jueves, 21 de febrero de 2013

OTRO DESALOJO VIOLENTO DEL GOBIERNO PATRIOTA


El día martes 19 de octubre se ejecutó otra acción represiva del gobierno actual, en contra de la comunidad q’eqchi’ Monte Verde, en el municipio de Livingston, Izabal. Esta es una acción orientada al desplazamiento de población indígena de un territorio de apetencia terrateniente, específicamente de la familia Milián (de origen italiano), y para su explotación petrolera.

El desalojo violento, con participación de 150 efectivos de la Policía Nacional Civil y acompañados por integrantes de la familia Milián y del CONAP (¡¡¡sospechoso no!!!), obligó a las familias de la comunidad –como en los tiempos de la política de tierra arrasada- a huir hacia la selva-montaña, lo que generó que momentáneamente niños se vieran perdidos y consiguientemente traumados por el hecho.

Adicionalmente fueron detenidos 4 líderes comunitarios, quienes han estado permanentemente gestionando los derechos de la comunidad y a quienes se criminaliza con cargos de usurpación. Los detenidos son: Abelino Ical Caal, Pedro Moo Pop, Marcos Moo Coc, Eduardo Ico Coc. Asimismo, fueron destruidos cultivos esenciales para la subsistencia de dichas familias, destrucción de las viviendas y de los enseres domésticos. Hoy, las familias se encuentran en la imposibilidad siquiera de un resguardo y cubrir su necesidad alimentaria inmediata.

No obstante de las gestiones de la comunidad para dialogar al respecto de la problemática que les ha afectado, varios gobiernos, incluido el actual, se han negado a dar una solución coherente al conflicto, lo cual pasa por desvanecer fehacientemente la demanda de usurpación que la familia Milián aduce al plantear que las tierras de la comunidad pertenecen a su finca. Esto implica, como ha sido la demanda comunitaria, que se mida la finca de la familia Milián, la cual, denuncian los comunitarios, ha sido extendida a partir del movimiento anómalo de mojones y el arrebatamiento de las tierras comunitarias.

En lugar de encontrar una solución a la problemática, el Estado opera a través del organismo judicial y del organismo ejecutivo, como operador de los intereses finqueros y petroleros. Ahí se explica la militarización que se ha registrado en el área, con la presencia de Kaibiles. Además, forma parte de una cadena de hechos de esta naturaleza, ocurridos en Barillas, Totonicapán, San Rafael Las Flores, San José del Golfo, etc. Se relaciona en los intereses y en las tácticas, al caso la región de Santa Valeria, Cobán, donde existe orden de captura contra cinco líderes comunitarios, por oponerse a la imposición de la hidroeléctrica Santa Rita.

No más violencia estatal cómplice con el despojo
No más violencia estatal cómplice con el capital
Alto a los desalojos contra comunidades indígenas, mestizas y campesinas

FRENTE POPULAR
Soberanía, Dignidad, Solidaridad
¡Vamos Patria, la lucha continúa!

Frente Popular, Guatemala, 20 de febrero 2013

miércoles, 20 de febrero de 2013

POR LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL RESPETO DEL ESTADO DE DERECHO, EXIGIMOS LA INMEDIATA LIBERACIÓN DE LOS NORMALISTAS DETENIDOS INJUSTAMENTE


El día viernes 08 de febrero, miembros de la Policía Nacional Civil detuvieron al maestro y estudiante universitario Giancarlo Samayoa y al estudiante normalista Darwin Morales , miembros de la comunidad normalista. El hecho ocurrió a inmediaciones del Instituto Normal para Señoritas Belén. La detención se produjo cuando los estudiantes pretendían tomar las instalaciones de dicho Instituto, como medida desesperada ante la intransigencia del gobierno de turno renuente al diálogo y empeñado en imponer su reforma de la Formación Inicial Docente, cuestionable desde la perspectiva pedagógica, social, económica y política.

Como ciudadanos de pleno derecho consideramos que no es a jóvenes ansiosos de libertad y henchidos de valor por defender la justeza de su lucha, a quienes debe perseguirse. En cambio, es condenable el despropósito y el abuso de poder de quienes contravienen sus obligaciones e implementan políticas contrarias a la Carta Magna que les ordena, en tanto funcionarios públicos, garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona (Art. 2). No hay asidero posible, ni legal ni moral, para el actuar del gobierno, de su ministra de educación y de su ministro de gobernación, al desoír, descalificar, criminalizar, reprimir -física, psíquica o simbólicamente- a ciudadanos que se opone pacíficamente a sus designios.

Los jóvenes detenidos son expresión de un importante sector de la ciudadanía que reclama su derecho a una educación pública, de calidad; a ser sujetos de una reforma magisterial cuyo fin primordial sea el desarrollo integral de la persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal, como también mandata la Constitución en su artículo 72, y no a ser objetos de una reforma retrógrada, conservadora, limitadora de derechos como la que pretende el organismo ejecutivo.

Es en virtud de ese conocimiento que jóvenes, como los ahora detenidos, luchan contra la imposición de la llamada “Estrategia para una educación de calidad” por parte de este gobierno. La referida estrategia contraviene lo establecido en la Constitución de la República (artículos 71-73, 76) y la ley de Educación Nacional (artículos 10 y 12) por ser una disposición ministerial sin respaldo pleno en el Consejo Nacional de Educación.

Quienes abajo firmamos, rechazamos rotundamente este actuar represivo contra la comunidad normalista, así como toda acción que desde el gobierno se oriente a criminalizarla. También nos oponemos a la intención por imponer una instrucción autómata, a la reducción de la educación pública a través de una velada privatización y los consiguientes efectos que tendrá en la educación de nuestros hijos e hijas, y en los derechos adquiridos por el magisterio nacional.

Demandamos la inmediata liberación de los dos jóvenes detenidos, claramente, por causa política, cuya integridad física, moral y psíquica ha sido ilegalmente lesionada. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a la comunidad científica, a los estudiantes, padres de familia y al pueblo en general, para apoyar esta justa demanda y a pronunciarse contra la represión que viven hoy las y los estudiantes normalistas.

Ciudadanos demandantes

1. Ada Melgar
2. Adela Castañeda M., estudiante de sociología
3. Ana Eugenia Paredes
4. Ana López Molina
5. Ana Lucía Ramazzini
6. Analu Sáenz
7. Ana Silvia Monzón, socióloga
8. Belinda Ramos, socióloga
9. Brenda Hernández, máster en administración de recursos humanos
10. Candelaria Carrera
11. Carlo Aldana Mendoza, doctor en educación, responsable de Derechos Humanos de la Fundación Rigoberta Menchú
12. Dra. Lisette Aguilar Prado
13. Dorotea Gómez Grijalva, antropóloga
14. Enrique Corral
15. Federico Medrano, médico
16. Fernando Rodríguez
17. Flor de María Castañeda
18. Gustavo A. Illescas A.
19. Gustavo Molina, economista, especialista en desarrollo rural y seguridad alimentaria.
20. Gustavo Muñoz, artesano de la vida
21. Gustavo Normanns, sociolingüista y antropólogo social
22. Gustavo Pernilla
23. Héctor Abraham Herrera Alvarado, director ejecutivo de la Red de Jóvenes Voluntarios por los Derechos Humanos y la Prevención del VIH.
24. Hugo Morales, ingeniero
25. Iduvina Hernández Batres, defensora de DDHH
26. Iveth Morales, trabajadora social
27. Jorge Santos
28. José Azurdia
29. José Barnoya García, médico
30. José Rafael Calderón Quiñonez, estudiantes universitario
31. Juan Humberto Botzoc Che
32. Kajkoj Máximo Ba Tiul
33. Lily Hernández, jubilada
34. Lily Muñoz, socióloga feminista
35. Lin Valenzuela
36. Liseth Castro
37. Manuel Baudilio Ramírez Moya
38. Marco Colindres
39. María Eugenia Díaz Díaz
40. Mario Alfonso Bravo, ingeniero civil y psicólogo social
41. Mario Mazat, pedagogo
42. Mario Sosa, antropólogo social
43. Mauro Marroquín, profesor
44. Maya Alvarado
45. Mayra Palencia, economista
46. Mirna Ramírez Pérez, activista social
47. Mónica Salazar, psicóloga social
48. Oscar Hernández Melgar, jubilado
49. Pablo Rangel, investigador y profesor
50. Pablo Sigüenza Ramírez
51. Patricia Castillo, maestra en políticas públicas
52. Reina López, licenciada en Trabajo Social
53. Ruth Piedrasanta, antropóloga
54. Sonia López Alvarez
55. Tania Palencia Prado
56. Ursula Roldan Andrade, académica y activista, geografía,
57. Ximena Morales, defensora de derechos humanos, Suiza
58. Veronica Izaguirre, estudiante de Historia
59. Wendy Mendez, educadora

Organizaciones demandantes

1. Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos -CIIDH-
2. Colectivo Vida Independiente de Guatemala
3. Consejo de Estudiantes de Posgrado de FLACSO Guatemala –CEFLACSO–
4. EducaGuatemala (Instituto de investigación para la Incidencia en Educación y la Formación Docente)
5. Frente Popular
6. Fundación Guillermo Toriello
7. Fundación Rigoberta Menchú Tum
8. Grupo Monseñor Romero
9. Mujeres Abriendo Caminos, Los Ángeles California.
10. SEDEM
11. Sindicato de Trabajadores Comerciantes Independientes del Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala -SITRACOMUSAC-
12. Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas -UNAMG-

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