miércoles, 25 de junio de 2014

Parafraseando a Hugo Maul R.

Antonio Castillo

Hugo Maul R, el 16 de junio del presente año, escribió en el diario de difusión masiva elPeriódico, el artículo Sindicalismo estatal y pactos colectivos, en el cual hace referencia al estudio La Amenaza de los Pactos Colectivos en el Sector Público, realizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales –CIEN–, un centro para-empresarial, promotor de ideas neoliberales desde su origen. Desde el pensamiento neoliberal, este artículo pone en cuestión los pactos colectivos, cuestionando la dinámica para llegar a estos y sus implicaciones para las finanzas estatales, entre otros aspectos.

Es este el artículo que da vida a este escrito, con un sentido complementario de paráfrasis antagónica al redactado por Hugo Maul R. Es decir, recuperando el mismo discurso de Maul R, pero incorporándole un sentido de clase social contrario al que él como ideólogo para-empresarial promueve.

Así: Fortalecer lo público, el interés común, tiene como punto de partida despertar la conciencia ciudadana respecto de los riesgos que implica continuar con las prácticas que los dueños del capital implementan en el sector público. Prácticas que constantemente atentan contra la deteriorada salud de las fianzas públicas y, por consiguiente, contra la deteriorada educación, salud y demás garantías para la vigencia de derechos ciudadanos; prácticas que entorpecen y encarecen los servicios públicos y limitan que los trabajadores del Estado gocen de mejores salarios y condiciones laborales; prácticas que impiden la gestión de aquellas políticas públicas orientadas al bienestar de los sectores desposeídos, a la prestación de servicios públicos con calidad y efectividad en sus impactos en las condiciones de vida de las grandes mayorías.

Contrario a lo que algunos centros para-empresariales como el CIEN publican, los pactos colectivos han sido los procedimientos que, en el contexto del Estado de derecho que protege al capital, se han constituido en la forma posible para lograr avances en materia laboral dentro del Estado. Contrario a esto, centros como el CIEN pretenden hacernos creer que sus planteamientos y estudios que cuestionan estos pactos colectivo, no atentan contra los derechos de la clase trabajadora. Lo que hacen de forma subyacente es ocultar las prácticas de los empresarios hacia el Estado, que con el control de los aparatos estatales, ministerios y políticas públicas fundamentales, en complicidad con funcionarios públicos de turno, se orientan a expoliar las arcas públicas, y a quienes no se les exige que rindan cuentas y muestren transparencia y responsabilidad en sus negociaciones.

Es necesario que la ciudadanía comprenda que, detrás de estos “estudios”, como los del CIEN y ya no digamos los de ASÍES y FUNDESA, se esconden intereses, como la defensa de los intereses empresariales, contrarios a los intereses de la clase trabajadora. Que detrás de tales estudios se esconden poderosos y perversos intereses y negocios que gravitan en contra del interés común, del interés público; que dichos estudios se orientan a negar que la clase trabajadora requiere, no sólo salarios mayores sino mejores servicios públicos como complemento necesario para garantizar sus derechos, que en todo caso son los derechos de las grandes mayorías. Son “estudios” con planteamientos que niegan la negociación de pactos colectivos al aducir que los funcionarios públicos, al carecer de “los incentivos correctos para adoptar posturas fuertes a favor del interés general”, pues no están comprometiendo “su patrimonio propio” –como sería el caso de los empresarios–, para adoptar “una postura congruente con la defensa del bolsillo de los contribuyentes”, como si los empresarios al negociar sus intereses lo hicieran en función de la defensa del bolsillo de nosotros los contribuyentes.

Y es que, en estos “estudios” se oculta lo que es evidente en la realidad: en cada negocio que realizan empresas y grupos corporativos con el Estado, así como en cada Ley y política que se aprueba en el Congreso o se implementa en los ministerios, se facilita la explotación y el saqueo, es decir, los intereses del capital, de los empresarios. Y en estos casos múltiples, constantes y alevosos, el ciudadano queda completamente desprotegido ante el juego de intereses e quienes históricamente han manejado el país, con la complicidad de los políticos de turno. Con una pequeña diferencia, en el caso de los políticos, los votantes tienen la capacidad de relevarlos por otros, aun cuando quienes son electos en cada elección pasan a ser los nuevos sirvientes del empresariado. En el caso de los empresarios que manejan a su sabor y antojo al Estado, desde dentro (como Castillo Sinibaldi, Gustavo Alejos, por ejemplo) o desde fuera (como los Gutiérrez Bosch, los Castillo, los Novela, los Maegli), tal mecanismo de control “democrático” está vedado a la población, a la cual no le queda sino asumir los costos (pobreza, miseria, represión, etc.) de las decisiones que otros toman, supuestamente, en su beneficio.

Por eso, parafraseando antagónicamente a Hugo Maúl R., afirmamos que los ciudadanos estamos ante la amenaza constante, manifiesta, de los intereses empresariales en el sector público. Asimismo, que los políticos de turno y los grupos empresariales, gestan un contubernio timocrático, que ni por asomo rinden cuentas por sus actuaciones. En este marco, los pactos colectivos, son herramientas de la clase trabajadora en el Estado, para negociar sus legítimos intereses.

martes, 3 de junio de 2014

Resistencia nacional

Por Antonio Castillo

Los hechos de represión indiscriminada en contra de niños, ancianos, mujeres y hombres de comunidades de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc (Guatemala), a manos de un contingente de la PNC, el 23 de mayo pasado, es una demostración, una vez más, que en Guatemala, antes de prevalecer el bien común, el interés público, predomina el interés de la clase dominante y del capital transnacional.

Quienes representan los intereses de la clase dominante y el capital transnacional, aglutinados en la Cámara de Industria, la Cámara de Industrias Extractivas y el mismo Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, comerciales, Industriales y Financieras –CACIF-, aducen que son estas inversiones (de saqueo, expolio, desposesión) las que permitirán reducir la pobreza, crear empleo, aportar tributos. 

Son estos núcleos de poder históricamente dominantes en el país, quienes ocultan que son estas inversiones las que contaminan, concentran, se apropian y despojan al pueblo de sus riquezas, y que además generan violencia y represión bajo un manto de impunidad. Ocultan que es este régimen económico (que históricamente han construido), el que ha impedido que millones de guatemaltecos satisfagan dignamente sus necesidades vitales, porque pagan salarios de hambre y mantienen a millones en el desempleo y subempleo. Ocultan que son ellos quienes menos impuestos pagan y que son las capas medias y la mayoría de la clase trabajadora quienes más tributan a través del injusto Impuesto al Valor Agregado –IVA. Ocultan que son ellos quienes evaden impuestos de forma  legal (a través de sus Fundaciones, por ejemplo) e ilegal, generando un fraude de miles de millones que bien podrían ser utilizados en garantizar salud, educación, vivienda, transporte digno y seguridad para las grandes mayorías.

Como buenos fascistas, ofenden a los ciudadanos y ciudadanas, a las comunidades rurales mestizas e indígenas, cuando afirman que resistencias como la de La Pura son manipuladas por extranjeros o personas pagadas desde el exterior. Los ofenden porque no reconocen que estas ciudadanas y ciudadanos, tienen la capacidad de analizar y decidir qué es desarrollo y qué no lo es, y de discernir sobre los efectos negativos y sobre el despojo que representan estas actividades extractivas. Alaban eso sí, a mestizos o indígenas cuando estos acuerpan y defienden sus intereses como clase dominante, como los llamados empresarios mayas, o como Alberto Chumil Julajuj, Alcalde Indígena de Sololá, y Joaquín Nicolás Ordóñez Yax, Autoridad Indígena Ancestral Maya de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes contrario al interés de quienes les han electo, han impulsado acciones para beneficiarse de una alianza con quienes históricamente han explotado, expoliado y oprimido a los pueblos originarios.

Estos intereses son los que se operan los medios de difusión masiva: un discurso de desarrollo que en realidad esconde el interés de la acumulación de capital por desposesión, el cual se abre paso a toda costa, incluso de la vida de ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas. Esto es lo que opera la red de medios hegemónicos de prensa, televisión y radio, y sus principales editorialistas, columnistas, entrevistadores y entrevistados, quienes reproducen una matriz de falta de información, desinformación y opinión, a favor de la sacrosanta propiedad privada; una matriz mediática que criminaliza toda oposición a estas forma de expolio, acusándolas de ser manipuladas por organismos internacionales y ONG, cuando no de grupos al margen de la ley y terroristas.

Sabiendo que tienen el control del Estado y que el gobernante de turno juega el papel de operador político de primer orden, los dueños del capital local y transnacional invocan al llamado Estado de Derecho para imponer a fuerza de violencia sus intereses, tal y como lo han hecho históricamente. Acusan a quienes resisten del intento por hacer de nuestro país (del cual se creen dueños absolutos) un territorio donde exista impunidad y donde se impida la inversión privada, sin recordar que ellos han reproducido un régimen de impunidad para beneficiar dicha inversión privada y, sobretodo, para obtener la máxima ganancia, a costa de reproducir la pobreza y miseria de la mayoría de quienes integran nuestro pueblo.

En este marco se entiende la represión implementada por el gobierno de Otto Pérez Molina, quien ha sido un fiel guardián de sus intereses. Un gobierno que privilegia y defiende el Estado de Derecho (el Estado de Derecho burgués) y evade aquella parte de la Constitución Política de la República de Guatemala que mandata al Estado a garantizar el bien común.

A estas alturas es evidente que el actual régimen ha optado por la más descarada defensa del saqueo y para ello ha decidido utilizar toda la fuerza represiva disponible, violando Derechos constitucionalmente reconocidos y violando un conjunto de Derechos Humanos.

Así que la respuesta no puede ser sino la del impulso de un proceso de resistencia, cuya tarea principal sea movilizar a todo el país, en el entendido que ninguna resistencia localizada podrá defenderse por sí misma y menos lograr el objetivo de detener el expolio. Sólo así se podrá detener, asimismo, la intentona de gestar un gobierno dictatorial a través de una reforma constitucional conservadora o de un golpe de Estado blando o duro.

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