viernes, 21 de febrero de 2014

EL GUIÓN MACABRO DE UNA PRENSA AL SERVICIO DEL IMPERIO YANQUI

El triste caso de Mario Antonio Sandoval y Prensa Libre
Por Carlos Maldonado

Una vez más se puede comprobar como el señor Mario Antonio Sandoval, quien en su columna Catalejo, publicada en el matutino Prensa Libre del viernes 21 de febrero, no tiene escrúpulo alguno de pisotear la profesión de periodista al arremeter sin fundamento contra el gobierno de Venezuela.

En argumentos suyos, que no son más que la réplica de la línea editorial dictada por Washington a sus agencias noticiosas, el asediado gobierno de Maduro es el culpable de la crisis que sufre la nación sudamericana.

Afortunadamente para el mundo, los medios independientes de esa línea imperial, han mostrado las verdaderas imágenes de jóvenes mercenarios que por 3,000 bolívares diarios tienen la misión de “incendiar Venezuela” para orillar una intervención por parte de Estados Unidos que pondría de nuevo bajo los pies de esa potencia, las riquezas petroleras que posee y otras que vengan por añadidura.

Insulta Sandoval a Maduro como único recurso que posee al carecer de argumentos serios y, por ende, de información veraz, endilgándole cuestiones que jamás han sucedido como es el estrangulamiento a la prensa y la represión brutal a las manifestaciones. Al contrario, la prensa pro yanqui de ese país igual que alguna de acá, es la que plaga de mentiras el script cotidiano y son los manifestantes fascistas los que aterrorizan las calles de algunas ciudades, especialmente Caracas para provocar muertes de inocentes como preámbulo para la intervención yanqui.

También el fullero Sandoval afirma que Maduro masacra a su pueblo cuando se ha demostrado plenamente que han sido las bandas fascistas de la derecha quienes han asesinado a las cinco personas que han caído en las calles con el ánimo de achacarle a las fuerzas de seguridad y a los partidarios del gobierno esas muertes. Un libreto por demás trillado que ha sido utilizado impune y desfachatadamente en Libia, Siria, Ucrania y ahora en Venezuela. ¿O, no se habrá enterado el Vicepresidente de Prensa Libre y Presidente del Noticiero Guatevisión de semejantes guiones? Indudablemente sí. Lo que seguramente pasa es que el mismo Sandoval es parte de esa macabra farsa informativa que recorre el mundo por la cual ganan miles de dólares muchos pseudoperiodistas pero que también, si no está consciente el señor Sandoval, está bañada en sangre de millones de inocentes.

Señor Sandoval, tenga cuidado, más temprano que tarde la verdad alcanza a una paticoja mentira y los lacayos que lamieron las botas de los reyezuelos son sacrificados por sus mismos amos en la desesperación de probar que ellos ni siquiera estuvieron allí, entregando a sus peones. Ese es el triste destino de los serviles de espada o pluma que siempre son mal pagados por un diablo a quien un día muy bien sirvieron.
Por esa situación de engaño y estafa de la prensa mundial, es necesario que el periodismo independiente y todos los movimientos sociales y antisistémicos nos unamos para evitar esa intervención gringa anunciada que sería el principio del fin de la segunda independencia de América Latina con lo cual se truncaría una vez más el sueño de Bolívar.


lunes, 17 de febrero de 2014

Solidaridad desde Guatemala para el Pueblo Bolivariano de Venezuela

Como Frente Popular, desde Guatemala alzamos nuestra voz en solidaridad con la Revolución Bolivariana, con el gobierno legítimamente electo de Nicolás Maduro, y con el pueblo bolivariano de Venezuela, que hoy está enfrentando una nueva intentona golpista planificada por la burguesía local, claramente apátrida, y del  imperialismo estadounidense.

En primera fila de esa intentona aparecen Leopoldo López y María Corina Machado, dos de los principales incitadores visibles. Detrás están el ex candidato presidencial de la oposición, Henrique Capriles, así como la cúpula empresarial y la embajada yanqui que se ha dedicado a entrenar, financiar y acuerpas con acciones intervencionistas de John Kerry (Secretario de Estado de EEUU), a grupos internos para generar actos de violencia como un paso para desestabilizar al país. Y cómo corolario, aparece el paramilitar colombiano, Alvaro Uribe, quien ha sido claramente un conspirador contra el gobierno de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro.

Es claro que este nuevo intento de desestabilización y derrocamiento del segundo gobierno revolucionario en Venezuela, es parte de la estrategia de la burguesía local y de Estados Unidos en específico, quienes han sido impedidos de controlar el Estado y las políticas que ahora se gestan con contenido popular y, por consiguiente, han dejado de percibir los beneficios económicos del saqueo al Estado, de la explotación hacia la clase trabajadora y del expolio de los recursos naturales, como sucedió durante largos años con el caso del petróleo.

La estrategia, además de generar actos de violencia, ha consistido en el impulso de una campaña nacional e internacional, para crear una matriz mediática que persigue que la ciudadanía venezolana y el mundo piensen que en Venezuela ocurre una rebelión generalizada y, en respuesta, actos represivos del gobierno bolivariano.

Lo cierto es que no ocurre ni una ni otra cosa. La debilidad de la derecha hace que su movilización sea focalizada, que sus mentiras mediáticas sean desbaratadas, y sus planes para levantar un enfrentamiento que les permita concretar un Golpe de Estado se debilitan fuertemente. Contrariamente, la movilización popular bolivariana ha demostrado su alta capacidad de acción democrática y pacífica en toda la República Bolivariana, mientras el gobierno de Nicolás Maduro, demostrando firmeza, ha garantizado el respeto a los Derechos Humanos y ha abierto espacios para dialogar con opositores que no están siendo parte de los actos violentos.

Es por ello que la intentona fascista está siendo derrotada en esta nueva batalla, en la cual, el estandarte del Comandante Hugo Chávez, hacer avanzar la vanguardia revolucionaria hacia nuevas conquistas que el pueblo venezolano vive y siente como suyas.  La derecha venezolana, la derecha internacional y el gobierno yanqui no soportan que los gobiernos de la Revolución Bolivariana, hayan reducido la pobreza, que pasó del 55,6% en 1997 –un año antes del ascenso al poder de Hugo Chavez- a un 23,9% en el 2012.

Desde Guatemala, como Frente Popular condenamos esa intentona golpista de la derecha, de la burguesía y del imperialismo yanqui en Venezuela.

Reiteramos nuestra solidaridad con la Revolución Bolivariana, con su liderazgo encabezado por Nicolás Maduro, y con el pueblo bolivariano de Venezuela.  

¡Viva la Revolución Bolivariana!
¡Viva Nicolás Maduro!
¡Viva el Pueblo Bolivariano de Venezuela!
¡Hugo Chávez, Vive!

FRENTE POPULAR
¡Vamos Patria, la Lucha continúa!
Soberanía, Dignidad, Solidaridad


Guatemala, febrero de 2014

GOLPE INSTITUCIONAL DE LA CORTE POLÍTICA DE CONSTITUCIONALIDAD EN GUATEMALA

Por Mario Sosa

Usualmente por Golpe de Estado entendemos aquella acción consistente en la toma del poder político de forma inconstitucional, por procedimientos anti democráticos, ajenos a la institucionalidad establecida para el relevo en la conducción política. En nuestro caso, el Golpe de Estado ha sido sinónimo de asonada militar, siempre con la venia del poder económico dominante y a veces hasta de la jerarquía católica y evangélica.

Para el caso que nos ocupa, en Guatemala asistimos es a un Golpe Institucional, a cargo de la Corte de Constitucionalidad (CC), en contra de otra institución autónoma del Estado: el Ministerio Público. Este Golpe Institucionalidad se realiza cuando la CC, con fecha 5 de febrero de 2014, emite un fallo preliminar que acorta el período de cuatro años para el que fue designada Claudia Paz y Paz, actual Fiscal General de la Nación.  Adicionalmente,  en este fallo preliminar, ordena al Congreso de la República la elección de la Comisión de Postulación, la cual tendría la tarea de iniciar el proceso de selección de sustituto. Es decir, la CC ordena acortar un período constitucionalmente establecido, con lo cual realiza un acto que atenta en contra de la autonomía –de carácter constitucional– del Ministerio Público.

Dicho Golpe Institucional, además de afectar la institucionalidad del Ministerio Público, atenta contra quien conduce dicha entidad, la reconocida abogada Claudia Paz y Paz. Paz y Paz ha tenido la virtud de lograr en tres años la recuperación de la autonomía de la Fiscalía y hacerla eficiente y eficaz en la persecución del delito en nuestro país, agobiado precisamente por el legado de violencia, corrupción y crimen de quienes históricamente han tenido la capacidad de dirigir, desde la escena o tras bambalinas, al Estado guatemalteco.

Más allá de esta implicación jurídica e institucional, es evidente como la Corte de Constitucionalidad emite, nuevamente, un fallo político dictado por sectores de poder económico y político. Aquellos que históricamente han determinado el destino del país, ya sea por la vía “democrática” o por la vía de la dictadura más sanguinaria, como aquella que registró su máxima expresión con la política contrainsurgente y genocida durante la segunda mitad del siglo XX.  El objetivo ha sido retomar el control del Ministerio Público, para garantizarse impunidad o, en su caso, la persecución judicial solamente en contra de aquellos que les resultan incómodos a sus objetivos de acumulación y dominio.

A propósito de este hecho, en mayo del año 2013 escribí un artículo titulado “Corte política de constitucionalidad en Guatemala”.  En éste hacía un análisis del carácter político que cumplía dicha Corte en el caso que retrotraía el juicio al genocida Ríos Montt, como una orden de quienes históricamente han tenido capacidad de veto en el país, es decir, la oligarquía, en este caso articulada en el Comité Coordinador de Asociación Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras –CACIF. Era claro como la condena por genocidio contra Ríos Mott, atentaba en contra del régimen político que, en su carácter contrainsurgente, garantizó el dominio de dicha oligarquía. Que aquellos que detentan el poder económico del país aceptaran dicho fallo, entonces, implicaba no solamente deslealtad hacia los militares que les sirvieron fielmente a riesgo de este tipo de juicios, sino también, abrir la posibilidad para que prominentes empresarios que hicieron parte de la estrategia genocida y procedentes de las familias más poderosas del país, fueran también juzgados por este u otros delitos relacionados.

Por ello no extraña este nuevo fallo de la Corte política de Constitucionalidad (CpC), que envuelto en un manto de falsa jurisprudencia, no ha dejado de tener críticos inclusive en constitucionalistas conservadores y defensores del llamado Estado de Derecho. Y es que los burdos y güisacheros argumentos de la CpC son cuestionables por su carácter inconstitucional y por sus consecuencias políticas e inconstitucionales.

No extraña tampoco como se fue tejiendo la mascarada. Desde el recurso de constitucionalidad interpuesto por Ricardo Sagastume (abogado corporativo y vinculado con estructuras contrainsurgentes articuladas en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala), pasando por un fallo de carácter preliminar en la cual, contradictoriamente, la CpC ordena iniciar proceso de selección de nuevo Fiscal, la negativa al recurso de revocatoria interpuesto por la Fiscal General de la Nación, hasta llegar al Congreso de la República (10 de febrero de 2014), donde los serviles y señalados políticos de siempre, ni lentos ni perezosos, abrieron cauce a la integración de la Comisión Postuladora. Y tal parece que este proceso no tiene vuelta atrás.

Es necesario recordar que la CpC, finalmente es parte de un andamiaje jurídico que al proceder de una Asamblea Nacional Constituyente en manos de la oligarquía y el ejército, fue pensada como un organismo investido de máximo órgano constitucional, encargado de avalar aquellas decisiones trascendentes orientadas a la defensa del statu quo. Por eso, antes que un ente jurídico, debe ser entendido como un ente político, cuya orientación se explica en la coyuntura política, en la correlación de fuerzas realmente existente en el país, que en este caso favorece al capital, a la burguesía, a la oligarquía en particular, a sus operadores políticos, a sus operadores contrainsurgentes, y a las mafias que devendrán en capitales “honorables” con el transcurrir del tiempo.


En el afán de defender a ultranza sus intereses económicos y políticos, y mantenerse en la impunidad, son capaces de ejecutar un Golpe Institucional y pasarse por al arco del triunfo las normas que instituyeron en la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985, que tal parece está llegando a su término como ordenamiento jurídico del país.

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