer un marco constitucional y de derecho bajo su control, a partir del cual co-gobernarían con base en un “programa de gobierno mínimo común” que no era otra cosa que la aplicación de las políticas gestadas desde la oligarquía local, la embajada estadounidense y los organismos financieros internacionales, y que se tradujo en la aplicación del saqueo y el expolio emanados de las políticas de ajuste estructural y neoliberales.

El hechos del 4 de febrero de 1992 fue la culminación de una etapa que venían gestando militares nacionalistas y revolucionarios, quienes desde el interior de las fuerzas armadas fueron articulando un movimiento político, en alianza con algunas organizaciones de carácter cívico. Este fue el punto de partida de un proceso que, con el liderazgo de Hugo Chávez Frías y la organización de una nueva fuerza política, el Movimiento Quinta República (MVR), pasa a una etapa sustancialmente superior con el triunfo electoral de 1998, cuyo acceso al control del gobierno abrió la posibilidad de iniciar la transformación del Estado y la sociedad venezolana.

Pero cuál era el contexto de ese hecho. Al respecto apuntaré algunos aspectos que me parecen relevantes.

La insurrección del 4 de febrero ocurre pocos años después de la caída del simbólico Muro de Berlín y el resquebrajamiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), con lo cual el Socialismo como proyecto histórico y como corriente política habría de experimentar uno de sus principales reveces. De hecho, se iniciaba un proceso de retraimiento y abandono ideológico, político y militar por organizaciones y partidos que pretendieron impulsarlo por distintas vías. En esas circunstancias, que fueron particularmente vividas en América Latina y en Guatemala, no esperábamos un movimiento político que, como sucedió poco tiempo después, se declaraba socialista.

Ese hecho ocurre, asimismo, en un momento histórico de América Latina, en el cual era hegemónico el neoliberalismo y los planes imperiales de Estados Unidos avanzaban a paso firme, con la complicidad sumisa de las oligarquías locales. Esto no obstante las resistencias sociales y políticas, como la representada en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que se revela por la vía armada en 1994, justo al momento de entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio firmado entre Estados Unidos (EEUU), Canadá y México, una modalidad de tratados que contienen políticas orientadas a imponer encadenamientos productivos, comerciales y legales para nuestros pueblos y Estados latinoamericanos. No obstante la pervivencia de la experiencia socialista cubana.

En particular, en Guatemala se sucedían dinámicas importantes. Una de ellas, la más relevante, era la conversión de un movimiento revolucionario en armas que, enrumbado en la búsqueda de la firma de acuerdos de paz como salida a la derrota militar, se convertiría en partido político institucional e institucionalista, interesado en la Agenda de los Acuerdos de Paz antes que en continuar la lucha revolucionaria por otras vías. En tanto esto sucedía, la fragmentación de los movimientos sociales se acentuaba y se profundizaba el distanciamiento entre las expresiones políticas y sociales que, en buena medida, antes formaban parte de una búsqueda y conducción política común. Estos y otros factores, hacían muy difícil la gestación de una nueva etapa de lucha revolucionaria o el enfrentamiento exitoso de las políticas neoliberales que se profundizaron justo después de la firma de la paz en 1996.

Vale decir que en Guatemala, las fuerzas democráticas y de izquierda en general –en la inmediatez– vimos la insurrección cívico militar de 1992 en Venezuela como un nuevo alzamiento militar, otro Golpe de Estado que se sucedía en América Latina, otro régimen militar que intentaba sustituir a un gobierno que resultaba insostenible para dar continuidad y hacer “gobernable” un país objeto de la aplicación de las políticas neoliberales. Es indudable que nuestro desconocimiento del carácter de dicha insurrección nos hacía perder de vista sus motivaciones reales, las cuales logramos constatar posteriormente. En específico, su motivación para: A) Quebrar el Pacto del Punto Fijo; B) Enfrentar las políticas de ajuste estructural y neoliberales que habían empobrecido aun más al pueblo venezolano y cuya consecuencia tuvo como momento cúspide tanto la rebelión popular como la represión de Estado, momento conocido como el Caracazo (febrero de 1989); C) El derrocamiento de la corrupción y las políticas antipopulares que desde sucesivos gobiernos, habían impulsado en función de los intereses oligárquicos locales y sumisos a los designios de EEUU y los organismos financieros internacionales; D) Erradicar el carácter servil y corrupto que igualmente dominaba al interior de las fuerzas armadas venezolanas; E) Recuperar los objetivos del pensamiento y la praxis bolivariana, que se veían como metas inconclusas en los albores del siglo XX, es decir, lograr la verdadera independencia de América Latina y construir la Patria Grande que guió la lucha de libertador Simón Bolívar.

Y cuáles fueron las implicaciones de esa insurrección histórica, encabezada por el Comandante Hugo Chavez Frías.

Como ya se afirmó, dicha insurrección fue el inicio de un punto de inflexión, que en Venezuela caminó por la conversión del líder de la insurrección en líder de la oposición popular, democrática y revolucionaria. Fue el inicio de un proceso de maduraciones que convierten al movimiento de la insurrección en un movimiento anti oligárquico, y sucesivamente en un movimiento anti imperialista y socialista. Fue el inicio de un conjunto de victorias y transformaciones políticas (como la Nueva Constitución Bolivariana, la gestación de una república soberana, digna y solidaria, la transformación del ejército), ideológicas (la recreación del ideal socialista enriquecido con el ideario bolivariano), sociales (la gestación de un amplio y heterogéneo movimiento político, asentado en la base de la sociedad venezolana) y económicas (desde nacionalizaciones hasta la recuperación de la soberanía económica) en la ahora República Bolivariana de Venezuela.

No obstante su carácter de insurrección militar y su fracaso inmediato en 1992, el hecho abrió la posibilidad histórica para la gestación de una vía política para la toma del poder, una vía distinta a la implementada por los movimientos revolucionarios de América Latina durante la segunda mitad del siglo XX[1]. Esta vía fue la electoral, como elección, como referéndum continuo, donde el protagonista colectivo, el pueblo venezolano, le fue dando al nuevo proyecto y su conducción política la legitimidad y la fuerza para sostenerse y avanzar en los cambios que se fueron concretando. Fue, además, la vía democrática para enfrentar a la oligarquía y sus distintas intentonas golpistas, como el Golpe de Estado del 2002, el sabotaje a PDVSA que se extendió hasta el 2003, y el actual intento por derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro.

Las implicaciones de la insurrección y lo que desata como proceso, tuvo además implicaciones históricas para el Estado venezolano. Con una Constitución Bolivariana profundamente democrática, se gesta un Estado soberano, que recupera el sentido de lo público, del bien común, que sustrae al Estado del control las organizaciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, de la oligarquía local y sus oficinas corporativas, y del control que ejercía EEUU sobre la política del Estado venezolano en general, tal el caso de la política petrolera.

Lo anterior fue esencial para que Venezuela empezara un camino de recuperación de sus bienes naturales y de desarrollo de sus fuerzas productivas, a través de políticas de nacionalización, transformación agraria, industrialización. Y, con ello, a salir de los flagelos de la pobreza y desigualdad. En este sentido es necesario recordar que en el primer semestre de 1997, durante el gobierno neoliberal de Rafael Caldera (último gobierno representativo del Pacto de Punto Fijo), la pobreza era de 55,6% y la pobreza extrema de 25,5%. El nuevo régimen bolivariano hizo descender esos indicadores al punto de bajar la pobreza al 26,5% y la extrema pobreza al 7% para el año 2011. Más allá, un año después, la pobreza se había reducido al 23,9%. Asimismo, hoy se sitúa como el país menos desigual de América Latina, con un coeficiente de Gini que se ubica en 0,39, diez dígitos menos que en 1997.

La insurrección de febrero de 1992, además, fue el inicio de un punto de inflexión en América Latina, siendo que dicho proceso confluye con otros que venían gestándose con sus propias dinámicas y liderazgos, como en Bolivia y Ecuador. Sin duda, aporta elementos de primer orden, como la recuperación recreada del pensamiento revolucionario bolivariano, sabiendo interpretar las tareas pendientes y gestando aplicaciones coherentes al momento, al contexto, al proceso que habría de enfrentar. El pensamiento bolivariano y socialista venezolano, así recreado, vino a enriquecer la matriz identitaria e ideológica de los movimientos revolucionarios en América Latina.

Históricamente, dicha insurrección ha tenido, asimismo, implicaciones en la expansión del proceso de rebeldía, insumisión e insurrección política que América Latina ha vivido durante las últimas dos décadas. El liderazgo del Comandante Hubo Chávez, como el de Fidel Castro Rus, ha sido fundamental en la gestación de un nuevo bloque de poder latinoamericano, que hoy transcurre con la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Con esto se ha logrado mermar sustancialmente la hegemonía de EEUU y la Organización de Estados Americanos (OEA) ha recibido un duro golpe como organismo al servicio de los mandatos del imperio. Desde esta iniciativa, además, se han logrado gestar varias derrotas al imperio, la más significativa quizá está representada en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), proyecto expansionista más grande de EEUU, que pudo haber sumido a América Latina en la absoluta dependencia y dominio neocolonial. Además, como ha dicho Atilio Borón, el protagonismo del Comandante Hugo Chávez fue esencial para reconfigurar el mapa político de América Latina a partir de promover y hacer avanzar la unidad latinoamericana.

Los héroes bolivarianos que protagonizaron la insurrección armada en 1992, encabezados por su Comandante Hugo Chávez, nos enseñaron que para gestar una correlación de fuerzas distinta, se necesita una acción política trascendente capaz de articular política e ideológicamente hacia un mismo sendero revolucionario. Esa insurrección nos legó, además, a un político y una forma de hacer política sin tapujos, nombrando las cosas como son (“Aquí huele a azufre” como metáfora de política insumisa al imperio), sin las mediaciones de una diplomacia burguesa que se escondía y se esconde en lo políticamente correcto, que al final de cuentas es la obediencia al imperio y al capital. Nos legó un político y una política que se orienta a construir una cultura política popular, asentada en las causas de las grandes mayorías, en la democracia participativa, en los consejos populares, en la movilización social protagónica, en el sujeto pueblo.

Desde 1992, Hugo Chávez se convirtió en el fantasma que recorre América Latina, en el antagónico político, ideológico y económico de las oligarquías, de las burguesías, de los sistemas políticos del statu quo, e inclusive, de los partidos y organizaciones de izquierda acomodadas, desesperanzadas, proclives a volver los partidos comunistas en socialdemócratas, cuando no a su liquidación, y a los socialdemócratas en neoliberales o simplemente en marginales e inofensivos.

Sin duda, el proceso iniciado con la insurrección de 1992, que ha tenido fundamentales aciertos, aunque también errores y contradicciones –como lo han reconocido sus propios líderes–, seguirá nutriendo los procesos revolucionarios en América Latina, y su líder histórico, Hugo Chavez Frías, seguirá inspirando a movimientos y fuerzas políticas que propugnan por construir el Socialismo, que buscan derrotar al imperialismo (como fase capitalista y como ejercicio de poder del imperio estadounidense), por erradicar la desigualdad y el hambre que padecen nuestros pueblos.

Estamos a un año de la desaparición física del Comandante de la insurrección de 1992 en Venezuela. Y no obstante, podemos afirmar, que su legado es un ideal que recorre América Latina, y la seguirá recorriendo por muchos, muchos años. Es el ideal de Hugo Chávez Frías, cuyo comienzo histórico es –con precisión– la insurrección de 1992. Su entrega heroica y solidaria hasta sus últimas consecuencias, hace que Hugo Chávez Frías continúe vivo en la lucha de pueblo bolivariano de Venezuela, que enfrenta una nueva arremetida del imperialismo y de la burguesía local y regional.

En conclusión, la insurrección de 1992 es, sin duda, un hecho histórico cuyas consecuencias aún se gestan en Venezuela y en América Latina, en la búsqueda por lograr la justicia plena, la dignidad y la soberanía de nuestros pueblos, por lograr la verdadera independencia de Nuestra América en palabras de José Martí y por construir la Patria Grande que soñó con lucidez Simón Bolívar.

* Esta es una versión corregida y ampliada de mi ponencia al foro convocado por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela para analizar este hecho histórico, realizado el 12 de febrero de 2014 en ciudad de Guatemala.

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[1] En Guatemala, habrá que recordar, que producto de una insurrección cívica y militar en 1944, se inició un proceso democrático de carácter revolucionario, que fue truncado en 1954 con el golpe de Estado al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán. A partir de ahí se inicia un proceso de represión generalizada en contra de la oposición popular y de izquierda, uno de los factores que explica que se asumiera la vía armada como forma de acceder al poder y gestar la transformación del país.