viernes, 24 de octubre de 2008

LA REVOLUCIÓN DEL 20 DE OCTUBRE DE 1944

La Revolución del 20 de Octubre de 1944 fue la respuesta del pueblo de Guatemala a más de setenta años de dictaduras liberales, discriminadoras con pretensiones de modernizar el país, valiéndose de la economía capitalista, pero en manos de los cafetaleros e industriales alemanes y de las compañías bananeras, ferrocarrileras y de la electrificación, pero que continuaba con resabios feudales, por parte de los latifundistas guatemaltecos, para quienes sus trabajadores eran siervos y mantenían en lo laboral el trabajo forzoso no sólo en la agricultura , sino también en el servicio de obras públicas. Sin libertad política, permitiéndose sólo un partido, el oficial. Inexistencia de elecciones libres y exclusión de la mujer quien no tenía derecho al voto. Gobiernos déspotas para con sus conciudadanos, pero serviles vasallos para sus amos, los imperios germánico y estadounidense.

El proceso democrático popular de la Revolución del 20 de Octubre de 1944, tuvo como fuerzas sociales impulsoras al estudiantado de la única Universidad, la estatal, Nacional de Guatemala, ahora con su nominación tricentenaria; de San Carlos de Guatemala, y los de educación secundaria, del Instituto Nacional Central de Varones y de la Escuela Normal, formadora de maestros de educación pública. Y, a los pocos meses de la renuncia del dictador Ubico y deposición del usurpador Federico Ponce Vaides, aquella pequeña burguesía intelectual fraternizó con las clases populares artesanales, campesina y obrera y desde el corto plazo de gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno y posteriormente durante los sexenios de gobierno de los Presidentes Arévalo y Arbenz, los obreros, los campesinos y los trabajadores en general conquistaron su derecho a la libre organización , y lograron superar el paralelismo sindical, por su unitarismo en dos grandes centrales: la Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) , en la que se afiliaron obreros y trabajadores en general y la Confederación General Campesina (CNC), a la que pertenecían los trabajadores agrícolas. Confederaciones que, en sus relaciones internacionales, hicieron causa común con la Confederación de Trabajadores de la América Latina (CTAL) y rechazaron la propuesta de las centrales estadounidenses AFL y CIO.

La legitimidad del sistema de democracia representativa y participativa que gobernó durante diez años, se comprueba con el resultado de las elecciones libres: el Presidente Juan José Arévalo fue electo con el 85 % de los sufragios y el Presidente Arbenz con el 75%.

Durante esa década, respetándose el principio de no subordinación entre los tres Organismos del Estado, hubo coordinación entre ellos y se garantizó constitucionalmente el derecho del pueblo a la rebelión, si se osare conculcar el principio de alternabilidad en el ejercicio del cargo de Presidente de la República.

En el sexenio1945-1951, administración del Dr. Arévalo, fueron creados el Instituto Guatemalteco de Seguridad, emitido el Código de Trabajo y establecido el Ministerio de Economía y Trabajo, así como su dependencia principal: la Inspección General de Trabajo. Se establecieron la jurisdicción privativa y los tribunales de trabajo y previsión social. Fue creada la Banca Central, cuya misión era la de atender las necesidades esenciales de la población y el desarrollo económico, también el Instituto de Fomento de la Producción, el Departamento de Fomento Cooperativo. Se construyeron las Escuelas Tipo Federación, que innovaron la educación. Se terminó el centralismo administrativo y se otorgó autonomía a las Municipalidades, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, al deporte, a la Banca Central, al Instituto de Seguridad Social.

En dicho sexenio, el Gobierno sometió a la empresa United Fruit Company, a las regulaciones del Código del Trabajo e impidió que la Standard Oil of Ohio, con el apoyo del Embajador Richard Patterson, se apoderase de yacimientos de hidrocarburos, contando con la complicidad del Jefe de las Fuerzas Armadas, Coronel Francisco Javier Arana, quien junto con el pro cónsul yanqui fraguaban derrocar al Presidente Arévalo, pero él actuó tan hábilmente que hizo posible que desde la Casa Blanca se ordenase su destitución.

Y el Presidente Arbenz, en sólo tres años, había casi terminado las obras y promesas contenidas en su programa de gobierno: Construcción de la Carretera del Atlántico, para competir con la empresa IRCA, de la UFCO, el Puerto de Santo Tomás, para competir con Puerto Barrios, del que se había adueñado la misma UFCO; la planta Jurún Marinalá, para competir con la Electric Bond & Share, que se había apropiado de la Empresa Eléctrica de Guatemala. Y, ya había, en pocos meses, avanzado acelerada pero debidamente con el programa de Reforma Agraria, que fue asistida financieramente, primero por el banco estatal Crédito Hipotecario Nacional y, en seguida, por el Banco Nacional Agrario. Y, en cumplimiento de las disposiciones del Decreto 900, Ley de Reforma Agraria, expropió las tierras ociosas de la UFCO, de la que eran grandes accionistas el jefe del Departamento de Estado de los EEUU, su hermano, director de la tenebrosa CIA y varios senadores políticamente poderosos, quienes lograron que el Presidente de los Estados Unidos, General Eisenhower autorizase la Operación Guatemala, que con la traición del alto mando del Ejército de Guatemala, derrocaron al Presidente Arbenz.

En fin, esa gesta histórica, la de la Primavera Democrática, es digna de homenaje si no fuese por todo la anteriormente evocado, lo es porque solamente durante la década 1944-1954, el Estado de Guatemala no estuvo sometida a la dependencia de una potencia extranjera, como lo había estado, y ha vuelto a estar, desde 1954. La historia nos revela que desde 1524 hasta 182l, el país fue colonia de España. De 1821 a 1871 estuvo bajo la dependencia de la Gran Bretaña, a la que tuvo que cederle Belice y desde 1871 hasta la fecha --salvo durante los años de 1944-1954-- bajo la bota del Tío Sam.

Para restablecer la soberanía imperante de esa década, la dignidad de las ciudadanas y ciudadanos, así como de las autoridades estatales de entonces y la solidaridad entre las clases populares y la de los servidores públicos de los tres organismos del Estado, para con su pueblo, es que se ha fundado el Frente Popular por la Soberanía, la Dignidad y la Solidaridad en Guatemala (SDS).

Porque como dijo Oliverio Castañeda, “Mientras haya Pueblo, habrá Revolución”.

Alfonso Bauer Paiz
Secretario de Asuntos Políticos
Frente Popular por la Soberanía, la Solidaridad y la Dignidad

A LEVANTAR EL PUÑO COMBATIVO LATIONAMERICANO

Latinoamérica vive un momento de definiciones y decisiones. El proceso revolucionario latinoamericano, encabezado por gobiernos bolivarianos y martianos como el de Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador, han avanzado a tal punto que las oligarquías locales serviles y el imperialismo yanqui, han empezado a activar un plan orientado a repetir su historia intervencionista con magnicidios, genocidio, asonadas militares, golpes de Estado e invasiones armadas.

Los planes deberán ser enfrentados con firmeza ideológica y política, utilizando todos los medios al alcance para hacer valer la dignidad y soberanía de los pueblos latinoamericanos y la posibilidad de ser plenamente libres para construir la Patria Grande. Esa es la práctica de los gobiernos antes mencionados: una lucha decidida por hacer avanzar las revoluciones bolivarianas, impulsando acciones de solidaridad y de enfrentamiento claro en contra de los enemigos históricos de nuestros pueblos: las burguesías locales, el capital transnacional y el imperialismo yanqui, máximos representantes del capitalismo.

Las olas rojas bolivarianas, martianas, morazanistas, sandinistas y zapatistas que corren por América Latina, requieren de lucha decidida, de movilización popular para manifestar no solamente nuestra solidaridad, sino para hacer avanzar opciones reales de poder, para que en países como Guatemala, avancemos hacia un proceso revolucionario que ataque las causas históricas y estructurales del atraso en el que nos ha mantenido la oligarquía criolla, el capital transnacional y el imperialismo yanqui.

Por eso como Frente Popular por la Soberanía, la Dignidad y la Solidaridad, proponemos una movilización popular de solidaridad con los pueblos de Bolivia, Venezuela, Cuba y Ecuador, que levante la lucha internacionalista y la lucha que consecuentemente nos corresponde librar en nuestro territorio.


AVANCEMOS EN LA LUCHA LATINOAMERICANISTA
SIGAMOS LA SENDA TRAZADA POR MARTI, BOLIVAR, FIDEL Y EL CHE
FRENTE POPULAR
POR LA SOBERANÍA, LA DIGNIDAD Y LA SOLIDARIDAD

MELINI Y LA JUSTICIA AMBIENTAL

El Frente Popular por la Soberanía, la Dignidad y la Solidaridad, se solidariza con Yuri Melini, con su familia y con compañeras y compañeros ecologistas, mayas, campesinos y funcionarios amenazados por su lucha dirigida a la defensa del ambiente y los recursos naturales.

El atentado a Yuri Melini no es un hecho aislado. Constituye una reacción de aquellas fuerzas oscuras que desde la actividad minera, petrolera, tala ilegal de bosques, apropiación y contaminación del agua, etc. ven amenazados sus intereses económicos con acciones de defensa de los recursos naturales y por la justicia ambiental, en las cuales estamos empeñados muchos guatemaltecos conscientes y comprometidos con nuestro pueblo, con nuestro país, con la humanidad y con las generaciones futuras.

Consideramos que uno de los móviles del atentado pudo haber sido la audaz y consecuente acción de constitucionalidad promovida por Yuri Melini, como director de CALAS, en contra de varios artículos de la Ley de Minería, redactada por “expertos” extranjeros de la Montana Exploradora S.A. (subsidiaria de la Glamis Goldcorp), aprobada por el gobierno neoliberal y entreguista de Álvaro Arzú y continuada por sucesivos gobiernos. Dicha acción de constitucionalidad fue resuelta favorablemente por la Corte de Constitucionalidad. Con ello se asestó un duro golpe contra las actividades de expoliación de los recursos minerales en el país, contra sus actividades claramente peligrosas contra el ambiente y los recursos naturales, contra las empresas mineras que son favorecidas por una ley claramente hecha a la medida de su interés.

El atentado contra Melini es un intento por frenar la lucha por la justicia ambiental. Pone en evidencia la indefensión de los luchadores por los Derechos Humanos y la necesidad de contar con un Estado y un gobierno que hagan efectivas las garantías constitucionales para todas y todos los guatemaltecos que hacemos esfuerzos por construir un país orientado al interés común, solidario, digno y soberano.

Nos sumamos a las voces que se han levantado y exigimos justicia.

Que se investigue hasta las últimas consecuencias. Que se detenga y condene a los responsables materiales e intelectuales de este hecho criminal.

FRENTE POPULAR
POR LA SOBERANÍA, DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN GUATEMALA

Como Frente Popular, nos solidarizamos con la lucha que los Consejos Comunitarios de Desarrollo –COCODES- y otro conjunto de organizaciones y compañeros están desarrollando para oponerse a la privatización del agua, que con la figura de concesión, está queriendo concretar el concejo municipal, el alcalde municipal Israel Gramajo y el Partido Unionista (PU), quienes desde su matriz política e ideológica, el PAN, han impulsado la privatización de los servicios públicos, política que solamente los ha encarecido y ha enriquecido aún más a la burguesía local y transnacional.

La lucha justa y legítima del pueblo tuneco es un ejemplo de resistencia ante una decisión que está violando la Constitución Política de la República, que en su artículo 121, establece que el agua es un bien del Estado, el cual debe protegerla y evitar su depredación. Asimismo, en el artículo 127, donde establece que todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles, sobre los cuales priva el interés social. También el artículo 128, donde se establece que su aprovechamiento debe estar al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna.

Son evidentes las maniobras e irregularidad que la empresa Aguas de San Antonio S.A. está realizando en complicidad con el alcalde municipal, pues el 16 de julio del presente año de inscribe en el registro mercantil, el 17 de julio presenta la plica para la concesión del agua potable, y el 21 del mismo mes está fechada el acta 02-2008 donde aparece certificada la empresa. Se evidencia la actitud diligente del alcalde al dar el aval a dicha empresa para que un Banco privado le autorice un crédito para la construcción del proyecto. Esto es anómalo y oscuro. Es de esperar que con esta política, al 80% de tunecos en condición de pobreza, mayoritariamente k’iche’s, le será cortado dicho servicio si se niegan a pagar lo que la empresa imponga.

Este intento por concesionar o privatizar el agua en San Antonio Suchitepéquez, además, forma parte de un proceso en el cual empresas transnacionales han avanzando en su interés por apropiarse del agua. No es raro que detrás de la empresa Aguas de San Antonio S.A. esté una empresa trasnacional uruguaya.

Por estas razones antes expuestas, estamos convenidos que sólo la movilización del pueblo tuneco, como lo ha venido haciendo, logrará evitar la concesión-privatización del agua. Pero derrotar a los intereses del capital privado local y transnacional requiere llevar hasta el final, una estrategia política, para la cual es necesario:

1. Mantener la denuncia y la movilización popular como se ha estado haciendo.

2. Organizar y realizar una Consulta Comunitaria para que las comunidades y el pueblo de San Antonio Suchitepéquez, decidan alrededor de posibles preguntas como: ¿Esta usted de acuerdo con que se concesione o privatice el agua, el servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado?

Esta Consulta Comunitaria, se ampara legalmente:

Primero. En lo que preceptúan los artículos 127. Régimen de aguas y 128, Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos, que entre otras prescripciones, establecen: “Todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles (…)” Y que “El aprovechamiento de las aguas y de los ríos para fines agrícolas (…) o de cualquier otra naturaleza está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna (…).

Segundo. En el Código Municipal, el la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales.

Como Frente Popular estamos comprometidos con la lucha del pueblo de San Antonio Suchitepéquez, y nos sumamos a la exigencia para la anulación del proyecto de concesión del agua potable y alcantarillado, que se convoque a la conformación del Consejo Municipal de Desarrollo y que se realice una Consulta Comunitaria para que el pueblo decida.

¡EL AGUA ES UN DERECHO!
¡NO A LA CONCESIÓN O PRIVATIZACIÓN DEL AGUA!
FRENTE POPULAR
POR LA SOBERANÍA, DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD
Guatemala, 10 de septiembre de 2008.

FRENTE POPULAR POR LA SOBERANÍA, LA DIGNIDAD Y LA SOLIDARIDAD

Guatemala es una sociedad construida sobre la injusticia. Desde 1524 un reducido grupo de familias extranjeras se adueñaron de las tierras y las riquezas del país . Esto, hizo que la mayoría de la población, predominantemente maya, fuera reducida a la pobreza y a la exclusión.

Solo entre 1944 y 1954, un proyecto democrático-revolucionario ejecutó cambios beneficiosos al pueblo: se hizo una Reforma Agraria que entregó las tierras ociosas a los campesinos; se construyó el Puerto de Santo Tomás de Castilla; se abolió el trabajo forzoso impuesto desde 1524; se creó el Instituto de Seguridad Social y se emitió el Código de Trabajo, se crearon Escuelas Tipo Federación, se construyó el Estadio Mateo Flores etc. Pero, la intervención militar del imperio estadounidense apoyada por las clases poderosas de Guatemala destruyeron el proyecto político que empezaba a cambiar la triste y dura historia de la nación guatemalteca, heredera de los mayas.

Desde entonces los ricos del país, muchos de ellos herederos de los invasores, se reagruparon en el CACIF y aliados con el imperio de los Estados Unidos vienen empeorando la situación del país: se suprimieron, o disminuyeron sus beneficios, muchas de las conquistas sociales de la revolución, se impuso el proyecto económico y político de la oligarquía guatemalteca y del imperio estadounidense, lo cual nos llevó a una guerra de más de cuarenta años (de 1954 a 1996), cuyas consecuencias fueron fatales para el pueblo de Guatemala. La situación se ha agravado con la inclusión del Artículo 218 en la Constitución liberacionista de 1956, que declara de utilidad y necesidad pública, la explotación de petróleo minerales y demás recurso naturales no renovables, que aparece nuevamente en la nueva constitución. Como consecuencia, además de entregar casi gratuitamente al extranjero esos recursos, ha creado contaminación de los ríos, y daños a la salud de la población. La imparable violencia que limita las actividades normales de los guatemaltecos, etc.
Hoy, 12 años después de la tristemente célebre firma de la paz, la situación de pobreza de los guatemaltecos es cada día peor y la crisis mundial de alimentos y energética, amenazan con condenar a la miseria y a la muerte por hambre a la mayor parte de la población. Esta lucha por la recuperación de la soberanía, dignidad y solidaridad de Guatemala, implica, entre otras cosas y como mínimo, el restablecimiento de las condiciones económicas y sociales del único período de la historia de Guatemala, en que los guatemaltecos decidieron su futuro y lucharon por convivir digna y fraternalmente.
Pero ahora, con la nueva amenaza de la pobreza extrema y el hambre de más de la mitad de la población guatemalteca, la cual se agrava por las políticas neoliberales de la globalización impulsada por el imperio estadounidense, y ante el sometimiento de todos los gobiernos que desde Julio de 1954 se han sucedido en el poder, a la hegemonía oligárquica nacional -representada en el CACIF- y al imperialismo, los guatemaltecos sin distinción de género, de clases sociales o de etnia, debemos unirnos para enfrentar a esos poderes que, unidos a otros poderes paralelos, nacionales y extranjeros, han hundido en la pobreza y el hambre al pueblo de Guatemala.
Ante esta situación, un grupo de guatemaltecos, representantes de los distintos sectores sociales (hombres, mujeres, indígenas, mestizos, campesinos, profesionales, estudiantes, intelectuales, obreros, artistas, religiosos, sindicalistas etc.) hemos tomado la iniciativa de reagruparnos en el FRENTE POPULAR POR LA SOBERANIA, LA DIGNIDAD Y LA SOLIDARIDAD, con el fin de luchar como el nombre mismo de la organización lo sugiere, por la soberanía, la dignidad y la solidaridad entre los guatemaltecos.
Nuestra propuesta política y económica se sintetiza en cinco puntos fundamentales:
1. Que se devuelva la tierra a los campesinos;
2. Que los ricos paguen los impuestos que les corresponden de acuerdo con su riqueza;
3. Que haya comida para todos producida en Guatemala;
4. Que haya trabajo para todos en condiciones de dignidad;
5. Que el Estado construya escuelas y hospitales para todos.
PUEBLOS DE GUATEMALA UNIOS EN LA LUCHA CONTRA
LA OLIGARQUÍA NACIONAL, EL IMPERIALISMO ESTADOUNIDENSE
Y LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL
17 de junio de 2008

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